Economía

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Mundo Nuestro tiene un objetivo prioritario: realizar un periodismo de investigación que contribuya en la construcción de una estrategia nacional de conservación, desarrollo y custodia de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, lo que se llama el patrimonio biocultural de México.

Mundo Nuestro. Publicado en la revista Sin permiso, este texto de Sam Pizzigati plantea un interrogante simple (¿un mundo sin ricos?) a partir de hechos concretos como el del costo de un departamento en el piso 70 en un edificio en Manhattan o las emisiiones de gases invernadero en los hogares de los superricos. En el fondo, la pregunta sobre la desigualdad en el mundo y la cada vez mayor concentración del poder económico en unas cuantas personas en el mundo. Sam Pizzigat es miembro asociado del Instituto de Estudios de Políticas y coeditor de Inequality.org. Es el autor de “El caso por un salario máximo” (Polity Press, 2018).

Embrutecen nuestra cultura, erosionan nuestro futuro económico y disminuyen nuestra democracia. Los superricos no tienen ningún valor social que los redima.

¿Necesitamos – como demanda el progreso- a las grandes fortunas privadas?



Los partidarios de las grandes fortunas suelen defender este principio. La perspectiva de volverse fenomenalmente ricos, reconocen, les da a las personas de gran talento un poderoso incentivo para hacer grandes cosas. La enorme riqueza que acumulan estos talentos, continúa el argumento, impulsa la filantropía y beneficia a las personas e instituciones que necesitan ayuda.

Incluso los ricos ociosos, como una vez insistió el santo patrón conservador Frederick Hayek, tienen un papel socialmente constructivo que desempeñar. La riqueza les da la libertad de experimentar “con nuevos estilos de vida”, nuevos “campos de pensamiento y opinión, de gustos y creencias”. Los ricos enriquecen nuestra cultura.

Estos defensores están equivocados. Los increíblemente ricos no tienen un valor social neto que les redima.

Su presencia embrutece nuestra cultura, erosiona nuestro futuro económico y disminuye nuestra democracia. Cualquier sociedad que le haga guiños a las fortunas monstruosamente grandes, que hacen a algunas personas decididamente más iguales que otras, está pidiendo problemas.

Pero los problemas que generan los ricos a menudo se ocultan. La mayoría de nosotros pasamos toda nuestra existencia sin relacionarnos nunca con personas con enormes medios. En el ajetreo diario de nuestras complicadas vidas, rara vez nos detenemos a reflexionar sobre cómo esas vidas podrían cambiar sin que los superricos estuvieran haciendo presión hacia abajo sobre nosotros. Entonces, reflexionemos.



Una pregunta inicial obvia: ¿por qué tantos de nosotros parece que siempre estamos apresurados? ¿Por qué nos estamos siempre exigiendo tanto? La respuesta que nos decimos a nosotros mismos es: estamos haciendo mucho, estamos trabajando muy duro para asegurar que nuestras familias sean cada vez más felices.

Pero todo nuestro arduo trabajo, señala Robert Frank, economista de la Universidad de Cornell, no garantiza nada de esto. Frank nos pide, para ejemplificarlo, que contemplemos la boda moderna, el día más feliz de tu vida. Lo que los estadounidenses gastan en promedio en bodas, señala, se ha triplicado en los últimos años. "Nadie cree que las parejas casadas sean más felices", observa Frank, "porque ahora nos gastemos mucho más".

Entonces, ¿por qué gastamos más? ”Porque la gente de la parte de arriba tiene mucho más”, señala. Están gastando más en sus propias celebraciones, y establecen un estándar de consumo generando lo que Frank ha denominado una “cascadas de gastos”. Las personas de cada nivel de ingresos sienten una presión cada vez mayor para alcanzar ese nivel de consumo más alto que los que están directamente encima de ellos han establecido.



A veces compramos cosas porque realmente las necesitamos. Pero las grandes concentraciones de riqueza privada, incluso en estas situaciones, terminan minando la calidad de nuestras transacciones diarias.

Los partidarios de las grandes fortunas, como era de esperar, afirman lo contrario. Todos nos beneficiamos, argumentan, cuando los ricos van de compras. Los productos nuevos y atrevidos suelen costar un dineral, y solo los consumidores ricos pueden pagarlos. Al pagar ese alto precio, los ricos le dan a los nuevos productos un lugar en el mercado. Finalmente, sostiene esta teoría del “ciclo del producto”, los precios de estos productos comenzarán a caer y todos podrán disfrutarlos.

Los economistas que examinan los patrones de consumo cuentan una historia diferente.

Mientras más se concentra la riqueza, señala Robert Frank en su clásico Fiebre del lujo de 1999, los minoristas tienden a poner su atención (y su innovación) en el mercado del lujo. Año tras año, los productos incorporan cada vez más “nuevas características más costosas”.

Pero los superricos no solo suben los precios. En las comunidades donde se congregan estos ricos, absorben la vitalidad.

Los individuos de “valor neto ultra alto” de los Estados Unidos poseen en promedio nueve hogares fuera de los Estados Unidos. La mayoría de estas casas están vacías durante la mayor parte del año. Sus calles quedan sin vida. En Londres y otras capitales del mundo, los barrios acomodados se han convertido en ciudades de lujo fantasmas.

En Manhattan, las constructoras que trabajan para los superricos se han pasado los últimos años construyendo torres “aguja” ultra-lujosas increíblemente altas y delgadas. La más estrecha de las agujas de Nueva York, que se eleva setenta y siete pisos, descansa sobre una base de solo sesenta pies de ancho.

¿Por qué un perfil tan delgado? ¿Por qué tantos pisos? Las constructoras simplemente están siguiendo la “lógica del lujo”: los superricos están dispuestos a pagar una prima, de hasta 90 millones de dólares y más, por apartamentos elevados que ocupan pisos completos y ofrecen vistas espectaculares en cualquier dirección.

El resto pagamos el precio por esas vistas. Las torres de lujo de Nueva York están bloqueando el sol en Central Park, el patrimonio histórico de Manhattan. Los superricos están alterando nuestro entorno de vida para peor.

Y no solo a lo largo de los desfiladeros de Nueva York. Las vidas exuberantes de estos superricos están consumiendo los recursos de nuestro planeta a un ritmo que está acelerando la degradación de nuestro mundo natural.

Entre 1970 y 2000, el número de aviones privados en todo el mundo se multiplicó por diez. Estos aviones de lujo emiten seis veces más carbono por pasajero que los aviones comerciales normales. Los yates privados que se extienden lo equivalente a un campo de fútbol queman más de 200 galones de combustible fósil por hora. Según un estudio canadiense, el uno por ciento de los hogares con mayores ingresos genera tres veces más emisiones de gases de efecto invernadero que los hogares promedio, y el doble que el siguiente cuatro por ciento.

Los que están en el uno por ciento global, calcula Oxfam, pueden estar dejando una huella de carbono 175 veces más profunda que el diez por ciento más pobre. Otro análisis concluye que el uno por ciento más rico de los estadounidenses, singapurenses y saudíes emiten, en promedio, más de 200 toneladas de dióxido de carbono por persona al año, “2000 veces más que los más pobres de Honduras, Ruanda o Malawi”.

Nuestra crisis ambiental global, por supuesto, no se desvanecerá repentinamente si los más ricos del mundo terminan repentinamente con su consumo despilfarrador. Pero los ricos se nos presentan como el mayor obstáculo para el progreso ambiental.

Las grandes fortunas se basan en la degradación del medio ambiente y ciegan a los ricos. Los ricos, observa el Global Sustainability Institute, tienen los recursos para “aislarse del impacto del cambio climático”. Su gran fortuna también los inmuniza contra el carbono y otros impuestos ambientales que pueden afectar a las personas de escasos recursos. Los ricos, señala el Instituto, “pueden permitirse pagar para continuar contaminando”.

