Revista Sin Permiso

sinpermiso e un proyecto político de crítica de la cultura, material e intelectual, del capitalismo contrarreformado, desregulado, remundializado y reliberalizado del siglo XXI.

Como revista electronica ofrece un conjunto de lecturas este diciembre para comprender procesos de la vida internacional que ganan las primeras planas de los diarios en el mundo. Igual la iniciativa fiscal de Trump que la crisis políica en Alemania. O la coyuntura en Cataluña. O la cruzada conservadora en América Latina contra la restricción de los derechos humanos en torno a la sexualidad.

Esta es la propuesta de sinpermiso para este diciembre que corre.



Catalunya: El 155 lo determina todo

Miguel Salas



Alemania: Hacia la segunda “Gran Coalición”

Victor Grossman, Angela Klein

¿Auge o crisis?

Michael Roberts

La “limosna” de los famosos: el “regalo” de un sistema despiadado

Belén Fernández

Manos arriba: Centeno en el Eurogrupo

Francisco Louça

Córcega: victoria nacionalista, debilidad de la izquierda

Roger Martelli

¿Qué ha pasado con la euroorden contra Puigdemont?

Javier Pérez Royo

Como detener un plan fiscal amañado para los ricos

Sam Pizzigati

  1. Manifestación en Bruselas: ¡Despierta Europa!

Joan Font

¿Quién teme al feminismo? A propósito de la “ideología de género” y otras monstruosidades sexuales en Ecuador y América Latina

Cristina Vega

Réquiem por el Estado judío

Meir Margalit

Helena Maleno

Carlos Girbau

Después de la bomba H de Jerusalén de Trump: ¿Qué opciones tienen los palestinos?

Nadia Hijab

La disolución de la URSS

Rafael Poch

EE UU: El populismo murió el pasado sábado

Catherine Rampell

¿Hablar sobre la realidad, es adoctrinar?

Adelina Escandell i Grases

Francia: Macron no saldrá de ésta sólo con los ganadores. Entrevista

Christophe Guilluy

La corrupción en Israel no es sólo un problema israelí

Ramzy Baroud

Argentina: La condena de la ESMA

Sebastían Ortega

¿Podemos prescindir del crecimiento? Entrevista

Tim Jackson

Sobre la Constitución de 1978 ¡Por la República!

Comitès de Defensa de la República de Mallorca

Honduras: continua la resistencia al fraude electoral

Darío Euraque, Carlos Fazio

Arabia Saudí: la implosión inevitable

Alejandro Nadal

El 155 es contra Catalunya, pero afecta a las libertades democráticas de toda la población del Reino de España

Miguel Salas/Revista Sin permiso

El 21 de octubre, el gobierno del Partido Popular, con el acuerdo del PSOE y Ciudadanos, ha decidido dar un golpe de Estado en Catalunya, que el Senado confirmará el próximo 27. La aplicación del artículo 155 de la Constitución significa el cese de todo el gobierno catalán, la intervención del Parlament, que no podrá aprobar leyes ni proponer presidente, supone también controlar las funciones esenciales de la Administración de la Generalitat, especialmente en el terreno de la seguridad y los medios informativos públicos, representa una amenaza sobre los funcionarios que no acaten las órdenes y suponer convocar elecciones en un plazo de seis meses que, sin embargo, podría ser ampliado. La Generalitat y sus funciones serán dirigidas por un “virrey” y por los ministros de Rajoy. Es una decisión durísima contra Catalunya, que tendrá repercusiones en todo el Reino.

El 21 por la tarde, unas 450.000 personas, según la Guardia Urbana, llenaron de nuevo el centro de Barcelona para exigir la libertad de “los Jordis” (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) en prisión incondicional desde el día 16 y contra la aplicación del artículo 155. Una manifestación convocada por la Taula per la Democràcia, de la que forman parte la ANC, Ómnium Cultural, CCOO, UGT, Unió de Pagesos, y hasta 97 asociaciones sociales y civiles, que reunió a un amplio abanico de organizaciones y personas unidas por su voluntad de defender la democracia, de oponerse a la represión y de encontrar una salida que responda a la exigencia de una mayoría del pueblo catalán de ejercer el derecho de autodeterminación.

El gobierno del PP no ha querido nunca ni hablar, ni negociar, ni dialogar. En la carta de Puigdemont del día 19 de octubre, se lee: “El 10 de octubre, el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos; y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular.” O sea, que reconoce que no ha sido proclamada la independencia o la república catalana, lo que, supuestamente, le pedía Rajoy, pero de poco sirvió esa respuesta. Rajoy ni siquiera se tomó tiempo para enviar la respuesta que ya tenía preparada: poner en marcha el artículo 155. No fueron escuchados ninguno de los numerosos llamamientos al diálogo o a la negociación de muchos dirigentes políticos, sindicales, premios Nobel, etc.



Sobre legalidades

En su campaña de propaganda, el gobierno Rajoy tiene la desfachatez de decir que se ha visto obligado a tomar la decisión para “volver a la legalidad” y que se cumpla la ley. La decisión de aplicar el 155 es justamente la manera de que en Catalunya no se cumpla la ley. Porque la ley dice que el Parlament catalán es el representante del pueblo, y ha sido suspendido. La ley dice que el president de la Generalitat solo puede ser sustituido mediante votación parlamentaria, y Rajoy se lo ha liquidado. Hasta la Constitución dice que hay libertad de expresión, pero desde el próximo viernes en los medios de comunicación públicos estará sujeta a las decisiones que tome quien nombre el gobierno como censor. La ley no dice cómo hay que aplicar el artículo 155, Rajoy ha decidido que la ley es él. Para apoyar todas esas barbaridades, El País tituló que “el gobierno restaura el orden constitucional”, pero lo que se ha instaurado es un clima antidemocrático y de imposiciones.

Sigamos con las legalidades. Desde que el Parlament catalán decidió convocar el referéndum del 1 de octubre, el gobierno del PP ha ido tomando medidas sin que ninguna de ellas pudiera debatirse en el Parlamento. Todas las decisiones, especialmente la intervención económica de la Generalitat, un 155 avant la lettre, han sido arbitrarias y sin que pudieran ser votadas. Porque hay un elemento al que no se presta, o no se quiere prestar, la suficiente atención: existe un choque de legalidades, no sólo respecto a las últimas decisiones del Parlament catalán, sino también porque el 155 anula todos los resortes jurídicos y políticos de la propia autonomía, y tanto el Parlament como una mayoría del pueblo catalán se considera sujeto político, que tiene soberanía y, por lo tanto, capacidad de ejercer el derecho a decidir.

El mismo encarcelamiento de “los Jordis” es puesto en cuestión por numerosas opiniones jurídicas. Para la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, al acusarles de sedición la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se ha inventado “un nuevo tipo diferente de los legales”, pues en los hechos no hubo violencia. Según la doctrina del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional no es competente para investigar un delito de sedición, e incluso la juez vulneraría la doctrina de la misma Audiencia Nacional que, en diciembre de 2008, consideró que el delito de rebelión no es competencia de ese tribunal. Todo vale en esta batalla contra la exigencia del derecho a decidir del pueblo catalán.

Más sorprendente aún, quien en la práctica gobernará Catalunya los próximos meses será Rajoy. Su partido alcanzó en las últimas elecciones catalanas el 8,5% de los votos, ¿será legal y democrático que gobierne con ese porcentaje de apoyo? El Senado será la única institución que podrá decir algo respecto a la aplicación del artículo 155. En esa Cámara el PP tiene mayoría absoluta, una mayoría que tiene que ver con la particular representación electoral que existe en el Reino de España. Con el 33% de los votos, el PP obtuvo el 62% de los senadores, ¡viva la representatividad! Será legal, pero su consideración democrática es más que discutible.



Y, si ampliamos el foco, a esas dudosas legalidades hay que añadir que fue el PP quien rompió, con la ayuda del PSOE y CiU, lo que se venía llamando el “contrato social”. Aprovecharon la crisis para implantar medidas arbitrarias, como los recortes sociales o la reforma laboral, encausaron a más de 300 sindicalistas por defender el derecho de huelga o decidieron salvar la banca para ampliar las desigualdades sociales. Si hablamos de legalidades o ilegalidades, tengámoslas todas en cuenta. Porque, la aplicación del 155 representa también la quiebra política del régimen del 78 y de la Monarquía que ha ligado su destino a la política del PP de Rajoy. Quizás pueda imponerse en lo inmediato, pero se ha abierto un foso que no se podrá rellenar. Para una parte importante de la población del Reino, la Monarquía estará ligada a la represión, a la aplicación de medidas antidemocráticas y a la desigualdad social. Hasta ahora parecía, o se hacía parecer, que la Monarquía estaba por encima de las disputas políticas y sociales, como si viviera en una urna de cristal. Eso se ha acabado, si es que alguna vez estuvo en duda.

Habrá respuesta

La aplicación del artículo 155 agudiza el conflicto. A priori, las fuerzas pueden parecer muy desiguales, pero un movimiento tan organizado y potente como es el independentista y soberanista catalán no se echará para atrás a las primeras de cambio. Antes de librar la lucha los que tienen el poder siempre parecen más poderosos, pero la lucha hay que librarla. El 1 de octubre, en numerosas escuelas y centros de votación la gente estaba determinada a votar y a aguantar la represión. Puedo explicar, como anécdota personal, que en mi colegio electoral se anunció durante la mañana que se acercaba la policía. Había una cola de unas 500 personas, gente mayor, padres y madres con sus niños, jóvenes… nadie se movió, nadie hizo ademán de abandonar la cola, todo el mundo permaneció en orden, tranquilo y disciplinado. Esa determinación no ha retrocedido, si acaso se ha ampliado en respuesta a las medidas represivas. Sirva como ejemplo a la jornada del 3 de octubre frente a la represión del día 1, o las 200.000 personas que se reunieron en Barcelona el 17 de octubre, el día siguiente de la detención de “los Jordis”, o la manifestación del 21 de octubre. Cierto que la represión puede ir a más, que se podría detener al president de la Generalitat o a consellers del gobierno catalán, que podrían producirse cargas policiales indiscriminadas, que ante la enorme y repetida muestra de lucha pacífica pueden enviarse provocadores policiales y/o fascistas, pero esa lucha está por librar y es una lucha en la que también el gobierno Rajoy y el Estado tendrá que valorar hasta dónde puede llegar.

