La violencia contra los defensores de la tierra. Para entender el asesinato de Miguel Vázquez Torres

Mundo Nuestro. Miguel y Agustín Vázquez Torres, miembros del pueblo Wixárika, fueron asesinados en el municipio de Bolañós, en Jalisco. Los dos fueron defensores de la tierra y la cultura del pueblo  huichol. Miguel, de 40 años de edad, fue fundador del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta y desde el 2014 y hasta marzo de ese año fue presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán; durante su mandato recuperó 184 hectáreas a favor de su comunidad, relatan los dirigentes wixárikas. Los huicholes han denunciado la invasión de sus tierras por parte de ganaderos y otros grupos ajenos a la etnia. Agustín tenía 30 años de edad. 

Este texto de Rubén Aguilar Valenzuela permite valorar la violencia que sufren los defensores de la tierra y el medio ambiente en el mundo. Violencia impune que se ha llevado la vida de dos hermanos, Miguel y Agustín. 

En el 2015 fueron asesinados 183 ecologistas en el mundo y de esos 122 tuvieron lugar en países latinoamericanos, según el Informe 2016 de la organización internacional Global Witness, que hace días se dio a conocer.

Desde 2002, esta institución de la sociedad civil registra el número de los asesinatos de activistas ecologistas. Es 2015 el peor de todos los años según sus estadísticas. Y piensan que 2016 podrá superar al anterior.

La mayoría de las víctimas pertenecen a organizaciones pequeñas de carácter regional que son desconocidas a nivel nacional e internacional. Éstas son las más vulnerables y no cuentan, en los hechos, con ningún tipo de protección.

Son 16 los países con asesinatos probados de activistas ecologistas. Brasil con 50, ocupa el primer sitio; Filipinas con 33 el segundo y Colombia con 26 el tercer puesto.

La mayoría de los asesinatos están ligados a eventos relacionados con la explotación de recursos naturales y al desplazamiento de comunidades de pueblos originarios. En 2015, 67 de los asesinatos corresponden a indígenas.

El informe El precio de activismo publicado este marzo por Greenpeace señala que 44 asesinatos están ligados con la industria minera, 20 con la agroindustria y 15 con la tala de los bosques y otros 15 con centrales hidroeléctricas.

Estas actividades requieren una elevada inversión de capital y un intensivo uso de la tierra, que implica el desplazamiento de sus moradores en muchos de los casos.

Los especialistas coinciden en señalar que no hay una real voluntad política de los gobiernos para frenar este tipo de asesinatos y que cuando ocurre alguna investigación solo se llega a los autores materiales y nunca se da con los intelectuales.

En el caso de América Latina la gran mayoría de los asesinatos están relacionados con activistas que luchan por la defensa de la tierra y los recursos naturales.

Los activistas latinoamericanos de la ecología saben que sí afectan intereses de las grandes empresas y del gobierno pueden ser asesinados. En esa conciencia desarrollan su actividad.

Son héroes, no suicidas, que están dispuestos a dar su vida porque están convencidos de la justicia de su causa y porque no están dispuestos a que se agreda criminalmente al medio ambiente que es un ataque frontal a la vida.