En un mundo de multimillonarios, todos nuestros problemas se vuelven más difíciles de abordar. Los sistemas políticos democráticos operan bajo el supuesto de que reunirse para debatir colectivamente nuestros problemas comunes generará eventualmente soluciones. Desafortunadamente, en sociedades profundamente desiguales, este supuesto no se cumple.

Los superricos viven en su propio universo separado. Ellos tienen sus propios problemas, y el resto de nosotros tenemos los nuestros. Los ricos tienen los recursos para asegurarse de que sus problemas se resuelvan. Los nuestros los mendigamos.

Tomar el trasporte por la mañana. El área de Washington, DC, uno de los centros metropolitanos con mayor desigualdad de Estados Unidos, tiene una de las peores congestiones de tráfico de los Estados Unidos. No hay coincidencia allí.

En las regiones urbanas marcadamente desiguales los ricos suben los precios de los bienes inmobiliarios cercanos y convenientemente ubicados. El aumento de los precios obliga a las familias de clase media a mudarse más lejos de los centros de trabajo para encontrar viviendas asequibles. Cuanto más lejos vive la gente de su trabajo, más tráfico hay. Los condados de Estados Unidos en los que los tiempos de viaje han aumentado más son los condados con los mayores incrementos en la desigualdad.

¿Cómo podríamos aliviar la congestión? Podríamos construir nuevas carreteras y puentes o, mejor aún, ampliar y mejorar el transporte público. Pero estas dos vías de acción generalmente implican subidas de impuestos, y los extremadamente ricos generalmente palidecen cada vez que alguien propone soluciones financiadas con impuestos, principalmente porque creen que tarde o temprano la gente querrá cobrárselos a ellos. Por lo tanto, los funcionarios en el Gran Washington y otras áreas metropolitanas desiguales, han ideado soluciones para la congestión del tráfico que evitan la necesidad de imponer nuevos impuestos.

Se introducen los “Carriles de Lujo”, tramos segregados de autopistas que se pagan por sí mismos cobrando a los conductores, subiendo los peajes a medida que aumenta el tráfico. Este sistema funciona de maravilla - para el usuario promedio. A los ricos no les importa especialmente cuánto pagan en los peajes. Solo quieren llegar adonde van lo más rápido posible. Con los carriles Lexus, lo hacen. Todos los demás se sientan y se guisan en el tráfico.

Mientras tanto, el sistema de metro de Washington - 117 millas de ferrocarril - se ha convertido en una vergüenza pública, con largos retrasos, tarifas que aumentan y problemas de seguridad persistentes. La falta de financiación crónica del sistema refleja una tendencia nacional. Las inversiones estadounidenses en infraestructura se han reducido drásticamente, de 3,3 por ciento del PIB en 1968 a 1,3 por ciento en 2011, una disminución a largo plazo que comenzó casi exactamente al mismo tiempo que la desigualdad en Estados Unidos comenzó a aumentar. Los estados de los Estados Unidos donde los ricos han ganado más a costa de la clase media se convierten en los estados que menos invierten en infraestructura.

Una explicación: las personas de clase media y trabajadora tienen un gran interés en la inversión en infraestructura. Dependen de las buenas carreteras públicas, escuelas y parques. La gente rica no lo hace. Si los servicios públicos se agotan, pueden optar por alternativas privadas.

Y cuanto más se concentra la riqueza, más se inclinan nuestros líderes políticos a los intereses de los ricos. A los ricos no les gusta pagar por los servicios públicos que no usan. Los líderes políticos no los hacen. Recortan impuestos y les niegan a los servicios públicos los fondos que necesitan para mejorar. Y así, conseguimos más carriles de “lujo” que brindan a los ricos desplazamientos rápidos, y nos recuerdan al resto de nosotros que los ricos siempre ganan en sociedades tan desiguales como la nuestra.

¿Ganaríamos el resto de nosotros más a menudo en sociedades sin superricos? Bueno, defienden los cautelosos, cualquier sociedad que arruine una gran fortuna también destruiría los miles de millones que hacen posible la filantropía. ¿Quién querría hacer eso?

La filantropía, proclama un estudio de 2013 del banco global Barclays, se ha convertido en “casi universal entre los ricos”. La mayoría de los ricos en todo el mundo, dice Barclays, comparte “un deseo de usar su riqueza” por “el bien de los demás”. Los titulares regularmente pregonan esta bondad en cada oportunidad que tienen. ¡Bill Gates lucha contra enfermedades tropicales desatendidas! ¡Bono luchando contra la pobreza! ¡Diane von Furstenberg prometiendo millones para parques!

Los publicistas de los filántropos han ocultado hábilmente los hechos centrales: los superricos como clase en realidad no dan tanto, y obtienen mucho más de lo que dan.

A primera vista, los números básicos de donaciones en los Estados Unidos parecen impresionantes. En 2015, las donaciones de 100 millones de dólares o más, por sí solas, dan un total de más de 3,3 mil millones. Pero el aura de la generosidad se desvanece en el momento en que empezamos a contemplar lo que el superrico podría estar contribuyendo. En 2013, por ejemplo, los cincuenta donantes de caridad más grandes de Estados Unidos regalaron 7,7 mil millones de dólares en donaciones caritativas, un aumento del 4 por ciento respecto al año anterior. Ese mismo año, la riqueza de la lista de multimillonarios de la revista Forbes aumentó un 17 por ciento.

Entonces, los ricos no dan todo eso a la caridad. ¿Qué obtienen a cambio de lo que dan? Para empezar, exenciones fiscales. Las costosas. La regla general: por cada tres dólares que el 1% dona en Estados Unidos, el gobierno federal pierde un dólar en ingresos fiscales perdidos.

Los más ricos de los Estados Unidos también reciben el más sincero agradecimiento de las instituciones desde muy dentro de sus corazones.

Los superricos son el punto ideal para los centros culturales. Los Ángeles pronto será el hogar del “Museo de Arte Narrativo de Lucas”, un edificio de mil millones de dólares que albergará los recuerdos de Hollywood del cineasta multimillonario que está detrás de Star Wars. Los Ángeles alberga también ya The Broad, un museo de arte contemporáneo de 140 millones de dólares financiado por el multimillonario Eli Broad que se inauguró en 2015, y la Fundación de Arte Marciano, un museo recién terminado que los multimillonarios minoristas Paul y Maurice Marciano han instalado en un gran antiguo templo masónico.

Mientras tanto, a pesar de una ley estatal que exige que las escuelas públicas de California ofrezcan música, arte, teatro y danza en todos los niveles de grado, los programas de educación artística en las escuelas públicas de Los Ángeles con su presupuesto limitado siguen siendo lamentablemente “inadecuados”. Los Angeles Times informó a finales de 2015 que miles de niños en edad escolar estaban “sin recibir ninguna instrucción artística” en absoluto. A nivel nacional, los recortes presupuestarios han dejado a millones de niños sin educación artística, especialmente en comunidades de color. En 1992, poco más de la mitad de los jóvenes adultos afroamericanos estudiaron arte en la escuela. Para el año 2008, esa participación se había reducido a poco más de un cuarto.

Millones para exhibir recuerdos de Star Wars, céntimos para ayudar a los niños pobres a crear y disfrutar del arte. Incluso a algunos multimillonarios les resulta difícil tragar este tipo de contradicciones filantrópicas. Como señala el inconformista Bill Gross de la industria financiera: “Un regalo de 30 millones de dólares para una sala de conciertos no es filantropía, es una coronación napoleónica”.

¿Qué más obtienen los superricos de su filantropía? Obtienen el control sobre el proceso de formulación de políticas públicas. Los think tanks, las instituciones y las organizaciones de los ricos supervisan su configuración y distorsionan nuestro discurso político. Definen los límites de lo que se discute y de lo que se ignora.

