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Mundo Nuestro tiene un objetivo prioritario: realizar un periodismo de investigación que contribuya en la construcción de una estrategia nacional de conservación, desarrollo y custodia de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, lo que se llama el patrimonio biocultural de México.

Mundo Nuestro. El siguiente texto de la historiadora catalana-mexicana Montserrat Galí Boadella nos permite entender un asunto de fondo que subyace en el conflicto que se vive hoy entre el Estado español y Catalunya, el de la legalidad de un referéndum fundado en el derecho humano de la autodeterminación de los pueblos.

De Montserrat Galí hemos publicado en esta revista el texto

En estas fechas las reivindicaciones políticas y sociales de Catalunya se han hecho visibles ante el mundo. La violencia contra una población pacífica que quería votar el domingo 1 de Octubre ha puesto en evidencia que España, contrariamente a lo que se presume, no ha hecho la transición, no es todavía un país plenamente democrático y mantiene tics autoritarios. El motivo de la brutal agresión a la población, incluyendo ancianos, se debía a que el Estado español, por medio de su Tribunal Constitucional, había declarado “ilegal” el referéndum de autodeterminación convocado por la Generalitat de Catalunya. Veremos este asunto de la “ilegalidad” más adelante.



Reacciones de la prensa internacionl ante los sucesos del 1 de octubre.

La jornada represiva del domingo 1 de Octubre, venía precedida de más de una década de desencuentros graves entre Catalunya y España, que a su vez se originan en desacuerdos de larga duración quizás insalvables. No vamos a detenernos en ellos porque rebasan el ámbito de este ensayo. Más bien vamos a enfocarnos en el referéndum y sus lecciones, porque nos llevan a reflexionar sobre la que para algunos observadores probablemente sea la primera revolución social del siglo XXI.

En las últimas elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, los partidos independentistas ganaron la elección y anunciaron que cumplirían el mandato de los electores, quienes votaron a favor de iniciar el proceso de independencia, que más tarde se decidió refrendar con un referéndum. A partir de aquel momento los partidos dinásticos, como los denomina el Prof. Ramón Cotarelo, declararon que el referéndum era imposible, ilegal y anticonstitucional y se cerraron a cualquier diálogo sobre el tema. El argumento de Rajoy es que la Constitución Española prohíbe la celebración de un referéndum. Algo totalmente falso, ya que como se puede leer en el artículo 92 de dicha constitución los referéndums se celebrarán para asuntos de trascendencia (los hubo para entrar a la OTAN y para entrar a la Unión Europea) pero deben ser autorizados por el Congreso y convocados por el Rey. En resumidas cuentas, hay que llegar a acuerdos, y como dijo Rajoy en cada ocasión: “ni puedo ni quiero”. El Gobierno catalán solicitó el permiso, formalmente, en 18 ocasiones, pero en todas ellas se le negó, sin apelación.

Manifestación el 3 de octubre.

Es comprensible que España se niegue a autorizar un referéndum que busca la independencia de Catalunya. Hay intereses económicos –sin Catalunya la economía española no es solvente- pero también motivos de índole emocional. Para España esto que se llama Catalunya es y ha sido siempre parte de España. Dejando de lado la enorme falsedad de esta afirmación –que ni siquiera vale la pena discutir- resulta evidente que hay problemas graves de convivencia entre estas dos entidades políticas y territoriales. Es, por decirlo de manera llana, un mal matrimonio a la fuerza, puesto que el enlace empezó con el sitio y destrucción de Barcelona en 1714, una fiesta nupcial verdaderamente trágica, seguida de la anulación de la legalidad catalana. A partir de ahí, como en todo mal matrimonio, ha habido momentos de confrontación y momentos de paz o tregua. Pero si una de las partes quiere mantener a la otra y jura y que la quiere y la ama, debe hacer propuestas que convenzan a la parte agraviada que se quiere divorciar. Debe tratar de seducir, ser amable, hacer algún gesto de acercamiento o afecto. No debe amenazar con juicios, cárcel, multas millonarias, penas por sedición y ataques violentos a una población indefensa que sólo quería votar.

Memoria e historia: la prensa franquista celebra la caída de Barcelona.