De momento, la mayoría de la Mesa del Parlament ha dicho que resistirá y que no se dejará arrebatar la soberanía que el pueblo le dio en las urnas. El president Puigdemont ha convocado sesión parlamentaria para esta semana, probablemente a la misma hora que se reúna el Senado en Madrid. La Taula per la Democràcia sigue en pie en contra de las medidas represivas y en contra de la aplicación del 155. Los sindicatos de TV3 y de la radio públicas se han conjurado para seguir defendiendo su profesionalidad y la libertad de expresión. Sigue en pie el movimiento de Escolas Obertas (Escuelas Abiertas) que fueron una herramienta imprescindible para la votación del 1 de octubre. En numerosos pueblos y barrios de ciudades se han ido conformando Comités de Defensa del Referéndum, que son tanto más amplios cuanto más unitarios y abiertos a la movilización y a las diferentes opciones políticas.

Hay otros flancos que expresan las dificultades políticas de las medidas tomadas por el gobierno Rajoy. Las alcaldesas y alcaldes del PSC de Santa Coloma de Gramanet, Terrassa, Granollers y Castellar de Vallés han denunciado públicamente la aplicación del 155. Nuria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma, ha dimitido de la Ejecutiva del PSOE. La diputada del PSC, Alicia Romero, ha declarado que se opone a la DUI (Declaración de Independencia) pero también al 155. Socialistas mallorquines piden que su senador se oponga al 155 en el Senado. José Montilla, ¿votará a favor de que se intervenga la Generalitat de la que fue president? En esta crisis política, el PSOE de Pedro Sánchez también ha ligado su suerte política inmediata a Rajoy, al plegarse completamente a sus exigencias. La alianza de los partidos dinásticos sigue incólume. Hasta la propuesta de una comisión para la reforma constitucional parece muerta aplicando el 155. Hace tan solo 3 meses, el PSOE decía que “nunca apoyaría la aplicación del 155” para afrontar la situación catalana. Poco ha durado su intención de aparecer como alternativa.

En la complejidad de la situación, se perciben tres posibles escenarios:

a/ Puigdemont convoca elecciones antes del viernes 27 (parece poco probable, aunque haya quien la considere como una opción; Rajoy ya ha anunciado que ni eso impediría la aplicación del 155 y existen muchas dudas que esas elecciones cambiaran el panorama político catalán).

b/ el Parlament catalán proclama la república y el inicio de un proceso constituyente en la sesión que se ha convocado para esta semana (eso desataría una mayor represión por parte del Estado; el Fiscal General ya ha amenazado con la detención de Puigdemont si eso sucede, pero también un proceso de movilización y resistencia).

c/ el Senado acuerda aplicar el 155 y se abre un periodo de intervención del Estado que podría desembocar en unas elecciones convocadas desde el gobierno central (también de resultado incierto, incluso con la posibilidad de un boicot de las fuerzas independentistas y soberanistas).

Tejer alianzas

La lucha está por librar, pero tampoco hay duda de que la aplicación del 155 deja bien tocado al régimen del 78 y a la monarquía. Las fuerzas sociales transversales que hay detrás del movimiento catalanista, y en particular el 1 de octubre, representan la aspiración a un cambio político, a levantar una república catalana, mientras que por el otro lado la única respuesta es la represión, que una minoría gobernante amordace al resto y rompa definitivamente hasta la propia Constitución al tomar las medidas represivas que significa la aplicación del 155.

La defensa de la democracia pasa a primer término. La libertad de “los Jordis”, la lucha contra el 155 y contra la intervención de la Generalitat permite tejer las más amplias alianzas entre fuerzas independentistas, soberanistas y democráticas, tanto en Catalunya como en el Estado español. Son necesarias y urgentes. Son útiles y prácticas, como se ha demostrado en todas las acciones de carácter unitario que se han convocado.

Nadie puede ya negar la repercusión estatal e internacional del conflicto, solo hay que ver las portadas de los periódicos de todo el mundo. El PP, Ciudadanos y el PSOE pueden subirse a una ola de reacción patriótica, pero arrasar con los derechos democráticos en Catalunya es el anuncio de que pueden ser recortados en cualquier otro lugar, pero es también la posibilidad de iniciar un movimiento solidario y republicano en el conjunto del Estado. El grito de “No pasarán” se escucha a menudo por Catalunya. Tendrá que oírse también en el resto del Reino.

Sindicalista. Es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.

Mundo Nuestro. Este texto fue escrito por los editores de la revista Sin Permiso Daniel Raventós y Gustavo Buster.

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La victoria de la autodeterminación de Catalunya y el callejón sin salida del gobierno de Rajoy

Cuarenta y ocho horas después de la jornada del referéndum del 1 de octubre, Catalunya vivió lo que unos llamaron huelga general y otros paro cívico, pero que en cualquier caso movilizó a centenares de miles de personas y en algunas ciudades las concentraciones fueron de una masividad desconocida hasta ahora. El referéndum del 1 de octubre, pase lo que pase en los próximos días y semanas, será recordado, y no sólo en Catalunya, como una de las jornadas más espectaculares de lucha pacífica de la población por el derecho a la autodeterminación, y en contrapartida, también como una de las más contundentes represiones de las fuerzas policiales contra los derechos de reunión, expresión y voto. Incluso en medios políticamente tan moderados como The Economist podía leerse en un reciente editorial: “Si el señor Rajoy pensaba que rompiendo cabezas pondrían fin al secesionismo, no podía estar más equivocado.”

Si bien la participación en el referéndum no llegó al 50%, lo que resulta memorable es que precisamente votaran más de 2 millones de personas en las condiciones de represión que hubo. Hacer especulaciones sobre la gente que hubiera votado en condiciones normales es inútil, pero nadie puede dudar que el número de participantes hubiera sido mucho mayor. Aventurar que todas las personas que no votaron eran contrarias al referéndum no puede ser mantenido con la más mínima plausibilidad. Es más, cuando después de una intensa campaña los partidos contrarios al referéndum han conseguido movilizar en Barcelona a la resucitada “mayoría silenciosa” –con autocares traídos de todo el Reino- las cifras, sin dejar de ser importantes, son las que son: 350.000 personas. La propia “Sociedad Civil Catalana”, la organización instrumental que ha organizado la manifestación habla continuamente de los catalanes contrarios a la autodeterminación como de una minoría “acosada”.



Lo hemos dicho muchas veces en Sin Permiso: un referéndum legal en Catalunya sobre cómo quiere vivir políticamente y cómo quiere relacionarse con los demás Estados sería el final técnico del régimen de 1978. Solamente así puede entenderse la intransigente y violenta oposición del gobierno y partidos dinásticos a la autodeterminación catalana legal y pactada.

La reacción del gobierno Rajoy

A las enormes movilizaciones soberanistas catalanas del 1 y el 3 de octubre, que arrinconaron políticamente al gobierno -hasta el punto de que el grupo parlamentario socialista pidió un pleno para recusar a la vicepresidenta Sainz de Santamaría- Rajoy respondió desvelando la verdadera naturaleza del régimen del 78. Felipe VI intervino como portavoz de los “poderes fácticos” para exigir la inmediata actuación de los poderes públicos contra el Govern de la Generalitat, “inadmisiblemente desleal” por cumplir el mandato del Parlament de Catalunya, y restaurar el pleno funcionamiento de la Constitución de 1978.

Es la cuarta vez en la historia del régimen que esta amenaza se hace patente: en el momento de su constitución, en el 23-F, en el referéndum de la OTAN y ahora tras el 1 de octubre catalán.

No es necesario insistir demasiado sobre lo que comentaristas de distinto signo han dicho sobre el discurso de Felipe VI la misma noche de la gran jornada de movilización del 3 de octubre. Bastaba con saber que el responsable del mensaje constitucional es el propio Rajoy: repitió sus mismos argumentos, que él a su vez reiteró en una entrevista de El País el domingo. Ningún asomo de “conciliación” o algo parecido: ni mención de las casi 900 personas heridas por la Guardia Civil y la Policía Nacional española el 1 de octubre, ni la menor alusión a una cierta conciliación entre las partes, ni diálogo.

En palabras de Javier Pérez Royo escritas poco después del mencionado discurso al referirse a la ausencia absoluta de neutralidad respecto a los partidos políticos: “En su discurso del martes dejó de serlo [neutral]. Y además se notó. Y mucho. Por lo que dijo y por cómo lo dijo. Su lenguaje, también el corporal, fue de una agresividad extraordinaria, con expresiones no solo contundentes sino hirientes.” Su alineamiento con el PP y Ciudadanos, dejó incómodo hasta al otro puntal del régimen del 78, el PSOE. Que fuera, como el mismo constitucionalista aseguraba, un gran error, es algo que aquí no importa. Fue un aviso de cómo entiende y piensa tratar la monarquía la lucha del pueblo catalán por su soberanía. Monarquía que solo puede vivir si el régimen del 78 se mantiene y que es su principal cortocircuito institucional en caso de crisis.

Rajoy respondió al desbordamiento de su gobierno por los acontecimientos, y a las críticas que llovían desde Aznar a Felipe González por no aplicar el artículo 155 y detener a Puigdemont y Junqueras, con una escalada cuya “proporcionalidad” se mide ya en la exigencia de salvar su propia carrera política.

