Medio Ambiente

Mundo Nuestro. El siguiente es el comunicado dado a conocer este martes por la organización civil Dale la Cara al Atoyc en respuesta al anuncio del gobernador del estado de Puebla, Tony Gali, de que el gobierno invertirá 200 millones de pesos en un sistema de barcos para la limpieza del lago de Valsequillo.

LA CONTAMINACIÓN DEL LAGO DE VALSEQUILLO ES CONSECUENCIA, NO EL ORIGEN DEL PROBLEMA

Derivado del análisis e investigación de múltiples estudios de casos de éxito en el rescate de Cuencas hídricas y cuerpos de agua nacionales e internacionales, así como de haber sostenido múltiples reuniones de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales, con académicos de las más prestigiadas universidades y organismos autónomos, en Dale la Cara al Atoyac estamos convencidos de que la mejor manera de sanear, fortalecer y cuidar una cuenca como la del Alto Atoyac que no solo nutre a la presa de Valsequillo sino que se usa para riego a lo largo de su recorrido, es a través de un plan integral hídrico de regeneración de cuenca.



En múltiples ocasiones, durante ruedas de prensa, en reuniones con autoridades actuales y con candidatos a diversos puestos de elección popular, hemos manifestado que:

• Es fundamental un plan de ordenamiento territorial de toda la cuenca



• Recuperar los bosques, nuestras fábricas de agua, con reforestaciones estructuradas a largo plazo con una taza de supervivencia que por el cuidado constante de los árboles supere el 80%

• Fortalecer políticas públicas claras del aprovechamiento del agua

• Fortalecer. un cuerpo de inspectores y sancionar a los infractores • Crear un organismo operador inter-municipal • Declarar la Rivera del Río Atoyac como área natural protegida

Dale la Cara ha sido portavoz de las recomendaciones para la regeneración de la cuenca aporatadas por los expertos en el tema, y por eso externamos nuestra preocupación respecto a que a unos meses de terminar la actual administración pública, se decida invertir en un proyecto que aunque tenga la intención de detonar el turismo, no está debidamente enfocado al rescate de un cuerpo de agua tan contaminado como el Atoyac. Una inversión de 200 millones de pesos podría fortalecer puntos medulares del rescate de nuestro río y cuenca y no sólo la limpieza de una zona de forma aislada y temporal, tratando de remediar el daño sin involucrar en su costo a todos los responsables de su contaminación.

Respecto a los barcos anunciados por el gobernador Antonio Gali, éstos son parte de un sistema de limpieza del agua, que si bien ayudarían a contribuir con la limpieza superfcial del lago, no corrigen el daño que se hace a lo largo de la cuenca mediante los drenajes que se vierten directamente sobre el Atoyac y sus ríos tributarios sin cumplir con las NORMA DE LA DECLARATORIA ATOYAC XOCHIAC. El sistema de barcos es una herramienta de solución parcial que tritura el lirio e introduce ozono al agua superfcial. Si bien eso ayuda a mejorar su calidad, no corrige el problema de fondo. Es importante saber cuáles serás los mecanismos de mantenimiento, tener los costos de operación asegurados y qué institución gubernamental tendrá dicha responsabilidad.

Somos partidarios de embellecer el lago de Valsequillo para fortalecer el turismo, sin embargo, si se quiere lograr tener un lugar de recreación que involucre un cuerpo de agua como el Atoyac y el lago de Valsequillo, por múltiples motivos, principalmente de salud pública, debiera ser prioridad de las autoridades contar primero con una inversión en la limpieza y regularización de la zona, así como la revisión y modifcaciones pertinentes a la ley, antes de pensar en declarar el lago como un cuerpo de agua en el que se puede nadar y hacer deporte sin riesgo para la salud.

Finalmente, a cuatro meses de terminar una administración sería importante que las autoridades entrantes tuvieran la oportunidad de involucrarse en éste proyecto antes de que se destinaran 200 millones de pesos a un proyecto que requiere un acompañamiento presupuestal del nuevo gobierno a partir de diciembre de este año.

Dale la Cara al Atoyac ha generado a lo largo de los últimos 5 años una ruta crítica de trabajo tanto en inversión, como en tiempos a seguir para la limpieza de la Cuenca. Dicha ruta se compartió durante las campañas con los candidatos a la gubernatura y a las presidencias municipales. Es un documento consensuado con diversos actores que además es público.

Por lo anterior:

SOLICITAMOS A LAS AUTORIDADES EN TURNO Y ELECTAS REALIZAR LAS MESAS DE TRABAJO QUE SEAN NECESARIAS, INCLUYENDO A LA SOCIEDAD CIVIL ESPECIALIZADA, Y UNIVERSIDADES PARA VALORAR OPCIONES Y PRIORIDADES EN ESTE PROCESO DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO. UNA INVERSIÓN DE 200 MILLONES DE PESOS ES ALGO QUE NO DEBEMOS DESPERDICIAR EN COMBATIR EFECTOS EN LUGAR DEL ORIGEN DEL PROBLEMA.

Mundo Nuestro. En el marco de la polémica generada por los decretos presidenciales sobre reservas de agua presentamos la postura de la bióloga mexicana Julia Carabias. El texto fue tomade de la publicación La Crónica de Hoy.

La fotografía de portadilla es del biólogo Javier de la Maza y fue tomada del portal de Natura Mexicana.

Resulta lamentable que al final de la contienda electoral, cuando el tema ambiental había estado desdibujado, de repenteaparezca enredado en un debate lleno de confusiones y exabruptos a raíz de los diez decretos de reserva de agua que el Ejecutivo federal anunció el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio pasado). Con beligerancia asombrosa se ha asociado a este instrumento de gestión del agua para la conservación con la falsedad de su privatización. Reserva de agua, vedas y concesiones son tres instrumentos diferentes, cada uno con su propio propósito y normatividad.