Para el que no conoce la historia española a fondo es difícil entender la tortuosa relación de España con Catalunya. Atendiendo sólo el siglo XX, daremos algunos ejemplos que descubren las profundas dificultades de convivencia entre españoles y catalanes. Al iniciar la Guerra Civil, ante las demandas políticas catalanas, el presidente Azaña dijo refiriéndose a la “díscola” Cataluña: “Una persona de mi conocimiento asegura que es una ley de la historia de España la necesidad de bombardear Barcelona cada cincuenta años. El sistema de Felipe V era injusto y duro, pero sólido y cómodo. Ha valido para dos siglos. Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero. Pero ante estas cosas me indigno. Y si estas gentes van a descuartizar España, prefiero Franco.” Es decir, en este punto no hay izquierda ni derecha, sino un total acuerdo ya que Franco decía lo mismo: “España antes roja que rota”. Actualmente el PSOE y el PP piensan lo mismo. En Catalunya, muy dados a la ironía, esta versión de la historia de España se expresa así: “Lo que más se parece a un español de derechas es un español de izquierdas” (frase del escritor Josep Pla).

Esta visión de la historia de España puede ejemplificarse con otras dos frases célebres. La primera es de Manuel Fraga, ministro de Franco y fundador del PP, quien en 1961 consideraba a Cataluña simple y llanamente tierra de conquista: “Cataluña fue ocupada por Felipe IV (Guerra de 1640); Felipe V (Guerra de Sucesión); fue bombardeada por el General Espartero (1840), y la ocupamos en 1939 (victoria de Franco), y estamos dispuestos a volverla a ocupar tantas veces como sea necesario y para ello estoy dispuesto a coger de nuevo el fusil”. Todavía tenemos versiones más retorcidas obsequiadas por la izquierda de la “transición”: en 1984, Felipe González, en plena lucha contra el terrorismo de ETA consideraba que “El terrorismo en el País Vasco es una cuestión de orden público, pero el verdadero peligro es el hecho diferencial catalán”. El “hecho diferencial”, dicho sea de paso, es el pecado mortal de Catalunya de exigir su reconocimiento como nación.

Con esta frase de Felipe González podemos entrar el tema que nos interesa analizar el día de hoy, y es el nuevo orden internacional que poco a poco se ha ido construyendo a partir del reconocimiento de los Derechos Fundamentales y los Derechos Humanos, nociones que configuran el actual marco jurídico internacional. Un marco jurídico que determina, por ejemplo, que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y si señalamos este delito en particular es porque pone en evidencia que la tan cacareada transición española apenas está en pañales: no se ha castigado a los responsables de los asesinatos de la dictadura franquista (los de los republicanos se pagaron con creces); no se ha abjurado de la dictadura de Franco y por el contrario se mantiene su tumba de manera faraónica en el Valle de los Caídos; se permiten partidos, asociaciones y manifestaciones franquistas y no se han abierto las fosas colectivas con los asesinados durante la Guerra Civil Española. Este déficit de democracia corroe las entrañas de un país que con el referéndum de Cataluña se tambalea.

Una imagen de la represión del 1 de octubre.

Esta falta de democracia se pone en evidencia al descubrir la incompatibilidad de la Constitución Española con el Derecho Internacional actual; y en consecuencia el porqué el domingo 1 de Octubre se confrontaron dos legalidades. La legalidad española trasnochada y la legalidad catalana sustentada en el derecho internacional que defiende su Parlamento. Dos legalidades que a mi modo de ver, después de haber leído numerosos trabajos de juristas, constitucionalistas e internacionalistas de prestigio de numerosos países, se están enfrentando ahora en el problema del referéndum catalán, pero seguirán enfrentándose en lo que viene del siglo XXI en otros países y latitudes. Trataré de presentarlo de manera sencilla:

El derecho a la autodeterminación es un derecho fundamental, y como tal se tiene, no se obtiene ni se recibe. Las personas y las colectividades, sobre todo cuando se pueden definir como un pueblo o nación, tienen derecho a auto - determinarse. Esta noción está plasmada en dos instrumentos legales que España ha firmado y que, de acuerdo con el Derecho Internacional, los países y estados que los han firmado están obligados a respetar y observar. El primer instrumento es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, promulgado en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. El rey Juan Carlos, colocado en el trono de España por Francisco Franco, firmó este Pacto en 1977, es decir, un año antes de que se promulgara la Constitución española. El primer artículo de este Pacto dice textualmente: “1. Todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural.” En el inciso 3 se añade: “Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos o territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetará este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.” (Se puede consultar en internet).

Movilización estudiantil en defensa de los centros de votación.