Las fundaciones de nuestros mega ricos dotan, señala la analista de políticas Joanne Barkan, de financiación a los investigadores “que probablemente diseñarán estudios que respalden sus ideas”. Estas fundaciones involucran a “las organizaciones sin ánimo de lucro existentes o crean unas nuevas para implementar los proyectos que ellos mismos han diseñado”. Ponen proyectos en marcha y luego “dedican recursos sustanciales a la promoción vendiendo sus ideas a los medios de comunicación, al gobierno en todos los niveles y al público”, incluso financiando directamente “periodismo y programación de medios”.

Peter Buffett entiende esta dinámica desde el interior. Dirige una fundación creada por su padre, Warren Buffett, según algunos el multimillonario con mayor espíritu público de Estados Unidos. En las reuniones filantrópicas de la élite, observa el joven Buffett, verás “a jefes de estado reuniéndose con agentes de inversión y líderes corporativos”, todos ellos “buscando respuestas con su mano derecha a problemas que otros en la sala han creado con su izquierda”.“Y sus respuestas, según Buffett, “casi siempre mantienen la estructura existente de desigualdad en su sitio”.

Peter Buffett llama a esta caricia reconfortante “lavado de conciencia”. La filantropía ayuda a los ricos a sentirse menos desolados “por acumular más de lo que cualquier persona podría necesitar”. Ellos “duermen mejor por la noche”.

A través de todo esto, la distribución del ingreso y la riqueza sigue siendo una preocupación que pocas fundaciones filantrópicas se atreven a abordar. El America's Foundation Center registró casi cuatro millones en subvenciones a la fundación en la década posterior a 2004. Solo 251 de estas estuvieron referidas a la “desigualdad”.

Algunos pesos pesados de la filantropía, la más conocida la Fundación Ford, han anunciado recientemente un compromiso para abordar la desigualdad. Pero los observadores de la filantropía se muestran escépticos acerca de si esto hará alguna diferencia. Las sociedades más dependientes de la filantropía, señala el veterano fundador Michael Edwards, siguen siendo las más desiguales, y las naciones, principalmente en Escandinavia, que tienen los niveles más altos de igualdad y bienestar social tienen los sectores filantrópicos más pequeños.

Hace generaciones, durante la edad de oro original, el fabricante de jabones millonario Joseph Fels anunció a los estadounidenses en esos tiempos de profunda desigualdad que la filantropía solo estaba “empeorando las cosas”. Fels instó a sus compañeros millonarios a que lucharan por una nueva América que hiciera a los superricos “como tú y como yo, imposibles”.

Su consejo sigue siendo bueno. Podríamos sobrevivir sin un superrico. De hecho, prosperaríamos sin ellos.

Sam Pizzigati es miembro asociado del Instituto de Estudios de Políticas y coeditor de Inequality.org. Es el autor de “El caso por un salario máximo” (Polity Press, 2018).

Fuente:

https://www.jacobinmag.com/2018/10/rich-people-philanthropy-inequality-wealth

Traducción:Alberto Tena

El llamado paquete económico contiene, como ya se ha hecho costumbre, tres documentos: los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos de la Federación, y el Presupuesto de Egresos. Apenas el pasado sábado 15, el secretario de Hacienda entregó el correspondiente a 2019 al Congreso de la Unión y ya se ha desatado un amplio debate. Su importancia radica en que contiene las propuestas más importantes del nuevo gobierno en materia económica. Su análisis debería revelar no sólo cómo se piensa conducir al país el próximo año, sino también cuáles son sus ideas centrales, lo que podría llamarse el proyecto de nación que piensa llevar a cabo.

Una ojeada a estos documentos, en particular el de los Criterios, pues aquí se plasman las líneas centrales, muestran un proyecto ortodoxo y conservador que, al mismo tiempo, rompe con el pasado. Hay una combinación de todo ello que parece un tanto contradictorio. Veamos por partes.

La ortodoxia se refleja en su apego a los lineamientos de un déficit reducido, sin aumento de la deuda, y con una acentuada preocupación por mantener la inflación bajo control. Se calcula que ésta será menor que en 2018. La estabilidad macroeconómica se pone por delante. No hay, como se ha repetido muchas veces, nuevos impuestos, pero tampoco la intención de mejorar los ingresos haciendo más eficiente la recaudación fiscal o aumentando la exportación de petróleo. Al contrario, éstas serán, según el documento, ligeramente menores que este año.

Es también conservador porque sus expectativas son extremadamente cautelosas para todo el sexenio. El crecimiento económico será menor en 2019 y, lo que resulta muy sorprendente, tampoco se calcula un aumento significativo para los próximos seis años: apenas un 2.6 promedio anual, es decir una cifra exactamente igual al que se observó entre 2012 y 2018. En el caso de la producción industrial, los datos son más preocupantes pues ésta pasaría de un crecimiento de 3.7% en 2018 a 2.7 para el próximo año. Es decir, según Hacienda, la economía seguirá la inercia de los años pasados. La principal razón de este conservadurismo se achaca al entorno internacional. Caracterizado –se afirma– por una marcada incertidumbre, un elevado nivel de volatilidad financiera y una actividad económica mundial más moderada. En particular, en el caso de Estados Unidos, se calcula que su PIB se reducirá de 2.9 % al 1.9% promedio en los próximos años.



Hay también en el documento de las autoridades hacendarias un espíritu continuista pues por ejemplo en materia de empleo, el diagnóstico es muy similar al que hizo en su momento la administración de Enrique Peña Nieto. Reconocen un fortalecimiento del mercado laboral, apoyándose en datos como la caída de la desocupación abierta y la informalidad laboral. Pero desconoce, como muchos lo han (hemos) dicho, incluyendo el presidente de la República y su secretaria de trabajo, que el problema son los bajos salarios y la pobre calidad de los empleos. Sobre esto, no se dice una palabra.

La innovación radica en los 18 programas que suman un total de 251.6 miles de millones de pesos (mmp). Hay que decir, sin embargo, que esta cantidad significa el 4.3% del gasto neto total propuesto (lo que incluye la deuda y otros renglones como las participaciones a estados y municipios) y el 6.15% del gasto programable, es decir, aquel que efectivamente se ejerce por el gobierno federal. De ese tamaño es el verdadero cambio. Hasta ahí alcanzó.

Las 18 acciones previstas se pueden clasificar, en orden de importancia, en apoyos sociales (124.3 mmp = 49.4%); infraestructura (60 mmp = 24%); subsidios a la producción (23 mmp = 9%); y de apoyo al empleo con 44.3 mmp que representa el 17.6% del total de los recursos destinado a estos renglones.

El más costoso es el de Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores (100 mmp). No haya duda de que éste y el resto de los programas sociales mejorarán el nivel de vida de las familias beneficiadas. En cuanto al renglón productivo, debe recalcarse que una parte sustancial se destinará al sureste, la región más abandonada y pobre del país. En ambos casos, sin embargo, habrá que evaluar su impacto real en materia de combate a la pobreza y a la desigualdad.

Una mención especial merece el que se ha llamado Jóvenes Construyendo el Futuro. Se trata de un proyecto sin precedentes ya que se trata de becar en el lugar de trabajo a alrededor de 2 millones de jóvenes por seis meses por un monto de 3 mil 600 pesos mensuales (aunque estaba previsto para 2.6 millones de becarios). El programa puede ser muy exitoso y lograr resolver uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, el desempleo juvenil, pero también tiene riesgos pues puede servir solamente para subsidiar a las empresas sin crear plazas de trabajo estables; o podría utilizarse incorrectamente para que los jóvenes realicen tareas que no les proporcionarán una calificación certificada que les permita continuar su carrera laboral en el mercado de trabajo.