Ante la desinformación, el desconocimiento del público en general de cómo se administra el agua, lo novedoso del instrumento y lo sensible del tema, ocurrió la combinación perfecta para politizar y convertir a los recientes decretos de reserva de agua en un ataque al gobierno, desvirtuando su importancia ambiental y social.

La finalidad de estas reservas es, como su nombre lo indica, reservar agua para consumo humano y para los ecosistemas naturales, es decir, para garantizar que el ciclo hidrológico no se altere por la sobreexplotación de los cuerpos de agua. Las reservas de agua son garantía de que todos los habitantes de una cuenca, ejidos, comunidades, ciudades, así como los ecosistemas naturales y su biodiversidad, dispongan de agua para siempre al garantizar el funcionamiento del sistema hidrológico natural. Para ello es necesario definir y proteger el caudal ecológico que fluye por las cuencas.

Las concesiones se otorgan a personas físicas o morales para el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por la Comisión Nacional del Agua. En muchas ocasiones se han concesionado volúmenes de aguas superficiales hasta por el cien por ciento, o más, del escurrimiento medio anual histórico, lo que lleva a la situación de sobreexplotación de cuerpos de agua que padecemos en buena parte del país.

Las vedas son el instrumento que prohíbe el aprovechamiento del agua en un sitio determinado debido al deterioro de los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Bajo la legislación anterior a la Ley de Aguas Nacionales vigente, las vedas se utilizaron para apartar agua mientras se elaboraban los estudios técnicos necesarios para aprovechamientos potenciales hidráulicos como presas o distritos de riego. No tenían una base técnica para el sustento ecológico ni se establecían mediante un balance hidrológico.

Una reserva de agua no tiene que ver con la concesión y no es excluyente de la veda. Para decretar una reserva de agua en una cuenca que está vedada debe primero levantarse la veda, establecer el volumen de agua necesario para la conservación y para el consumo humano que surge de un estudio técnico realizado por expertos, y luego, si la cuenca presenta cuerpos de agua sobreexplotados se puede decretar nuevamente una veda en esos sitios. Si del balance hídrico se demuestra que queda agua disponible para otros usos, ésta puede ser concesionada mediante la aplicación de la normatividad correspondiente. El argumento de que las reservas de agua se decretaron para privatizarla carece de fundamento.



Desde 2010 México estableció el Programa Nacional de Reservas de Agua (PNRA). En el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 se incluyó el compromiso de decretar 189 reservas de agua, al igual que en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 y el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. No es una sorpresa; nadie las criticó en su momento y los trabajos marcharon.

El PNRA inició con una fase piloto en 43 cuencas de los ríos San Pedro Mezquital, Copalita-Zimatán-Huatulco, Pánuco, Papaloapan y la zona de Chamela. En 2014 se decretó la primera reserva de agua en la cuenca del río San Pedro Mezquital, la segunda fue la del Fuerte (2017) y la tercera la del río Coatzacoalcos (marzo 2018). Este último no estaba vedado.

Los diez nuevos decretos de reservas de agua aunados a los tres decretados anteriormente (incluyen 295 cuencas) eliminan en un mismo acto jurídico las vedas existentes (108 cuencas estaban vedadas), aseguran el volumen necesario para la sustentabilidad hidrológica (caudal ecológico) y, en algunos casos, restablecen algunas vedas en los sitios que aún están sobreexplotados (por ejemplo, en el río Pánuco). Hay que aclarar que las vedas de la mayoría de estas cuencas se habían establecido en los años cincuenta o antes, y el propósito principal era apartar agua para posibles obras hidráulicas; algunas se hicieron y otras se desecharon. Aunque el motivo de las vedas, en muchos casos, era ya obsoleto, nunca se levantaron.

En conjunto, las diez reservas de agua recientemente decretadas protegen 80 por ciento del caudal de agua actualmente disponible en estas cuencas. Resulta paradójico que las vedas que hoy tanto se defienden por algunos grupos solo protegían 14 por ciento del volumen que actualmente protegen los diez decretos. En ninguno de estos decretos se reserva agua para uso hidroeléctrico.

Sin embargo, hay que reconocer que estos datos globales no ayudan a entender la situación de cada cuenca, ya que algunas son muy caudalosas y otras no. Por ejemplo, la reserva del agua de la cuenca del Usumacinta protege 93 por ciento del volumen, con lo cual se garantiza que el agua de esta fundamental cuenca (que junto con la de Grijalva aporta casi 30 por ciento del agua dulce del país) quede protegida para la población humana, presente y futura, y para los ecosistemas altamente diversos de la región. En la cuenca del Papaloapan que no estaba vedada ahora se protege 74 por ciento de su caudal.

En otras cuencas incluidas en estos decretos, una vez asegurado el caudal ecológico de la reserva de agua, sí es cierto que quedó disponible agua para su aprovechamiento. Algunos de estos sobrantes son volúmenes muy escasos, aunque otros muy significativos. Es precisamente en estas cuencas en donde se debe poner la mayor atención en los pasos a seguir.

La presente administración ya declaró que no va a otorgar ninguna nueva concesión en el resto del año. Tocará entonces al siguiente gobierno atender esta gestión: establecer un mecanismo transparente, que evite el acaparamiento y garantice agua para todos los núcleos agrarios y para la población urbana, así como para el uso sustentable.