El Ministro de Asuntos Exteriores de España firmó el pacto en Nueva York el 28 de septiembre de 1976 y Juan Carlos lo ratificó en Madrid el 13 de abril de 1977, por lo que la Constitución Española (1978) debió recoger este compromiso, de obligada observancia. El propio Juan Carlos, al firmar el Pacto acordó: “Apruebo y ratifico todo aquello que se dispone en él, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes.” En consecuencia España está obligada a respetar e incluso garantizar el referéndum catalán. Por si esto no fuera suficiente, la propia Constitución Española en el artículo 10.2 dice: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y los acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España.” En consecuencia el Tribunal Constitucional no puede declarar “ilegal” dicho referéndum.

No quiero extenderme más en este punto, sólo recordar que España volvió a ratificar el derecho de los pueblos a la autodeterminación al ingresar a la Unión Europea y firmar la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea. En consonancia con estos principios, resulta interesante constatar que en ningún cuerpo jurídico español consta que convocar y realizar un referéndum sea ilegal, por lo que las acusaciones a los más de 700 alcaldes catalanes llevados ante el juez por abrir colegios electorales, o la detención de 14 altos funcionarios el pasado 20 de septiembre –sin mediar orden de aprehensión por cierto-, son fruto de la falta de legalidad del gobierno de Mariano Rajoy. Este gobierno ha amenazado llevar a la cárcel por el mismo motivo al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont. Sobran comentarios.

Las fuerzas nacionales y la requisa de las urnas.

La Generalitat de Catalunya alega, con toda razón, que ella se atiene a leyes y derechos fundamentales custodiadas por los máximos organismos internacionales, que son superiores a cualquier interpretación de un Estado o gobierno. El enfrentamiento entre Catalunya y España no se trata de un “choque de trenes”, como se dijo durante meses, sino de un “choque de legalidades”. Una legalidad superior, porque se basa en los Derechos Humanos, y una legalidad parcial de un Estado que interpreta a su conveniencia los pactos internacionales y el Derecho; porque las leyes deben apegarse a derecho. Las dictaduras también tienen leyes. Como se vio en España: las leyes de Franco restauraron la casa de Borbón, lo que explica el vergonzoso discurso de Felipe VI después del referéndum, un rey que no se debe a su pueblo ni a los Pactos firmados por España sino a la decisión de un dictador, cuyos herederos directos son los actuales gobernantes en Madrid.

El domingo 1 de octubre vimos como se trató de impedir un acto democrático, votar, usando la fuerza y los recursos coercitivos del Estado. Nos faltan todavía muchas cosas por ver, pero de momento hay algunas lecciones a tomar en cuenta. La primera se expone de manera clara en los numerosos videos que circularon por la red y que se pueden seguir viendo en youtube: la existencia de una ciudadanía, con convicción democrática pacifista, cohesionada, consciente de sus derechos, decidida a defenderlos, todo ello con la más absoluta civilidad, sin la menor señal de violencia. Un acto que hace honor a los postulados de Gandhi. En segundo lugar un movimiento transversal, sin la presencia de ningún partido, un acto de la sociedad civil organizada, consciente, en cuya organización jugaron un papel fundamental las redes, a las que el Gobierno español hackeó ilegalmente. Una sociedad en la que a pesar de la insistencia de quienes la quieren desacreditar, el nacionalismo o el populismo no son los motores del movimiento social. En Catalunya hay un proyecto republicano, y éste consiste en construir una sociedad mejor, más justa e igualitaria.

Mariano Rajoy, en un acto de autismo institucional, afirmó en la noche del domingo que en Catalunya no hubo referéndum. Otros, en un ataque de clarividencia, dijeron que el referéndum no tenía garantías. Es bastante obvio, y todo el mundo lo pudo ver, que el referéndum no fue normal ni tuvo las garantías necesarias: la represión española se encargó de que así fuera, clausurando colegios electorales, secuestrando urnas, hackeando internet y agrediendo ciudadanos. A pesar de ello votaron 43% de los electores, el promedio internacional en este tipo de comicios, y el SI a la república obtuvo el 90%. Se alega que la “mayoría silenciosa” no votó. Esta mayoría silenciosa vive en Catalunya pero no se considera catalana, sólo española, y por lo tanto creyó que era un referéndum “ilegal” que no les concernía, o bien personas que nunca votan o que tuvieron miedo a la represión. Pero los catalanes votaron y como dijo Puigdemont, se ganaron el derecho a ser respetados, oídos y atendidos en sus demandas.

La autodeterminación expresada en el voto.

