Medio Ambiente

Vida y milagros

Integrantes del H. Congreso de la Unión:



Dale la Cara al Atoyac es una organización de la sociedad civil cuyo propósito es impulsar la regeneración de la cuenca del Alto Balsas haciéndola relevante, vertebrando voluntades, detonando acciones colectivas y vigilando la actuación de las autoridades responsables de su conservación. Creemos en la necesidad de pensar globalmente y de actuar localmente. El trabajar en nuestra cuenca nos ha enseñado muchas cosas, entre otras que también es indispensable generar una actitud de participación comunitaria permanente, pues existen los derechos pero a la par debemos asumir nuestras obligaciones cívicas y sociales. Queremos convertir nuestro trabajo en la cuenca Atoyac Xochiac en un modelo de gestión a seguir en otras cuencas del país que también están fuertemente afectadas por la contaminación de las aguas de los ríos y por la destrucción de los bosques y selvas, las generadoras del agua de la que todos dependemos.

Hemos llevado a cabo monitoreos en diferentes puntos de la cuenca; en todos la contaminación es altísima y rebasa los niveles permitidos por la NOM 001 en materia de agua y de la declaratoria especifica del Atoyac Xochiac.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, que ustedes señores diputados deben de conocer muy bien, el tema del agua fue declarado como un tema de seguridad nacional. A pesar del enorme déficit presupuestal en que el país ha caído, dicho déficit no es atribuible al dinero destinado a priorizar la gestión integral del agua. Los presupuestos aprobados por la cámara de diputados federal y las cámaras de diputados estatales, no corresponden ni responden a la urgencia que el tema merece, no sólo porque los datos duros demuestran que así es, sino porque ustedes mismos los reconocieron en el Plan Nacional de Desarrollo mencionado.

En estos días ustedes estarán aprobando el presupuesto que se ejercerá en 2017. Entendemos que el país no puede vivir de prestado, como lo señaló recientemente el Secretario de Hacienda José Antonio Meade, pero sabemos también en base a lo que hemos visto en nuestra cuenca, que mucho menos podremos vivir sin agua. Por eso estamos abordando la necesidad de estructurar con mucha inteligencia y con visión estratégica la forma en que se harán los recortes, pues un recorte inadecuado en materia de gestión hídrica puede acabar saliendo mucho más caro que el ahorro mismo. El no invertir lo indispensable en la gestión del agua genera de manera inmediata altísimos costos en salud, pérdidas en la agricultura, elevación enorme de la obtención de agua potable para ciudades y comunidades que se mueren de sed y daños sociales muy difíciles de controlar.

Hemos visto con preocupación los recortes feroces propuestos para todo el sector ambiental, en particular en CONAFOR y en CONAGUA. CONAFOR es la única instancia que apoya estratégicamente una parte fundamental de la gestión hídrica: la regeneración de bosques y selvas deterioradas por una frontera agrícola depredadora e inviable. También el recorte a la parte de inspección y vigilancia de CONAGUA dejará en extrema vulnerabilidad la aplicación de las normas que rigen el uso y los aprovechamientos del agua en el país. No entendemos estos recortes, pues nuestro país ha firmado con entusiasmo y ha comprometido su nombre en los acuerdos para combatir el cambio climático a nivel mundial. De nada sirve firmar acuerdos si desde los presupuestos federales no se destinan los mínimos recursos para intentar dar la batalla para la conservación de los ecosistemas de los que dependemos para vivir. Ciudades como Puebla, Guadalajara, Monterrey y la ciudad de México, por decir algunas, están ya bajo un estrés hídrico casi insostenible.



¿De qué sirve declarar el derecho humano al agua si desde el presupuesto federal correctamente armonizado con los estados no se fortalecen las instancias que necesariamente deben actuar para que al agua no se contamine y las fábricas de agua sigan vivas?

Es muy desalentador leer que a los partidos políticos, que cada vez son más y cada vez más parecidos entre sí, no se les recortará ni un peso de sus abusivas prerrogativas, mismas que no se conceden en el mundo en ningún país democrático.

Encontramos también otro gasto absurdo y sin control: los enormes gastos en la llamada " comunicación social", la publicidad y propaganda que ejercen los gobiernos locales, gobernadores y presidentes municipales , así como el gasto que el gobierno federal ejerce para aparecer permanentemente en los medios , como si desempeñar sus obligaciones fuera un mérito que debe celebrarse y recordarse hasta la saciedad cada día. Lo hacen todos los gobernadores sin excepción alguna. La comunicación social solo tiene sentido cuando se trata de dar información útil y necesaria a la sociedad. Cuando sólo se ejerce, como suele ser, para alimentar la hoguera de las vanidades y los sueños locos de los gobernantes, ese gasto es un despropósito total. En un estado de tamaño medio, el gasto debe rondar los mil quinientos millones de pesos al año, siempre muy por debajo del gasto destinado al ordenamiento y sustentabilidad del territorio.



¿Quién de los diputados, aparte de los independientes, se atreverá a proponer e impulsar un corte drástico a estos dos rubros: prerrogativas y propaganda?

De la manera más enfática solicitamos a los responsables de construir y aprobar el presupuesto 2017 honrar los acuerdos que como país tenemos con respecto al agua como tema de seguridad nacional y con los compromiso firmados este año en París en la Cumbre de Cambio Climático.