Debemos insistir en la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Entre muchos temas pendientes, el sistema de concesiones debe transformarse para que sea transparente y con rendición de cuentas; que se rija bajo los principios constitucionales de los derechos humanos a un medio ambiente sano y al acceso al agua de calidad y en cantidad suficiente; que garantice la equidad; establezca el caudal ecológico en todo el país y destine el agua a usos amigables con el medio ambiente para no comprometer la seguridad hídrica.

Por todo esto, es una irresponsabilidad desvirtuar la importancia de las reservas del agua que son una respuesta moderna, con criterios ambientales, a uno de los problemas más serios ambientales, sociales y económicos de nuestro país: la sobreexplotación del agua. Es una obligación del Estado proteger el agua para la población y para los ecosistemas naturales y establecer las provisiones necesarias para el futuro, garantizando efectivamente agua para todos y para siempre; las reservas del agua contribuyen a esta meta.

Vida y milagros

El agua en México ha sido declarado tema de seguridad nacional. Sin embargo en ninguno de los tres niveles de gobierno se ha honrado esta declaración con un presupuesto poderoso. Los recortes que se han hecho al capítulo mil, que es con el que se pagan los sueldos y salarios de quienes aplican el marco normativo del agua se ha disminuido año con año. Se ha recortado el gasto de la federación, y en estados como el de Puebla, el rubro llegó a ser casi de cero. Un gravísimo error estratégico. Ni que decir de los ayuntamientos, responsables de dotar de agua potable a sus gobernados. La mayoría carecen del mínimo personal e infraestructura para gestionar el agua y su tratamiento, aunque el artículo 115 Constitucional les da esa atribución.

En la revista Nexos de Julio de 2017 se abordó el tema de la gestión hídrica del país en Vida y Muerte del Agua, https://www.nexos.com.mx. En diferentes ensayos se explica la manera en que se encuentran minadas las instituciones del agua y también la necesidad de llevar a cabo toda una reingeniería de su gestión. Mientras la población de México se ha duplicado en 30 años, las vedas existentes sobre el agua tienen a muchísimas poblaciones abasteciéndose de pipas, la forma privada más cara de abastecimiento. Solo en la zona metropolitana de Puebla, una sola persona usa de manera ilegal pozos agrícolas para cargar las más de mil pipas de su monopolio. Municipios como Amozoc o muchas colonias marginadas de la metrópoli se mueren de sed y se abastecen así. La ilegalidad y la clandestinidad en el manejo de pozos han llegado a ser gigantesca e incontrolable. A los gobernantes suele regirlos la inmediatez y buscan como moscas a la miel los éxitos inmediatos, el largo plazo rara vez está en el radar. Cuando eso suceda deberíamos de reconocerlo y apoyarlo.



El tema de la semana ha sido la satanización de los decretos que firmara el Presidente Peña el día mundial del medio ambiente para cancelar vedas decretadas hace 40 o 50 años. No son los decretos y las leyes los que están mal, sino la debilidad presupuestal de las instituciones encargadas de aplicar toda la normatividad que tiene que ver con la gestión hídrica. Una medida necesaria sería enfocar a CONAGUA al área normativa y delegar la inspección a PROFEPA. Hoy CONAGUA es juez y parte en todo el proceso.

Con respecto a los decretos, Andrés Manuel ha dicho que de ganar, los derogará. Creo que no los han interpretado bien sus asesores y por lo mismo la declaración de derogarlos me parece simplista. Hay vedas que tienen más de 50 años y que dada la necesidad de cubrir la demanda de agua potable de la creciente población requieren levantarse, o se extraerá el agua desde la clandestinidad o irregularidad, el peor de los mundos. No es fácil entender este lío.

(La escasez de agua en Iztapalapa, en la ciudad de México. Foto de La Jornada)



Leí un artículo del Doctor en ciencias por la UNAM, Víctor Florencio Ramírez, especialista en gestión ambiental, recursos naturales, cambio climático y energías sustentables. En palabras muy sencillas explica por qué los decretos son necesarios y en qué estriba el valor de esta decisión. Con su autorización copio textual lo que él publicó en el diario https//24horas.com/2018 en su artículo "El mito grandioso de la privatización del agua"

Si algo le ha fallado a la presente administración federal y algún acierto ha tenido la oposición, ha sido el tema de la comunicación. El asunto de la supuesta privatización del agua no fue la excepción.

El cinco de junio el presidente Peña, en medio de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, llevó a cabo un cambio que se puedo aplicar conforme a derecho desde hace casi tres décadas: generar reservas de agua.

Varias cuencas en México estaban vedadas y no se podía usar su agua. Sin embargo la veda es restricción prácticamente total y evita, legalmente hablando, cualquier uso. Se decretaron cambios en la forma de regular para pasar de veda a reservas. Estas reservas significan algo clave, restricciones de uso que garanticen que en las cuencas haya agua suficiente para consumo humano y para garantizar la viabilidad de los ecosistemas que dependen de la cuenca.

Pasar de vedas a reservas no es fácil, requiere de una serie de estudios técnicos que permitan determinar el caudal mínimo para garantizar la conservación de los ecosistemas. Por eso en el cuerpo de los decretos se citan estudios y decretos de Áreas Naturales Protegidas en diversas categorías.

La medida moderniza las formas de manejo y administración del agua, garantiza la viabilidad de los ecosistemas y permite otras actividades que en muchos casos son necesarias para que las poblaciones que están alrededor de esas cuencas puedan salir de la pobreza.

¿Qué cierto caudal de la cuenca podrá ser concesionado? Sí, pero siempre se deberá mantener el caudal mínimo decretado en la propia reserva.

¿Que podrán usarla empresas extranjeras? Si, igual que nacionales, que comunidades, que ejidos y que cualquiera que requiera el agua para alguno de los fines que la ley prevé y que respete los decretos que regulan cada cuenca.