Nos hemos detenido en estos hechos porque son la parte visible y reciente de unproblema de larga duración poco o mal conocido por los mexicanos. Pensamos que al margen de la simpatía o antipatía que se pueda sentir por Catalunya y sus reivindicaciones políticas, el fenómeno en sí permite reflexionar sobre los procesos que buscan ampliar los derechos sociales y las libertades de la ciudadanía. Porque al margen de las particularidades de Catalunya: su historia milenaria, sus luchas sociales y antifranquistas, su posición progresista y solidaria ante los problemas del mundo actual (pobreza, migración), el espíritu cosmopolita de su potente cultura, el carácter trabajador de sus ciudadanos y otros etcéteras, lo que el mundo ha podido ver desde que hace 5 años iniciara el proceso de autodeterminación, es su inquebrantable compromiso con la no violencia, la paz y la democracia. En el mundo académico que estudia los movimientos sociales actuales o entre los pueblos que buscan su independencia, como son Escocia, Euskadi y Quebec, ya se habla del “modelo catalán” como expresión de las nuevas revoluciones sociales del siglo XXI. En numerosas universidades europeas se están realizando tesis sobre un proceso en el que se conjuga la filosofía jurídica del respeto a los derechos humanos como principio legal, con el mundo de la comunicación regido por el derecho a la expresión y la información, un modelo que deberá determinar nuestro futuro social y ético. No por casualidad un personaje como Julian Assange se ha mostrado tan interesado en el proceso que vive Catalunya.

Siguiendo la lógica de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de referéndum aprobada por el Parlament de Catalunya por parte del Tribunal Constitucional del Reino de España, los más de 15.000 policías nacionales y guardias civiles estacionados en tres barcos de crucero en el puerto de Barcelona han sido lanzados en sus vehículos y durante todo el día han reprimido el ejercicio del derecho a voto este primero de octubre del pueblo de Catalunya. El famoso “a por ellos” con el que fueron despedidos en algunas ciudades españolas, con la participación de mandos, no era sino una extensión de lo que ya había decidido el gobierno Rajoy.

Es innecesario buscar adjetivos para el ejercicio de su función represiva contra los colegios electorales constituidos, las colas de votantes o el “material electoral”. Las imágenes de los videos difundidos se explican por sí mismas y no precisan de comentarios sobre lo que el gobierno Rajoy considera el uso “proporcional, eficaz y sereno” del monopolio de la violencia que ostenta. La Guardia Civil y la Policía Nacional actuaron como fuerzas de ocupación. En todo caso, la vicepresidenta del gobierno español Saenz de Santamaría ha despejado cualquier duda asegurando que las fuerzas represivas –en este caso de “desorden” del proceso electoral- habían actuado sólo contra el “material electoral”. 844 “materiales electorales”, en la particular terminología cínica de la vicepresidenta, han tenido que ser atendidos en diversos hospitales de toda Catalunya y dos de ellos se encuentran en estado grave por los disparos de pelotas de gomas. Unas pelotas de goma que hace tiempo están prohibidas en Catalunya.

Lo que ha demostrado, entre otras muchas virtudes el gran movimiento que ha hecho posible el 1 de octubre es la capilaridad de su organización. Hay quien lo compara por exceso poético con el 15-M catalán: no, es mucho más amplio.

El gobierno Rajoy había asegurado durante semanas que legalidad es lo mismo que democracia. PSOE, Ciudadanos, medios de comunicación (las portadas y artículos de El Mundo, La Razón, El País, ABC… del día 2 parecen una invención alucinante de lo sucedido el día anterior) y conocidos peritos en legitimación, explicaron esta tesis de mil maneras distintas. Y, claro está, su contraparte: el referéndum del 1-O ni era legítimo, ni era legal,, ni tenía garantías, ni era nada que se asemejase a algo democrático. Con independencia de que sea el mismo gobierno el que defina e interprete a través de su control del aparato judicial -y muy especialmente de un Tribunal Constitucional cuya mayoría designa, relegando a la “independencia del poder judicial” a un insuperable ejemplo de contradictio in terminis- qué es la “legalidad”, es evidente que la coherencia de su discurso exige hoy ilustrar lo que realmente entiende por “democracia” a través de las imágenes de doce horas de represión filmadas en directo.



El efecto no puede ser más devastador para la legitimidad de cualquier gobierno. Un gobierno legal, per definición, otro perfecto ejemplo de que hay legalidades que merecen ser barridas de la realidad.

¿Imposible la autodeterminación?

