Economía

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Mundo Nuestro tiene un objetivo prioritario: realizar un periodismo de investigación que contribuya en la construcción de una estrategia nacional de conservación, desarrollo y custodia de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, lo que se llama el patrimonio biocultural de México.

En unas cuantas semanas, las leyes y las instituciones del trabajo mexicanas han sido sacudidas por dos acontecimientos distintos pero relacionados: primero, a fines de septiembre, el Senado de la República aprobó la ratificación del Convenio 98 de la OIT. Y poco después, a principios de octubre, se anunció un acuerdo final entre Canadá, Estados Unidos y México en materia de comercio (el United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA, en lugar de TLCAN o NAFTA) que incluye un capítulo laboral y un anexo, ambos muy destacados.
El Convenio sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva data de 1949 y ha sido firmado por 165 países del mundo incluyendo América Latina. La importancia de la decisión senatorial reside en haber vencido, al fin, las resistencias del PRI y del PAN, del llamado sindicalismo oficial (charro o corporativo), y de algunos dirigentes empresariales que se han opuesto por razones estrictamente políticas y convenencieras: defender un modelo sindical corrupto, antidemocrático y servil. Un esquema que sirvió durante muchos años para controlar el descontento obrero y, desde 1982, para imponer topes salariales y otras políticas públicas contrarias a los intereses de los trabajadores.
La nueva composición del órgano legislativo (con mayoría de Morena) sirvió sin duda para apresurar esta decisión pues coincidía con su plataforma electoral y su programa. Pero quizás también porque ya se tenía información de que el capítulo laboral del nuevo acuerdo comercial norteamericano traía un apartado especial sobre asuntos laborales que era plenamente congruente con el Convenio 98.
Hasta ahora, el texto completo del USMCA sólo está disponible en inglés, publicado en el portal de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico). Aquí solo nos referiremos al capítulo laboral. Se trata de una versión mejorada de su similar pactado en el TPP (Acuerdo Transpacífico). Es más claro en algunos temas pues por ejemplo incluye explícitamente el derecho a huelga como parte de la libertad de asociación; y precisa las obligaciones de los gobiernos para la aplicación de las leyes laborales, incluyendo la inspección laboral.
Más importante aún, contiene varios apartados muy novedosos. Uno de ellos señala que ningún país dejará de atender los casos en que se ejerza violencia contra los trabajadores, relacionada con el ejercicio de sus derechos. Otros puntos destacables se refieren a la protección de los trabajadores migrantes y a la promoción de la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo.
En resumen, el capítulo laboral del Acuerdo busca elevar la protección laboral en los tres países de manera más precisa que otros pactos comerciales similares. Hay todavía algunas lagunas e imprecisiones, y la manera de hacer efectivos estos lineamientos deja todavía mucho que desear.
A todo esto, hay que agregar el anexo 23-A que tiene como título, para no dejar ninguna duda, “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. Se trata de un texto que plantea un combate a fondo a los contratos de protección patronal en nuestro país. Para ello, México se compromete a adoptar una legislación que comprenda, entre otras, las siguientes disposiciones:
Un conjunto de reglas para garantizar el derecho de los trabajadores a organizar, formar y adherirse al sindicato de su preferencia, y prohibir a los empleadores interferir en las actividades sindicales o ejercer coerción por su actividad sindical. Asimismo, que se establezcan órganos imparciales para el registro de las organizaciones gremiales. Igualmente, se deberá implementar un sistema efectivo que verifique que las elecciones de los dirigentes sean llevadas a cabo mediante el voto libre, personal y secreto de los socios.
Las leyes mexicanas deberán también contemplar que el registro de los contratos colectivos cuente con el apoyo mayoritario de los trabajadores mediante el ejercicio del voto personal, libre y secreto. Finalmente, señala que las partes (Estados Unidos y Canadá) esperan que México llevará a cabo estos cambios antes del 1º de enero de 2019, y se advierte que la entrada en vigor del acuerdo comercial puede ser pospuesta hasta que dicha legislación entre en vigor.
Tal profusión y claridad en el texto busca impedir que, en México, se siga aplicando un modelo laboral apoyado en contratos y sindicatos ficticios. Una práctica que, como lo explica un análisis elaborado por el Sindicato de Metalúrgicos de Estados Unidos, y como lo han advertido también aquí en México, desde hace tiempo, las organizaciones sindicales independientes, los abogados democráticos y los especialistas en el tema, ha servido para imponer bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Estas políticas, si bien han permitido atraer inversiones extranjeras a la industria manufacturera, particularmente en las últimas tres décadas, en realidad han aportado pocos beneficios para el país y su clase trabajadora.
Así, en esta ocasión, se han reunido diversos protagonistas e intereses: los sindicatos de Estados Unidos y Canadá; los gobiernos de estos países; y la futura administración de AMLO y las organizaciones independientes mexicanas, con el objetivo común de cambiar el modelo laboral vigente. Los primeros sienten que los contratos de protección son una manera deshonesta de quitarles plazas laborales y presionar negativamente los salarios en sus propios países; los segundos, sobre todo Trump, creen que de esta manera protegerán su planta industrial y mejorará su balanza comercial; y los terceros, es decir el próximo gobierno de López Obrador y los legisladores de Morena, confían en que es posible construir un esquema de desarrollo menos dependiente de la exportaciones manufactureras y capaz de mejorar los salarios y las condiciones de vida de los mexicanos.
Hay que advertir que todo lo contenido en el capítulo laboral y su anexo, incluidos en el nuevo acuerdo comercial, no se riñe con las reformas constitucionales de febrero de 2017. Al contrario, se basan en ellas. Pero los representantes sindicales y los gobiernos del norte han creído necesario pactarlos expresamente en el USMCA ante la posibilidad de que esas reformas se reviertan, como en efecto se intentó a lo largo de este año por el PRI y el gobierno de Peña Nieto.
Se trata de una coincidencia un tanto sorprendente que sin embargo puede cambiar profundamente el modelo laboral mexicano. Ahora toca al Poder Legislativo de nuestro país dar el siguiente paso: reformar la Ley Federal del Trabajo para para adoptar nuevos lineamientos que permitan combatir los contratos de protección y abrir la puerta a una democratización de los sindicatos mexicanos. Aun así, después de que esto haya sucedido, vendrá el reto de su puesta en práctica.
La próxima administración tendrá que aplicar las nuevas disposiciones legales y ello significará una labor compleja. Lo será desde el punto de vista técnico y administrativo pues poner en marcha una justicia laboral adscrita al Poder Judicial, eliminando las Juntas de Conciliación y Arbitraje, representa una tarea que exigirá recursos y un proceso de transición difícil, todavía indefinido.
Desde el punto de vista social y político, el cambio enfrentará muchas resistencias tanto de algunos empleadores como de las viejas organizaciones corporativas y, sobre todo, de la mafia que hoy se beneficia de los contratos de protección.
Pero, finalmente, serán los propios trabajadores los que, por primera vez en mucho tiempo, tendrán la posibilidad de decidir. Vientos provenientes del norte y de nuestra propia coyuntura política se han juntado para impulsar un cambio profundo de las instituciones y las leyes laborales. El camino para hacer realidad la democracia sindical y relaciones de trabajo más equilibradas es todavía muy largo, pero se ha abierto una brecha en un momento singular de la historia de México y del mundo.
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(Ilustración tomada de la revista Nexos)