La campaña de prensa del “nacionalismo constitucionalista”

Así puede entenderse también la reacción de la mayor parte de la prensa española después del 1 de octubre y de los acontecimientos que se han ido sucediendo a lo largo de la semana. Resulta muy llamativo el contraste con el tratamiento de los mismos hechos por parte de la prensa extranjera. No puede hablarse de una posición unánime sobre la solución para la cuestión nacional catalana, pero la reacción ante las cargas policiales sí lo ha sido: inadmisible. Los observadores internacionales tampoco han dudado un instante. En el informe preliminar de los observadores internacionales presentes para verificar la limpieza del referéndum del 1 de octubre, puede leerse: “Fue una operación de estilo militar orquestada de forma centralizada y cuidadosamente planificada. Nos dejó anonadados que mandos policiales armados y enmascarados entrasen en los colegios electorales con el objetivo de impedir un proceso democrático pacífico”.

Por claro contraste, gran parte de la prensa española, en todo caso la más influyente, ha sido unánime en rebajar, matizar, “poner en contexto”… la brutalidad policial. Hay quien incluso ha llegado a afirmar que la represión estaba justificada ante la desobediencia de leyes. ¡Cómo suenan estas palabras o de parecido tenor en lugares donde ha habido dictaduras, como es el caso de la de Franco! Pero llegar a rebajar o “proporcionar” la represión policial que todo el mundo pudo (y puede) ver en centenares de vídeos, se acerca a la charlatanería.

Son charlatanes en un sentido muy preciso, el que le da Harry Frankfurt en su maravilloso estudio On Bullshit: el charlatán no es necesariamente un mentiroso (que miente sabiendo que miente porque sabe la verdad, pero pretende engañar), simplemente no le interesa si lo que dice o insinúa es verdad o mentira, sólo persigue la impresión. Lo que menos le importa al charlatán es la verdad. Frankfurt asegura que “una actitud displicente hacia la verdad es más o menos endémica entre el colectivo de publicistas y políticos, especies cuyos miembros suelen destacar en la producción de charlatanería, mentiras y cualquier otro tipo de fraudulencia e impostura que puedan imaginarse”.

Puigdemont, las citaciones por sedición y la movilización de la “mayoría silenciosa”

Veinticuatro horas mas tarde, el aludido president de la Generalitat respondió al discurso real: “no así, Majestad”. Y reiteró la existencia de un mandato soberano del Parlament de Catalunya que le obliga democráticamente.

Un día después estaban citados a declarar a Madrid el Major (Mayor) de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y los presidentes de las dos principales organizaciones sociales soberanistas, Jordi Sánchez de la ANC y Jordi Cuixart de Òmnium Cultural, investigados por sedición. Su arresto provisional, que exigía una parte importante de la derecha española, hubiera desencadenado una nueva movilización popular masiva en Catalunya durante el fin de semana. Pero el gobierno decidió darse tiempo y espacio para movilizar a su propia base social, en Madrid el sábado y en Barcelona el domingo, y hacer patente a su “mayoría silenciosa”.

Con lo que no contaba es con el éxito de una iniciativa ciudadana, “Parlem, Hablemos”, que a través de las redes sociales convocaron concentraciones ante los ayuntamientos de todo el Reino con banderas blancas exigiendo el diálogo entre los gobiernos de Madrid y Barcelona frente a las amenazas de la escalada represiva.

Pedro Sánchez, sometido a la presión de los “poderes fácticos” de su propio partido -los mismos que impusieron su dimisión en el comité federal del 1 de octubre de 2016 para forzar la abstención del grupo socialista que hizo posible el actual gobierno minoritario de Rajoy-, envió un twitter de apoyo: “Diálogo y convivencia. La calle nos los pide. Estemos a la altura, estamos a tiempo”. Y lo mismo hizo el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias: “La gente es mejor que sus gobernantes. Siento orgullo y esperanza viendo Madrid así”.

La posición de la dirección del PSOE quedó fijada: solo en el caso de una declaración unilateral de independencia apoyaría incondicionalmente a Rajoy. Mientras tanto, PSOE y Podemos coincidían en un espacio común definido por la petición de diálogo y convivencia, respaldado por la mayoría de las declaraciones de gobiernos e instituciones internacionales.

La “huida” empresarial

Desde el jueves, el gobierno Rajoy recurrió a un “poder fáctico” más importante que la “mayoría silenciosa”: la (supuesta) “mano invisible del mercado”. A golpe de llamada de las organizaciones empresariales y los ministerios de Hacienda y Economía, empresarios y financieros catalanes contrarios o muy hostiles al derecho de autodeterminación por no decir a la independencia (Miquel Valls, Juan Rosell, Joaquim Gay de Montellà, Isidre Fainé, Josep Lluís Bonet, Josep Oliu…) comenzaron a anunciar el traslado de las sedes sociales de sus empresas fuera de Catalunya. Poco importó que la decisión exigiera la convocatoria de las juntas de accionistas: el gobierno Rajoy aprobó el viernes un decreto autorizando a los comités de dirección de las empresas a tomar la decisión por si mismas. En una nueva demostración de que con “legalidad” (dudosa) no hace falta democracia (al menos en el espacio social regulado por el derecho mercantil), en Madrid o en Beijing, CaixaBank y su matriz, Banco de Sabadell, Gas Natural, Grupo Agbar, Oryzon, Dogi…desfilaron denunciando la inseguridad jurídica del procés, las consecuencias de la salida de la UE de materializarse la independencia de Catalunya… y su apoyo al gobierno Rajoy.

El impacto mediático ha sido enorme. El económico se puede medir por la subida en bolsa de las acciones de las empresas que deslocalizaban sus sedes sociales. Y el político ha desvelado cual sería la naturaleza social de una República catalana, que no cuenta con el apoyo del entramado del 3% que articulaba el capitalismo de amiguetes del régimen del 78 en la Catalunya autonómica gobernada por Pujol.

La motivación que hay detrás de esta deslocalización, además de otros factores políticos como los explicados, es defender el valor de las acciones y, en el caso de los bancos, que la posible salida de la eurozona por una hipotética independencia efectiva de Catalunya, los deje sin el acceso al recurso del Banco Central Europeo como prestamista de última instancia.

Si algo ha fraccionado el “bloque independentista” ha sido este encuentro con la realidad entre la base social que ha sostenido a CDC y la orientación política del nuevo PDdCAT más allá de la vaporosa “inquietud empresarial por la inseguridad económica”. Si el 1 de octubre importantes sectores del movimiento popular soberanista superaron sus ilusiones sobre la naturaleza del estado con la intervención represiva policial contra las urnas y los votantes; tras la huelga del día 3 y el lock-out patronal que supone los traslados de sedes sociales, la dirección de Junts pel Sí esta descubriendo las limitaciones sociales de su interclasismo soberanista.

El primero en reconocerlo fue Artur Mas en una entrevista en el Financial Times: “Para ser independientes aun hay algunas cosas que no tenemos”. Y lo mismo vino a decir el Conseller Santi Vila, que auguró la tautología de que la declaración unilateral de independencia conllevaría la suspensión del gobierno autonómico, por lo que era necesario más tiempo para el diálogo.

Una “sociedad fracturada” y entre la DUI y el “diálogo”

El gobierno del PP, Ciudadanos, los sectores más autoritarios y derechistas del PSOE (una vez más los Guerra, Bono, Leguina, Rodríguez Ibarra…) quieren mano dura contra la movilización catalana que tan en crisis ha puesto al régimen del que son sus principales valedores. Pero la mano dura debe justificarse, aunque lo de menos sea la verdad. La excusa utilizada es la “fractura” de la sociedad catalana cuando en realidad estamos ante la quiebra del consenso constitucional.

Lo utilizó, por ejemplo, Felipe VI en su discurso del día 3 (“hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada”), lo utilizan muchos dirigentes del PP, del PSOE y, claro está, de Ciudadanos. Independientemente de la veracidad de esta afirmación, la pregunta es ¿se puede “coser” mediante la represión esa “fractura” social? Cuando se defiende un referéndum legal y pactado lo que se esta proponiendo es que se construya un nuevo consenso con la participación de todos los ciudadanos, dándoles directamente la palabra. La alternativa es darle derecho de veto a una supuesta minoría, alegando que es una “mayoría silenciosa”, incapaz de ejercer una ciudadanía que delega en las élites gobernantes cuestionadas por la mayoría. La pregunta sigue en pie: con la aplicación, por ejemplo, del artículo 155 (de facto ya aplicado), o con el estado de excepción ¿estaría menos “fracturada” la sociedad catalana? En todo caso, no parece ser la negación violenta del derecho a la autodeterminación lo que puede arreglar esa supuesta “fractura” social.

Finalmente, por motivos e intereses distintos, todos los actores en este drama han trazado la línea roja en la “Declaración Unilateral de Independencia” (DUI) que, de acuerdo con la Ley de transitoriedadaprobada por el Parlament de Catalunya debería proclamarse 48 horas después de comunicados oficialmente los resultados del referéndum. No hay que recordar que tanto el referéndum como la Ley de transitoriedad han sido declarados “inconstitucionales” y vaciados de todo poder jurídico por el Tribunal Constitucional.

¿Qué valor jurídico puede atribuir el gobierno Rajoy a lo que no da ninguno? Se trataría de un acto de rebeldía que le obligaría a detener y juzgar a los firmantes de la declaración por incitación a la ruptura del orden constitucional. Lo que al tratarse de la propia Generalitat y el Parlament le obligaría a intervenirlos.