La “ilegalidad” así reprimida -con un criterio de “proporcionalidad” que exigía para contenerse la disolución del “material electoral” hasta el punto de que no pudiera expresarse libremente a través de la introducción de una papeleta en una urna- ha hecho, según el gobierno Rajoy, imposible el ejercicio del derecho de autodeterminación mediante referéndum.

Es difícil negarle al gobierno sus esfuerzos represores para desvirtuar las condiciones habitualmente exigibles para el desarrollo democrático del libre ejercicio del voto. Como en una profecía autocumplida o una crónica anunciada ha hecho todo lo posible para hacer imposible lo que el mismo exigía. Y de qué manera. Pero lo asombroso a pesar de ello, es que la gente –mucha gente, más de dos millones de personas- ha constituido miles de colegios electorales, ha hecho muchas horas de cola (el ataque al sistema informático obligaba muchas veces a algún miembro de la mesa a salir a explicar a la gente que “tuvieran paciencia”), ha votado, ha levantado barreras humanas contra quienes querían llevarse las urnas y las papeletas. Semejante osadía democrática merecía ser castigada mediante la barbarie policial, una y otra vez “proporcionalmente”. Las imágenes impresionaron a muchos observadores extranjeros que literalmente no daban crédito a lo que estaban viendo en un Estado que dice llamarse “de derecho”.

¿Es posible poner en duda que la expresión de resistencia democrática y de ejercer su derecho a la autodeterminación de toda esta gente es algo muy superior al formalismo de introducir un voto en una urna?



Muchas personas, en el momento de votar, quisieron que fuera fotografiado el momento. Porque eran perfectamente conscientes que estaban viviendo un momento histórico. No es lo habitual en otras elecciones. Y hay quien ha querido después, en su impotencia para impedirlo, discutir la limpieza de las votaciones. Es la calumnia más impúdica cuando no queda ni un adarme de razón. Hubo personas ancianas, que tenían preferencia siempre en las colas, que tuvieron que regresar a casa porque habían traído el DNI fotocopiado, porque solamente se permitía el original. Los miembros de la mesa, con enorme pesar, así tse lo comunicaban. Y los ancianos volvían con su DNI tiempo después… Pero los defensores del “estado de derecho” intentaron menospreciar esta gran jornada de movilización democrática calificándola de “pic-nic”, o calumniando al afirmar que se realizaban “votaciones en grupo”. Las hemerotecas son inclementes y algunos se habrán arrepentido ya de su vileza. Y el Alto Comisionado para los DDHH de Naciones Unidas, Zeid Raad Al Hussein exige una investigación sobre los actos violentos policiales del 1 de octubre.

Puestos a recordar la definición del derecho de autodeterminación de los pueblos en el derecho internacional -desde la década de 1860, a partir de los 14 Puntos de 8 de enero de 1918 del Presidente de EEUU Woodrow Wilson, pero también de la Resolución del Congreso de Londres de 1896 de la Segunda Internacional y la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia de noviembre de 1917 del gobierno soviético, más tarde recogido en el punto 8 de la Carta Atlántica de 14 de agosto de 1941, en el Capítulo 1, artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas de enero de 1942 y en el artículo 1 de las Convenciones de 1966 de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- : “Todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. En virtud de ese derecho determinan libremente su estatuto político y libremente el carácter de su desarrollo económico, social y cultural”.

Porque el elemento central del derecho de autodeterminación es la constitución de un pueblo soberano que decide por sí mismo, no el resultado de esa decisión. Tras el 1 de octubre caben pocas dudas que el pueblo de Catalunya se ha constituido como pueblo soberano. Este es el derecho internacional que pretende evadir la Constitución de 1978 al establecer a priori en su artículo 2 la existencia de un solo pueblo soberano en el Reino de España, al que el texto constitucional “restauraría” su soberanía bajo una monarquía, después de 40 años de dictadura franquista.

Una nueva legitimidad popular catalana

Tras el 1 de octubre, la “ilegalidad” declarada por el Tribunal Constitucional sobre la que se asienta la represión vivida, se enfrenta a una nueva legitimidad constituyente surgida de la propia movilización popular en defensa del derecho a decidir. En los próximos días se barajarán distintas propuestas. Pero algo está claro para una proporción muy grande de la población: el 1 de octubre ha constituido un pueblo soberano catalán y ha hecho realidad el surgimiento de una nueva legitimidad en la que asentar las instituciones políticas catalanas. El reconocimiento expreso de ella en los programas electorales de las fuerzas políticas que concurran a unas nuevas elecciones catalanas, cuando sea el momento adecuado, dotarán al nuevo Parlament de un carácter constituyente.