Ahora, todos estos actos están regulados en la Ley de Aguas Nacionales, donde está claro que la prioridad en el uso del agua es el Uso Doméstico y el Público urbano, y después, y solo una vez cumplido esto, se pueden otorgar otro tipo de concesiones (Artículo 14 BIS 5, Fracción XXII de la Ley)

Voy más allá, pues algunas de las acusaciones afirman que se concesionará el servicio público. ¿Es malo esto? No necesariamente. El gobierno del entonces Distrito Federal concesionó a principios de la década pasada el servicio público de agua con pésimos resultados. (Nota mía: Está concesionado el cobro desde la administración de Andrés Manuel y eso ha funcionado) En algunas ciudades como Aguascalientes, Cancún o Saltillo concesionaron el servicio, mejorando la eficiencia, disminuyendo pérdidas y garantizando la calidad en el saneamiento. Hay ejemplos de concesiones con buenos o malos resultados en todos lados. (Nota mía: las gestiones públicas del agua pueden ser muy buenas, como la de Monterrey, o pésimas, como lo fue por años la de la ciudad de Puebla, que hoy transita en una concesión cuya debilidad mayor es su opacidad).

Lo imperdonable no es abrir espacios a concesiones, sino limitar el acceso al agua a quien la necesite. Por ejemplo, las zonas de la ciudad de México donde los habitantes pagan más por el agua no son la zona de mayores ingresos, sino zonas como "El Capulín". En este asentamiento irregular en la zona cerril de Xochimilco, por 500 litros de agua de una pipa, pagan en promedio 500 pesos. Si adquieren una pipa a la semana, pagarían dos mil pesos al mes. En Aguascalientes, una familia con acceso a agua, saneamiento y servicio 24/7 paga al mes por 10 mil litros desde 83 hasta 319 pesos. Aún con el pago máximo, el agua sería 97% más barata que en las condiciones de "El Capulín".

Lo otro que no es ético es el uso político que se le da al tema. En este caso es como lanzar un boomerang que terminará por regresar y estrellarse en la cara. El desarrollo agrícola o industrial de las cuencas requiere de agua. Quien promueva el desarrollo de las cuencas y ataque los decretos con el argumento de la privatización está bloqueando los proyectos regionales de desarrollo social. ¿Lo tendrán claro?

Resultado de imagen para agua veda decretos de reserva de agua

Hasta ahí el artículo de Víctor Florencio. Creo que el problema no está en los decretos y las leyes sino en su aplicación. Las instituciones del agua en México se han debilitado al extremo. Derogar decretos y dejar que las cosas sigan como están sería un grave error de cálculo. No hay agua más cara que la que llega en una pipa, por cierto, de particulares, que toman agua de pozos clandestinos o destinados a otros usos. Lo importante será fortalecer a las instituciones de los tres niveles de gobierno y lograr la armonización presupuestal de manera que la rectoría del estado sobre el agua sea poderosa y eficaz y no letra muerta.

La priorización del gasto público para fortalecer las instituciones de gestión del agua será un reto mayúsculo para el gobierno federal entrante, que como todo parece indicar, no será priísta. Construir es muy complicado, derogar y desbaratar es fácil. Los decretos se hicieron con cuidado y paciencia y con la participación de lo mejor de la academia. Si van a derogar, ojalá nos digan qué piensan hacer después de derogar, en cuánto tiempo y cómo van a dotar de agua a las comunidades que no tienen acceso a ella. Que nos digan cómo piensan meter al aro a los gobernadores y presidentes municipales débiles o irresponsables para los que el tema del agua ha sido un tema desechable y menor.

Dos de Julio de 2018, bienvenidos nuevos gobernantes a la realidad de los retos y secretos del agua.

Mundo Nuestro. El siguiente es el comunicado dado a conocer por la organización internacional World Wild Foundation sobre el tema de los Decretos de Reserva de Agua firmados por el gobierno de México el pasado 5 de junio.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó diez decretos que establecen reservas de agua que garantizan la disponibilidad de este recurso para la población y la naturaleza durante los próximos 50 años.

Los decretos protegen de la sobrexplotación a las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

Estos decretos se suman a los emitidos en los ríos San Pedro Mezquital(2014), Fuerte(2016) y Coatzacoalcos (2018), con lo que en total quedarán cubiertas cerca de 300 cuencas de las 756 del país, en 20 estados y representan la protección del 55% del volumen de agua superficial a nivel nacional.

El anuncio del Presidente tuvo lugar en la Ciudad de México, donde estuvo acompañado del Secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano; el Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Roberto Ramírez de la Parra; el Director General de WWF México, Jorge Rickards; y el Presidente y CEO de WWF Estados Unidos, Carter Roberts.

“Estos decretos representan una visión de futuro ya que plantean un camino sustentable para estas cuencas, que evitará la grave sobrexplotación, contaminación y escasez que vivimos en otros muchos ríos del país”, dijo Jorge Rickards, Director General de WWF México.

La reserva es un volumen de agua en una cuenca destinado exclusivamente para protección de la naturaleza y consumo humano. Su determinación estuvo a cargo de equipos multidisciplinarios, coordinados por WWF y la CONAGUA, que definen la cantidad de agua que requieren la flora y la fauna y el crecimiento de la población en los próximos 50 años, respetando los usos del agua para actividades productivas actuales y aquellas que se desarrollarán en el futuro de manera sustentable.