Mundo Nuestro. Esta crónica y reflexión del activista social en Tehuacán Martín Barrios sobre el encuentro el domingo 4 de septiembre de pueblos indígenas en el municipio de Zoquitlán, en la Sierra Negra, pone en la mesa un tema que la sociedad poblana debe discutir a fondo: el conflicto socioambiental que los proyectos industriales hidroeléctricos y mineros generan para el patrimonio biocultural del territorio poblano. La tierra, por cierto, de los pueblos indígenas como los que marcharon ese día en contra de la implantación de unas represas en los ríos que bajan a la tierra caliente, una de las principales regiones por la importancia de la biodiversidad que guardan esas montañas.

A las diez de la mañana del domingo 4 de septiembre la neblina ya se ha dispersado con el sol y empieza a hacer calor. El tianguis regional que se pone cada domingo en esta cabecera municipal ya está muy animado. Vendedores de productos de la región con sus chilitos serranos y canario, con el café y el aguardiente, el pulque, el tepache de caña, los puestos de ropa y mucho más, ya han puesto su tendido y ya estaban venden o practican el tlapatlalistli o trueque con otros pobladores.



Pero muchos llegan a la comunitaria Radio Tlacuache 104 FM en el centro de San Pablo Zoquitlán. Después de tomar café, tamales y pan y pasar por el sahumerio y platicar con amigos de otras comunidades y organizaciones, un gran grupo camina hacia el palacio municipal. Son alrededor de 1500 personas, la gran mayoría nahuas de que han subido desde tierra caliente de comunidades como Pozotitla, Tlacotepec, Oztopulco, Coyolapa, Tepexilotla, Tepepa Bandera, Tequitlale, La Cumbre, Tepepa de Zaragoza, y otros más que pertenecen a la zona fría.

Con mucho ánimo y coraje va la marcha. Las consignas se refieren a la defensa de sus recursos naturales que se encuentran amenazados por una empresa minera.



“¡Pozotitla no se vende!”

“¡No a los megaproyectos en la Sierra Negra!”

“¡Zapata vive, la lucha sigue!”



Es una marcha en contra de la instalación de dos represas para la generación de electricidad en los ríos que bajan de la montaña hacia la costa veracruzana, un proyecto similar a los que quieren implantarse en la Sierra Norte de Puebla, y que poco a poco han encendido la alarma en los pueblos serranos.

Es que él es de otro nivel…

También hay abucheos contra el alcalde zoquitleco, el perredista Fermín González León, a quien la gente no le perdona haber traicionado su origen de clase y ostentarse como un nuevo rico de la Sierra Negra. Y es que, como él les ha dicho, ya es una gente de otro nivel. Antes sólo tenía su fuerza de trabajo como campesino, migrante y chofer de los microbuses que llegan desde Tehuacán a Zoquitlan, pero la gente ve que ahora tiene camionetas, casas lujosas y todo un presupuesto que maneja a su antojo sin rendir cuentas al cabildo o a la población.

Video del Presidente de Zoquitlán en el que defiende el proyecto hidroeléctrico

Yo me preocupo por Ustedes, por los pobres, porque yo, gracias a Dios estoy en otro nivel”, les soltó de manera prepotente y humillante a sus paisanos de Coyolapa el pasado 6 de julio. Llegó a una asamblea informativa sobre el proyecto de la hidroeléctrica en esta comunidad para intimidar, regañar y confesar claramente que es partidario y defensor de Grupo Ferro Minero México o Minera Autlán, la empresa que se ha convertido en el enemigo principal de las comunidades nahuas en resistencia en la Sierra Negra.

Y ese reclamo al presidente, entre otras cosas, es lo que la manifestación exclama por el camino al auditorio municipal y que dejarán claro en la reunión que ahí se lleva a cabo.

El Encuentro de Resistencias contra los Megaproyectos es sumamente interesante y exitoso. Cuenta con la participación de representantes y autoridades de las comunidades que resultarán afectadas por la empresa minera con la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa - Atzalan y con representantes de organizaciones de Oaxaca y de la Sierra Norte que comparten sus experiencias de lucha contra parques eólicos y contra la propia Minera Autlán entre otras empresas destructoras del medio ambiente.

La declaración del Encuentro

Dentro de la declaración que se emite al finalizar el evento y que resume los acuerdos y estrategias para luchar contra Minera Autlán, se acuerda continuar con la labor de información de este proyecto y de los daños irreversibles al ecosistema de la sierra, y así construir un frente amplio de comunidades de las zonas baja y alta contra la hidroeléctrica; y por esa ruta seguir todos las posibilidades legales para cancelar el permiso otorgado por la SEMARNAT el pasado mes de marzo al consorcio hidrominero y siderúrgico de origen regiomontano.

Porque en el Encuentro se die que este permiso es violatorio de los derechos colectivos de los pueblos referente al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de su territorio de acuerdo al artículo 2 de nuestra Carta Magna; y sobre todo del derecho a la consulta establecido tanto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La Consulta Indígena y el Convenio 169 de la OIT

Varios oradores lo explican:

El derecho de los pueblos a ser consultados es la piedra angular del Convenio 169 de la OIT, que en orden jerárquico está justo por debajo de nuestra constitución política pero encima de todas las leyes federales, dentro de las cuales se encuentran la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Aguas Nacionales así como sus reglamentos entre otras disposiciones.

La consulta a los pueblos indígenas en el caso que nos ocupa respecto al Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzalan, debió haberse realizado mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas tales como asambleas comunitarias o autoridades tradicionales, por ejemplo. Las consultas debieron efectuarse de buena fe, con información completa del proyecto y sus afectaciones y de manera apropiada a las circunstancias, por ejemplo en náhuatl, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de los pueblos sobre la construcción de la hidroeléctrica.