Esta es la principal razón jurídico-política de la derrota de Rajoy este 1 de octubre: el imprescindible diálogo y negociación tendrán lugar sobre la base de unas soberanías compartidas, pero distintas, que entierran en Catalunya el régimen del 78. Desde su discurso en la noche del 1 de octubre, y en los próximos días, el gobierno Rajoy intentará negar esta nueva naturaleza potencial de las instituciones políticas catalanas, como si la movilización –no solo el referéndum- no hubieran tenido lugar, lo ocurrido fuera solo un problema de “orden público” y el diálogo político una sumisión jerarquizada para restablecer la gestión de las finanzas y competencias autonómicas intervenidas.

En esta lógica cobra todo su valor el llamamiento de la Mesa por la Democracia para defender los derechos soberanos ciudadanos en Catalunya. Como imprescindible es la solidaridad en el Reino de España y la Unión Europea. El día 3 hay convocada una huelga general, aunque algunos han preferido llamarla “paro de país” y otros simplemente “paro”.

Una fase más aguda de la crisis del régimen del 78

El 1 de octubre ha abierto, por lo tanto una nueva fase más aguda de la crisis del régimen del 78. Tanto Unidos Podemos como las fuerzas soberanistas catalanas –y próximamente vascas- apuntan al desarrollo de procesos constituyentes que permitan extender el derecho a decidir más allá de la Constitución de 1978 y los límites impuestos por los “poderes fácticos” en la Transición a todos los ciudadanos y todos los pueblos del Reino de España. Las manifestaciones de solidaridad con Catalunya en Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao… han sido una muestra de este camino abierto por las movilizaciones del 15-M, la lucha del pueblo catalán por su autodeterminación y el desprecio de las libertades democráticas en Catalunya antes y durante el 1 de octubre.

Las declaraciones de Pedro Sánchez el 1 de octubre no son esperanzadoras: condena del 1 de octubre como atentado al “estado de derecho”. Pero incluso el dirigente del PSOE ha tenido que exigir al PP una comisión de reforma constitucional y un “diálogo” con las instituciones políticas catalanas a partir de la condena de la actuación represiva del gobierno Rajoy: un equilibrismo imposible, se señalará con razón. Pero la solución de este equilibrio no es otra que una moción de censura inmediata contra el gobierno Rajoy.

Porque en términos prácticos, el gobierno Rajoy sale achicharrado de su gestión no solo del 1 de octubre, sino de su orientación de confrontación con el movimiento soberanista catalán desde el recurso de 2010 contra el nuevo Estatut de 2005. Su minoría mayoritaria, que le permitió formar gobierno después de dos procesos electorales perdiendo una sangría de votos, solo fue posible con la abstención de la gestora del PSOE y el apoyo presupuestario del PNV. Tras el 1 de octubre, no puede contar con el PNV para el presupuesto de 2018 y tendrá que prorrogar el de 2017. Y su intento de volver a subsumir al PSOE de Pedro Sánchez bajo su hegemonía a través del enfrentamiento con el soberanismo catalán se topa hoy con la condena de las escenas de represión y las llamadas a un diálogo que le hacen co-responsable, en otro equilibrismo, del enfrentamiento institucional junto a Puigdemont. El PP solo cuenta por el momento con los autonomistas canarios y con Ciudadanos, que ya empieza a criticar su gestión de la cuestión catalana como ineficaz, cuando no de fracaso.

La represión del referéndum del 1 de octubre exige un acto de fe de la derecha española: creer primero que ha desarticulado un referéndum cuyo recuento de votos se podía seguir en TV3 en el mismo momento en el que Rajoy hacía su declaración oficial tras la jornada. Pero si discutible es la existencia de las condiciones para su desarrollo democrático tras la masiva represión, no cabe duda que la movilización para votar y defender los colegios electorales ha sido la mayor del movimiento soberanista catalán en estos siete años de aplicación de la estrategia del PP. Y ese movimiento sigue después del 1 de octubre más activo, más organizado y más legitimado que en anteriores ocasiones entorno al ejercicio del derecho de autodeterminación. Hasta el punto que parecen cuanto menos ingenuas las ofertas de ministros como De Guindos de una mejora del sistema de financiación de la autonomía cuando, de entrada, todas sus cuentas están intervenidas. Esa derecha nacionalista española culpará a Rajoy de su fracaso el 1 de octubre, erosionando su legitimidad y su hegemonía en su propia base social.