Desde luego, el financiamiento de estos proyectos ha requerido un recorte de otros rubros del gasto. Particularmente, se ha mencionado el caso de las universidades. La pregunta entonces es si destinar fondos para becas escolares y para construir nuevas universidades (con un modesto presupuesto), justifica la poda a los centros educativos ya establecidos.

Dada la importancia que le ha otorgado el presidente López Obrador, podría suponerse que los 18 programas anunciados tendrán un impacto sustantivo en el desarrollo económico, ya sea porque habrá un mayor consumo de los hogares o por la ampliación de la infraestructura productiva. Podría incluso aceptarse que sus repercusiones se reflejarán, principalmente, a largo plazo. Pero, como hemos visto, Hacienda piensa lo contrario. En los próximos seis años, la economía seguirá más o menos las mismas pautas, el mismo rumbo y el mismo ritmo. Los cambios, por lo menos en términos cuantitativos, serán menores, como puede deducirse de la lectura del capítulo 4 de los Criterios. Aunque se anota que las cifras se pueden ajustar cuando se presente el Plan Nacional de Desarrollo, por lo pronto se prevé una caída del gasto público a lo largo del sexenio, incluyendo el programable y, lo más preocupante, en especial el de inversión (que caería del 3% del PIB en 2018 hasta 2.3%).

Estas proyecciones quizás estén destinadas a tranquilizar a los inversionistas del mercado financiero, tratando de demostrar que el gobierno actuará responsablemente a lo largo de los seis años. O podría ser una forma de darle tiempo al tiempo, confiando en que la realidad será más exitosa que los proyectos plasmados en el papel. Pero también es posible que tengamos una visión conservadora y excesivamente cautelosa por parte de los responsables de la Secretaría de Hacienda. Ello querría decir que no saldremos de nuestras principales desgracias: desigualdad, pobreza, malos empleos.



Lo anterior, me parece, debe llevarnos a una conclusión: la estrategia tiene que fortalecerse con nuevas medidas, principalmente una nueva, profunda y progresiva reforma fiscal. La oposición se ha dividido en su crítica al paquete: unos dicen que se trata de un proyecto demasiado optimista sobre todo en lo que se refiere al cálculo de los ingresos y el manejo de la deuda. Otros recalcan que se ha quedado corto frente a las promesas de campaña. Se trata en el primer caso de una apreciación equivocada y en el segundo de un juicio parcial, pues no toman en cuenta los nuevos programas. Lo cierto, sin embargo, es que los documentos de Hacienda dan pie tanto a la decepción como a la esperanza.

Todos podemos equivocarnos, se dice comúnmente. En este caso, esperemos que Hacienda lo haya hecho al calcular sus proyecciones a largo plazo. Podría suceder también que, viendo que sus datos se confirman y las cosas no cambian, acepte que el error está en el proyecto mismo y entonces se decida cambiar la estrategia. Ya lo veremos en los próximos meses. Apenas estamos empezando.

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En unas cuantas semanas, las leyes y las instituciones del trabajo mexicanas han sido sacudidas por dos acontecimientos distintos pero relacionados: primero, a fines de septiembre, el Senado de la República aprobó la ratificación del Convenio 98 de la OIT. Y poco después, a principios de octubre, se anunció un acuerdo final entre Canadá, Estados Unidos y México en materia de comercio (el United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA, en lugar de TLCAN o NAFTA) que incluye un capítulo laboral y un anexo, ambos muy destacados.
El Convenio sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva data de 1949 y ha sido firmado por 165 países del mundo incluyendo América Latina. La importancia de la decisión senatorial reside en haber vencido, al fin, las resistencias del PRI y del PAN, del llamado sindicalismo oficial (charro o corporativo), y de algunos dirigentes empresariales que se han opuesto por razones estrictamente políticas y convenencieras: defender un modelo sindical corrupto, antidemocrático y servil. Un esquema que sirvió durante muchos años para controlar el descontento obrero y, desde 1982, para imponer topes salariales y otras políticas públicas contrarias a los intereses de los trabajadores.
La nueva composición del órgano legislativo (con mayoría de Morena) sirvió sin duda para apresurar esta decisión pues coincidía con su plataforma electoral y su programa. Pero quizás también porque ya se tenía información de que el capítulo laboral del nuevo acuerdo comercial norteamericano traía un apartado especial sobre asuntos laborales que era plenamente congruente con el Convenio 98.
Hasta ahora, el texto completo del USMCA sólo está disponible en inglés, publicado en el portal de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico). Aquí solo nos referiremos al capítulo laboral. Se trata de una versión mejorada de su similar pactado en el TPP (Acuerdo Transpacífico). Es más claro en algunos temas pues por ejemplo incluye explícitamente el derecho a huelga como parte de la libertad de asociación; y precisa las obligaciones de los gobiernos para la aplicación de las leyes laborales, incluyendo la inspección laboral.
Más importante aún, contiene varios apartados muy novedosos. Uno de ellos señala que ningún país dejará de atender los casos en que se ejerza violencia contra los trabajadores, relacionada con el ejercicio de sus derechos. Otros puntos destacables se refieren a la protección de los trabajadores migrantes y a la promoción de la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo.
En resumen, el capítulo laboral del Acuerdo busca elevar la protección laboral en los tres países de manera más precisa que otros pactos comerciales similares. Hay todavía algunas lagunas e imprecisiones, y la manera de hacer efectivos estos lineamientos deja todavía mucho que desear.
A todo esto, hay que agregar el anexo 23-A que tiene como título, para no dejar ninguna duda, “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. Se trata de un texto que plantea un combate a fondo a los contratos de protección patronal en nuestro país. Para ello, México se compromete a adoptar una legislación que comprenda, entre otras, las siguientes disposiciones:
Un conjunto de reglas para garantizar el derecho de los trabajadores a organizar, formar y adherirse al sindicato de su preferencia, y prohibir a los empleadores interferir en las actividades sindicales o ejercer coerción por su actividad sindical. Asimismo, que se establezcan órganos imparciales para el registro de las organizaciones gremiales. Igualmente, se deberá implementar un sistema efectivo que verifique que las elecciones de los dirigentes sean llevadas a cabo mediante el voto libre, personal y secreto de los socios.
Las leyes mexicanas deberán también contemplar que el registro de los contratos colectivos cuente con el apoyo mayoritario de los trabajadores mediante el ejercicio del voto personal, libre y secreto. Finalmente, señala que las partes (Estados Unidos y Canadá) esperan que México llevará a cabo estos cambios antes del 1º de enero de 2019, y se advierte que la entrada en vigor del acuerdo comercial puede ser pospuesta hasta que dicha legislación entre en vigor.
Tal profusión y claridad en el texto busca impedir que, en México, se siga aplicando un modelo laboral apoyado en contratos y sindicatos ficticios. Una práctica que, como lo explica un análisis elaborado por el Sindicato de Metalúrgicos de Estados Unidos, y como lo han advertido también aquí en México, desde hace tiempo, las organizaciones sindicales independientes, los abogados democráticos y los especialistas en el tema, ha servido para imponer bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Estas políticas, si bien han permitido atraer inversiones extranjeras a la industria manufacturera, particularmente en las últimas tres décadas, en realidad han aportado pocos beneficios para el país y su clase trabajadora.
Así, en esta ocasión, se han reunido diversos protagonistas e intereses: los sindicatos de Estados Unidos y Canadá; los gobiernos de estos países; y la futura administración de AMLO y las organizaciones independientes mexicanas, con el objetivo común de cambiar el modelo laboral vigente. Los primeros sienten que los contratos de protección son una manera deshonesta de quitarles plazas laborales y presionar negativamente los salarios en sus propios países; los segundos, sobre todo Trump, creen que de esta manera protegerán su planta industrial y mejorará su balanza comercial; y los terceros, es decir el próximo gobierno de López Obrador y los legisladores de Morena, confían en que es posible construir un esquema de desarrollo menos dependiente de la exportaciones manufactureras y capaz de mejorar los salarios y las condiciones de vida de los mexicanos.
Hay que advertir que todo lo contenido en el capítulo laboral y su anexo, incluidos en el nuevo acuerdo comercial, no se riñe con las reformas constitucionales de febrero de 2017. Al contrario, se basan en ellas. Pero los representantes sindicales y los gobiernos del norte han creído necesario pactarlos expresamente en el USMCA ante la posibilidad de que esas reformas se reviertan, como en efecto se intentó a lo largo de este año por el PRI y el gobierno de Peña Nieto.
Se trata de una coincidencia un tanto sorprendente que sin embargo puede cambiar profundamente el modelo laboral mexicano. Ahora toca al Poder Legislativo de nuestro país dar el siguiente paso: reformar la Ley Federal del Trabajo para para adoptar nuevos lineamientos que permitan combatir los contratos de protección y abrir la puerta a una democratización de los sindicatos mexicanos. Aun así, después de que esto haya sucedido, vendrá el reto de su puesta en práctica.
La próxima administración tendrá que aplicar las nuevas disposiciones legales y ello significará una labor compleja. Lo será desde el punto de vista técnico y administrativo pues poner en marcha una justicia laboral adscrita al Poder Judicial, eliminando las Juntas de Conciliación y Arbitraje, representa una tarea que exigirá recursos y un proceso de transición difícil, todavía indefinido.
Desde el punto de vista social y político, el cambio enfrentará muchas resistencias tanto de algunos empleadores como de las viejas organizaciones corporativas y, sobre todo, de la mafia que hoy se beneficia de los contratos de protección.
Pero, finalmente, serán los propios trabajadores los que, por primera vez en mucho tiempo, tendrán la posibilidad de decidir. Vientos provenientes del norte y de nuestra propia coyuntura política se han juntado para impulsar un cambio profundo de las instituciones y las leyes laborales. El camino para hacer realidad la democracia sindical y relaciones de trabajo más equilibradas es todavía muy largo, pero se ha abierto una brecha en un momento singular de la historia de México y del mundo.
saulescobar.blogspot.com