De todos los saldos y pendientes del sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de las más graves se refiere al salario. En primer lugar, claro, el salario mínimo, el que, a pesar de un ligero aumento en los últimos dos años, sigue estando por debajo de la línea de la pobreza. Pero la situación no es mejor en el resto de la estructura salarial. Más de la mitad de las familias, según el VI Informe de gobierno, se sostiene con un nivel de percepciones menor a 5 SMD (salarios mínimos diarios) a pesar de que en ese hogar más de una persona puede estar aportando ingresos. Según el mismo informe, la población vulnerable por ingresos aumentó entre 2012 y 2016, lo que sólo puede explicarse por una disminución de sus remuneraciones y la informalidad laboral.


De la misma manera, el Informe muestra que el salario base de cotización de los trabajadores asegurados del IMSS apenas creció un poco por encima de la inflación general (INPC) pero por debajo del aumento de la canasta básica calculada por Coneval, perdiendo casi 2 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Incluso en la industria de la transformación (en la que deberían situarse los trabajadores mejor pagados) el salario medio apenas representa alrededor de 4 SMD. Llama también la atención que en las grandes empresas los aumentos hayan sido menores que en las medianas y en las pequeñas, lo cual puede explicarse por un control salarial más estricto. Peor aún, en dólares estadunidenses por hora, los jornales de los trabajadores mexicanos en la industria de la manufactura disminuyeron entre 2012 y 2017 mientras que en EU aumentaron. La brecha salarial entre los dos países se hizo más profunda.


La agenda del próximo gobierno en esta materia es pues un asunto inevitable y urgente. Diversos integrantes del futuro equipo de gobierno han manifestado su voluntad para aumentar el salario mínimo a poco más de 100 pesos diarios para nivelarlo con el nivel de pobreza señalado por Coneval. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dicho cálculo no toma en cuenta a los hijos del trabajador. Si éste tiene, como sucede generalmente, un hogar formado por lo menos por cuatro personas y es el único que aporta ingresos, el salario mínimo vital (como lo marca la Constitución) debería ser de alrededor de seis mil pesos mensuales. De esta manera, aunque un aumento como el señalado es positivo, el problema no se resuelve del todo.




Habrá que agregar que un incremento al mínimo difícilmente repercutirá en el conjunto de la estructura salarial, es decir en aquellas que teóricamente se pactan entre el empleado y el empleador por medio de un contrato. Según diversos estudios, la relación entre los aumentos al SMD y a los salarios contractuales ha cambiado en el tiempo. Durante muchos años (entre principios de los años ochenta hasta el año 2000) el SMD sirvió como índice para topar los aumentos otorgados por las empresas. A principios del siglo XXI y hasta 2008, cuando estalló la crisis mundial, los salarios medios aumentaron mientras el mínimo se quedó congelado. Desde entonces, ambos, el mínimo y el medio casi no se han modificado. Parte del problema se explica por la escasa capacidad de negociación de los trabajadores y a la ausencia de sindicatos representativos. También hay que recordar que el salario mínimo lo obtiene un reducido número de trabajadores ubicados en los sectores más desprotegidos de la economía: en los micronegocios y en las áreas rurales donde predomina el trabajo informal (que no cuentan con seguridad social). Se trata de un conjunto de alrededor de 8 millones de trabajadores (de un total ocupado de aproximadamente 56 millones), es decir alrededor del 15%.

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Imagen e infografía tomada de SinEmbargoMX


Además, después de la crisis de 2018, la estructura salarial se ha seguido comprimiendo hacia abajo: el número de trabajadores que gana hasta 3 SMD ha venido aumentando mientras que los que perciben más de esa cantidad se reducen año tras año. Ello está ligado a los bajos índices de crecimiento de la economía y a la destrucción de empleos en los puestos más calificados en las ramas económicas más modernas.
Una medida que todavía no conocemos pero que tendrá igual o mayor importancia que el aumento a los mínimos se refiere a las percepciones de los trabajadores del sector público a nivel federal. Durante los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard (hasta 2010) se otorgaron aumentos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México en porcentajes promedio superiores no sólo al mínimo legal sino también a la inflación. Habrá que ver si esta política se aplicará bajo la presidencia de AMLO tanto a nivel local (en los estados que gobernará Morena principalmente) y a nivel nacional.
Legisladores del partido mayoritario y de otros grupos parlamentarios han manifestado su interés en cambiar la ley sobre los salarios mínimos. Un asunto central se refiere al organismo que toma esa decisión, la Consami (Comisión Nacional de Salarios Mínimos). Sin duda, ha sido una entidad incondicional al mandatario en turno y bastante inútil. Habrá que pensar en su reemplazo. Para ello, deberá tomarse en cuenta que, según estudios de la OIT, en los países donde existe un salario mínimo legal sólo hay tres modelos: en el primero, que es el método más frecuente a nivel mundial, la fijación de este ingreso mínimo se toma por una autoridad, usualmente el ministerio del trabajo, previa consulta con los interlocutores sociales, es decir los sindicatos y la representación patronal. En el segundo caso, la decisión se toma por una entidad tripartita, como la Consami de México. Una instancia similar existe en otros países, por ejemplo Corea del Sur y Costa Rica. En el tercer caso, el fallo recae en el órgano legislativo (Brasil, Estados Unidos).




La Consami puede cambiar de nombre, pero eso no es lo importante. Lo relevante consiste en si se migra de un modelo tripartito a cualquiera de los otros dos. Según mi parecer, la decisión debería recaer en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, previa consulta con los representantes de obreros y empleadores y auxiliado por una comisión técnica ad hoc que permita tomar una decisión acorde con las metas de política económica señaladas por el Ejecutivo y bajo la estrategia de una mejora gradual pero permanente. De esta manera, el aumento tendría un mayor impacto y serviría de base para las negociaciones contractuales. La idea sería que el conjunto de la economía se moviera en un mismo sentido, mejorando los ingresos reales de la mayoría de los trabajadores.