Las reservas de agua fortalecen la estrategia nacional sobre biodiversidad, ya que con estos decretos se protegen 82 Áreas Naturales Protegidas (ANP), las cuales comprenden 175,230 km2,y 64 humedales de importancia internacional o sitios Ramsar (47,000 km2), además de cuatro de los últimos cinco ríos que fluyen libremente en el país - el Usumacinta, San Pedro Mezquital, Papaloapan y Pánuco-, lo que asegura el transporte de sedimentos y especies, y representa la conservación de los últimos ecosistemas ribereños en buen estado que conectan las montañas con el mar.

En el río Usumacinta, el más caudaloso y el de mayor biodiversidad de México y Centroamérica, ubicado entre los 30 ríos más grandes del mundo, la reserva representa más del 90% del agua superficial, fortalece 15 ANP que cubren el 69% de la superficie de la cuenca y dos decretos de protección; el primero de 1978 que promueve un uso sustentable de los recursos forestales y otro de 2016 que prohíbe la exploración y extracción de hidrocarburos. Simultáneamente, la reserva de agua protege actividades productivas importantes para los habitantes de la cuenca, como la acuicultura, la agricultura de temporal y el turismo.

“Las reservas de agua son importantes porque aseguran agua para la naturaleza y para el consumo humano. Desde Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, hasta California, las comunidades están sufriendo cuando las cuencas se secan”, afirmó Carter Roberts, Presidente y CEO de WWF Estados Unidos. “La red de reservas de agua de México es un modelo a seguir por otros países que buscan asegurar sus propias cuencas antes de que sea demasiado tarde”.

“Son un gran ejemplo de las políticas públicas innovadoras que requerimos a nivel global: acciones en perfecto alineamiento con la Agenda de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo, así como con el Acuerdo de París contra el cambio climático”, afirmó Roberto Troya, Director de WWF en América Latina y el Caribe, quien destacó la relevancia para esta región y señaló que WWF y el BID ya trabajan en Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia para seguir el camino trazado por México.

“Estas nuevas reservas de agua transformarán el manejo del agua en México, garantizando el recurso no solo para millones de personas, sino también para el ambiente. Es un gran logro para el país y para la sociedad, las comunidades rurales e indígenas, universidades, centros de investigación y los gobiernos municipales, estatales y el Gobierno Federal, además de ser el mejor reconocimiento al trabajo que desde 2005 vienen realizando la CONAGUA y WWF con el invaluable apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros importantes donantes”, agregó Rickards.



Análisis inicial de los Decretos de Reservas del Agua para Uso público-urbano, ambiental y generación de energía eléctrica

Va un análisis preliminar de los Decretos de Reservas del Agua--los 10 publicados el 6 junio de 2018, más unos que fueron publicados con anterioridad. Por lo menos uno más (Tamaulipas, SLP) está en proceso, en Cofemer.



Estos decretos van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbano.

Estosdecretos nos exigen redoblar nuestros esfuerzos por lograr una Ley General de Aguas que:

  • Cuestione el sistema de concesiones en su totalidad, por ser violatorio a las reformas a los art 1, 2 y 4,posteriores a la Ley de Aguas Nacionales que lo creó... remplazándolo con un sistema que solo asignará los volúmenes ecológicamente aprovechables, reconociendo en primer lugar los derechos de los pueblos indígenas a la administración de sus aguas, así como los volúmenes requeridos para uso personal-doméstico y servicios públicos para asegurar el acceso equitativo en torno al derecho humano al agua; asegurando acceso al agua para los productores sociales para la soberanía alimentaria.
  • Siente las bases para la verdadera participación ciudadana y de los pueblos, a través de la construcción y reconocimiento de instancias vinculantes, poniendo fin a el ejercicio discrecional de la conagua a favor de "los intereses".



Observaciones:

  1. Los Decretos de Reserva quitan las vedas(último vestigio del modelo anterior de gestión del agua, en manos del Estado en vez del mercado) para extender la lógica del sistema de concesiones impuesto en México a través de la Ley de Aguas Nacionales (1992) como pre-condicion para entrar en el TLCAN--por encima y en desconocimiento de la multitud de formas de tenencia del agua y pertenencia al agua-territorio existentes en el país (Ni siquiera los EEUU maneja sus aguas a través de un sistema único de concesiones.) Aunque las vedas han sido violadas sistemáticamente por la Conagua a lo largo de sus 29 años de existencia, las empresas trasnacionales requieren de concesiones con seguridad jurídica, lo cual requiere formalmente eliminar las vedas.

  1. Aunque están siendo promovidos como una medida de protección al ambiente, incluyen reservas para uso urbano, y en algunos, para la generación de energía eléctrica(en San Pedro Mezquital reservan 2000 millones m3/año para CFE para este uso (ahí es donde se ha estado buscando construir la Presa Las Cruces que afectaría el pueblo Nayeri) y solo un poco más de 300 para uso ambiental.)

  1. Los decretos se basan en la Ley de Aguas Nacionales, la cual, según el 3er transitorio de la reforma al 4o Artículo Constitucional, tendría que haber sido reemplazada en febrero 2013, con una ley centrada en el derecho humano al agua, la cual "sentaría las bases" para la participación de la ciudadanía junto con los tres niveles de gobierno para la consecución del "acceso y uso equitativo y sustentable" del agua.

  1. Los decretos extinguen los derechos al agua de los núcleos agrarios que no fueron renovados a tiempo. Todos los decretos contienen este lenguaje: "Las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, serán reconocidas siempre que el título esté vigente...". En este momento, hay 50 mil concesiones "caducadas" en el país--principalmente de ejidos, comunidades y pueblos, que no se imaginaban que sus derechos al agua tendrían que renovarse. (La Ley de Aguas Nacionales los exigió registrar sus derechos al agua, reconocidos a través de sus dotaciones ejidales por decreto presidencial, en la forma de concesiones--6000 m3/año por cada hectárea, un proceso que duró toda la década de los 90--otorgando concesiones que caducaban en 10-20 años.) Lo más probable es que la Conagua los dejarán en posesión, ahora "clandestina," de sus fuentes... mientras "liberan" estos volúmenes para concesiones en firme a las mineras, petroleras que los están exigiendo.