Sin descartar nuevas intervenciones represivas en los próximos días y meses, incluida la aplicación formal del artículo 155, la crisis catalana se trasladará también a Madrid. Ya se ha trasladado, pero lo hará con mayor contundencia. La exigencia de diálogo para salir del callejón sin salida en el que Rajoy ha situado al régimen del 78, tanto en el terreno presupuestario como en el de la estructura territorial del estado (los dos únicos objetivos de esta legislatura), presionará a favor de un gobierno capaz de llevarlo a cabo. Ese gobierno no puede surgir de la alianza entre PP y Ciudadanos y solo puede constituirse tras nuevas elecciones anticipadas, que serían las terceras desde el fin de la mayoría absoluta del PP.

A falta de una alternativa por la izquierda –que no podría necesitar los apoyos de partidos soberanistas vascos o catalanes sin provocar una nueva crisis en el PSOE-, la agonía del régimen del 78 puede prolongarse con consecuencias cada vez más dañinas para una gestión económica completamente dependiente de la financiación de su deuda pública y privada de los programas de “flexibilización cuantitativa” del Banco Central Europeo.

El autocomplaciente discurso de victoria de Rajoy el 1 de octubre puede ser su canto de cisne. Sonaba a descomposición de un régimen deslegitimado y corrupto. El día 4 el Parlament de Catalunya hará balance. Y Rajoy ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar una intervención que ha provocado violaciones de derechos humanos, que hoy la propia UE critica. Mientras tanto, desde Catalunya y desde los sectores más diversos del Reino de España se exige: ¡Fuera la Guardia Civil y la Policía Nacional de Catalunya!

Son miembros del comité de redacción de Sin Permiso.

Fuente:

www.sinpermiso.info, 2 de octubre 2017

Mundo Nuestro. Este domingo los acontecimientos recientes en Cataluña tocarán el punto extremo.

El Estado español ha batido todo propósito organizador del referéndum con el que los catalanes deciden su futuro. Un asunto complejo que dificilmente entendemos en México, agobiados por nuestras preocupaciones y miserias. Y terremoto de por medio. Pero los sucesos del mundo, y en particular lo que ocurre en España, determinan en buena medida nuestro propia realidad, Presentamos este Manifiesto propuesto por el equipo que edita la revista Sin Permiso en el marco del proceso de próximo domingo.

RELACIONADA: Convocado el referéndum en Catalunya. 11-S/1-O: 20 días en que todo es posible



La situación en Catalunya nos interesa y nos afecta a todas y a todos. Para el próximo 1 de octubre está anunciado un referéndum en Catalunya para ejercer un derecho legítimo, un derecho reconocido por las Naciones Unidas, que se acepta para muchos pueblos del mundo y que, sin embargo, se le niega al pueblo catalán y a los pueblos sometidos al Estado español.

Por su tradición histórica, su movilización y sus reivindicaciones el pueblo catalán ha demostrado que es una nación y que, por tanto, tiene el derecho a decidir libre y democráticamente su futuro y su relación con los pueblos que hoy conforman el Estado español.

La exigencia del derecho a decidir no va contra nadie. No es contra las clases trabajadoras o territorios que forman parte del Reino de España. Es una seña democrática el respeto y la solidaridad entre los pueblos. Enfrentar a unos pueblos contra otros es la más insolidaria de las políticas.

Las libertades se conquistan y se mantienen ejerciéndolas. El derecho de huelga se conquistó haciendo huelga. El sufragio universal fue una conquista democrática que supuso muchas luchas y enfrentamientos con la legalidad de entonces. Los actuales poderes cambian la legalidad y la Constitución cuando les interesa. Defendemos que el pueblo catalán pueda hacer efectivo su derecho de autodeterminación.

No tenemos ninguna duda de que esa mayoría que quiere decidir preferiría hacerlo de una manera acordada con el gobierno español, pero éste se ha negado en redondo. Dialogar y dar la voz a la ciudadanía es la mejor manera de resolver un problema político.



Existen en nuestro país síntomas alarmantes de degradación democrática, cada vez hay menos mecanismos de control democrático del poder; las elites se enriquecen a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población; la corrupción ha llegado a niveles insoportables; se legisla recortando derechos y ahora se quiere impedir el derecho de un pueblo a decidir sobre su soberanía.

Deseamos la igualdad de todas las naciones y pueblos y que nadie pueda tener privilegios por encima de otros; por eso mismo defendemos el derecho del pueblo catalán a votar en referéndum. La solidaridad y la fraternidad se consiguen tratándose como iguales, ayudándose recíprocamente cuando es necesario.