Para ello, las reformas a la LFT pendientes desde la reforma constitucional de 2017 que garantizan el voto secreto de los trabajadores en la elección de sus representantes y de su contrato colectivo, así como la creación de una institución independiente para el registro de los sindicatos, pueden efectivamente conducir a una negociación real en los centros de trabajo.


Estaríamos así frente a un andamiaje institucional distinto que recaería en cuatro patas: una política de aumento del salario mínimo propiciada y planeada por el gobierno, pero consultada con las representaciones obreras y patronales; una estrategia de aumento real de las retribuciones de los servidores públicos; un nuevo método para decidir el monto anual del SMD que recaería en la Cámara de Diputados; y una estructura legal que garantizaría una negociación efectiva entre obreros y patrones.




No faltará quien afirme que estos cambios podrían conducir a una espiral perversa inflación-salarios, lo que afectaría la competitividad internacional. Eso no sucederá si existe una conducción del Estado (principalmente del Poder Ejecutivo y el Congreso) responsable, apoyada en el diálogo social, que plantee un esquema de cambio previsto para varios años. El otro camino es el que ya conocemos: dejar que los ingresos laborales se reduzcan permanentemente, con el consecuente aumento de la pobreza y la desigualdad. Tenemos más de 35 años bajo esta estrategia y sólo ha arrojado pérdidas para la inmensa mayoría de la población.

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Mundo Nuestro. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzó en junio pasado la convocatoria para identificar las 10 iniciativas innovadoras y escalables para el desarrollo rural sostenible en América Latina y el Caribe.

Y ha otorgado el primer lugar a la organización civil poblana "Grupo Cooperativo Qualli y Agua para Siempre, que este año, por cierto, ha cumplido treinta años de trabajo regional desde su oficina en Tehuacán. Le ha reconocido su trabajo en "la promoción del sistema alimentario de amaranto orgánico como un innovador modelo de desarrollo rural sostenible de agricultura familiar para superar la pobreza"

La FAO inicia así la creación de una Cartera de Iniciativas Innovadoras y Escalables para el Desarrollo Rural Sostenible, cuya implementación busca articular esfuerzos y revitalizar soluciones para el desarrollo rural, de cara a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Todas las iniciativas elegidas en la primera fase de selección de esta convocatoria formarán parte de la Cartera de Iniciativas Innovadoras y Escalables para el Desarrollo Rural Sostenible.



Además, los primeros 10 lugares formarán parte del IV Foro Internacional de Innovación para el Desarrollo Rural Sostenible, en el marco de la Semana de la Alimentación, la Agricultura y el Desarrollo Rural, a realizarse en octubre de 2018.

Feliciddes desde este Mundo Nuestro a todos los que trabajan en este importante esfuerzo de sociedad civil organizada, en particular a sus fundadores en el grupo Alternativas, encabezado por el Doctor Raúl Hernández Garciadiego.

Agua para siempre en Mundo Nuestro





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Según las últimas informaciones divulgadas por la prensa, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está avanzando aunque no sabemos si concluirá pronto y cuáles serán sus resultados. Vale la pena entonces adelantar algunas reflexiones sobre la relación entre la integración económica del país a la economía mundial y los avances de nuestra democracia. ¿Hay alguna relación? Esa inserción ¿puede servir para alentar el cambio político o, al contrario, para inhibirlo?
Para discutir este asunto recurrimos a un breve escrito del economista turco y profesor de la Universidad de Harvard, Dani Rodrik, quien en 2007 propuso lo que llamó un trilema, una encrucijada con tres opciones que se convierte, según sus propias palabras, en un teorema sin solución (disponible en http://rodrik.typepad.com). Lo que plantea, en síntesis, es que la democracia, la soberanía nacional y la integración económica global son incompatibles. Se pueden combinar dos de estos elementos, pero no se pueden tener los tres plena y simultáneamente.
Una de las razones más importantes es que las políticas y las regulaciones de los estados nacionales se riñen con una adhesión plena a la economía global. Frente a ello, una opción consistiría en que los gobiernos de cada país respondan sólo o principalmente a la globalización, pero ello supone sacrificar los objetivos o metas domésticos. Por ello, esta opción es incompatible con la democracia. En realidad, este camino, con diversos matices es el que ha predominado en casi todas las naciones durante las últimas décadas. Su costo político ahora, sobre todo después de la crisis mundial de 2008, es evidente.
Otra posibilidad sería tratar de construir un sistema democrático basado en un federalismo global que permita alinear las decisiones políticas con las necesidades de la integración a los mercados internacionales. Esta opción, sin embargo, ha resultado muy difícil de hacerse realidad incluso entre países similares. Tal es el caso de la Unión Europea. Existe un Parlamento y varios órganos de gobierno comunes, pero sus decisiones y acuerdos han sido criticados por que no representan el sentir y las necesidades de todos sus ciudadanos. Frecuentemente, se imponen los intereses de los países más fuertes.
El tercer camino consiste en atemperar la relación con la economía global como sucedió con el régimen de Bretton Woods que estuvo vigente desde la segunda posguerra hasta los años setentas y que impuso controles a los flujos de capital y al comercio mundial. Se alcanzó una globalización menor, pero las naciones gozaban de una soberanía nacional más amplia.
En conclusión, dice Rodrik, si queremos mayor globalización debemos o bien sacrificar la democracia o la soberanía nacional. Pretender que las tres cosas se pueden lograr simultáneamente no lleva a ningún lado.
Por su parte, en un ensayo publicado recientemente en Project Syndicate, Kemal Davies y Caroline Conroy (disponible en www.project-syunidcate.org), retomando la encrucijada de Rodrik, propusieron explorar el tema de una política global. Según ellos, el avance de la integración económica mundial ha sido implacable a través del comercio y la migración de personas. Sin embrago, el sistema internacional sigue siendo una colección de economías nacionales que responde a las políticas domésticas en materia de tributación, gasto público y regulación.
Para resolver esta contradicción se requieren entonces instituciones y regulaciones globales como las que ya existen a cargo del FMI (Fondo Monetario Internacional) y la OMC (Organización Mundial de Comercio) así como del Banco Mundial y los organismos de Naciones Unidas.