Ciudadanos ha pedido, acompañado ahora por todos los “poderes fácticos” del régimen del 78, la aplicación preventiva de esa intervención utilizando el artículo 155 de la Constitución. Y la convocatoria de elecciones autonómicas en Catalunya. Pero a diferencia de Albert Rivera, Mariano Rajoy no tiene la seguridad ni de obtener una mayoría alternativa no soberanista en Catalunya ni de poder sobrevivir a la crisis constitucional que se abriría en todo el estado. El problema político catalán ya se ha trasladado a Madrid, amenazando al gobierno minoritario del PP. Pero ahora se proyectaría la “fractura” social al conjunto del Reino, como presagian las manifestaciones de este sábado.

El espacio político antes de esa “línea roja” ha sido ocupado por los llamamientos al “diálogo”, que cada actor también define de manera distinta según sus objetivos tácticos y sus intereses. Rajoy no puede apoyarse en él sin una desmovilización previa del movimiento popular soberanista catalán, porque cualquier “diálogo” supondría un cuestionamiento del régimen del 78. De manera directa con la propuesta de negociar un referéndum legal de Unidos Podemos, y a medio plazo de una reforma constitucional federalista del PSOE encapsulada en la comisión parlamentaria que ha tenido que aceptar Rajoy para cooptar a Pedro Sánchez para sus objetivos tácticos.

En el transcurso de una semana, “ganar tiempo” para el “diálogo” se ha convertido en la pesadilla de la crónica anunciada de una crisis constitucional y política sin precedentes. Puigdemont y su Govern están obligados por sus propias leyes, a menos que el Parlament reconozca al ser informado de los resultados del referéndum que la represión hizo imposible su pleno ejercicio y que, por lo tanto, este está aun pendiente. Y el gobierno Rajoy no podrá obviar la intervención y una nueva escalada represiva si, por el contrario, el Parlament considera que el referéndum, a pesar de la represión (que es su principal activo moral) es plenamente vinculante.

Fuera de este dilema, creemos, está la mayoría del movimiento soberanista popular en Catalunya y la mayoría de la opinión pública que se ha movilizado estos días a favor de una solución “legal” y “democrática”. Esa solución, y esa confluencia de intereses pasa, inevitablemente, por una alternativa de izquierdas en el conjunto del Reino, aunque no es la garantía de nada para la lucha por la autodeterminación catalana. Quizás sea una condición necesaria, pero no suficiente como la historia de la transición es un ejemplo repetido.

En esta tragicomedia, no deja de ser asombroso la parodia de interpretaciones legales retorcidas para satisfacer necesidades formales o tácticas: el PSC consigue retrasar el pleno del Parlament de Catalunya el lunes para proteger a sus diputados de los efectos de una DUI “inconstitucional”. Pero “Catalunya si que es pot” obtiene su convocatoria el martes para que el President informe de la “situación política”.

A estas alturas lo único evidente es que el régimen del 78 se encuentra en un callejón sin salida, que puede prolongar su crisis mediante una lógica táctica en la que se sacrifican objetivos estratégicos con tal de dañar sustancialmente al adversario. Estamos ante una situación tan cambiante que lo que hoy puede ser un argumento bueno para continuar la lucha por la autodeterminación efectiva de Catalunya, mañana puede parecer una opción francamente mala para tal objetivo. Así que lo menos aconsejable es ofrecer líneas de actuación inamovibles.

Editor de Sin Permiso
Editor de Sin Permiso

Fuente:

www.sinpermiso.info, 8-10-17

Mundo Nuestro. La revista española Sin Permiso publica este texto de Daniel Raventós y Miguel Salas sobre la coyuntura de Cataluña y el voto sobre el derecho de los catalanes a la autodeterminción. El hecho mismo ya es histórico. Lo que se decida en ese referéndum, simplemente cambiará la historia de España.

El conocido poema Ara mateix (Ahora mismo) del poeta catalán Miquel Martí i Pol acaba con estas palabras: “tot està per fer i tot és posible” (todo está por hacer y todo es posible). Las decisiones aprobadas en el Parlament de Catalunya el 6 y 7 de septiembre representan, como ha quedado dicho por todo tipo de prensa, la mayor desobediencia institucional que ha sufrido el régimen de la monarquía borbónica. Una monarquía para algunos de cuyos custodios, por utilizar las palabras de una entrevista reciente con Yanis Varoufakis: “el espíritu de Franco sigue vivo”. Esta desobediencia, “crisis de Estado” (en palabras de La Vanguardia, periódico catalán de orden, muy crítico con las decisiones del Parlament y partidario del “diálogo”, solución que acostumbra a barajarse cuando no se tiene ninguna otra) significa que se ha iniciado el camino para responder a una exigencia mayoritaria en Catalunya: votar para ejercer el derecho de autodeterminación. El miércoles 7, el Parlament aprobó por mayoría: 72 votos a favor (Junts pel Sí y la CUP), 0 en contra (PSC, PP y C’s, los partidos viejos y el nuevo del régimen del 78 abandonaron el pleno) y 11 abstenciones (Catalunya Sí Que Es Pot) la ley por la que se convoca un referéndum en Catalunya el próximo 1 de octubre. Al día siguiente, el Parlament aprobó la Llei de Transitorietat que, si ganara el Sí en el referéndum, organizaría el proceso constituyente posterior que daría paso a la proclamación de una república en Catalunya.

Inmediatamente el gobierno del PP ha puesto en marcha directa o indirectamente toda la infantería represiva: el Tribunal Constitucional ha impugnado las decisiones del Parlament; el fiscal general del Estado ha dado instrucciones a todos los cuerpos de seguridad de intervenir ante cualquier preparativo del referéndum; la Guardia Civil ha registrado una imprenta y un periódico en busca de papeletas; se persiguen las páginas web que den apoyo al referéndum; se perseguirá también a los medios de comunicación que publiquen anuncios sobre el referéndum; Rajoy ha amenazado con todos los instrumentos posibles, y más, para impedir el referéndum y hay presiones para suspender a las personas electas que pongan en marcha el referéndum: Mesa del Parlament, consellers de la Generalitat o el mismo President de la Generalitat Puigdemont. Obsérvese que la represión es muy política y selectiva. Mero ejemplo. El Pacto Nacional por el Referéndum, creado en el año 2016, agrupa a muchas entidades catalanas de todo tipo. Su presidente, Joan Ignasi Elena, antiguo diputado socialista, ha sido citado a declarar por los tribunales dentro del habitual ataque contra todo intento de soberanía de Catalunya, pero este aparato judicial no ha citado por ejemplo a los secretarios generales de CCOO y UGT, sindicatos catalanes incluidos en este Pacto Nacional por el Referéndum. En realidad, la “idea” según la cual deberían procesarse y quizás meter en la cárcel a centenares si no a miles de personas, es decir, presos políticos (aunque se disfrace de otras figuras jurídicas como prevaricación, mal uso de fondos públicos o lo que más convenga) no parece que sea lo que más le gustaría ver a la, incluso así, muy conservadora Unión Europea.



Muchas cartas están por jugar en estos 20 días hasta el 1-O, pero podemos anticipar algunas: a) el lunes 11 de septiembre centenares de miles de personas volverán a manifestarse en Barcelona para defender su derecho a votar en un referéndum; b) el gobierno del PP continuará y acrecentará su política represiva, y c) las fuerzas políticas soberanistas democráticas están obligadas a seguir adelante. Queda mucho por hacer, y todo es posible.

Un cambio político

Se expresan muchas y diferentes opiniones políticas sobre lo que está sucediendo en Catalunya, pero hay una que parece incontestable: la movilización en Catalunya que dura muchos años y que es la más importante de Europa ininterrumpidamente, plantea de una manera concreta un cambio político, en sentido republicano, un cambio democrático. Recordemos que la pregunta, en catalán, aranés y castellano, para el referéndum del 1 de octubre es: “¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de república?”.

Se puede considerar que se hubiera podido gestionar el enfrentamiento con la maquinaria del Estado de forma diferente. Se puede desconfiar con todos o una parte de los partidos del Gobierno catalán, y no será necesario recordar lo que nosotros mismos hemos escrito en muchas ocasiones contra las políticas del PDCat. Se puede asegurar que se han cometido errores graves. Se puede ser contrario o partidario de una Catalunya independiente. Se puede considerar que es mejor esperar a una futura república española federal, pero no se puede dar la espalda a esta oportunidad de ejercer un derecho democrático en una situación que no se presenta muchas veces.

Frente a esa posibilidad de cambio político, y nadie puede imaginar que sean fáciles los cambios de envergadura, solo se ofrece represión por parte del Estado. O genialidades como la propuesta del PSOE de formar una Comisión Parlamentaria, que, como es tradicional en la vida parlamentaria, cuando no se sabe qué proponer o decidir se crea una comisión que morirá en el reino de las sombras. Pedro Sánchez se ha alineado sin la menor vacilación con el gobierno del PP en el conflicto catalán: “Este es un momento de defender el Estado de Derecho, la democracia, la Constitución española y la integridad territorial de nuestro país, y aquí está el PSOE”. Aquí está, aquí está. Se puede ser ingenuo, pero se necesitaría tener las facultades cognitivas altamente deterioradas para no entender que la receta es: monarquía borbónica y Constitución. Algo muy atractivo en la actual situación de movilización en Catalunya.



No se trata de una maniobra de la burguesía catalana, como algunos repiten, aunque los hechos (“¡peor para los hechos!”) vayan por otro lado. Una reflexión para los que dicen que la prensa catalana (la española ya se sabe de qué lado está) está a favor del 1-O: los principales periódicos que se imprimen en Catalunya (La Vanguardia y El Periódico) son contrarios. Los periódicos Ara y Punt Diari-Avui y TV3, la televisión pública catalana, están a favor. La práctica totalidad de los otros periódicos y cadenas privadas y públicas de televisión, unas cuantas docenas, en contra. Simplemente hechos.