(Ilustración tomada de la revista Nexos)

De todos los saldos y pendientes del sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de las más graves se refiere al salario. En primer lugar, claro, el salario mínimo, el que, a pesar de un ligero aumento en los últimos dos años, sigue estando por debajo de la línea de la pobreza. Pero la situación no es mejor en el resto de la estructura salarial. Más de la mitad de las familias, según el VI Informe de gobierno, se sostiene con un nivel de percepciones menor a 5 SMD (salarios mínimos diarios) a pesar de que en ese hogar más de una persona puede estar aportando ingresos. Según el mismo informe, la población vulnerable por ingresos aumentó entre 2012 y 2016, lo que sólo puede explicarse por una disminución de sus remuneraciones y la informalidad laboral.


De la misma manera, el Informe muestra que el salario base de cotización de los trabajadores asegurados del IMSS apenas creció un poco por encima de la inflación general (INPC) pero por debajo del aumento de la canasta básica calculada por Coneval, perdiendo casi 2 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Incluso en la industria de la transformación (en la que deberían situarse los trabajadores mejor pagados) el salario medio apenas representa alrededor de 4 SMD. Llama también la atención que en las grandes empresas los aumentos hayan sido menores que en las medianas y en las pequeñas, lo cual puede explicarse por un control salarial más estricto. Peor aún, en dólares estadunidenses por hora, los jornales de los trabajadores mexicanos en la industria de la manufactura disminuyeron entre 2012 y 2017 mientras que en EU aumentaron. La brecha salarial entre los dos países se hizo más profunda.


La agenda del próximo gobierno en esta materia es pues un asunto inevitable y urgente. Diversos integrantes del futuro equipo de gobierno han manifestado su voluntad para aumentar el salario mínimo a poco más de 100 pesos diarios para nivelarlo con el nivel de pobreza señalado por Coneval. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dicho cálculo no toma en cuenta a los hijos del trabajador. Si éste tiene, como sucede generalmente, un hogar formado por lo menos por cuatro personas y es el único que aporta ingresos, el salario mínimo vital (como lo marca la Constitución) debería ser de alrededor de seis mil pesos mensuales. De esta manera, aunque un aumento como el señalado es positivo, el problema no se resuelve del todo.




Habrá que agregar que un incremento al mínimo difícilmente repercutirá en el conjunto de la estructura salarial, es decir en aquellas que teóricamente se pactan entre el empleado y el empleador por medio de un contrato. Según diversos estudios, la relación entre los aumentos al SMD y a los salarios contractuales ha cambiado en el tiempo. Durante muchos años (entre principios de los años ochenta hasta el año 2000) el SMD sirvió como índice para topar los aumentos otorgados por las empresas. A principios del siglo XXI y hasta 2008, cuando estalló la crisis mundial, los salarios medios aumentaron mientras el mínimo se quedó congelado. Desde entonces, ambos, el mínimo y el medio casi no se han modificado. Parte del problema se explica por la escasa capacidad de negociación de los trabajadores y a la ausencia de sindicatos representativos. También hay que recordar que el salario mínimo lo obtiene un reducido número de trabajadores ubicados en los sectores más desprotegidos de la economía: en los micronegocios y en las áreas rurales donde predomina el trabajo informal (que no cuentan con seguridad social). Se trata de un conjunto de alrededor de 8 millones de trabajadores (de un total ocupado de aproximadamente 56 millones), es decir alrededor del 15%.

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Imagen e infografía tomada de SinEmbargoMX


Además, después de la crisis de 2018, la estructura salarial se ha seguido comprimiendo hacia abajo: el número de trabajadores que gana hasta 3 SMD ha venido aumentando mientras que los que perciben más de esa cantidad se reducen año tras año. Ello está ligado a los bajos índices de crecimiento de la economía y a la destrucción de empleos en los puestos más calificados en las ramas económicas más modernas.
Una medida que todavía no conocemos pero que tendrá igual o mayor importancia que el aumento a los mínimos se refiere a las percepciones de los trabajadores del sector público a nivel federal. Durante los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard (hasta 2010) se otorgaron aumentos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México en porcentajes promedio superiores no sólo al mínimo legal sino también a la inflación. Habrá que ver si esta política se aplicará bajo la presidencia de AMLO tanto a nivel local (en los estados que gobernará Morena principalmente) y a nivel nacional.
Legisladores del partido mayoritario y de otros grupos parlamentarios han manifestado su interés en cambiar la ley sobre los salarios mínimos. Un asunto central se refiere al organismo que toma esa decisión, la Consami (Comisión Nacional de Salarios Mínimos). Sin duda, ha sido una entidad incondicional al mandatario en turno y bastante inútil. Habrá que pensar en su reemplazo. Para ello, deberá tomarse en cuenta que, según estudios de la OIT, en los países donde existe un salario mínimo legal sólo hay tres modelos: en el primero, que es el método más frecuente a nivel mundial, la fijación de este ingreso mínimo se toma por una autoridad, usualmente el ministerio del trabajo, previa consulta con los interlocutores sociales, es decir los sindicatos y la representación patronal. En el segundo caso, la decisión se toma por una entidad tripartita, como la Consami de México. Una instancia similar existe en otros países, por ejemplo Corea del Sur y Costa Rica. En el tercer caso, el fallo recae en el órgano legislativo (Brasil, Estados Unidos).