Sin embargo, hasta ahora, las contradicciones entre las políticas y regulaciones domésticas y las que dictan los organismos multilaterales no sólo no han conciliado los propósitos de unos y otros. También han generado una amplia insatisfacción ciudadana. De este malestar surgen respuestas como las de Trump, proponiendo un nacionalismo de nuevo tipo que lejos de intentar fortalecer las instituciones internacionales pretende desmantelarlas con la intención de eliminar cualquier tipo de regulación. La UE sigue una línea opuesta, tratando de alentar sus propias normas, pero también se ha quedado corta en algunos asuntos que tienen que ver con la fijación de estándares que afectan a diversas naciones.
Un ejemplo de esas fallas consiste por ejemplo en permitir que las empresas multinacionales paguen pocos impuestos, lo que exacerba la desigualdad y debilita los presupuestos públicos. Sólo una cooperación y regulación internacional permitiría atacar este problema. Lo mismo sucede con el cambio climático.
Se requiere entonces fortalecer y sobre todo crear nuevas instituciones mundiales. Ello mediante un debate que lleve a un acuerdo que permita el ejercicio de una política global bajo un nuevo concepto de democracia. Por otro lado, una regulación mundial sin instituciones internacionales legítimas implicaría el fortalecimiento de sistemas políticos autoritarios, lo que resulta inaceptable.
En síntesis, según este último artículo, Rodrik propone menos globalización y más democracia, mientras que Trump desea fortalecer el nacionalismo debilitando tanto los valores democráticos como la globalización. Por ello, concluyen, el desafío del siglo XXI es construir una nueva política global que reciba un amplio consenso democrático.
Transportemos este debate a la situación de México. Durante los últimos 35 años nuestra incorporación a la economía mundial (vía TLCAN) ha sacrificado los intereses del Estado nacional y de los mexicanos en materia sobre todo de trabajo, salarios y condiciones laborales, pero también en lo que toca a su diversificación comercial y en su potencial de crecimiento. Incluso ha influido en la estrategia contra el crimen organizado. De esta manera, también se afectaron las instituciones democráticas. Se logró un régimen de alternancia, pero se debilitó la capacidad del Estado para atender el bienestar y el mantenimiento de la paz. Nuestro caso es ejemplar para ilustrar la encrucijada de Rodrik: de las tres cosas, soberanía nacional, democracia e integración económica, se escogió darle prioridad a la última en detrimento de las dos primeras.
¿Cuáles podrían ser las opciones ahora? La estrategia Davies-Conroy significaría fortalecer al TLCAN creando instituciones trilaterales más fuertes, pero ello parece casi imposible con el gobierno de Trump, sobre todo en el caso de problemas fronterizos como la migración y el tráfico de drogas y armas.
En nuestro caso, aquí y ahora, la opción Rodrik parece más adecuada: modular la anexión que nos ata al TLCAN, tratando de ganar cierta margen de soberanía nacional con el objetivo de atender mejor los objetivos del Estado nacional y de los mexicanos. Ello, a su vez, fortalecería el consenso político y la posibilidad de un cambio para abatir la desigualdad, la pobreza y la violencia que azotan a nuestro país.
Una tercera opción consistiría en construir un gobierno nacional más fuerte y soberano, pero menos democrático y casi completamente aislado de la economía mundial. Creo que esta opción debería descartarse.
La posibilidad de modular nuestra integración económica significaría una renegociación del TLCAN exitosa que elevara, entre otras cosas, los estándares en materia laboral. Sin embargo, quedarían pendientes los otros temas de la agenda bilateral: migración y regulación de enervantes.
Esta opción, por lo tanto, aunque sea la más recomendable, deja abierta la posibilidad de un conflicto con el gobierno actual de Estados Unidos, con o sin un TLCAN renegociado.
El tamaño y complejidad de la querella lo veremos en los próximos meses, quizás semanas. En cualquier caso, estaremos mejor preparados para ello si contamos con un gobierno dispuesto a defender la democracia antes que la integración económica a toda costa, y que cuente, por lo tanto, con el respaldo de los mexicanos.
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Mundo Nuestro. Julie Wark y Daniel Raventós han escrito en la revisa Sin Permiso esta breve semblanza de la desigualdad en España. Su texto ayuda a entender lo que ocurre en México.

Nuestro amigo Jordi es un hombre encantador que trabaja mucho. Llegado su cumpleaños, necesitaba un descanso. Con su compañera decidieron pasar un fin de semana en su playa preferida de Sant Martí d’Empúries, en la Costa Brava. Pero no... El problema con los sitios bellos es que los multimillonarios pueden decidir invadirlos para su uso exclusivo, cerrarlos por "motivos de seguridad", prohibir la prensa y hacerlo todo en secreto. El hermano pequeño de Elon Musk, Kimbala, decidió casarse con una "activista ambiental", Christiana Wyly, en las ruinas de Sant Martí d’Empúries, justamente cuando Jordi quería tener sus pequeñas vacaciones. Los invitados, dicen, incluían los Obama, Will Smith y Salma Hayek.

¿Cómo es posible que unos ricos puedan cerrar un pueblo o un lugar público en Cataluña? El alcalde (socialista, [sic]) del municipio responsable, la Escala, no quiere comentarlo. La Conselleria pertinente de la Generalitat de Cataluña alegó "motivos de seguridad". En la prensa parece interesarle más la comida ecológica que devoraron los invitados.

Los ricos están creciendo en el mundo desde la crisis que estalló en 2007. Capgemini ha editado su informe anual que lo detalla. Es un informe entre muchos para elegir que lo constatan. Concretemos: en el Reino de España los ricos crecieron proporcionalmente más que en el resto de Europa y del mundo. Estamos hablando de 560.000 millones de euros que acumulan algo más de 224.000 personas. Aunque las diferencias de fortuna entre estos ricachones son lógicamente muy grandes, la cantidad media es de 2.500.000 euros por persona. Algo nada despreciable. Según el IRPF, una persona que cobre más de 55.000 euros anuales brutos ¡forma parte del 5% más rico de la población! ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Si no, deberían hacer un esfuerzo. Porque se trata de una muestra empírica espectacular de la gran evasión y fraude fiscales que realizan los muy ricos. 224.000 personas supone el 0,48% de la población del Reino de España. Para hacernos una proporción: el gasto en pensiones es de 139.000 millones, y el pago por prestaciones al desempleo es de poco más de 17.400 millones, es decir, un 25% y un 3,1% respectivamente de lo que acumulan este 0,48% (menos de la mitad del "mítico" 1%) de la población del Estado. Estamos hablando de cantidades y proporciones muy grandes.

Los ricos, o más precisamente este 0,48% más rico de la población, han casi duplicado la cantidad acumulada desde el inicio de la crisis. En claro contraste, las condiciones de buena parte de la población no rica son mucho peores en el mismo intervalo. Actualmente, estadísticas 'dixit', la gran mayoría no rica de la población vive peor que hace 10 años.