También han fracasado los cálculos políticos realizados durante estos años. Unos pensaban, especialmente en el PP, que el soufflé se desinflaría y que poco a poco el movimiento iría decayendo. Error. Otros pensaban que el referéndum nunca se convocaría, que el gobierno catalán no se atrevería a este enfrentamiento con el Estado, si bien el papel de la CUP ha tenido mucho mérito en este enfrentamiento (y eran unos cuantos que la daban por muerta o quizás en realidad la querían ver muerta, pero la vida es mucho más compleja. Machado lo decía de forma conocida: “Es propio de aquellos con mentes estrechas, embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza”). Error. Otros dicen ahora que el referéndum seguro que no se hará o hace tiempo que dan por fracasado el proceso soberanista e independentista y anuncian un desastre tras otro. Error. El origen de tales errores es el mismo: no tener en cuenta la movilización de sectores muy amplios de la población y no percibir el agotamiento de las políticas que se han aplicado durante estos años, no solo las del PP sino también las de Convergencia i Unió. O, en algunos casos, el error reside en confundir los deseos con la realidad, algo psicológicamente muy conocido.

El President de la Generalitat sigue siendo del partido continuador de la corrupta CiU (PDCat), pero es también quien en el proceso ha perdido más apoyos. Efectivamente, el movimiento tiene un carácter popular y democrático, quiere votar para decidir, quiere una república catalana y medidas sociales para las capas más desfavorecidas. El movimiento tiene un carácter interclasista, como todo movimiento nacional (aunque algunos parece que lo acaban de descubrir ahora y exigen una pureza programática que sólo pueden tener las sectas), pero en el que los sectores más ligados a las clases dominantes han ido perdiendo capacidad de dirección. La Vanguardia, en portada del domingo 10 de septiembre: “Alarma entre el empresariado por el choque catalán”. Las críticas a las políticas del PDCat y a la burguesía catalana son completamente necesarias, pero no para mantener el status quo actual, para que nada cambie y todo siga igual, sino para generar un cambio de hegemonía política de izquierdas. En todo caso, ¿es que si fracasa la lucha por la autodeterminación catalana, el gobierno español va a implantar políticas económicas al servicio de la población? Nadie lo ha dicho explícitamente, ¿entonces, de qué hablamos? En los años 30, el revolucionario marxista Andreu Nin, ya denunciaba a quienes “so pretexto de defender el internacionalismo combaten los movimientos de emancipación nacional”, y añadía: “en realidad hacen el juego de las clases explotadoras de la nación dominante.” Una posición democrática, republicana y revolucionaria necesariamente tiene que partir del reconocimiento, en la práctica no sólo en los papeles, del ejercicio del derecho de autodeterminación, o sea, concretamente, la defensa de que el pueblo catalán pueda votar el 1 de octubre.

Los argumentos contrarios al referéndum

Sin embargo, algunas izquierdas no se rinden e insisten: eso no puede ser un referéndum porque no lo acepta el gobierno español, ni tiene suficientes garantías, ni lo reconocen las instituciones internacionales. Quien lo ha dejado escrito de forma inigualablemente clara es el PCE que al oponerse al referéndum ha dejado escrito para la permanente hemeroteca: “No se cumplen las condiciones necesarias y suficientes para serlo, porque no es legal, no interpela a toda la ciudadanía y porque no tendrá reconocimiento internacional.” Si los grandes cambios políticos y sociales hubieran tenido que esperar a que fueran previamente legales o tuvieran inmediato reconocimiento internacional, ¿se han preguntado los autores de esta frase dónde estaríamos? El sufragio universal, la semana de 40 horas, las vacaciones pagadas, la supresión del servicio militar obligatorio, el aborto… Insistir es ofender a la inteligencia del lector o lectora. Otros, como Alberto Garzón, no han sido mucho más avispados en su oposición al derecho a autodeterminación de Catalunya (programas y declamaciones programáticas al margen): “¿Qué habría de votar una persona no nacionalista o independentista, española o catalana, el 1 de octubre? Sencillamente, no puede. Dicho de otra forma: el marco constituido por los promotores del 1-O hace imposible que la sociedad catalana pueda expresarse en su totalidad.” Pues para perplejidad del dirigente de IU, muchos no nacionalistas ni independentistas lo van a hacer si la maquinaria represiva lo permite. Siempre habrá preparado algún argumento ad hoc para compensar… ¿Y sobre las garantías? Un artículo de Albert Noguera lo ha tratado con una extensión que nos ahorra cualquier comentario adicional.

Se ha dicho y se ha repetido hasta la saciedad: se preferiría un referéndum pactado con el gobierno español y reconocido internacionalmente, como fue el caso de Escocia. Todo el mundo unánimemente de acuerdo. ¿Por qué no ha sido posible? La pregunta es retórica y la respuesta la sabe quien ha seguido el proceso: la responsabilidad es del gobierno de Rajoy y a él es a quien debe pedírseles las responsabilidades. La cuestión decisiva es si se apoya, se esté a favor de una república catalana o no, el derecho a votar y a conocer la voluntad del pueblo.

Los argumentos contrarios de los partidos constitucionalistas de la monarquía española y de algunas izquierdas son básicamente dos:

La soberanía popular reside en la ciudadanía “española”, toda. El derecho a la autodeterminación de Catalunya del resto del Estado no corresponde entonces al pueblo catalán, ya que este no es un sujeto político soberano. Más o menos como decir: en el referéndum de Escocia no son solamente los escoceses los que deberían votar, sino que lo debería hacer todo el Reino Unido (y quizás el conjunto de la Commonwealth) ya que estos últimos son el “sujeto político soberano” para votar sobre la independencia de Escocia. ¿Delirante? Sí, pero lo dicen y repiten en el caso catalán.

El segundo razonamiento: si se le atribuye al pueblo catalán la condición de sujeto político con derecho a decidir, la secesión de Catalunya del Reino de España sería, en cualquier caso, ilegal, ya que estaría en conflicto con la legalidad vigente, en concreto con la Constitución española, que no reconoce el derecho a la autodeterminación de ningún territorio del Estado, y que proclama en el artículo 2 “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Bárbaro.

Como dice un documento reciente de la comisión de derechos humanos del colegio de abogados de Barcelona: “En una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que es ésta la que crea y modifica la legalidad.” Y en el mismo documento, se puede leer después de un análisis jurídico y en parte histórico de la creación de 14 nuevos Estados en Europa desde 1900: “la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona considera que es un derecho inalienable de Catalunya, como comunidad nacional, el derecho a la autodeterminación, ya sea dentro del Estado donde está integrada o separándose para constituir un nuevo Estado soberano según lo decida la voluntad mayoritaria, democrática y pacíficamente expresada por sus ciudadanos.”

Movilizarse y votar

Tras los atentados en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils la ciudadanía dio un ejemplo de respuesta solidaria. El No tinc por recorrió todo el país y es un mensaje claro ante un problema complejo como el de los atentados yijadistas. No tinc por es también una respuesta a las actuaciones represivas del Estado. Si la única manera que tiene el Estado de evitar el referéndum es la represión resulta evidente que el problema político se agravará y afectará no solamente a la situación en Catalunya sino a la de todo el Reino de España. Un ataque tan flagrante contra los derechos democráticos, por ejemplo, a la libertad de expresión (el Colegio de Periodistas de Catalunya ya ha tenido que protestar por el registro realizado por la Guardia Civil de un diario comarcal en la ciudad Valls, Tarragona), el poder de decisión como se está dando a la judicatura o como se va a exigir a las fuerzas de seguridad, podrá, quizás, debilitar o incluso impedir votar el 1 de octubre, y si es así, se debilitarán los derechos democráticos de toda la población española. Por eso, una salida democrática de la situación catalana interesa al conjunto del territorio del aún Reino de España, a quien no le interesa es al Estado y a las fuerzas económicas y políticas que hoy gobiernan directa o indirectamente.

La lucha por el intento de aportar racionalidad o de apartarse al máximo de ella apelando a la emotividad más visceral es otra de las batallas importantes. Toda la maquinaria del gobierno y de los medios de comunicación proclama que la decisión del Parlament de Catalunya es un ataque a la democracia. Sería para reírse si la cosa no fuera tan seria. Es un insulto que hable de democracia el PSOE que, a iniciativa de Zapatero cuando gobernaba, cambió en una noche la supuestamente intocable Constitución española para pagar antes a los bancos que cubrir las necesidades de la población. Y, que esté dispuesto a modificar la Constitución para que pueda reinar una heredera: ¡una auténtica preocupación y reivindicación populares! No tiene nombre que hable de democracia el partido gobernante del PP que ha ganado elecciones gracias a la corrupción que ha extendido por todo el Reino, o que ha desmantelado buena parte del Estado de bienestar, o que dio 44.000 millones de dinero público a la banca del que ya se reconoce abiertamente que sólo se va a recuperar el 5%. O sí, tiene nombre: impostura.

Lo que no se quiere ni entender ni aceptar por parte de los partidos del régimen es que el Parlament de Catalunya ha aprobado por mayoría y democráticamente la creación de una nueva legalidad, opuesta a la legalidad actual de la monarquía española, y que esa legalidad catalana quiere ponerla a consideración del pueblo mediante el referéndum del 1 de octubre. Ese es el eje del conflicto. La democracia de la que habla el PP, y el PSOE y C’s, es la de la Constitución que no permite ejercer un derecho democrático como es el de autodeterminación. La democracia del Parlament catalán es la que pone en marcha votar el 1 de octubre y abre la posibilidad de proclamar una república.