El movimiento soberanista e independentista catalán es un movimiento pacífico, democrático y republicano con amplio apoyo popular, que nace de la sociedad civil y se traslada a las organizaciones políticas y sociales. Buena parte de este movimiento social demanda cambios que favorezcan a la población más afectada por la crisis. Por eso es un aliado de todos los pueblos de España y de quienes luchan para cambiar las políticas del PP y el gobierno Rajoy.

Nos oponemos y nos opondremos a cualquier tipo de represión judicial o policial que pueda ejercer el gobierno español contra quienes ejerzan sus derechos democráticos y contra las/los representantes e instituciones legítimamente elegidas por el pueblo catalán.

Quienes firmamos este manifiesto, más allá de la opción política de cada uno, nos sentimos comprometidos con el derecho a decidir del pueblo catalán, defendemos la convocatoria del 1 de octubre y apoyamos que exista el máximo de movilización y participación en el referéndum para que sea conocida y respetada la voluntad mayoritaria.

Para ver las versiones en catalán, euskera y galego y las firmas recogidas hasta el momento o sumarse al manifiesto, aquí.

FUENTE: https://www.manifiesto1octubre.org

Hace unas semanas estalló una huelga de hambre de internos en la cárcel de Tacoma, en el noroeste de los Estados Unidos. Mientras escribo estas líneas ha estallado otra más, esta vez de mujeres reclusas con dos demandas: alimentación comestible y nutritiva y agilización de los trámites de deportación por parte de la Agencia de Migración y Aduanas del gobierno estadounidense (ICE por sus siglas en inglés). Cada año entre 300 y 400 mil centroamericanos y aproximadamente 500 mil mexicanos viajan al norte con grandes esperanzas. Acaso el infierno que los espera es mejor que el que viven sus países.

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La semana pasada estuve en Vancouver, Seattle, Bellinhan y Tacoma en la Columbia Británica en Canadá y en el estado de Washington en Estados Unidos de América. Fui invitado por los comités de Morena de Seattle y Vancouver en mi calidad de secretario nacional de derechos humanos de dicho partido. Fue una experiencia magnífica convivir con Nestora Salgado, la Comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá (Guerrero, México) y con Bethi y Lupita, dos integrantes de Las Buscadoras, agrupación de 420 madres de personas desaparecidas en el norte del estado de Sinaloa. Escuchar el testimonio de Bethi y Lupita fue estremecedor. La primera de ellas encontró los restos de su hija, después de tres años de estarla buscando. La segunda, ha pasado infructuosamente los últimos cinco años buscando al suyo. Nestora está exiliada en los Estados Unidos de América, después de haber cumplido una condena de casi tres años por haber encabezado una organización de autodefensa en contra del crimen organizado que asolaba a su región. Es notable que la policía comunitaria logró erradicar casi totalmente el crimen en ese lugar. La recompensa para Nestora fue ser encarcelada, acusada falsamente de homicidio y secuestro.

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Fue para mí verdaderamente impactante entrar al Centro de Detención del Noroeste en la ciudad de Tacoma. La cárcel de Tacoma es una de los 637 cárceles para migrantes que existen en Estados Unidos, en las cuales permanecen 325 mil reclusos principalmente mexicanos y centroamericanos. La mayor parte de esas cárceles son regenteadas por empresas privadas que se rigen en su administración por la premisa capitalista de hacer inversiones mínimas y obtener máximas ganancias. Esto redunda en que las cárceles para migrantes en EUA son verdaderos campos de concentración en los cuales se les da a los internos comida de mala calidad, llamadas telefónicas carísimas, tiendas que venden artículos a precios abusivos, deficiente calefacción y aire acondicionado, pésima atención médica. Entre 2003 y 2016, 155 reclusos murieron en los centros de detención referidos y no pocos de ellos cometiendo suicidio. Es de hacer notar que para las empresas capitalistas carcelarias, es un pingüe negocio el incremento de la persecución y encarcelamiento de migrantes. Por ello, el triunfo de Trump, con su fascista discurso antimigrante hizo que subieran los precios de las acciones de dichas empresas en la bolsa de valores. Mientras más migrantes presos, mayores las ganancias de empresas como el GEO Group Inc., concesionario de la cárcel de Tacoma.

Capitalismo salvaje y persecución contra migrantes. Carlos Figueroa Ibarra.