La existencia de grandes fortunas se acostumbra a justificar por el hecho de que introducen todo tipo de innovaciones o aportaciones beneficiosas a la sociedad: los peritos en legitimación dicen que por su iniciativa, su ingenio, su creatividad o capacidad de innovación, realizan grandes aportaciones a la sociedad que cambian la vida de muchas personas.

Los hechos se alejan bastante de este mantra. La actual élite de los superricos está compuesta mayoritariamente por ejecutivos de la empresa y las finanzas, que representan alrededor del 60% del 0,1% de los que más ganan. Y esta colosal riqueza se debe, más que a la innovación o las aportaciones a la sociedad, a la "búsqueda de rentas" o, más exactamente, lo que en economía se conoce como "rentismo parasitario". La "búsqueda de rentas" no produce riqueza añadida y es un mecanismo por el que la renta simplemente cambia de manos. Se puede realizar el cambio de manos de las rentas mediante leyes, por las facilidades concedidas por los gobiernos, etc. Los ricos han captado muchas rentas de la mayoría de la población gracias a las legislaciones que han conseguido imponer mediante, aunque no de manera única, los muchísimos intrigantes a sueldo de las multinacionales que actúan cerca de los legisladores para este fin. El sector de la banca dedica alrededor de 1.200 millones de euros (conocidos) al año y un ejército de 1.700 personas a presionar a los legisladores de la UE en Bruselas para velar por sus intereses.

Y esto afecta a la libertad de la gran mayoría. En Empúries, un espacio público se cerró porque los multimillonarios pudieran disfrutar de las ruinas, excelentes comidas y lo que les apeteciera, sin ser molestados por la 'canalla'. Jordi no pudo ir a Sant Martí porque la fiesta de unos ricos lo impidió. Su libertad quedó tocada. Y eso desgraciadamente sólo es una anécdota. La plutocracia de los superricos viola la libertad de todos cada día, mediante sus conexiones con los gobiernos para regular los mercados pro domo sua, por todo el mundo. Y mucha gente los admira.



Julie Wark es autora del “Manifiesto de derechos humanos” (Barataria, 2011) y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso. En enero de 2018 se publicó su último libro, “Against Charity” (Counterpunch, 2018), en colaboración con Daniel Raventós.
Daniel Raventós es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, "Against Charity" (Counterpunch, 2018).

(Ilustración de Jonathan Rosas, tomada de Revista Nexos)

El debate del pasado domingo 20 no modificará sustancialmente las preferencias electorales, según lo han destacado diversos analistas y medios de comunicación. El candidato que encabeza las encuestas lo seguirá haciendo con variaciones menores. Tanto Anaya como Meade y Rodríguez pensaron que la mejor estrategia sería la descalificación y el insulto. De esta manera, lo que parecía un ejercicio más interesante en su primera parte decayó en la segunda por el intercambio de agresiones sin mayor sentido ni interés para los electores.

Los temas a discusión, particularmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los migrantes y la relación con el presidente de Estados Unidos son cuestiones de urgente y gran trascendencia para el futuro inmediato del país. Después del problema de la violencia probablemente no hay otro de la misma importancia. La relación con nuestro vecino pasa por un momento particularmente crítico en el que predomina una gran incertidumbre. Y ello se debe a la existencia de varios actores y a la división de opiniones e intereses en casi todos los temas involucrados.



Tomemos el caso de la renegociación del Tratado. En estos momentos, las pláticas están suspendidas y nadie sabe si van a continuar y bajo qué condiciones. Después de que el líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, pusiera una fecha fatal para concluir la revisión del acuerdo comercial, misma que no se cumplió, las opciones posible son tres: una, que las conversaciones se reanuden y se llegue a un acuerdo a principios de junio; dos, que reinicien después de julio una vez que se hayan conocido los resultados de las elecciones mexicanas; y tres, que de plano se vayan hasta el próximo año, con posterioridad a los comicios de noviembre en Estados Unidos. El problema es que, en los dos últimos casos, el presidente Trump pudiera decidir súbitamente retirarse unilateralmente del Acuerdo y con ello provocar un shock económico que impactaría sobre todo a nuestro país. Muchos analistas piensan que eso no va a suceder, pero tampoco pueden afirmar cuál escenario es el más viable. Es decir, hay un consenso: lo más seguro es que quién sabe…

Y es que la negociación está atorada no sólo por las próximas elecciones en ambos países sino también por la división dentro del Partido Republicano; entre éste y el Partido Demócrata; entre los sindicatos y el movimiento progresista frente a los republicanos más conservadores; entre las grandes corporaciones exportadoras y Trump; entre la posición de Canadá y la del gobierno de México con la de Trump; y hasta entre el representante del presidente, Lightheizer y su jefe. Cada actor tiene diferentes opiniones sobre temas importantes, lo que ha impedido un acuerdo. Éstos son, según el jefe de la representación de Washington, los siguientes:

Propiedad intelectual –acceso y restricciones al comercio de productos agrícolas-energía-las reglas que tienen que ver con los asuntos laborales y el origen de los insumos sobre todo en la industria automotriz-el ISDS, es decir, el mecanismo de solución de controversias entre los países que forman el TLCAN-la cláusula “sunset” (que lo revisaría cada cinco años). “Y mucho más” (sic).

Mnuchin, el secretario del Tesoro de EU, señaló apenas el domingo que las negociaciones podrían irse hasta el próximo año pero al otro día, para arrojar más dudas sobre el asunto, dijo que podría considerarse también una revisión “flaca” y rápida que no tuviera que pasar por el Congreso. Si Trump confirma el primer escenario todos podremos tomar un respiro por unos meses. Mientras, se verá que ocurre en las elecciones de ambos países y los mercados financieros se tranquilizarán dejando de sacudir el peso, el cual recuperará algunos puntos de su valor frente al dólar. Se verá también que la verdadera causa de la inestabilidad de hace unos días provenía de la mesa del TLCAN y no de la posible elección de López Obrador. El gobierno de Peña Nieto quedaría prácticamente fuera de la negociación y tocará al presidente electo tomar del rumbo de un proceso que se ha vuelto un “scramble” como lo llamó el Financial Times. Más exactamente, un desmadre.

Si en cambio EU se decidiera por una revisión light, y los otros dos países lo aceptaran, el resultado sería probablemente adverso para México, aunque también retornaría la calma en las transacciones financieras.