De acuerdo a las últimas disposiciones le correspondería a la Comisión de Desarrollo para los Pueblos Indígenas haber instrumentado este tipo de consultas.

El convenio también establece que los pueblos o comunidades indígenas deben ser consultados antes de que se otorguen permisos de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras. Este es el punto medular de las violaciones a los derechos colectivos de los pueblos nahuas de la Sierra Negra.

Todo eso se relata en la asamblea: que la SEMARNAT autorizó la prospección de los ríos Coyolatl, Huitzilatl y Tonto, así como de la zona desde 2012, todo esto a espaldas de las comunidades afectadas. La gente comenta que la prospección de los ríos, cavernas y sistemas de sótanos subterráneos en la zona tiene más de quince años. Han hecho cartografías y documentales como el del sistema Tepetzala en la caverna de Coyolapa, la cual tiene más de 10 kilómetros de sótanos, galerías, arroyos y cascadas; en sí mucha agua y minerales.

La SEMARNAT otorgó el permiso a Minera Autlán el pasado marzo de este año. Está condicionado a una consulta de acuerdo a la legislación eléctrica. Y en esto cifran sus esperanzas este emporio minero y su empleado Fermín González León. En que venga una consulta en la que se pueda torcer, cooptar, amenazar, comprar y corromper voluntades. Pero no. La consulta debió haberse llevado a cabo desde 2012 por lo menos. Antes y no después de la profunda prospección de la zona y de otorgar el permiso mencionado, como lo hemos mencionado anteriormente y en cumplimiento al Convenio 169 de la OIT.

Los daños previsibles

Por otro lado, el impacto ambiental será de absoluto desastre y destrucción del ecosistema de la Sierra Negra. Para empezar, la SEMARNAT autoriza, con el permiso referido, la privatización de los ríos de la zona baja en favor de Minera Autlan por treinta años, sujetos a renovación, para operar su presa hidroeléctrica. Por otro, la devastación a la flora y fauna local cambiará de manera radical la vida de la selva. Se acabarán de extinguir la vida acuática de estos ríos y estarán condenados a muerte animales como tepezcuincles, seretes, jaguares, pumas y temazates entre otros.

La empresa ha actuado claramente de mala fe con los pueblos de la zona. A pesar de que Minera Autlan ha declarado en estos días a un medio de comunicación que no está en condiciones de ofrecer trabajo a los habitantes de la zona por no estar capacitados para operar una hidroeléctrica, por conducto del presidente municipal y de su vocero Rodolfo Avendaño Martínez ofrecen ilusiones, baratijas y espejismos: “Habrá trabajo para todos con todas las prestaciones de ley”, “Se contratarán 600 personas de la zona”, “Donaremos pintura para la iglesia y las escuelas”, “Se harán prestamos de dinero”. “Patrocinaremos las fiestas patronales”.

VIDEO REPORTAJE DIARIO 24 HORAS

Estas reuniones presididas por Avendaño Martínez y Fermín González León, el alcalde de otro nivel, terminan con el reparto de cervezas indio de lata y carnitas de puerco. “No pretendemos comprarlos con eso, es para convivir, seremos compañeros de trabajo” afirma el apoderado legal de Minera Autlán. ¡Cómo no ligar estas escenas con Hernán Cortés y su Malinche!

La empresa y el ayuntamiento de Zoquitlan han llevado a varios habitantes de la zona a Teziutlan para convencerlos de las bondades de la hidroeléctrica. Están empecinados en robarse sus recursos naturales y el alcalde en recibir las migajas de la empresa para cooperar con el saqueo.

Qué lejos quedaron esos años en que el PRD sufría cientos de asesinatos de sus militantes en luchas por la democracia municipal, ambientales, agrarias o de otro tipo. Qué lejos quedaron esos años en que eran el objeto de los pistoleros de Salinas de Gortari o de caciques regionales. Ahora es un partido que ya no es para nada de izquierda y que lejos de apoyar las demandas obreras, campesinas, indígenas o populares, se ha convertido en defensor e impulsor de los proyectos de muerte y de los intereses monetarios de la patronal.

Ante esta amenaza de otro despojo más, los pueblos nahuas de la Sierra Negra han comenzado la resistencia contra este proyecto de muerte en todos los sentidos. Esta empezó a caminar en Pozotitla --una pequeña comunidad condenada a la extinción en caso de realizarse la obra--, pero que hoy en día sube y baja veredas tanto en la selva como en la montaña para impedir la destrucción de sus recursos naturales y de su vida.

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(Ilustración tomada de la revista Nexos)



En el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se declaró todo lo relacionado con el abasto, aprovechamiento, cuidado y utilización del agua, materia de SEGURIDAD NACIONAL. Sin embargo, dicha declaratoria no ha tenido un acompañamiento presupuestal equivalente al tamaño del problema ni desde el Congreso de la Unión, y muchísimo menos desde los congresos locales, en los que el tema del agua no solo no es prioritario, sino que ni siquiera tiene una armonización con el presupuesto federal, aun cuando la deficiente gestión del agua está ya generando un altísimo estrés hídrico y de salud en muchos estados del país.

No solo es la falta de agua, sino su poco cuidado y erróneo aprovechamiento y explotación lo que ha puesto el tema en el foco rojo de la seguridad nacional. Prácticamente no hay una cuenca sin algún grado de contaminación en México, aunque los grados de la misma varían. Y no hay una cuenca en que hasta la última gota de agua, aunque esté contaminada, no tenga alguien que la espera y necesita, alguien dispuesto a pelear o a matar por ella.