  1. Los decretos no mencionan el derecho humano al agua, lo cual desde la reforma al 4o artículo el 8 febrero 2012, tendrá que estar en el centro de cualquier política hídrica.. Asignan volúmenes para el "uso público urbano" como si este uso fuera equivalente al derecho humano al agua. Sin embargo, el "uso público urbano" incluye a CUALQUIER uso al cual un organismo estatal o municipal quisiera concesionar o contratar sus aguas. En todo el país vemos que estos organismos priorizan a las embotelladoras (caso Constellation Brands en Mexicali), las industrias (Hermosillo, Querétaro...) y hasta la minería o el fracking (siendo el probable destino de los 15 m3/s del Pánuco todavía asignados al Estado de Nuevo León para Monterrey VI), dejando a las zonas populares a la deriva de las pipas y el tandeo.

6. Destinan las grandes asignaciones para "uso público urbano" a los gobiernos estatales, con vigencia a 50 años--cada decreto especifica los estados que deben solicitar estos volúmenes, sentando las bases para la privatización vía trasvases y el concesionamiento de servicios de agua y saneamiento.

Esto obedece al nuevo papel que se está dando a los gobernadores en la gestión del agua. Son los gobernadores de Puebla, Veracruz, Coahuila, Aguascalientes, Quintana Roo, Estado de México, Baja California y CdMx (estos tres últimos sin éxito---gracias a movilizaciones ciudadanas) que han promovido la privatización de los sistemas de agua en sus ciudades principales. Y son los gobernadores de Guerrero, Oaxaca, Sonora, Guanajuato, Nuevo León que han promovido los acueductos de trasvase hacia grandes zonas urbanas en sus estados (Acueducto Independencia, Monterrey VI, Zapotillo, Acueducto Centenario, 4a etapa Cutzamala), cada vez más a través de asociaciones público-privado. Como ejemplo, la Reserva del Agua de Grijalba-Usumacinta prevé más de 100 millones m3/año para Tuxtla Gutiérrez, adicionales a los que ya maneja--un volumen suficiente para proveer 120 lhd a más de 2.3 millones de habitantes adicionales (o para un gran desarrollo industrial).

La asignación de grandes volúmenes a las comisiones estatales del agua está convirtiendo nuestras aguas nacionales en "aguas estatales". De hecho, sin base en la Constitución ni en la LAN, la reciente ley de aguas de Edomex dota al gobierno estatal la facultad de otorgar concesiones, y crea un Registro Público de Derechos a Aguas Estatales...

La reasignación de agua hacia las zonas urbanas, a costa de los derechos de núcleos agrarios (en la forma de asignaciones y concesiones que las comunidades rurales no y asignaciones que ahora serán extinguidas), y en desconocimiento de derechos de pueblos indígenas, pone en riesgo el derecho humano al agua de las comunidades rurales.

La publicación de estos decretos en este momento, frente a la posibilidad de que la Presidencia de la República no quede en manos de los partidos que aprobaron las reformas estructurales, indica que hay una gran posibilidad de que se otorguen estas grandes asignaciones a los gobiernos estatales favorecidos en estos próximos meses.

  1. Permiten el otorgamiento de los volúmenes reservados a cualquier entidad eligible a ser titular de una asignación--esto incluye a cualquier entidad pública o paraestatal, como son CFE y PEMEX.

  1. Los decretos desconocen los derechos de los pueblos indígenas, empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Desconocen también su derecho a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios. En casi todo el país, las fuentes históricas del agua de los pueblos indígenas han sido registradas en nombre de los municipios o de las comisiones estatales. (Se puede checar en: http://app.conagua.gob.mx/repda.aspx, poniendo nombre del estado, y un poco después, del municipio en donde se ubican las fuentes a investigar. La info también está disponible en www.cartocritica.org.mx, mapa "Aguas Nacionales")

8. No contemplan ningún papel para la ciudadanía, en violación del 4o Artículo constitucional. Todo el poder sobre las reservas urbanas, ecológicas y para energía eléctrica estará en manos de la Conagua.

  1. Las reservas para uso ambiental, conservación ecológica o "caudal ecológico" se expresan en millones de m3/año,cuando es sabido que la protección de los ríos, las cuencas y sus ecosistemas depende más bien en su regimen de flujo. Cada decreto indica que las reservas para uso ambiental en una cuenca podrán ser concesionadas aguas abajo. En las exposiciones de motivos al inicio de cada decreto hablan de la necesidad de un aprovechamiento máximo de las aguas para el desarrollo económico... y ven como un desperdicio los volúmenes de agua que llegan al mar.

10. En varios de los decretos (p ej Decreto Río San Pedro Mezquital), el agua para conservación ecológico o uso ambiental se concesiona (una figura solo accesible por particulares; entidades públicas reciben "asignaciones") en vez de ser reservado en manos públicas. ¿Por qué manejar los volúmenes que requieren los ecosistemas a través de figuras excluyentes? ¿Cuáles particulares serán calificados para manejar un bien común en nombre de todos?

Mundo Nuestro. ¿Qué consecuencias tiene para la problemática del agua en México los decretos firmados a principios de junio por Enrique Peña Nieto?