Es preciso volver sobre el papel que están jugando algunas izquierdas o parte de ellas. ¿Cómo es que si existe un movimiento republicano de ruptura con la monarquía la posición de esas izquierdas es tan indecisa e indefinida? Se puede entender e incluso aplaudir la desconfianza respecto al PDCat o respecto a determinados dirigentes políticos independentistas, pero cuesta entender que se desconfíe del amplio movimiento popular que recorre Catalunya, cuesta entender cómo se puede pretender ser la mayoría de la sociedad y, en cambio, darles la espalda a esos centenares de miles de personas que este 11-S, como los cinco anteriores, llenarán las calles de Barcelona como ya nadie lo duda. Porque la cuestión, democrática y republicana, no es, en primera instancia, independencia sí o no, sino una apuesta decidida por ejercer el derecho democrático de autodeterminación, de ponerlo en práctica, de defenderlo frente al Estado, de movilizar, de llamar a votar, de comprender que es la posibilidad de un cambio político y social.

La intervención de los representantes de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela y Lluís Rabell, en el debate parlamentario en el que se aprobaron las leyes mencionadas no ha mejorado las cosas. Las ha entorpecido. En vez de apoyar la convocatoria del referéndum y enmendar lo que fuera posible para mejorarla, su táctica fue la de poner todas las trabas posibles y situarse en la posición de que no tiene garantías democráticas suficientes, y como el PP tampoco las ofrece, mejor hubiera sido no aprobar la ley sobre el referéndum. O sea, que todo siga igual, retórica al margen. Además, ni siquiera, como se había planteado en el grupo parlamentario, permitieron que hablaran otros representantes de la coalición parlamentaria, favorables a la convocatoria del referéndum y a participar en él.

1-O: el reto de Catalunya al régimen del 78

En la pluralidad de las izquierdas ha ido ganando peso la posición representada por los Comunes, y también Podem de que es imprescindible participar en la movilización que representará el 1 de octubre, de que hay que denunciar la represión del PP, que, más allá de las preferencias por votar Sí o No, lo decisivo es la participación, que es lo que podrá decantar la balanza sobre el reconocimiento efectivo del referéndum. Del 12 al 14 de septiembre las personas registradas en Catalunya en Comú están llamadas a participar en una votación para responder a la pregunta: “¿Catalunya en Comú ha de participar en la movilización del 1 de Octubre?”.

En los próximos 20 días los acontecimientos se irán acumulando. Han empezado los actos y mítines para llamar a votar el día 1 de octubre. Son ya más de 600 los ayuntamientos (de los 949 que tiene Catalunya) que han expresado públicamente su apoyo al 1-O. El de Barcelona lo tiene que decidir. Al consistorio le están lloviendo recordatorios de lo que Ada Colau dijo sobre su inquebrantable “defensa de la desobediencia civil para defender y ejercer la democracia”.

Si el 1-O es un fracaso en Catalunya, porque en condiciones hipotéticamente tranquilas hay un corto porcentaje de votación, si bien es difícil pensar que el gobierno español permita que la gente pueda ejercer este derecho, como dice otro artículo de esta edición de SinPermiso: “sería un golpe, también, a las iniciativas republicanas, democráticas, de impugnación del Régimen de 1978. En Cataluña, en Galicia, en Euskadi y en el conjunto de pueblos y territorios de España. Ante un escenario regresivo de este tipo, el soberanismo republicano y progresista no puede quedarse en casa. Al contrario, más allá de las discrepancias con la hoja de ruta del gobierno actual, las fuerzas de cambio cometerían un grave error si no se levantan contra el PP y sus ataques a las reivindicaciones democráticas de autogobierno. En Cataluña y fuera de ella.” O como escriben Jaume Asens de Barcelona en Comú y Joan Tardà de Esquerra Republicana de Catalunya: “Los pueblos de España tienen que entender que el 1-O es el verdadero desafío al régimen del 78. Lo recordaba recientemente el galleguista Xosé Manuel Beiras. El reto proviene de Cataluña pero quiere ser un estímulo para romper cerraduras en otros lugares. Todas las revueltas catalanas a lo largo de la historia, de hecho, lo han sido. Bajo esta idea de fraternidad, debemos hacernos dignos de la responsabilidad histórica que nos ha tocado vivir y las izquierdas españolas también deben ser conscientes de ella.” Y aún lo expresaba mucho más escuetamente un dirigente del andaluz Sindicato de Obreros del Campo (SOC): “Cuando antes sean ustedes libres, antes lo seremos nosotros.”

Para la manifestación de la Diada Nacional de Catalunya del 11-S están ya inscritas en estos momentos casi 400.000 personas, con nombres y apellidos, y, probablemente, el gobierno está esperando que pase la movilización que se espera para dar otra vuelta de tuerca represiva. Crecerá la movilización contra las medidas represivas y eso obligará a ser más decididos. Hay incertidumbres, no hay respuesta para todo, porque la respuesta está en caminar con quienes se movilizan, organizando y participando en el referéndum. Será la lucha quien decida. Por eso, aún hoy podemos decir que todo es posible.

(Hoy 10 de septiembre los firmantes de este artículo hemos asistido al masivo acto de despedida a Antonio Gil, muerto el día anterior. Antonio Gil fue un legendario y combativo dirigente obrero de SEAT durante muchos años. Luchador también por los derechos de los inmigrantes, contra la guerra y otra multitud de causas justas. Estaba ilusionado en poder votar el próximo 1-O. Sirva como pequeño homenaje la dedicatoria de este artículo.)

Daniel Raventós

es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de SinPermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Su último libro es "Renta Básica contra la incertidumbre" (Ed. RBA, julio 2017).

Miguel Salas

Sindicalista. Es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.

Fuente:

www.sinpermiso.info, 10-9-17

Mundo Nuestro.Tomado de la revista Sin Permiso, este texto vislumbra una nueva crisis económica a partir del análisis de dinámicas corruptas como las que prevalecen en los préstamos a estudiantes universitarios: "La consecuencia de prestar a los estudiantes ha sido distorsionar el sistema educativo, convertir a las universidades, como la Universidad de Nueva York, en una gran empresa de bienes raíces. Están usando el dinero para comprar más bienes raíces, para construir todo tipo de cosas extrañas que no tienen nada que ver directamente con la enseñanza en clase. Así que, ¿cómo sorprendernos que los estudiantes no estén recibiendo suficiente educación para prepararlos para ganar dinero para pagar estos préstamos?"

SHARMINI PERIES: Justo antes del colapso económico de 2007-2008 hubo varios indicadores económicos que podrían dar una idea de la catástrofe inminente. Si nos fijamos en la situación económica actual en los EE.UU., nos encontramos con muchos de estos mismos indicadores. Los precios de la vivienda están creciendo mucho. La deuda de las tarjetas de crédito ha comenzado a crecer de nuevo. El impago de préstamos para estudiantes ha aumentado, y los mercados de acciones y bonos han alcanzado su punto histórico más alto.



¿Estamos ante otra burbuja inmobiliaria como hace nueve años? Tengo conmigo a Michael Hudson para hablar de ello. Michael es profesor de Economía en la Universidad de Missouri, Kansas City. Y es el autor The Bubble and Beyond y Finance Capitalism and Its Discontent, Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy. Su libro más reciente es J is for Junk Economics.

Michael, unas 10 millones de familias perdieron sus hogares en la crisis de 2007 a 2008, y muchas de esas casas fueron compradas por los fondos buitres, como Blackstone. Los fondos buitres en realidad no revenden las viviendas que compraron, sino que las alquilan. Pero empecemos con los indicadores que me ha señalado en un correo electrónico, diciendo que podríamos estar ya en el umbral de otra crisis. Denos la esencia de esos indicadores y por qué predice eso.

MICHAEL HUDSON: Muchos de los indicadores pueden ser similares, pero el carácter de la crisis es muy diferente a la de 2008. Se menciona, por ejemplo, que los precios de bienes raíces superan sus niveles de 2008. Todo eso es cierto, pero como se acaba de señalar, 10 millones de personas perdieron sus hogares. Eso es lo que los economistas llaman "traspasar la vivienda de manos débiles a fuertes", y lo aplauden porque en lugar de que familias pobres, minorías, afroamericanos e hispanos compren viviendas que están mucho más allá de su capacidad de pagar la hipoteca, estas casas ya han sido perdidas o desahuciadas y Blackstone y otros fondos buitres las han comprado. Las compraron en efectivo.

La razón por la que lo hicieron así, en lugar de apalancar deuda, que es como la gente había comprado sus casas desde la Segunda Guerra Mundial, es que las tasas de interés son muy bajas. La Fed ha bajado los tipos de interés a cero (ZIRP) con el fin de volver a inflar una burbuja. Sin embargo, con estas bajas tasas de interés, Blackstone y otros fondos buitres, Wall Street, pueden hacer más dinero alquilando estas propiedades que vendiéndolas o especulando, o invirtiendo en el mercado de bonos.

El efecto es muy interesante. Hasta 2008, los alquileres en realidad bajaban. Cuanto más subían los precios de los bienes raíces, más caían los alquileres, porque el 17% del mercado era para “ciclistas”, especuladores que compraban una casa o un apartamento a crédito. Pensaron: vamos a comprar un condominio, una casa, vamos a esperar que el precio se infle. Todos estaban desesperados por encontrar a alguien para alquilar esos apartamentos, al menos para ayudarles a cubrir los intereses de las hipotecas.



El resultado fue que los alquileres cayeron. En este momento es todo lo contrario. Los alquileres suben, porque hay muchas menos propiedades disponibles, ya sea para comprar o para alquilar. La gente no puede permitirse el lujo de calificar para un préstamo bancario, por lo que no pueden permitirse el lujo de comprar una vivienda, y no pueden encontrar casas porque éstas han sido monopolizadas, tal vez el 20% en algunas áreas, por los fondos buitres, Blackstone y otros.