En cuanto al saneamiento, de todas las plantas de tratamiento construidas en el país, casi ninguna funciona por diferentes motivos técnicos o financieros. Muchas se construyen sin tomar en cuenta los mecanismos financieros necesarios para costear su operación y dejan de funcionar cuando a los ayuntamientos les llega el primer recibo de luz, casi siempre impagable. No hay políticas públicas que apoyen energías sustentables o cuotas preferenciales de luz para operar las plantas tratadoras. Normalmente la federación paga las plantas, pero en los estados y municipios no se hacen cargo de planear y costear su operación. Otras plantas operan mal porque no están diseñadas para tratar todo tipo de aguas residuales. Tratar juntas aguas de diferentes calidades es muy caro. Las plantas diseñadas para tratar aguas domiciliarias colapsan con la mezcla de aguas industriales que no debieran entrar sin tratamiento a los colectores municipales. Cientos de industrias descargan sus aguas residuales escondidas en los drenajes municipales y no toman en cuenta en sus costos de producción el tratamiento del agua que utilizan. Por otro lado, la capacidad de cobro del agua y de su saneamiento por parte de los ayuntamiento, o es insuficiente o de plano no existe. Y así, cientos de ayuntamientos e industrias contaminan ríos, lagos y mares sin que la autoridad pueda construir un orden en la gestión del agua.



El cobro de la factura de la mala gestión del agua ya está en la puerta y el pago saldrá a costa de sacrificar otros rubros del presupuesto.



Hace dos semanas los diluvios provocados por la tormenta "Earl" dejaron a su paso en la sierra norte de Puebla cerros que se desgajaron como arena porque ya no tienen árboles que sostengan la tierra, erosionados porque los han deforestado para usarlos en cultivos agrícolas. La falta de ordenamiento territorial, de políticas públicas que apuesten a la sustentabilidad y los cambios inadecuados de uso del suelo van lentamente pasando la factura. Más de 50 muertos y miles de personas afectadas por la pérdida de su patrimonio han quedado atrás. Es otro pedazo más del rompecabezas de la crisis del agua que debe abordarse como un todo. Se van los árboles y con ellos la tierra y el agua.

El ciclo del agua en nuestro país está hundido en un círculo vicioso que solo puede romperse con planeación, paciencia y un presupuesto bien construido a largo plazo, bien vigilado y aplicado con inteligencia.

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Los presupuestos estatales destinados a la gestión del agua han sido mínimos desde hace muchos años. ¿Qué hará nuestros congresos locales al respecto este año? ¿Qué decidirán los senadores y los diputados federales con respecto al presupuesto nacional destinado a la gestión del agua? ¿Qué harán para comprometer a los gobernadores y a los congresos locales para hacer sus aportaciones equivalentes en los estados? ¿Qué harán para priorizar lo fundamental sobre la banalidad que suele regir las decisiones en el gasto público? Si el mismo Congreso de la Unión tiene catalogado este tema como de seguridad nacional, los diputados y senadores antes que nadie deberían de hacer el trabajo sin necesidad de presiones. No soy optimista al respecto ni podemos esperar que así sea.

Muchos problemas pueden posponerse, la falta de agua no. Cada vez somos más los convencidos de la importancia de actuar ya, pero ignoro si somos suficientes como para hacernos oír.

En septiembre se inician nuevos periodos de sesiones en los congresos locales y en el Congreso de la Unión. Se alistan ya las prioridades pero éstas se rigen usualmente por las presiones de los gobernadores y su insaciable sed de lucimiento inmediato. ¿Será la agenda del agua sujeta a recortes otra vez?

La urgencia de hacer un uso sustentable del agua requiere de toda la voluntad política de quienes gobiernan y también del esfuerzo, la coordinación y la disciplina de los tres niveles de gobierno en todos los estados del país. No hay un estado que se salve y que apruebe un buen manejo del agua. Todos están en crisis. El cuidar el agua y restaurar las cuencas hídricas no ha sido atractivo porque no tiene rendimientos políticos inmediatos. ¿Habrá que esperar a que lleguen las guerras por el agua para priorizar su atención en el gasto público?

El problema del agua requiere de estadistas, no de políticos.

El marco jurídico existe pero no se cumple. Todos los gobiernos estatales o municipales, las concesionarias de agua y miles de industrias deben millonarias multas a CONAGUA por violar la normatividad. Las instancias encargadas de aplicar las normas ambientales en materia de agua son muy débiles y los recortes presupuestales amenazan con debilitarlas aún más.

El año que viene se dará al INE y a los partidos políticos miles de millones de pesos otra vez. Como no, si ellos mismos desde los congresos parten y reparten el dinero con criterios para mí incomprensibles. Sería bueno encerrarlos en las cámaras de diputados una semana, sin agua en los baños y con una botellita de agua al día como toda ración. A ver si así se sensibilizan y entienden.

Los lujos del siglo XXI serán cinco: aire limpio, agua suficiente y potable, el silencio, el espacio y la privacidad. Sin aire podemos vivir tres minutos, sin agua, quizás tres días. Y la estamos perdiendo porque casi todo se ha hecho mal o ha sido insuficiente. Priorizar el tema del agua en la agenda legislativa con toda energía es una acción indispensable. Ojalá que no esté llegando demasiado tarde o que una vez más a los legisladores les parezca postergable.

Los océanos del mundo necesitan ser salvados de la sobrepesca y la contaminación y según un informe reciente de la Comisión del Océano Global (GDC) es necesario tomar medidas urgentes en los próximos cinco años.