La Consami puede cambiar de nombre, pero eso no es lo importante. Lo relevante consiste en si se migra de un modelo tripartito a cualquiera de los otros dos. Según mi parecer, la decisión debería recaer en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, previa consulta con los representantes de obreros y empleadores y auxiliado por una comisión técnica ad hoc que permita tomar una decisión acorde con las metas de política económica señaladas por el Ejecutivo y bajo la estrategia de una mejora gradual pero permanente. De esta manera, el aumento tendría un mayor impacto y serviría de base para las negociaciones contractuales. La idea sería que el conjunto de la economía se moviera en un mismo sentido, mejorando los ingresos reales de la mayoría de los trabajadores.


Para ello, las reformas a la LFT pendientes desde la reforma constitucional de 2017 que garantizan el voto secreto de los trabajadores en la elección de sus representantes y de su contrato colectivo, así como la creación de una institución independiente para el registro de los sindicatos, pueden efectivamente conducir a una negociación real en los centros de trabajo.


Estaríamos así frente a un andamiaje institucional distinto que recaería en cuatro patas: una política de aumento del salario mínimo propiciada y planeada por el gobierno, pero consultada con las representaciones obreras y patronales; una estrategia de aumento real de las retribuciones de los servidores públicos; un nuevo método para decidir el monto anual del SMD que recaería en la Cámara de Diputados; y una estructura legal que garantizaría una negociación efectiva entre obreros y patrones.




No faltará quien afirme que estos cambios podrían conducir a una espiral perversa inflación-salarios, lo que afectaría la competitividad internacional. Eso no sucederá si existe una conducción del Estado (principalmente del Poder Ejecutivo y el Congreso) responsable, apoyada en el diálogo social, que plantee un esquema de cambio previsto para varios años. El otro camino es el que ya conocemos: dejar que los ingresos laborales se reduzcan permanentemente, con el consecuente aumento de la pobreza y la desigualdad. Tenemos más de 35 años bajo esta estrategia y sólo ha arrojado pérdidas para la inmensa mayoría de la población.

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Mundo Nuestro. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzó en junio pasado la convocatoria para identificar las 10 iniciativas innovadoras y escalables para el desarrollo rural sostenible en América Latina y el Caribe.

Y ha otorgado el primer lugar a la organización civil poblana "Grupo Cooperativo Qualli y Agua para Siempre, que este año, por cierto, ha cumplido treinta años de trabajo regional desde su oficina en Tehuacán. Le ha reconocido su trabajo en "la promoción del sistema alimentario de amaranto orgánico como un innovador modelo de desarrollo rural sostenible de agricultura familiar para superar la pobreza"

La FAO inicia así la creación de una Cartera de Iniciativas Innovadoras y Escalables para el Desarrollo Rural Sostenible, cuya implementación busca articular esfuerzos y revitalizar soluciones para el desarrollo rural, de cara a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Todas las iniciativas elegidas en la primera fase de selección de esta convocatoria formarán parte de la Cartera de Iniciativas Innovadoras y Escalables para el Desarrollo Rural Sostenible.



Además, los primeros 10 lugares formarán parte del IV Foro Internacional de Innovación para el Desarrollo Rural Sostenible, en el marco de la Semana de la Alimentación, la Agricultura y el Desarrollo Rural, a realizarse en octubre de 2018.

Feliciddes desde este Mundo Nuestro a todos los que trabajan en este importante esfuerzo de sociedad civil organizada, en particular a sus fundadores en el grupo Alternativas, encabezado por el Doctor Raúl Hernández Garciadiego.

Agua para siempre en Mundo Nuestro





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Según las últimas informaciones divulgadas por la prensa, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está avanzando aunque no sabemos si concluirá pronto y cuáles serán sus resultados. Vale la pena entonces adelantar algunas reflexiones sobre la relación entre la integración económica del país a la economía mundial y los avances de nuestra democracia. ¿Hay alguna relación? Esa inserción ¿puede servir para alentar el cambio político o, al contrario, para inhibirlo?
Para discutir este asunto recurrimos a un breve escrito del economista turco y profesor de la Universidad de Harvard, Dani Rodrik, quien en 2007 propuso lo que llamó un trilema, una encrucijada con tres opciones que se convierte, según sus propias palabras, en un teorema sin solución (disponible en http://rodrik.typepad.com). Lo que plantea, en síntesis, es que la democracia, la soberanía nacional y la integración económica global son incompatibles. Se pueden combinar dos de estos elementos, pero no se pueden tener los tres plena y simultáneamente.
Una de las razones más importantes es que las políticas y las regulaciones de los estados nacionales se riñen con una adhesión plena a la economía global. Frente a ello, una opción consistiría en que los gobiernos de cada país respondan sólo o principalmente a la globalización, pero ello supone sacrificar los objetivos o metas domésticos. Por ello, esta opción es incompatible con la democracia. En realidad, este camino, con diversos matices es el que ha predominado en casi todas las naciones durante las últimas décadas. Su costo político ahora, sobre todo después de la crisis mundial de 2008, es evidente.
Otra posibilidad sería tratar de construir un sistema democrático basado en un federalismo global que permita alinear las decisiones políticas con las necesidades de la integración a los mercados internacionales. Esta opción, sin embargo, ha resultado muy difícil de hacerse realidad incluso entre países similares. Tal es el caso de la Unión Europea. Existe un Parlamento y varios órganos de gobierno comunes, pero sus decisiones y acuerdos han sido criticados por que no representan el sentir y las necesidades de todos sus ciudadanos. Frecuentemente, se imponen los intereses de los países más fuertes.
El tercer camino consiste en atemperar la relación con la economía global como sucedió con el régimen de Bretton Woods que estuvo vigente desde la segunda posguerra hasta los años setentas y que impuso controles a los flujos de capital y al comercio mundial. Se alcanzó una globalización menor, pero las naciones gozaban de una soberanía nacional más amplia.
En conclusión, dice Rodrik, si queremos mayor globalización debemos o bien sacrificar la democracia o la soberanía nacional. Pretender que las tres cosas se pueden lograr simultáneamente no lleva a ningún lado.
Por su parte, en un ensayo publicado recientemente en Project Syndicate, Kemal Davies y Caroline Conroy (disponible en www.project-syunidcate.org), retomando la encrucijada de Rodrik, propusieron explorar el tema de una política global. Según ellos, el avance de la integración económica mundial ha sido implacable a través del comercio y la migración de personas. Sin embrago, el sistema internacional sigue siendo una colección de economías nacionales que responde a las políticas domésticas en materia de tributación, gasto público y regulación.
Para resolver esta contradicción se requieren entonces instituciones y regulaciones globales como las que ya existen a cargo del FMI (Fondo Monetario Internacional) y la OMC (Organización Mundial de Comercio) así como del Banco Mundial y los organismos de Naciones Unidas.