En la interpretación que se ha dado en estos días vamos del cielo al infierno:

Para la World Wild Foundation, "los decretos representan una visión de futuro ya que plantean un camino sustentable para estas cuencas, que evitará la grave sobrexplotación, contaminación y escasez que vivimos en otros muchos ríos del país”, ha dicho Jorge Rickards, Director General en México.

Pero para la Coordinadora Nacional Agua para Todos "los decretos van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbano."



El gobierno federal, por su parte, niega que los decretos representen la privatización del agua y declara que "cualquier interpretación contraria solo busca desorientar y mal informar a la población."

Sobre cualquier cosa creemos que lo más importante ahora es reforzar el debate, convertir este tema en el más importante para el desarrollo estratégico de la sociedad mexicana.

En Mundo Nuestro consideramos que es obligado ir a fondo en el tema. De nada ayuda una versión superficial dado que lo que el país se juega es su viabilidad hídrica y por tanto su viabilidad como sociedad humana organizada que construye el bienestar colectivo desde la preservación del medio ambiente. Es un hecho que la dinámica de la economía capitalista fundada en la acumulación a toda costa en México nos tiene en el grado extremo de la degradación social y ambiental en la mayor parte del territorio. Es un modelo de crecimiento que ha probado su fracaso en el propósito de generar condiciones de bienestar colectivo. Al final, el Estado mexicano tiene en la gravedad extrema de la problemática del agua el mayor de sus retos. Reconocerlo y asimilarlo colectivamente, desde las instituciones públicas y desde la sociedad civil organizada es una obligación que va mucho más allá de cualquier discusión sobre el derrotero ideológico de los gobiernos.

Empezar entonces, por lo básico: leer, analizar, reflexionar y discutir con inteligencia y seriedad. Empezar, por ejemplo, por leer los llamados Decretos de Reserva de Agua, y partir por delimitar el hecho: los decretos convierten las zonas de veda —restricción de la explotación en concesiones— en zonas de reserva —la explotación, uso o aprovechamiento del agua desde el criterio de la "utilidad pública". Y por la lectura, adentrarnos en la realidad ambiental de un país que paso a paso ha puesto en jaque su biodiversidad y su viabilidad histórica con el pretexto antiguo del progreso. Veda o explotación, ¿somos conscientes del predicamento en el que nos jugamos el futuro?

El tema no es nada más para la preocupación de los juristas, los técnicos y los políticos. No lo es nada más tampoco para los activistas ambientales. Es un asunto que pone en las manos de todos la pregunta sobre el papel del Estado como organización humana frente a la naturaleza.



(Fotografía de portadilla tomada de CONABIO: "Mirilla a la eternidad", de María de Lourdes Marín Rodríguez)

Aquí los decretos firmados por Enrique Peña Nieto.

Los decretos de junio del 2018

Río San Pedro Mezquital

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/192933/DOF_20140915_RIOSANPREDRO_RH11_derogaci_n_de_vedas_y_Reservas.pdf

Río Fuerte

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/192934/DOF_201609235_RIOFUERTE_RH10_derogaci_n_de_vedas_y_Reservas.pdf

Coatzacoalcos

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5517108&fecha=23/03/2018

Río Actopan y Río La Antigua

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525357&fecha=06/06/2018&print=true

San Fernando-Soto La Marina

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525355&fecha=06/06/2018

Costa de Jalisco

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525359&fecha=06/06/2018

Pánuco

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525351&fecha=06/06/2018

Ameca

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525358&fecha=06/06/2018

Costa Grande de Guerrero

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525353&fecha=06/06/2018

Costa Chica de Guerrero

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525354&fecha=06/06/2018

Papaloapan

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525360&fecha=06/06/2018

Lerma-Santiago

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525352&fecha=06/06/2018

Grijalva-Usumacinta

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525361&fecha=06/06/2018

Mundo Nuestro. La siguiente es la postura de la Comisión Nacional del Agua sobre la polémica surgida en torno a los decretos de reserva de agua que Enrique Peña Nieto firmó el pasado 5 de junio y que han sido cuestionados por especialistas y organizaciones civiles ligadas a la defensa del derecho humano al agua y contra la legislación que favorece a las corporaciones mineras y petroleras en el país.

DECRETOS DE RESERVA DE AGUA NO PRIVATIZAN EL AGUA. GARANTIZAN EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE GENERACIONES FUTURAS DE MEXICANOS Y PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

Los diez Decretos de Reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años.



Con estos decretos, 295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas. Para decretar la reserva, se realizó un largo proceso donde participaron diferentes actores sociales, representados en los Consejos de Cuenca para poder hacer uso de la disponibilidad de agua ya existente en las cuencas involucradas y destinarla exclusivamente para la población y preservación del medio ambiente, como se establece en los decretos.

Asimismo, se prevé que la reserva de agua pueda ayudar a amortiguar el cambio climático, pues se conservarán lugares emblemáticos que no hay en ningún otro lugar del planeta, como la Selva Lacandona en Chiapas y no se afectan derechos y concesiones de otros usuarios, ya que versa sobre el agua disponible. No se omite señalar, que este tipo de medidas de cuidado del agua, son recomendaciones que se hacen a los países por parte de organismos internacionales como la International Water Resources Association y el World Resources Institute, para buscar preservar el vital líquido. Dichos organismos recomiendan que se reserve como mínimo el 35 por ciento del escurrimiento medio anual de agua para el consumo de la población y para el cuidado del medio ambiente.

Con las medidas adoptadas México supera en 12%, las recomendaciones internacionales en cuanto al volumen de agua asociado a caudal ecológico, con lo cual estamos siendo más previsores ambientalmente que países del primer mundo.