La Comisión del Océano Global (GDC), un grupo de políticos de alto nivel formado en 2013, subraya que las medidas de rescate deben incluir la restricción de la pesca industrial y el establecimiento de regulaciones más estrictas para la exploración y explotación de petróleo y gas en alta mar.

"Los océanos están en estado fallido", ha declarado a Reuters David Miliband, ex ministro de Exteriores británico y co-presidente de la Comisión. "Un área previamente virgen del planeta se ha convertido en una zona de saqueo”.



La zona de alta mar es el área fuera de las zonas costeras nacionales y cubre casi la mitad del globo. Es ahí donde los peces están bajo la presión de las capturas ilegales y no reguladas, de acuerdo con el informe.

Cada año se capturan en alta mar alrededor de 10 millones de toneladas de pescado por valor de 16 mil millones de dólares, de atún a moluscos, en alta mar, fuera de las cuotas de captura mundial de pescado de 80 millones de toneladas, según el informe. Según la Comisión si no se implementa eficazmente su plan de cinco años, la comunidad internacional debería considerar convertir la alta mar en una "zona de regeneración", donde las poblaciones de peces pudieran recuperarse.

El cierre de estas regiones saqueadas puede tener un impacto económico - costaría a cada persona en el planeta unos 2 dólares, informa Reuters - pero a la larga permitiría un aumento de 4 dólares en la captura de peces en las regiones costeras, según los consultores McKinsey and Co..

Sólo 10 países tienen capacidad real de pesca de altura, por lo que la medida sólo afectaría a Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón.

Como parte de los esfuerzos mundiales para proteger los mares, el presidente Barack Obama anunció la semana pasada sus planes para crear la mayor reserva marina del mundo, una iniciativa que protegerá una gran parte del Océano Pacífico de la sobrepesca, la exploración de hidrocarburos y la contaminación.



"El océano proporciona el 50 por ciento de nuestro oxígeno y fija el 25 por ciento de las emisiones globales de carbono. Nuestra cadena alimentaria comienza en ese 70 por ciento del planeta ", señaló José María Figueres, co-presidente de la Comisión, en un comunicado de prensa de la Comisión.

La Comisión cree imprescindible un nuevo acuerdo internacional, que se negociaría en el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). Tal acuerdo haría de los océanos una prioridad, protegería las áreas protegidas marinas de alta mar, prevendría el despilfarro de recursos marinos en la explotación pesquera, así como permitiría a los gobiernos salvaguardar el 64 por ciento de los océanos que se encuentra fuera de las jurisdicciones nacionales. Jenna Lacurci



El texto completo del informe en inglés puede consultarse aquí.

Para el resumen ejecutivo en español en PDF, seguir leyendo aquí.

GDC, comisión de estudio de alto nivel compuesto por personalidades políticas, co-presidido por José Maria Figueres, Trevor Manuel y David Miliband, que busca soluciones a la crisis de sostenibilidad de los océanos.

Mundo Nuestro. Nuevamente la Sierra. Una vez más una tormenta tropical que llega sin aviso y descarga sin misericordia toda el agua imaginable en un día. Ahora fue en la región de Huauchinango, y los nombres de los pueblos serranos saltan por los noticieros con la suma de los muertos: veinte en Xaltepec, cinco en Huauchinango tres en el municipio de Tlaola y siete entre las demarcaciones de Naupan y Pahuatlán. (e-consulta).

Y la cifra subirá en la medida en que pasen los días. Y la visión de la nueva catástrofe.

Es una historia recurrente. Una tragedia en los ojos, como escribimos en octubre de 1999, y que visualizó entonces una región inerme ante una tormenta que le dejó más de 250 muertos. Pero el papel del Estado entonces, rebasado por la extraordinaria respuesta de la sociedad civil, dejó interrogantes que hoy todavía se sostienen.



Y la pregunta fundamental: ¿cuando tendremos como sociedad organizada, una verdadera visión estratégica para este territorio biocultural extraordinario?

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Las tormentas de octubre sobre la Sierra Norte de Puebla pusieron una terrible paradoja al descubierto, algo que hace aún más difícil reconstruir la infraestructura perdida: la región indígena-mestiza cuenta con altos niveles de producción agrícola e industrial pero se encuentra amarrada de manos por estructuras políticas y económicas extremadamente arcaicas.

Los ríos desbordados, una vez más las preguntas sobre la vocación natural de la Sierra Norte de Puebla

Ironía mexicana: el azote del cielo trae la Sierra Norte de Puebla a la historia moderna del país. Ni las guerras civiles del siglo XIX provocaron una movilización social como la que se vive desde la primera semana de octubre. Más allá de los muertos -tal vez cerca de 500- y la destrucción de la economía y los servicios en un territorio al que el Estado con sus instituciones nunca acabó de llegar, sesenta horas de lluvias activaron el detonador de un cambio estructural en esta densa región de pueblos indios nahuas y totonacos sumidos en la marginación y la pobreza propias de los rasgos más arcaicos de México. Si a la inteligencia se suma una buena política, tal vez de la catástrofe resulte una nueva sierra.

Pocas regiones indígenas y mestizas tan complicadas como la Sierra Norte: por su diversidad ecológica en riesgo -ganado, cafetales y cítricos y agricultura maicera han deforestado serranías que van desde los 400 hasta los 2,500 metros sobre el nivel del mar-; por su densidad y dispersión demográfica -1,000,000 de habitantes en más de 2,000 pueblos y tan sólo 7 ciudades con más de 20,000 habitantes; por su economía de autoconsumo entreverada con nudos de capitalismo salvaje en la tala forestal, la producción intensiva de café para la exportación y la explosión de las maquiladoras para la confección. Todo ha sido puesto en jaque por sesenta horas de diluvio sobre 15,000 kilómetros cuadrados de territorio marginal a dos horas en auto de la ciudad de México.