Mi amigo Gary Null, por ejemplo. Blackstone compró su edificio, rompieron la caldera, no encendían la calefacción, y le obligaron a cambiarse para vaciar la propiedad y tratar de aumentar el precio. Eso es en los bienes raíces comerciales. Estos chicos están poniendo de nuevo de moda la guerra de clases en los negocios.

Los precios de la vivienda están subiendo en Canadá y Australia, pero de nuevo: no se trata de una burbuja como antes. La estructura financiera se ha desplazado, en gran parte porque está siendo comprada por propietarios absentistas muy ricos en lugar de por la población en su conjunto. Por lo que la tasa de propiedad de la vivienda en Estados Unidos ha disminuido en alrededor de seis puntos porcentuales. Eso es alrededor del 10% de la población con vivienda, por lo que tenemos viviendas más allá de la capacidad de pago de la mayoría de los estadounidenses y más allá de lo que los bancos están dispuestos a prestar para comprar una casa.

¿Cómo beneficia esto a los titulares de la propiedad, al igual que a los propietarios de fondos buitres?

Pueden hacer grandes beneficios alquilando. Pueden obtener un 5, 10, 15%. Eso es mucho más dinero que en el mercado de bonos y es mucho más seguro que la bolsa, porque los precios de las acciones pueden bajar y las ventas de las empresas pueden bajar cuando la economía se contrae, pero la gente está desesperada por tener alojamiento. Es la única cosa que necesitan imperiosamente, así que los alquileres ahora están aumentando como porcentaje del presupuesto de las familias estadounidense. Suponen un 40% o un 50% de los ingresos en lugares como Nueva York, San Francisco, las zonas de alta renta del país.

¿Qué son los préstamos NINJA?

Esa es otra cosa que ha cambiado. Lo que calentaba y empujaba hacia arriba los precios en 2007 y 2008 eran préstamos a prestatarios sin ingresos, sin empleo, ni activos. Como Bill Black ha explicado, se trataba de préstamos en gran medida fraudulentos. Los defraudadores fueron los bancos. Los defraudadores eran las compañías hipotecarias que falseaban los ingresos de los compradores y prestaban la casi totalidad de la hipoteca.

Ahora sólo queda un tipo de mercado NINJA, y esos son los estudiantes. Los préstamos para estudiantes han sido los préstamos de más rápido crecimiento en el país. Suponen alrededor de $ 1.3 billones de dólares, más que los préstamos de las tarjetas de crédito, más que la mayoría de otros tipos de préstamos. Todo el mundo sabe que los estudiantes no son capaces de ganar lo suficiente para pagarlos, porque las tasas de morosidad de los préstamos estudiantiles crecen. No en las hipotecas. Están cayendo en las hipotecas – hipotecas de casas - pero están subiendo en los préstamos estudiantiles.

Pero los bancos sabían que no podrían pagar y el gobierno sabía que no podrían pagar, por lo que el gobierno hizo un acuerdo ventajoso para los bancos: “Se pueden hacer todos los préstamos a estudiantes que se deseen. Se les puede dar el dinero que se quiera para cualquier tipo de educación, incluso para una educación basura, para Universidades de filfa, o universidades con fines de lucro, como la universidad de Trump, y sabemos que los estudiantes van a quebrar, pero vamos a garantizar sus préstamos y garantizaremos unos tipos de interés más altos que en cualquier otro tipo de préstamo, porque sabemos que estos préstamos son de riesgo. Sabemos que no van a pagar, pero el gobierno va a asumir todo el riesgo y pagará como si el banco estuviera asumiendo el riesgo y como si estuviera haciendo un préstamo auténtico, pensando que será devuelto“.

Todo el escándalo de los préstamos estudiantiles es pura corrupción. Esto demuestra hasta que punto se han apropiado de las universidades y del sistema de préstamos del gobierno los bancos que dan los préstamos a expensas de los contribuyentes.

Michael, el gobierno federal ya garantizaba los préstamos estudiantiles, así que ¿cuando quiebran estos préstamos, su cobertura sale de las arcas públicas?

Sí. No sólo el préstamo, sino el préstamo con enormes intereses, más altos que los que los bancos pueden conseguir en cualquier otro tipo de préstamo, y multas muy duras por morosidad, por lo que los bancos están básicamente librándose de los mismos. Los beneficiarios finales, si se les puede llamar beneficiarios, son las universidades, porque el principio básico en el sector inmobiliario que aprendimos en 2008 fue que una casa vale lo que un banco está dispuesto a prestar. Bueno, lo mismo es cierto para la educación.

Pero la educación vale mucho más que lo que un banco está dispuesto a prestar por ella. El banco prestará todo lo que cuesta, porque no hay riesgo, ¿Los bancos no tienen necesidad de preguntar si se trata de una educación de calidad? ¿Es este un préstamo educativo con el que el estudiante realmente va a ser capaz de obtener un trabajo después? O se trata de un préstamo a la Universidad Trump o un préstamo a una universidad con fines de lucro que no está realmente preparando al estudiante para ganar el suficiente dinero? Y ¿qué alternativas tiene el estudiante?

Lo que ha sucedido es que el precio de la educación ha crecido mucho porque los bancos están básicamente financiando un enorme crecimiento del precio que las universidades pueden cobrar por una educación. Si las universidades cobran más, un pregrado de la Universidad de Nueva York puede llegar a los $40.000 dólares y $ 200.000 anuales para un estudiante de odontología ... la pretensión es que cuanto más se paga, más se aprende. Pero eso no es lo que está sucediendo en absoluto.

Las universidades se han convertido en centros de lucro y no están contratando más profesores, están contratando más trabajadores a tiempo parcial, y están teniendo un enorme crecimiento en la gerencia y la alta dirección. Así que todos estos costes universitarios hinchados van al sistema de gestión, no a la enseñanza, no a los profesores, y no producen un buen producto.

La consecuencia de prestar a los estudiantes ha sido distorsionar el sistema educativo, convertir a las universidades, como la Universidad de Nueva York, en una gran empresa de bienes raíces. Están usando el dinero para comprar más bienes raíces, para construir todo tipo de cosas extrañas que no tienen nada que ver directamente con la enseñanza en clase. Así que, ¿cómo sorprendernos que los estudiantes no estén recibiendo suficiente educación para prepararlos para ganar dinero para pagar estos préstamos?

Michael, por último, quiero preguntarle, usted habla de una crisis lenta en lugar de una gran crisis como la que sufrimos en el período 2007-2008. Háblenos de eso.

El problema fue que en 2008 la economía estaba sobre-endeudada. La manera de resolver el problema fue hacer lo que las crisis suelen hacer: La mayoría de las crisis acaban con parte de la deuda, por lo que la recuperación comienza a partir de una economía con un nivel mucho más bajo de deuda. Pero la administración Obama, a pesar de que se había comprometido a cancelar deudas, nunca lo hizo. Apoyó a los bancos, y mantuvo todas las deudas en los libros de contabilidad, y la economía aún tiene toda la deuda acumulada que tenía en 2008. Y la deuda está creciendo.

El pasado fin de semana, por ejemplo, el New York Times lo celebró, diciendo con optimismo que la economía crece porque la deuda aumenta. Si nos fijamos en la Oficina Nacional de Investigación Económica, sus economistas consideran con “optimismo” esa nueva deuda, porque suponen que toda deuda es voluntaria. Pero la gente no elige voluntariamente estar tan endeudada: son tan pobres que tienen que recurrir a endeudarse con la tarjetas de crédito y pedir más dinero prestado a los bancos.

El hecho es que las personas no se endeudan porque sean optimistas sobre la economía. Piden prestado porque no pueden permitirse el lujo de llegar a fin de mes y pagar su vivienda y pagar por su educación sin endeudarse. Y tienen que pagar tanto dinero en servicio de la deuda que no pueden permitirse el lujo de comprar bienes y servicios.

Si se da un paseo alrededor de la Universidad de Nueva York, por ejemplo, que solía ser una zona próspera, la calle 8 y las grandes calles comerciales verá que hay muchos negocios que están tapiados. Los escaparates están cerrados. Nadie entra en ellos, porque nadie puede permitirse el lujo de ir a comer fuera o comprar libros o incluso comprar zapatos y ropa como antes en estas calles comerciales, porque tienen que pagar más por su educación como consecuencia de unos préstamos estudiantiles irresponsables.

Michael Hudson

es un antiguo economista de Wall Street. Distinguido profesor e investigador de la Universidad de Missouri, en la ciudad de Kansas (UMKC), es autor de numerosos libros, incluidos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (nueva edición en Pluto Press, 2002). Su nuevo libro es: Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy (edición digital de CounterPunch).

Fuente:

http://www.counterpunch.org/2017/05/25/another-housing-bubble/

Texto tomado de la revista Sin Permiso

Traducción:Enrique García

Mundo Nuestro. La revista española Sin permiso publica este texto del articulista del Washinton Post Harol Meyerson, a quien así presenta: "Meyerson es editor general de la revista The American Prospect, está considerado por la revista The Atlantic Monthly como uno de los cincuenta columnistas mas influyentes de Norteamérica. Meyerson es además vicepresidente del Comité Político Nacional de Democratic Socialists of America. y, según propia confesión, "uno de los dos socialistas que te puedes encontrar caminando por la capital de la nación" (el otro es Bernie Sanders, combativo y legendario senador por el estado de Vermont)." Fuente: The American Prospect, 12 de abril de 20. Traducido para Sin Permiso por Lucas Anton.

Si bien los videos de guardias de seguridad arrastrando a un médico ensangrentado por el pasillo de un avión de United Airlines conmocionaron claramente a los millones de personas que lo vieron, mi impresión es que, en cierto plano, no les sorprendió. Ciertamente, la razón por la que los videos le han resultado tan perjudiciales a United— y en cierto sentido a todo el sector de líneas aéreas — es que todo el mundo que ha viajado en clase turista durante las últimas décadas sabe que el bienestar de los pasajeros de líneas aéreas, salvo en el caso de quienes viajan en primera clase - o “business-class” -, es la menor de las preocupaciones de las compañías.