En el debate del domingo todos los candidatos hablaron de exigir más respeto a Trump, de un pacto comercial que convenga a México, y de defender a los migrantes, pero no abundaron mucho en todo lo que esto significa. Quizás AMLO fue más específico al afirmar tres cuestiones básicas: que está de acuerdo en aumentar los salarios; que pondrá el tema de los migrantes en la discusión del Tratado; y que México tendrá que fortalecer la economía interna para depender menos de Estados Unidos.

En lo que se refiere a los salarios, se ha dicho que la propuesta de Lighthizer consiste en que al menos un 45% del valor de un auto armado en México debe ser producido por trabajadores que ganen 16 dólares por hora, es decir aproximadamente 2 mil 400 pesos diarios, 72 mil pesos al mes. Está muy bien coincidir en un aumento de los salarios, pero esta cantidad parece muy complicada de lograr por lo menos en el corto plazo. ¿Cuál podría o debería ser la posición exacta de los negociadores mexicanos del próximo presidente electo en torno a esta cifra?

Hay que decir que incluso si México aceptara algo parecido, eso no significaría que el asunto está resuelto pues la mayoría de los congresistas republicanos y probablemente otra, quizás minoritaria, de los demócratas, no estarían de acuerdo y votarían en contra. Trump mismo podría cambiar de parecer, pues no sería sorprendente que esté usando el tema salarial como pieza de cambio para obtener otras concesiones.



Por otro lado, meter el asunto de los migrantes centroamericanos y mexicanos en la agenda de un nuevo TLCAN puede sonar interesante, pero Trump mismo lo ha considerado, pensando que puede favorecerlo. Sin duda, haría más compleja una negociación ya muy enredada y podría elevar la presión para que México contenga el tránsito de personas que vienen de Centroamérica y de nuestro propio territorio. Aun así, el futuro gobierno de AMLO no puede descartar esta opción. Discutir el tema de los migrantes fuera de la mesa del Tratado parece también poco recomendable, pues no sería tomada en serio. Dejar las cosas como están no arreglaría nada y empeoraría la situación. ¿Qué hacer entonces, además de convertir los consulados en “algo así como” (¿?) procuradurías de defensa de los migrantes? Hasta donde se puede ver, el posible cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso estadunidense después de noviembre podría ayudar a encontrar una salida. Pero si los candidatos del Partido Republicano vuelven a ganar, el próximo gobierno mexicano tendrá que hacer uso de una gran imaginación para administrar un conflicto muy grave y sin márgenes de solución a la mano.

Sobre el cambio de rumbo económico y fortalecer la producción y el mercado interno, debe subrayarse que se trata de una transformación que sólo puede lograrse en el mediano-largo plazo. Y que requeriría de medidas profundas como el aumento sustancial de la inversión pública, planes regionales, mejoras salariales y laborales generalizadas y creo que, necesariamente, una reforma fiscal, cosa que AMLO y su equipo han rechazado.

En este mar de confusión, no se puede descartar que el próximo presidente de México encuentre un asunto irresuelto, el TLCAN, tan grande como un elefante, sentado en su despacho. Por lo pronto, los candidatos le han dado la vuelta, viéndolo de lejos y tratando de no tropezarse con él discursivamente. Después del 1º de julio, al presidente electo le quedará claro que un animal de esa talla no puede ignorarse ni echarse por la ventana. Tendrá que encontrar una solución para sacarlo de ahí, y dedicarse, con menos presiones, a otros asuntos tan graves como parar la violencia que nos horroriza todos los días.

Los trabajadores mexicanos viven una situación particularmente difícil: desde hace varias décadas, debido al avance de las políticas neoliberales, se ha impuesto la llamada flexibilización del trabajo. Ello ha provocado una mayor inseguridad laboral; diversas formas de contratación que permiten evadir los derechos laborales como la seguridad social y la contratación colectiva; y una política salarial que ha devaluado los ingresos de los trabajadores.

Esta situación se ha generalizado en diversas partes del mundo, tanto en los países desarrollados como en aquellos que lo están en menor grado. En México, sin embargo, los trabajadores sufren dificultades adicionales. Fundamentalmente: un sistema de justicia laboral que dista mucho de ser imparcial, transparente y expedito; la casi inexistencia de sindicatos democráticos y representativos; y, derivado de lo anterior, la proliferación de contratos de protección patronal[1].

En estas condiciones, la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos se encuentra inerme y desamparado en sus relaciones laborales: no tiene una organización que lo defienda frente al patrón; el acceso a la justicia es deficiente y corrompido; y las autoridades laborales protegen un sistema ficticio de bilateralidad contractual.



Además, los programas de fomento y protección al empleo son escasos y con un financiamiento casi nulo, de tal manera que los mercados laborales han generalizado el trabajo precario, la informalidad, y con ello, las desigualdades y la pobreza.

A todo ello, habría que agregar otra triste realidad: los partidos políticos, incluyendo aquellos que se dicen de izquierda, hablan y comprenden poco los problemas de los trabajadores como lo demuestra la actual campaña electoral.

Ni en los discursos ni en los debates se han tratado temas directamente relacionados con la condición de trabajador o trabajadora, como el salario, el empleo, las condiciones laborales, la seguridad social o las pensiones. O el trabajo informal y la precarización del trabajo. El interés parece haberse desplazado hacia otros asuntos, sobre todo, la corrupción y la inseguridad. Lo anterior refleja el deterioro que ha sufrido el país y sus instituciones. Es entendible el cambio de énfasis, pero también lo es que, como señala la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, “el trabajo decente (o digno)” es una “condición previa necesaria” para poner fin a la pobreza y para aspirar a una mayor igualdad social. Y que sin buenos empleos, no puede haber prosperidad ni, por lo tanto, posibilidades de construir una democracia sólida y una paz social perdurable.

Quizás los temas laborales surjan posteriormente en las campañas. Mientras tanto, revisamos las plataformas electorales de las coaliciones y los partidos entregadas al INE[2], en lo que se refiere a algunos temas relacionados con el mundo del trabajo. Algunas conclusiones son las siguientes:



En las plataformas electorales no encontramos el término “trabajo digno o decente”[3]. Algunos partidos (aunque no sus coaliciones), el PT, el PRD y en menor medida MC, mencionan algunas de sus características pero no lo retoman de manera completa y sistemática, tal y como lo definen la OIT y la Ley Federal del Trabajo (LFT). Lo anterior pude reflejar desconocimiento o discrepancia. En cualquier caso, revelaría que no pretenden emprender acciones para que se cumpla la ley o no consideran relevante un conjunto de políticas de fomento al empleo que permitirían abatir eficazmente la desigualdad y la pobreza.