En conclusión, las reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medio ambiente, claramente se expresa en las mismas el destino medio ambiental y de uso público urbano, por lo que cualquier interpretación contraria solo busca desorientar y mal informar a la población.



Imagen para la gallería Roberto Ramírez de la Parra, Director General de Conagua, durante la conferencia de prensa sobre Decretos de Reserva de Agua

Mundo Nuestro. Este lunes 18 de junio se presenta en el zócalo de San Buenaventura Nealtican el libro Cultura Política Local: en defensa de la vida, el territorio y el agua. El activista Fernando Cuéllar Muñoz será uno de los presentadores en el evento, y en este texto hace una breve semblanza de la lucha de resistencia de los pueblos de los volcanes en contra de la instalación del Gasoducto Morelos, lucha de la que derivó la creación del Comité en Defensa de la vida, el Territorio y el Agua de San Buenaventura Nealtican, impulsor de esta investigación cordinada por Neptalí Ramírez Reyes.

(Fotografía de portadilla tomada de La Jornada de Oriente)



San Buenaventura Nealtican es uno de los 217 municipios que conforman la geografía política del Estado de Puebla, está por el rumbo de los volcanes. El camino conocido como “Paso de Cortés”, es la ruta que conduce al poblado.

Por los años 2012-2013 se comenzó a rumorar entre los pobladores de Nealtican, que el “gobierno” quería construir un gasoducto. Nadie sabía nada al respecto. Personas de la población se interesaron en el tema y comenzaron a buscar información acerca del famoso gasoducto. La información que estaba disponible era escasa y no explicaba lo que quería hacer el “gobierno”. Los habitantes de Nealtican, que estaban interesados en el tema del gasoducto, se aliaron con grupos que también expresaban su inconformidad por este tema. Así fue como se enteraron de la existencia del Proyecto Integral Morelos (PIM). La información que obtuvieron del PIM no fue suficiente y no les quedaba claro el asunto.

Cuando comenzaron las obras del PIM en terrenos de Nealtican, los interesados en el tema, oriundos de Nealtican, se organizaron en un Comité que tenía como propósito defender la Vida, el Territorio y el Agua. El comité se conformó con personas que se comprometieron con la causa y comenzaron a desplegar acciones para contrarrestar la construcción del gasoducto. Cuando iniciaron las acciones del Comité, éste se enteró que quienes construían el gasoducto, eran un grupo de empresas –mexicanas y extranjeras- contratadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



El gobierno federal respondió con la fuerza policiaca y comenzó a reprimir a los inconformes. Para ello, el gobierno federal, contó con el apoyo de los gobiernos estatales por los que se construía el gasoducto: Morelos, Puebla y Tlaxcala. Estos gobiernos mandaban policías para apoyar a las fuerzas federales que resguardaban su construcción. Los miembros del Comité comenzaron a sufrir el acoso de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Las amenazas no se hicieron esperar. Pero las autoridades subestimaron a los ciudadanos que se organizaron en el Comité y no se dieron cuenta que el movimiento de Nealtican no era un movimiento común y corriente. Las personas que se integraron en el Comité, desarrollaron una estrategia articulada en cuatro ejes temáticos. Estos son: el organizativo, el político, el jurídico y el de comunicación. Con esta estrategia, el Comité logró hacer visible uno de los grandes problemas del país: la violación sistemática de los derechos humanos, por acción u omisión de las autoridades, además, de la nula planeación de la infraestructura energética, por la prisa de beneficiar a unos cuantos.

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El esfuerzo que realizaron los integrantes del Comité rindió frutos. Uno de estos frutos fue que lograron trascender el tema del gasoducto y decidieron formar un Consejo Ciudadano para poder atender los demás temas que originaron la creación del Comité: la Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, pero no solamente desde una concepción abstracta, sino, poniéndose a trabajar y comenzar con pequeñas acciones que tienen como primer objetivo recuperar el tejido social que quedó muy dañado por la intervención de los tres niveles de gobierno. Aquí no fue el crimen organizado o la delincuencia común la que dañó a la comunidad, fueron las autoridades, encargadas de mantener la gobernabilidad las que afectaron de manera negativa la vida del pueblo de Nealtican.

Los compañeros del Consejo Ciudadano lograron equipar una propiedad en el centro del pueblo de Nealtican para desarrollar su plan de trabajo. Desde este espacio se ha logrado construir una organización que es capaz de incidir en la toma de decisiones. Uno de estos logros es el de haber convencido a las autoridades y a los empresarios de modificar su comportamiento de cara a la sociedad. Otro logro que hay que destacar es la recuperación del idioma Naoa en los actos realizados por el Consejo.

Poco a poco el Consejo ha logrado ganar la simpatía y el apoyo de distintos grupos y personas que se dedican a la academia. Es el caso del doctor Neptalí Ramírez Reyes, que acercó a sus alumnos de la escuela de Antropología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a compartir una experiencia de vida con los miembros del Consejo Ciudadano a través de la inserción de los alumnos en la vida diaria de estas personas.

El resultado es la edición de un libro, que tiene la característica de haber sido escrito desde la experiencia personal, y no solamente un libro escrito acerca de un pueblo. Es la historia narrada, compartida, de personas que fueron capaces de afectar la formación de jóvenes estudiantes -estudiantes que mostraron sensibilidad ante una realidad que en muchas ocasiones es ignorada-, y dicho por los propios estudiantes, fue una experiencia que les marcó la vida.

El proceso de formación de los individuos del Consejo Ciudadano continúa y, las metas que se propusieron, las están trabajando para lograr alcanzarlas.

Nota. Actualmente existe un amparo a favor de las personas que viven en las poblaciones en las que se construyó el gasoducto. Y, además, existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo cumplimiento está pendiente.