Algunas imágenes para entender el entorno social de la Sierra Norte.

Los extremos cafetaleros: en la zona de Xicotepec miles de hectáreas de plantíos a sol abierto y con el uso de agroquímicos producen intensivamente para la exportación a Alemania; los empresarios capitalistas recorren en helicóptero las plantaciones que, al cabo de cuatro o cinco años de explotación, venden a pequeños productores sin capital y tecnologías para repetir la experiencia; la productividad baja y con el tiempo las laderas reproducen el ciclo maicero de erosión y pobreza. En Cuetzalan, una región de pequeños productores, un cortador de café recibe 50 centavos por kilo en la cosecha para lograr si tiene suerte alrededor de 25 pesos diarios. En Huehuetla, luego de las lluvias, los acaparadores lo compran a 30 centavos contra el riesgo de que se pudra en el suelo.

  • AI fin en la economía global, el boom de la industria de muebles rústicos para la exportación en la ciudad de Puebla ha multiplicado en los últimos cinco años la tala legal y clandestina con decenas de aserraderos entre Chignahuapan y Huauchinango.

  • Teziutlán, en el otro extremo de la economía, ha desarrollado en cinco años una actividad maquilera con 32,000 empleos directos en la confección textil. La migración genera hacinamiento urbano sin consecuencias para bien de las comunidades que aportan la fuerza de trabajo. La ciudad media reproduce los errores de los centros industriales de Puebla y el Distrito Federal.

  • Un sábado de plaza en Zacapoaxtla arroja la realidad sin cifras del autoconsumo indígena y la relación desigual y expoliadora de las cabeceras comerciales y las comunidades: huacales de frutas son ofrecidos a las nueve de la mañana a quince pesos; son comprados a ocho al final del día.

  • Tepetzintla es un municipio que en 1975 no había visto rodar por sus veredas ni siquiera una carretera. Mulas de carga y hombres caminaban seis horas para llegar a Zacatlán. Ni luz, ni escuela, ni drenajes, sólo chozas alrededor de un quisco-pozo, una presidencia, un templo franciscano y un curato en el que los tatas veían de cuando en cuando un código del siglo XVI. Dos mil comunidades estaban así ese año. El esfuerzo del Estado y los pobladores revirtió esta situación con escuelas, luz eléctrica, terracerías y centros de salud. Sin embargo, para 1995 el 90% de los municipios comprobaba índices de marginación alta o muy alta.

  • A fines de los ochenta los indios de San Juan Tahitic, a tres horas y media de camino a pie de Zacapoaxtla, tomaron de un cacique sus tierras ancestrales. La policía de inmediato reprimió la invasión y recuperó los predios. Siguieron años de plantones y escritorios sin éxito en la ciudad de Puebla. Un día de 1993 el hijo del ranchero fue ejecutado sin más a balazos a las puertas de su casa.

Comunicada por tres rutas -la petrolera de Huauchinango- Poza Rica; la indígena de Zacapoaxtla-Cuetzalan; y la ferrocarrilera de la decimonónica minera y comercial Teziutlán, la Sierra tiene presencia institucional añeja, pero delimitada en puntos estratégicos: la iglesia católica, con sus misioneros desde el siglo XVI y sus templos en cada una de las comunidades; el Estado con sus gobernadores y presidentes, sus jueces de paz y sus cárceles, la economía con sus presas de Necaxa y la Soledad, para energía eléctrica del Distrito Federal. El Estado también de las últimas décadas, con su Interserrana y sus terracerías, con sus escuelas bilingües y sus tecnológicos, pero con la carencia de una estrategia de inversión pública para el desarrollo en el largo plazo de la economía serrana.

Las tormentas de octubre arrojaron con su fuerza hechos que quiebran esta inercia de siempre en la Sierra Norte.

  • Cortes de agua como misiles destrozan en infinidad de puntos los 4,000 kilómetros de carreteras y terracerías y dejan incomunicados por más de dos semanas a centenares de pueblos y ciudades, provocando la mayor emergencia alimenticia en la historia reciente del país. Un sistema de protección civil de caricatura nunca imaginó el escenario de una carretera interserrana quebrada en cincuenta puntos. Se produce una hambruna temporal y la movilización de miles de personas en búsqueda de víveres sin alternativas mayores que las cadenas humanas entre las cabeceras y las comunidades y los vuelos de helicópteros cuando lo permite la niebla.

  • Además de los destrozos carreteros, es incalculable la pérdida de infraestructura, comunidad por comunidad, en la economía de autoconsumo y en los servicios públicos como adoquinados, redes de agua potable y drenaje, escuelas y edificios públicos. Más de 8,000 viviendas y una decena de comunidades arrasadas dan idea de la magnitud de la tragedia.

  • La respuesta del Estado es agresiva y bien intencionada para resolver la hambruna provocada por los cortes de la carretera interserrana entre Chignahuapan-Tetela, Zacatlán-Ahuacatlán, Zacapoaxtla-Cuetzalan y Tlatlauqui y Teziutlán. El gobierno de Melquiades Morales traslada secretarías de Estado a las cabeceras serranas afectadas y organiza de urgencia un abasto de alimentos que por no estar fundado en un plan de emergencia estratégico es lento o sometido muchas veces a la voluntad de presidentes municipales, y a la veracidad de la información otorgada a veces sí y a veces no por sus representantes.