Repasemos otros temas:

Marco institucional: ningún partido o coalición hace referencia a la reforma constitucional de 2017 ni a la necesidad de adaptar la LFT[4] en congruencia con esas modificaciones. De nuevo encontramos aquí, o bien un preocupante desconocimiento del estado actual de la legislación laboral, o una falta de compromiso para responder a los retos y problemas más urgentes e ineludibles.



Seguro de Desempleo: Únicamente el PRD propone “instaurar” el seguro del desempleo. Los demás ignoraron esta propuesta que se debatió en el Congreso de la Unión hace algunos años y que sigue siendo altamente recomendada por la OIT. No contamos con el espacio suficiente para explicar la importancia de este tema, pero valga señalar que, como ha demostrado la experiencia, particularmente en la Ciudad de México, se trata de un instrumento indispensable de la política laboral para mitigar los efectos del desempleo, alentar la reincorporación al mercado de trabajo, y facilitar la capacitación.

Pensiones y jubilaciones: se trata también de un asunto de gran importancia sobre todo cuando expertos de todos los ámbitos han advertido que México enfrentará en unos años una grave crisis debido al pobre desempeño del modelo contributivo que se impuso en 1995 (bajo administración privada, con aportaciones individuales y rendimientos inciertos). Hay dos enfoques. Las coaliciones “Juntos” y “Todos” coinciden en la universalización de las pensiones, bajo una modalidad no contributiva para los adultos mayores (de 65 años). En cambio, la coalición “Al Frente” parece inclinarse por revisar y reparar el sistema contributivo vigente, mediante diversas medidas[5]. Debe reiterarse, sin embargo, que con o sin pensión universal, resultará ineludible encontrar soluciones al sistema de jubilaciones imperante, debido al riesgo que correrán millones de trabajadores, que aportaron por más de veinte años parte de su salario, de obtener, al final de sus vida laboral, una ingreso insuficiente o nulo.

Renta básica universal: Esta propuesta sólo la sostiene la Coalición “Al Frente”. Su redacción es lacónica: proponemos una renta básica universal que atienda las necesidades de las personas y garantice su libertad”. La plataforma no abunda en las fuentes de financiamiento ni en sus modalidades ni plazos. Ello hace suponer que no está debidamente sustentada ni se ha estudiado a fondo. Por su lado, el PVEM propone una modalidad: renta mínima básica[6]. Ésta, sin embargo, no fue retomada por la coalición que pactó este partido con sus otros dos aliados.

La plataforma del PRI está basada en la necesidad de mantener el modelo económico y social vigente bajo el supuesto de que dará resultados en un futuro indeterminado. Sus ideas son, por lo tanto, escasas y muy limitadas. Frente a este proyecto continuista, las coaliciones y partidos opositores se han pronunciado en favor de un conjunto de cambios. Sin embargo, sus propuestas para fomentar y proteger empleos dignos, mejorar los ingresos de los trabajadores y sus condiciones laborales, tal y como están contenidas en las plataformas entregadas al INE, son, en general, insuficientes, dispersas, vagas y omisas.

Este ejercicio pretende subrayar que los partidos políticos le han dado poca importancia a los problemas laborales. Es un reflejo del bajo nivel de organización sindical que existe en México y de un perfil ideológico y programático de las izquierdas que se ha venido diluyendo cada vez más.

De ahí la necesidad de plantear, gane quien gane las próximas elecciones, el impulso a las organizaciones sociales independientes, particularmente las relacionados con el mundo del trabajo, y la reorganización de las izquierdas. De otro modo, los trabajadores mexicanos seguirán padeciendo pobreza, inseguridad y desamparo. Y nadie se preocupará por estos asuntos.

Ciudad de México, 26 de abril de 2018

[1] Los contratos colectivos de protección patronal son instrumentos jurídicos que se pactan sin el conocimiento de los trabajadores entre un sindicato legalmente registrado y el patrón o representante de la empresa. Contienen las prestaciones y derechos mínimos que marca la ley y nunca son negociados con los representantes legítimos de los trabajadores. Estos contratos simulan cumplir los ordenamientos vigentes bajo la apariencia de que existe una organización representativa de los trabajadores. Según algunos investigadores, 90 por ciento de los trabajadores asalariados están contratados bajo este esquema ficticio

2Revisamos las correspondientes a las coaliciones “Juntos haremos historia” (Morena, PT, PES, en adelante “Juntos”); “Por México al Frente” (PAN, PRD, MC, en adelante “Al Frente”); y la que encabeza el PRI, “Todos por México” (de la que también forman parte el PVEM y Nueva Alianza, en adelante “Todos”). Asimismo, las entregadas por los partidos Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), PT (Partido del Trabajo), PES (Partido Encuentro Social), PAN (Partido Acción Nacional), PRD (Partido de la Revolución Democrática), MC (Movimiento Ciudadano), PRI (Partido Revolucionario Institucional), PVEM (Partido Verde Ecologista de México) y NA (Nueva Alianza). Nos limitamos a consultar estos documentos porque consideramos que son los compromisos públicos que asumen legalmente los partidos ante la sociedad. Existen, desde luego, otros estudios y pronunciamientos elaborados por los actores políticos. López Obrador, por ejemplo, dio a conocer en noviembre del año pasado un documento muy amplio llamado Proyecto 18. Algunas observaciones expresadas en este trabajo podrían considerarse subsanadas o definidas de manera más amplia en estos documentos. Sin embargo, consideramos que las plataformas registradas ante la autoridad competente resumen (o deberían hacerlo) las prioridades y la orientación fundamental de sus objetivos en el gobierno y en el Congreso.

3 El término aludido, definido por la OIT, es parte no sólo de los convenios que ha firmado México con esa organización: también aparece en la Ley Federal del Trabajo desde 2012. Expresamente el artículo segundo de este ordenamiento dice:

“Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales” Asimismo expresa que: “Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta la dignidad del trabajador, no existe discriminación por origen étnico o nacional, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo”. Y agrega que: “El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva”. En razón de lo anterior, se podría suponer que el término señalado debería ser asumido por los partidos y candidatos como punto de partida para delinear sus propuestas en materia laboral.