Sin embargo, hasta ahora, las contradicciones entre las políticas y regulaciones domésticas y las que dictan los organismos multilaterales no sólo no han conciliado los propósitos de unos y otros. También han generado una amplia insatisfacción ciudadana. De este malestar surgen respuestas como las de Trump, proponiendo un nacionalismo de nuevo tipo que lejos de intentar fortalecer las instituciones internacionales pretende desmantelarlas con la intención de eliminar cualquier tipo de regulación. La UE sigue una línea opuesta, tratando de alentar sus propias normas, pero también se ha quedado corta en algunos asuntos que tienen que ver con la fijación de estándares que afectan a diversas naciones.
Un ejemplo de esas fallas consiste por ejemplo en permitir que las empresas multinacionales paguen pocos impuestos, lo que exacerba la desigualdad y debilita los presupuestos públicos. Sólo una cooperación y regulación internacional permitiría atacar este problema. Lo mismo sucede con el cambio climático.
Se requiere entonces fortalecer y sobre todo crear nuevas instituciones mundiales. Ello mediante un debate que lleve a un acuerdo que permita el ejercicio de una política global bajo un nuevo concepto de democracia. Por otro lado, una regulación mundial sin instituciones internacionales legítimas implicaría el fortalecimiento de sistemas políticos autoritarios, lo que resulta inaceptable.
En síntesis, según este último artículo, Rodrik propone menos globalización y más democracia, mientras que Trump desea fortalecer el nacionalismo debilitando tanto los valores democráticos como la globalización. Por ello, concluyen, el desafío del siglo XXI es construir una nueva política global que reciba un amplio consenso democrático.
Transportemos este debate a la situación de México. Durante los últimos 35 años nuestra incorporación a la economía mundial (vía TLCAN) ha sacrificado los intereses del Estado nacional y de los mexicanos en materia sobre todo de trabajo, salarios y condiciones laborales, pero también en lo que toca a su diversificación comercial y en su potencial de crecimiento. Incluso ha influido en la estrategia contra el crimen organizado. De esta manera, también se afectaron las instituciones democráticas. Se logró un régimen de alternancia, pero se debilitó la capacidad del Estado para atender el bienestar y el mantenimiento de la paz. Nuestro caso es ejemplar para ilustrar la encrucijada de Rodrik: de las tres cosas, soberanía nacional, democracia e integración económica, se escogió darle prioridad a la última en detrimento de las dos primeras.
¿Cuáles podrían ser las opciones ahora? La estrategia Davies-Conroy significaría fortalecer al TLCAN creando instituciones trilaterales más fuertes, pero ello parece casi imposible con el gobierno de Trump, sobre todo en el caso de problemas fronterizos como la migración y el tráfico de drogas y armas.
En nuestro caso, aquí y ahora, la opción Rodrik parece más adecuada: modular la anexión que nos ata al TLCAN, tratando de ganar cierta margen de soberanía nacional con el objetivo de atender mejor los objetivos del Estado nacional y de los mexicanos. Ello, a su vez, fortalecería el consenso político y la posibilidad de un cambio para abatir la desigualdad, la pobreza y la violencia que azotan a nuestro país.
Una tercera opción consistiría en construir un gobierno nacional más fuerte y soberano, pero menos democrático y casi completamente aislado de la economía mundial. Creo que esta opción debería descartarse.
La posibilidad de modular nuestra integración económica significaría una renegociación del TLCAN exitosa que elevara, entre otras cosas, los estándares en materia laboral. Sin embargo, quedarían pendientes los otros temas de la agenda bilateral: migración y regulación de enervantes.
Esta opción, por lo tanto, aunque sea la más recomendable, deja abierta la posibilidad de un conflicto con el gobierno actual de Estados Unidos, con o sin un TLCAN renegociado.
El tamaño y complejidad de la querella lo veremos en los próximos meses, quizás semanas. En cualquier caso, estaremos mejor preparados para ello si contamos con un gobierno dispuesto a defender la democracia antes que la integración económica a toda costa, y que cuente, por lo tanto, con el respaldo de los mexicanos.
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Mundo Nuestro. Julie Wark y Daniel Raventós han escrito en la revisa Sin Permiso esta breve semblanza de la desigualdad en España. Su texto ayuda a entender lo que ocurre en México.

Nuestro amigo Jordi es un hombre encantador que trabaja mucho. Llegado su cumpleaños, necesitaba un descanso. Con su compañera decidieron pasar un fin de semana en su playa preferida de Sant Martí d’Empúries, en la Costa Brava. Pero no... El problema con los sitios bellos es que los multimillonarios pueden decidir invadirlos para su uso exclusivo, cerrarlos por "motivos de seguridad", prohibir la prensa y hacerlo todo en secreto. El hermano pequeño de Elon Musk, Kimbala, decidió casarse con una "activista ambiental", Christiana Wyly, en las ruinas de Sant Martí d’Empúries, justamente cuando Jordi quería tener sus pequeñas vacaciones. Los invitados, dicen, incluían los Obama, Will Smith y Salma Hayek.

¿Cómo es posible que unos ricos puedan cerrar un pueblo o un lugar público en Cataluña? El alcalde (socialista, [sic]) del municipio responsable, la Escala, no quiere comentarlo. La Conselleria pertinente de la Generalitat de Cataluña alegó "motivos de seguridad". En la prensa parece interesarle más la comida ecológica que devoraron los invitados.

Los ricos están creciendo en el mundo desde la crisis que estalló en 2007. Capgemini ha editado su informe anual que lo detalla. Es un informe entre muchos para elegir que lo constatan. Concretemos: en el Reino de España los ricos crecieron proporcionalmente más que en el resto de Europa y del mundo. Estamos hablando de 560.000 millones de euros que acumulan algo más de 224.000 personas. Aunque las diferencias de fortuna entre estos ricachones son lógicamente muy grandes, la cantidad media es de 2.500.000 euros por persona. Algo nada despreciable. Según el IRPF, una persona que cobre más de 55.000 euros anuales brutos ¡forma parte del 5% más rico de la población! ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Si no, deberían hacer un esfuerzo. Porque se trata de una muestra empírica espectacular de la gran evasión y fraude fiscales que realizan los muy ricos. 224.000 personas supone el 0,48% de la población del Reino de España. Para hacernos una proporción: el gasto en pensiones es de 139.000 millones, y el pago por prestaciones al desempleo es de poco más de 17.400 millones, es decir, un 25% y un 3,1% respectivamente de lo que acumulan este 0,48% (menos de la mitad del "mítico" 1%) de la población del Estado. Estamos hablando de cantidades y proporciones muy grandes.

Los ricos, o más precisamente este 0,48% más rico de la población, han casi duplicado la cantidad acumulada desde el inicio de la crisis. En claro contraste, las condiciones de buena parte de la población no rica son mucho peores en el mismo intervalo. Actualmente, estadísticas 'dixit', la gran mayoría no rica de la población vive peor que hace 10 años.

La existencia de grandes fortunas se acostumbra a justificar por el hecho de que introducen todo tipo de innovaciones o aportaciones beneficiosas a la sociedad: los peritos en legitimación dicen que por su iniciativa, su ingenio, su creatividad o capacidad de innovación, realizan grandes aportaciones a la sociedad que cambian la vida de muchas personas.

Los hechos se alejan bastante de este mantra. La actual élite de los superricos está compuesta mayoritariamente por ejecutivos de la empresa y las finanzas, que representan alrededor del 60% del 0,1% de los que más ganan. Y esta colosal riqueza se debe, más que a la innovación o las aportaciones a la sociedad, a la "búsqueda de rentas" o, más exactamente, lo que en economía se conoce como "rentismo parasitario". La "búsqueda de rentas" no produce riqueza añadida y es un mecanismo por el que la renta simplemente cambia de manos. Se puede realizar el cambio de manos de las rentas mediante leyes, por las facilidades concedidas por los gobiernos, etc. Los ricos han captado muchas rentas de la mayoría de la población gracias a las legislaciones que han conseguido imponer mediante, aunque no de manera única, los muchísimos intrigantes a sueldo de las multinacionales que actúan cerca de los legisladores para este fin. El sector de la banca dedica alrededor de 1.200 millones de euros (conocidos) al año y un ejército de 1.700 personas a presionar a los legisladores de la UE en Bruselas para velar por sus intereses.

Y esto afecta a la libertad de la gran mayoría. En Empúries, un espacio público se cerró porque los multimillonarios pudieran disfrutar de las ruinas, excelentes comidas y lo que les apeteciera, sin ser molestados por la 'canalla'. Jordi no pudo ir a Sant Martí porque la fiesta de unos ricos lo impidió. Su libertad quedó tocada. Y eso desgraciadamente sólo es una anécdota. La plutocracia de los superricos viola la libertad de todos cada día, mediante sus conexiones con los gobiernos para regular los mercados pro domo sua, por todo el mundo. Y mucha gente los admira.