  • La movilización hormiga, organizada desde los pueblos, de miles de hombres y mujeres desde las comunidades en busca de alimentos y en la reapertura urgente de sus brechas, encuentra respaldo en la red espontánea pero orgánica pica de grupos muy diversos de la sociedad civil: iglesias, empresas, escuelas y universidades públicas y privadas, medios de comunicación. Este es el hecho político más importante en la historia reciente de la sociedad poblana y puede generar cambios profundos en la equivocada e injusta relación social que llamamos Sierra Norte.

En conclusión, la tormenta genera la necesidad de replantear la relación de fondo de una región indígena-mestiza de importante producción agrícola e industrial pero sustentada en esquemas económicos y políticos arcaicos incapaces de reconstruir la infraestructura perdida y de proponer nuevas estrategias de desarrollo. Existe un consenso social por la Sierra. Se requiere una acción estratégica de Estado. A la vista está que toda dinámica estratégica que resulte tendrá que reconocer la importancia del campo y el autoconsumo para una solución de largo plazo, así como de su organización por fuera de los esquemas paternalistas, corporativos o de caridad que el Estado y las iglesias reproducen.

Mundo Nuestro. Este texto fue tomado de la sección La brújula. El blog de la metropoli, en la revista Nexos. Su autor, Gerardo Velarde, estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la BUAP, y cursa la maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas en la UAM. Sus líneas de investigación son movilidad y modelos de gobernanza.

Parece existir un acuerdo académico internacional sobre las políticas necesarias para llevar a cabo una transición hacia el transporte verde, para reducir la congestión vehicular, las emisiones de gases efecto invernadero y en última instancia elevar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. Durante los últimos años hemos escuchado o leído en distintos medios la importancia y los beneficios de promover la movilidad en bicicleta dentro de una ciudad; existen estudios y manuales en internet, al alcance de cualquiera, que explican la adecuada manera de cómo fomentar la movilidad en bicicleta y la adecuada construcción de infraestructura ciclista.



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En ninguno de los estudios o manuales de los que tenga conocimiento se recomienda construir ciclovías elevadas. De hecho, Mikael Colville-Andersen, diseñador urbano y experto en movilidad, ha criticado la idea de ciclovías elevadas en Londres, declarando que éstas “matan la ciudad”. ¿Por qué entonces, el gobierno estatal de Puebla en México, decide ignorar esto y se empeña en construir ciclovías elevadas? Por ejemplo, la ciclovía elevada en Avenida Atlixcáyotl de 3.5 km de longitud, que fue inaugurada en el 2014 por el gobernador Rafael Moreno Valle. Obra que tuvo un costo de 62 millones 465 mil pesos, casi 18 millones de pesos por km, precio que la convierte hasta el día de hoy, en la ciclovía construida más cara del país.

Ciclovía elevada en la Avenida Atlixcáyotl, Puebla, Puebla

Ilustracion 1

Fuente: Foto del autor.



Citando a Aguilar Villanueva (1992), la ciencia política latinoamericana ha estudiado prácticamente todo, “menos la manera como el gobierno construye y desarrolla sus decisiones”. Aunque no lo pareciera a primera vista, el diseño político institucional de un gobierno se encuentra muy ligado al diseño urbano de la ciudad. El modo en que está estructurada la planeación y la toma de decisiones en la ciudad define en muchos casos a la misma ciudad. La política y el urbanismo van de la mano.

Recientemente, el gobierno del estado empezó la construcción de otra ciclovía elevada, esta vez, en el Bulevar Hermanos Serdán. Dicha construcción de 7.6 km de longitud tendrá un costo de 271 millones de pesos, aproximadamente 35 millones 657 mil 894 pesos por km. Aunado a esto, la construcción implica retirar de la avenida 323 árboles que “estorbarían” a la ciclovía elevada.



Proyecto de ciclovía en el Bulevar Hermanos Serdán

Ilustración 2

Fuente: Nota de Periódico Central.

A pesar de que la ciudad no cuenta con un Plan de Movilidad integral, la ciudad sí cuenta con un plan de transporte no motorizado, elaborado por los tres órdenes de gobierno con recursos del Banco Mundial.

Este plan incluye un diagnóstico de la movilidad ciclista en la ciudad, en Puebla se realizan más de 60 mil viajes diarios en bicicleta, el 1.9% del total de los viajes. El plan, a su vez, realizó su propia encuesta a ciclistas para conocer a fondo los trayectos diarios realizados por los ciclistas en la ciudad. El plan concluye con un apartado de líneas estratégicas y una propuesta de una red ciclista metropolitana de 134.5 km. En la propuesta, se puede encontrar la construcción de una ciclopista en el Bulevar Hermanos Serdán.

Propuesta de ciclovía en Hermanos Serdán

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Fuente: Plan de transporte no motorizado en Puebla.

Sin embargo, en ninguna parte del plan se contempla la construcción de ciclovías elevadas; todas las ciclovías propuestas son a nivel de piso. Entonces, ¿Por qué el gobierno pretende construir una ciclovía elevada no contemplada en ningún plan? ¿Por qué gastar 271 millones de pesos en siete km de ciclovía? Tomando en cuenta que la ciclovía a nivel de piso en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, costó alrededor de 12 millones de pesos, y mide 6.8 km de longitud, el precio aproximado por km de ciclovía fue de un millón 764 mil pesos, 20 veces más barata que la planteada por el gobierno de Puebla. Teniendo eso en consideración, con el dinero invertido en la obra actual, se podrían construir 153 km de ciclovía a nivel de piso.