El abuso sistemático de quienes vuelan en clase turista se ha convertido en el sine qua non del modelo de negocio de las líneas aéreas, como atestigua claramente el incesante achicamiento de los asientos y el espacio para las piernas permitidos a los pasajeros. “Los asientos más espaciosos de clase económica que pueden reservarse en las cuatro mayores líneas aéreas del país”, de acuerdo con Bill McGee, de Consumer Reports, “son más estrechos que los asientos económicos más apretados ofrecidos en los 90”. Las compañías aéreas que disienten y tratan de vender su amabilidad con el cliente se han visto obligadas a retornar a la deplorable norma del sector.

JetBlue ofreció de hecho más espacio a los pasajeros de clase turista, debido en parte a que muchos de sus aviones no reservaban espacio a una cabina de primera clase. Cuando los analistas de Wall Street condenaron a los gerentes de la compañía por ser “excesivamente conscientes de la marca y atentos al cliente”, la compañía aérea destituyó, sin embargó, a estos ejecutivos y entró un nuevo equipo, dispuesto a instalar alojamiento de primera clase en la parte de delante, aunque eso significara estrujar a los tontos de clase turista.

El estrujamiento de pasajeros continúa a buen ritmo. La semana pasada, funcionarios de Airbus anunciaron que habían encontrado el modo de reconfigurar los asientos de clase turista en su gigantesco modelo sentando a los pasajeros de once en fondo, en lugar de los diez habituales en clase turista. Así se consigue más espacio, por supuesto, destinado a los pasajeros de primera clase para los que ninguna comodidad es demasiado lujosa y ninguna tarifa demasiado elevada. Por unos cuantiosos 32.840 dólares Emirates Airlines te llevará rápidamente de Los Ángeles a Dubai en un compartimento privado con asiento desplegable y todo con colchón, baño propio con ducha, televisión de pantalla plana y minibar. Lufthansa ha construido una terminal separada en Frankfurt (centro de la industria financiera alemana) para sus pasajeros de primera clase e incluso asigna la calidad del aire dependiendo del tipo de tarifa. En primera clase, Lufthansa ha instalado humidificadores que eleven la humedad al 25%, mientras que en la clase turista se mantiene en un nivel como del Valle de la Muerte de entre el 5 y el 10%.



La verdad es que hay sólo dos clases de viaje en avión: la nobiliaria y la tercera clase. Viajar largas distancias ha vuelto al modelo que prevalecía antes de la II Guerra Mundial, con lujos para unos pocos y un acomodo de los de “suerte tienes de estar aquí, más vale que te estés callado” para todos los demás (vean Titanic si lo quieren un curso que refresque rápidamente la memoria). El nivel decente de comodidad y servicio permitido a todos los pasajeros en los tres decenios posteriores a la introducción de reactores comerciales, a finales de los 50, parece haber sido un subproducto de la clase media masiva que surgió en los países occidentales durante la prosperidad ampliamente compartida del auge de postguerra. Desde entonces, las economías de los países occidentales se han vuelto cada vez más bipolares, y lo mismo vale para las actitudes del sector de líneas aéreas respecto al servicio al cliente y los asientos.

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Las compañías aéreas no sólo han aceptado esta bipolaridad, sin embargo; la han exacerbado. Para empezar, han aumentado enormemente sus márgenes de beneficio y han reducido enormemente su necesidad de proporcionar un servicio adecuado, eliminando la competencia y las opciones de los clientes por medio de un flujo regular de fusiones. En 2005, tal como contó Justin Elliott en ProPublica, había nueve compañías aéreas principales; hoy no quedan más que cuatro. Esta es una de las principales razones por las que boicotear United Airlines es mucho más fácil de decir que de hacer). La debilidad de la aplicación de las leyes antitrust en las administraciones tanto demócratas como republicanas constituye una gran razón por la que la mayoría de los norteamericanos no está deseando volar en avión.

En segundo lugar, como la mayoría de las grandes empresas norteamericanas, las compañías aéreas se han reestructurado para recompensar a los inversores a expensas de todo y de todos los demás. No es que les dé mi palabra: se la da Rick Schifter. El veterano socio administrador de la compañía de capital riesgo TPG, miembro de la junta de American Airlines, Schifter tuvo la dudosa idea de escribir en el Wall Street Journal un artículo de opinión hace dos años en el que se jactaba de que el capital riesgo constituía una pieza clave, si no la pieza clave, para darle la vuelta a lo que denominaba “la ejecutoria del sector”. Las innovaciones clave, seguía, además de beneficiarse de precios de combustible más baratos, consistían en “nuevos” flujos de ingresos como tarifas por equipaje [y] la consolidación o liquidación de algunas líneas aéreas”.

Cualquiera que dude de que existe una línea directa que enlaza la redefinición del capital riesgo de la misión de las compañías aéreas con el que el Dr. Dao acabe arrastrado como un saco de patatas por el pasillo central del aparato podría querer comprobar la lista de mejoras de las prácticas de las líneas aéreas:

“No es casualidad que los presidentes de las tres mayores compañías aéreas llegaran a la cumbre mientras sus empresas las controlaban firmas de capital riesgo. Tras la desregulación de las líneas aéreas en 1978, muchos ejecutivos de las compañías se vieron motivados por el crecimiento de los beneficios, y se mostraron renuentes a acabar con ineficiencias que eran vestigios de compañías reguladas. Sólo después de que cambiara su mentalidad, cuando el éxito se medía en términos de ingresos netos y no por el número de aviones, equilibró el sector la oferta con la demanda.

Ah, esas ineficiencias: comidas calientes, espacio para las piernas, no pagar por llevar equipaje: ¿en qué estaban pensando esos trogloditas? Probablemente no en la recompra de acciones, como los 2.000 millones de dólares en recompras que la junta de United autorizó el verano pasado, al mismo tiempo que anunciaba que recortaría su crecimiento previsto para el próximo año de un 2 % a un 1,5 %. O los 9.000 millones de dólares en recompras de acciones que American Airlines llevó a cabo entre 2014 y 2016.

Esa es la mejora de rendimiento del sector de la que habla Schifter. Y si se pueden conseguir mayores beneficios reduciendo el servicio de comidas complementario a pan y agua, y el conjunto de la experiencia de volar a una forma de encarcelamiento móvil, bueno, ¿adónde van exactamente a ir esos prisioneros —perdón, pasajeros — que busquen mejor servicio? ¿A Pan Am? ¿A TWA? ¿A North by Northwest? ¿Qué opciones tienen los viajeros de hoy?

No es probable que les den coscorrones en la cabeza y los arrastren por el pasillo, pero tampoco lo es que vayan a tratarlos como si hubiera una forma mejor de volar.

Mundo Nuestro. La revista internacional Sin Permiso ha cumplido diez años y con este espíritu arranca el 2017: como un "proyecto político republicano laico, socialista, racionalista, amante de la verdad e intelectual y financieramente independiente." Y lo celebra con esta memoria de Bertoldt Bretch:

Sin Permiso


En 1946, Brecht escribió (y no publicó) este terrible, hondo e iluminador epitafio para el poeta Mayakosky, que se había suicidado tres lustros antes, en pleno auge del estalinismo en la URSS:

Escapé de los tigres

Alimenté a las chinches



Me devoraron

Las mediocridades

En 1951, regresado ya del exilio estadounidense e instalado en la República Democrática Alemana, Brecht reescribió –aunque tampoco llegó a publicar— aquel epitafio, esta vez como desahogo personal contra la intriga mequetréfica de los funcionarios culturales del partido y sus consabidos aduladores:

Escapé de los tiburones

Me impuse a los tigres



Me devoraron

Las chinches

SinPermiso inicia con 2017 su segunda década de existencia. En esta nueva época, seguiremos siendo un proyecto político republicano laico, socialista, racionalista, amante de la verdad e intelectual y financieramente independiente. Seguiremos pensando autónomamente con nuestra propia cabeza, por el gusto de hacerlo y para lo que pueda servir a nuestros lectores. Seguiremos sin doblegarnos a modas académicas volanderas ni a argumentarios políticos heterónomos. Y en el año del Centenario de la Revolución Rusa trataremos de seguir sobreviviendo a la voracidad de las chinches.— SP, 1 de enero de 2017

Fuente:
www.sinpermiso.info, 1 de enero 2017

"Rápido. La Cámara consumó el golpe hondureño o paraguayo, según los gustos de cada feligrés. No más tanques y tropas en torno al Palacio, sino un berenjenal confuso de acusaciones a la mandataria, envasado en flexibles lecturas de la Constitución. No más “cuarteleras alborozadas que van a molestar a los granaderos y provocar extravagancias del Poder Militar”, como decía el ex dictador Humberto Castello Branco (1897-1967). Las cuarteleras prefieren ahora molestar a los financistas y jueces, todo bajo el manto legal y avalado por “renombrados juristas”, la categoría de la hora."

Así arranca el texto de Gilberto Maringoni en la revista Sin Permiso que en tres textos nos ayuda a entender lo ocurrido el último día en Brasil:

El 17 de abril pasado la Cámara de Diputados de Brasil abrió las puertas al proceso de destitución de la presidente Dilma Rousseff. Aunque el voto definitivo está en manos del Senado y que Dilma no está dispuesta a convalidar con su renuncia los chanchullos parlamentarios, el golpe está en marcha y Brasil vive momentos de grave y dolorosa crisis política y económica. El tema es analizado en los siguientes artículos de Gilberto Maringoni, Luiz Gonzaga Belluzzo y Gabriel Galípolo. SP



Leer en Revista Sin permiso: Brasil: las etapas de un golpe enmascarado