4 Las reformas al artículo 123 (febrero de 2017) han sido consideradas como las más importantes desde 1917 pues se decretó una nueva justicia laboral mediante la creación de juzgados laborales adscritos al poder judicial, terminando así con las Juntas (locales y federales) de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, la instalación de un órgano independiente encargado de la conciliación entre empleados y empleadores y del registro de contratos colectivos y sindicatos, responsabilidades que recaen hasta ahora en las Juntas o en la Secretaria del Trabajo. Y, finalmente, el voto secreto para elegir a sus dirigentes sindicales y los términos de la contratación colectiva. Sin embargo, la reforma constitucional ha quedado inconclusa pues no se ha reformado consecuentemente la LFT, provocando incluso una “vacatio legis” pues los plazos para esta adecuación están vencidos. De ahí la importancia de que las coaliciones y partidos se pronunciaran sobre este asunto pues de ello depende la posibilidad de acceder a una mejor justicia laboral y de construir un nuevo sindicalismo basado en la democracia y la libertad de asociación. Algunos partidos (PT, PRD, MC y NA), aunque no las coaliciones en las que participan, se refieren a la necesidad de nuevas reformas laborales, pero no discuten la que se hizo en 2017 ni sobre los cambios que ella supone en la LFT.

5 El PAN específicamente propone: incrementar las aportaciones para el fondo de retiro; reducir las comisiones de las Afores; y fusionar o hacer intercambiables para el derechohabiente los fondos de vivienda y pensiones. MC se pronuncia por mejorar la supervisión y control de los sistemas de pensiones de reparto de los estados y municipios.

6 Según este partido la diferencia entre una renta universal básica y una renta mínima básica se refiere a los beneficiarios. La primera abarcaría a todas las personas; la segunda sólo aquéllas que no cuenten al menos con un ingreso mínimo básico, es decir, sería un programa focalizado. El partido se inclina por segunda modalidad y sostiene que existen recursos suficientes, bajo las condiciones actuales, para financiar este programa.

De acuerdo con el nuevo informe de Oxfam publicado hoy, el 82% de la riqueza mundial generada durante el pasado año fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras el 50% más pobre –3 700 millones de personas– no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento. La publicación del informe coincide con el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) que reúne a las élites políticas y empresariales.

Premiar el trabajo, no la riqueza muestra cómo la economía mundial posibilita que los más ricos sigan acumulando vastas fortunas, mientras que cientos de millones de personas luchan cada día para sobrevivir con salarios de pobreza.

  • Desde el año 2010, la riqueza de esta élite económica ha crecido en un promedio del 13% al año; seis veces más rápido que los salarios de las personas trabajadoras que apenas han aumentado un promedio anual del 2%. Entre marzo de 2016 y marzo de 2017 se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con un nuevo milmillonario cada dos días.

El equipo investigador del informe también realizó algunos cálculos para América Latina y el Caribe:

  • En esta región el 10% más rico de la población concentra el 68% de la riqueza total, mientras el 50% más pobre solo accede al 3.5% de la riqueza total.
  • La riqueza de los milmillonarios latinoamericanos creció en 155 mil millones de dólares el último año, dicha cantidad de riqueza sería suficiente para acabar casi 2 veces con toda la pobreza monetaria por un año en la región.
  • En América Latina y el Caribe, el 16% de los trabajadores asalariados y el 28% de los trabajadores por cuenta propia se encuentran en situación de pobreza.

El informe de Oxfam señala los principales motivos por los que las ganancias de accionistas y altos directivos se incrementan, a expensas de las condiciones laborales y salarios de los trabajadores y trabajadoras. Entre ellos cabe destacar la erosión de los derechos de las personas trabajadoras, la excesiva influencia de las grandes empresas en la formulación de políticas públicas y el apremio constante de las empresas por minimizar los costes para, así, maximizar los beneficios de los accionistas.



Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, ha señalado: "El boom de los milmillonarios no es signo de una economía próspera, sino un síntoma del fracaso del sistema económico. Se explota a las personas que fabrican nuestras ropas, ensamblan nuestros teléfonos y cultivan los alimentos que consumimos para garantizar un suministro constante de productos baratos, así como engrosar los beneficios de las empresas y sus adinerados inversionistas".

Normalmente, son las mujeres trabajadoras quienes se encuentran en la base de esta pirámide económica. En todo el mundo, las mujeres ganan menos que los hombres y están sobrerrepresentadas en los empleos peor remunerados y más precarios. De igual forma, nueve de cada 10 milmillonarios son hombres.

"Oxfam ha hablado con mujeres de todo el mundo cuyas vidas están marcadas por la desigualdad. Como, por ejemplo, las mujeres que trabajan en fábricas textiles vietnamitas, lejos de sus hogares y sin ver a sus hijos durante meses, a cambio de salarios de pobreza. O como las mujeres que trabajan en la industria avícola de los Estados Unidos, obligadas a llevar pañales porque no tienen descansos para ir al servicio. O las mujeres que trabajan en hoteles de Canadá, víctimas de acoso sexual y obligadas a mantenerlo en secreto por miedo a perder su empleo", señala Byanyima.

Oxfam hace un llamamiento a los Gobiernos para que garanticen que nuestras economías funcionen para todas las personas y no solo para una afortunada minoría:

  • Limitando los dividendos de los accionistas y altos directivos, y garantizando que todos los trabajadores y trabajadoras reciben un salario digno que les permita disfrutar de una calidad de vida digna.
  • Acabando con la brecha salarial entre hombres y mujeres, y protegiendo los derechos de las mujeres trabajadoras. Al actual ritmo de cambio, llevará 217 años cerrar la brecha salarial y de oportunidades laborales entre hombres y mujeres a nivel mundial. En América Latina las mujeres trabajan casi el doble de horas que los hombres en trabajos no remunerados.
  • Garantizando que los más ricos pagan los impuestos que les corresponden aplicando impuestos más elevados y combatiendo la evasión y elusión fiscal, así como incrementando el gasto en servicios públicos como la salud y la educación. Oxfam estima que un impuesto global del 1,5% a las fortunas de los milmillonarios permitiría escolarizar a todos los niños y niñas.

Los resultados de una nueva encuesta encargada por Oxfam demuestran el apoyo cada vez mayor a la lucha contra la desigualdad. De las 70.000 personas encuestadas en 10 países, casi dos tercios piensan que se debe abordar urgentemente la brecha entre ricos y pobres.



"Es difícil encontrar un líder político o un líder empresarial que no exprese públicamente su preocupación por la desigualdad. Resulta aún más difícil encontrar alguno que haga algo al respecto. Es más, muchos están tomando de forma activa medidas que empeoran la situación, reduciendo los impuestos y socavando los derechos laborales", subraya Byanyima.

"Las personas están listas para un cambio. Quieren que los trabajadores y trabajadoras reciban un salario digno, que las grandes empresas y los más ricos paguen más impuestos, que las mujeres trabajadoras disfruten de los mismos derechos que los hombres trabajadores, y que se impongan límites al poder y la riqueza en manos de unos pocos. Quieren ver acciones".

Notas a los editores