La ONU varias veces ha comunicado su preocupación por la opacidad que existe en los procesos de planeación e implementación de políticas en América Latina. La misma ONU nos menciona ocho características que toda política pública debería contener: ser participativa, que el consenso este orientado, que rinda cuentas, transparente, eficaz y eficiente, equitativa e inclusiva, receptiva y que esté apegada el estado de derecho. Estas características aseguran que la corrupción sea minimizada, los puntos de vista de las minorías sean tomados en cuenta y que las voces de los más vulnerables en la sociedad sean escuchadas en el proceso de decidir y hacer políticas.

Ninguna de las ocho características anteriores encontramos en la ciclovía elevada que el gobierno de Puebla quiere construir. Nos encontramos ante una crisis del modelo de gobernanza: el proyecto no es participativo, no rinde cuentas, no toma en cuenta la opinión de la ciudadanía, no es eficaz ni eficiente y, en última instancia, no está apegado al estado de derecho al no encontrarse la construcción de esta ciclovía dentro de ningún plan de movilidad.

Si queremos movilidad sustentable dentro de nuestras ciudades, si queremos ciclovías accesibles, si queremos una transformación urbana real, debemos empezar por reformar los modelos de gobierno. Las políticas públicas no pueden seguirse realizando con opacidad, sin rendición de cuentas y sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía.

Actualmente el uso de la bicicleta se ha convertido en un gusto, una necesidad y un asunto de consciencia ecológica para las clases medias y altas, además del ya conocido transporte popular, de ahí el interés por las famosas ciclo vías, asunto digno de celebrar. Sin embargo, desde mi punto de vista, en el diseño de las mismas, y si realmente queremos pensar en la movilidad urbana, tenemos que poner atención y recordar a los que cotidianamente han usado ese medio de transporte desde siempre y entonces veremos que en México las bicicletas no son un transporte individual sino colectivo e incluyen adaptaciones para quienes se mueven y al mismo tiempo ejercen un oficio.



Fotografía de Rafael Bonilla

Cualquiera ha visto en los barrios populares de Puebla y desde luego en Cholula a una familia en una sola bici: la señora en la parrilla trasera con las piernas de lado, un asiento en el travesaño para el niño, alguno más en los diablitos y hasta alguna adaptación en el volante; ni qué decir del panadero con la canasta en la cabeza, el afilador o el vendedor de tamales con su digna carga para la dicha estomacal. Ahora imaginemos la escena de cualquiera de ellos subiendo las empinadas ciclo vías proyectadas en la avenida Hermanos Serdán y sin sombra alguna por la decisión, al parecer ya reversible, de además quitar los árboles, fresnos y palmas entre otros, mismos que no sólo hermosean la avenida y nos dan oxígeno, como una grata bienvenida a quienes ingresan de la ciudad de México a Puebla, también proporcionan la adecuada sombra tan necesaria para el peatón y el ciclista. Quien diseñó sobre la Hermanos Serdán la mentada ciclo vía, no parece conocer Puebla, ya no digamos que alguna vez haya transitado a pie por esa avenida o moviendo el pedal. En hora buena entonces el movimiento ciudadano que ha logrado al parecer revertir al menos en parte, esa decisión.

En gratitud a los del pedal y a quienes aman los árboles, básicamente porque además de hermosos son fundamentales para la vida humana, va está selección de carteles ciclistas publicados en 1972: 100 Years Bicycle Posters. La edición buscó en su momento celebrar tanto el avance de la litografía que en 1872 hizo posible los posters pictóricos a color; como ese mismo año la adaptación por la compañía Smith & Sterley, de las dos llantas de la misma dimensión en las bicicletas, lo que permitió a su vez la proliferación de lo que se conoce como la bicicleta moderna.





Mundo Nuestro. Una vez una ciudadanía decidida a impedir por la vía de la movilización pacífica salió a la Avenida Hermanos Serdán, esta vez en bicicleta, a levantar la voz racional contra la más absurda y disparatada idea que ha tenido el gobernador Moreno Valle contra la ciudad de Puebla, a la que trata como si de su propiedad fuera. Y a la que impone proyectos sin tomar en cuenta al gobierno municipal de turno, consciente de que los que por ahí han circulado como alcaldes en los últimos tiempos están para obedecerle.

No es posible imaginar mayor tontería. No hay otra palabra que sirva, aunque a la mano tenemos la del negocio que como método se asocia a los proyectos de obra púbilica en nuestro país. Igual para los pequeños gobiernos que para los estatales y de la república. La vieja frase priista en el Distrito Federal: "Haz obra, que algo sobra..."

Un proyecto absurdo en una ciudad que no acaba de resolver problemas antiguos, que están en el estómago de sus ciudadanos, y que arroja como resultado reyertas entre policías y comerciantes en el cetro histórico que por verdadero azar no dejaron una estela de muertos.



¿En qué idioma habrá que dirigirse a las autoridades para exigirles que reconsideren este proyecto de ciclovía recreativa que se llevará, en el mejor de los casos --pues por ahí dejaron ver la posibilidad de que cambien el trazo hacia el centro de la avenida-- los centenares de cipreses que tuvieron a bien plantar en otro tiempo alcaldes menos pretensiosos?

Lo ha hecho en los términos legales el regidor priista Iván Galindo Castillejos en carta formal dirigida al alcalde Luis Bank.

Ya lo hemos hecho muchísimos en la plataforma change.org



¿Qué idioma hablan que no sea el de la ceguera y el negocio?