Julie Wark es autora del “Manifiesto de derechos humanos” (Barataria, 2011) y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso. En enero de 2018 se publicó su último libro, “Against Charity” (Counterpunch, 2018), en colaboración con Daniel Raventós.
Daniel Raventós es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, "Against Charity" (Counterpunch, 2018).

(Ilustración de Jonathan Rosas, tomada de Revista Nexos)

El debate del pasado domingo 20 no modificará sustancialmente las preferencias electorales, según lo han destacado diversos analistas y medios de comunicación. El candidato que encabeza las encuestas lo seguirá haciendo con variaciones menores. Tanto Anaya como Meade y Rodríguez pensaron que la mejor estrategia sería la descalificación y el insulto. De esta manera, lo que parecía un ejercicio más interesante en su primera parte decayó en la segunda por el intercambio de agresiones sin mayor sentido ni interés para los electores.

Los temas a discusión, particularmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los migrantes y la relación con el presidente de Estados Unidos son cuestiones de urgente y gran trascendencia para el futuro inmediato del país. Después del problema de la violencia probablemente no hay otro de la misma importancia. La relación con nuestro vecino pasa por un momento particularmente crítico en el que predomina una gran incertidumbre. Y ello se debe a la existencia de varios actores y a la división de opiniones e intereses en casi todos los temas involucrados.



Tomemos el caso de la renegociación del Tratado. En estos momentos, las pláticas están suspendidas y nadie sabe si van a continuar y bajo qué condiciones. Después de que el líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, pusiera una fecha fatal para concluir la revisión del acuerdo comercial, misma que no se cumplió, las opciones posible son tres: una, que las conversaciones se reanuden y se llegue a un acuerdo a principios de junio; dos, que reinicien después de julio una vez que se hayan conocido los resultados de las elecciones mexicanas; y tres, que de plano se vayan hasta el próximo año, con posterioridad a los comicios de noviembre en Estados Unidos. El problema es que, en los dos últimos casos, el presidente Trump pudiera decidir súbitamente retirarse unilateralmente del Acuerdo y con ello provocar un shock económico que impactaría sobre todo a nuestro país. Muchos analistas piensan que eso no va a suceder, pero tampoco pueden afirmar cuál escenario es el más viable. Es decir, hay un consenso: lo más seguro es que quién sabe…

Y es que la negociación está atorada no sólo por las próximas elecciones en ambos países sino también por la división dentro del Partido Republicano; entre éste y el Partido Demócrata; entre los sindicatos y el movimiento progresista frente a los republicanos más conservadores; entre las grandes corporaciones exportadoras y Trump; entre la posición de Canadá y la del gobierno de México con la de Trump; y hasta entre el representante del presidente, Lightheizer y su jefe. Cada actor tiene diferentes opiniones sobre temas importantes, lo que ha impedido un acuerdo. Éstos son, según el jefe de la representación de Washington, los siguientes:

Propiedad intelectual –acceso y restricciones al comercio de productos agrícolas-energía-las reglas que tienen que ver con los asuntos laborales y el origen de los insumos sobre todo en la industria automotriz-el ISDS, es decir, el mecanismo de solución de controversias entre los países que forman el TLCAN-la cláusula “sunset” (que lo revisaría cada cinco años). “Y mucho más” (sic).

Mnuchin, el secretario del Tesoro de EU, señaló apenas el domingo que las negociaciones podrían irse hasta el próximo año pero al otro día, para arrojar más dudas sobre el asunto, dijo que podría considerarse también una revisión “flaca” y rápida que no tuviera que pasar por el Congreso. Si Trump confirma el primer escenario todos podremos tomar un respiro por unos meses. Mientras, se verá que ocurre en las elecciones de ambos países y los mercados financieros se tranquilizarán dejando de sacudir el peso, el cual recuperará algunos puntos de su valor frente al dólar. Se verá también que la verdadera causa de la inestabilidad de hace unos días provenía de la mesa del TLCAN y no de la posible elección de López Obrador. El gobierno de Peña Nieto quedaría prácticamente fuera de la negociación y tocará al presidente electo tomar del rumbo de un proceso que se ha vuelto un “scramble” como lo llamó el Financial Times. Más exactamente, un desmadre.

Si en cambio EU se decidiera por una revisión light, y los otros dos países lo aceptaran, el resultado sería probablemente adverso para México, aunque también retornaría la calma en las transacciones financieras.



En el debate del domingo todos los candidatos hablaron de exigir más respeto a Trump, de un pacto comercial que convenga a México, y de defender a los migrantes, pero no abundaron mucho en todo lo que esto significa. Quizás AMLO fue más específico al afirmar tres cuestiones básicas: que está de acuerdo en aumentar los salarios; que pondrá el tema de los migrantes en la discusión del Tratado; y que México tendrá que fortalecer la economía interna para depender menos de Estados Unidos.

En lo que se refiere a los salarios, se ha dicho que la propuesta de Lighthizer consiste en que al menos un 45% del valor de un auto armado en México debe ser producido por trabajadores que ganen 16 dólares por hora, es decir aproximadamente 2 mil 400 pesos diarios, 72 mil pesos al mes. Está muy bien coincidir en un aumento de los salarios, pero esta cantidad parece muy complicada de lograr por lo menos en el corto plazo. ¿Cuál podría o debería ser la posición exacta de los negociadores mexicanos del próximo presidente electo en torno a esta cifra?

Hay que decir que incluso si México aceptara algo parecido, eso no significaría que el asunto está resuelto pues la mayoría de los congresistas republicanos y probablemente otra, quizás minoritaria, de los demócratas, no estarían de acuerdo y votarían en contra. Trump mismo podría cambiar de parecer, pues no sería sorprendente que esté usando el tema salarial como pieza de cambio para obtener otras concesiones.



Por otro lado, meter el asunto de los migrantes centroamericanos y mexicanos en la agenda de un nuevo TLCAN puede sonar interesante, pero Trump mismo lo ha considerado, pensando que puede favorecerlo. Sin duda, haría más compleja una negociación ya muy enredada y podría elevar la presión para que México contenga el tránsito de personas que vienen de Centroamérica y de nuestro propio territorio. Aun así, el futuro gobierno de AMLO no puede descartar esta opción. Discutir el tema de los migrantes fuera de la mesa del Tratado parece también poco recomendable, pues no sería tomada en serio. Dejar las cosas como están no arreglaría nada y empeoraría la situación. ¿Qué hacer entonces, además de convertir los consulados en “algo así como” (¿?) procuradurías de defensa de los migrantes? Hasta donde se puede ver, el posible cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso estadunidense después de noviembre podría ayudar a encontrar una salida. Pero si los candidatos del Partido Republicano vuelven a ganar, el próximo gobierno mexicano tendrá que hacer uso de una gran imaginación para administrar un conflicto muy grave y sin márgenes de solución a la mano.

Sobre el cambio de rumbo económico y fortalecer la producción y el mercado interno, debe subrayarse que se trata de una transformación que sólo puede lograrse en el mediano-largo plazo. Y que requeriría de medidas profundas como el aumento sustancial de la inversión pública, planes regionales, mejoras salariales y laborales generalizadas y creo que, necesariamente, una reforma fiscal, cosa que AMLO y su equipo han rechazado.

En este mar de confusión, no se puede descartar que el próximo presidente de México encuentre un asunto irresuelto, el TLCAN, tan grande como un elefante, sentado en su despacho. Por lo pronto, los candidatos le han dado la vuelta, viéndolo de lejos y tratando de no tropezarse con él discursivamente. Después del 1º de julio, al presidente electo le quedará claro que un animal de esa talla no puede ignorarse ni echarse por la ventana. Tendrá que encontrar una solución para sacarlo de ahí, y dedicarse, con menos presiones, a otros asuntos tan graves como parar la violencia que nos horroriza todos los días.