Ciudad de Puebla y grupos de poder: Antorcha Campesina y Posada-Lomas de Angelópolis, los extremos del caos

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Mundo Nuestro. Los poderes fácticos en Puebla. La toma del espacio público por grupos particulares y la indefensión de los ciudadanos comunes. El Estado fallido. La realidad de una sociedad que mantiene a la palabra ordenamiento arrinconada por las mil formas que se han desarrollado en México para darle la vuelta a la ley. La República del abuso legal y el caos.

Iniciamos con este ensayo una lectura que quiere ser de largo plazo y a fondo sobre los grupos de poder en Puebla en todos sus órdenes. Y lo hacemos con una valoración de dos dinámicas extremas: una empresa representativa del capital inmobiliario, estrella de la modernización de la ciudad de Puebla desde los parámetros del Real State, Grupo Proyecta, y Antorcha Campesina o Movimiento Antorchista, una organización social y política que es ya, sobre todo, una empresa inmobiliaria para la gestión de la pobreza en paralelo a las instituciones del Estado.

Los extremos del caos que corre parejo sobre la ribera sur-poniente del río Atoyac. Por el que se tocan y se dan la mano.





Preámbulo: Milagro en Puebla

-¿Quién es toda esta gente?

-Pobres.

-¿Y qué hacen aquí?

-Qué se yo, pero los echamos cuando queramos.

-¿Usted cree?

-Fácil, si zapatea escapan enseguida.

-No me parece fácil echarlos.

-Dice que no es fácil echarlos, ¡Por favor!

(De la película Milagro en Milán, de Vittorio de Sica. 1951)

Posadas y Aquiles

Dos personajes se dan la mano en la ciudad de Puebla. Ya no se miran uno al otro nada más de orilla a orilla del río Atoyac. Vienen de mundos extremos, pero hoy ambos reinan en el territorio del caos en el que hemos convertido igual el territorio que la política en Puebla. Y de ellos dependen miles de personas en un asunto vital: el de la casa que habitan, la que han construido, la que están pagando, la de sus ilusiones, la que traduce sus sueños, la que les confirma que tienen un lugar en el mundo.

Dos personajes para hablar de Proyecta y Antorcha Campesina. Y de poderes fácticos y ausencia de Estado. O de Estado fallido. O de corrupción impulsada desde el Estado. Rafael Posada Cueto y Aquiles Córdova Morán. Las antípodas, diremos. Uno es ejemplo fiel de la burguesía poblana, industrial molinero reconvertido en la estrella del Real Estate tras veinte vertiginosos años con su Lomas de Angelópolis; su trayectoria da una idea del proceso de subordinación del capital local ligado a la industria textil y alimentaria respecto del capital foráneo nacional y extranjero en la segunda mitad del siglo XX, pero también alumbra a la enorme capital que puede acumular un empresario con el dinero y las relaciones políticas en el momento justo del estallido de la especulación inmobiliaria compulsiva impulsada desde las instituciones de gobierno del Estado.

El otro, a sus 76 años, patriarca del Movimiento Antorchista, como le gusta llamar a su veterana Antorcha Campesina, la más importante maquinaria de movilización de masas de ciudadanos pobres en el país, una compleja y controvertida corporación económica y política especializada en la administración de las demandas básicas de vida (vivienda, educación, salud, trabajo) de los sectores marginados para los que el Estado mexicano no ofrece alternativas, y que en los últimos veinticinco años de sus 43 de existencia ha ocupado el papel para el que no están hechos los partidos –ni siquiera los de la izquierda—y ha logrado conjuntar una clientela de más de 1.2 millones de personas.

Dos de los poderes fácticos con mayor fuerza en la vida pública de Puebla.

El otro, tal vez el más catastrófico por las consecuencias para la construcción social que tenemos en la ciudad de Puebla, es el de la figura autocrática de los gobernadores poblanos que en los últimos treinta años en fila han convertido Casa Puebla en oficina de agentes inmobiliarios, a la que entenderemos mejor si analizamos estos dos fenómenos del nuevo siglo en Puebla. Figura, la del déspota, que explicaremos aquí en lo posible.

En esto pienso cuando descubro sentados en una mesa para desayunar en el restaurante Fonda Margarita de la 5 Poniente a Gabriel Posada Cueto y Soraya Córdova Morán. Uno representa a Proyecta, la empresa desarrolladora de Lomas de Angelópolis, que una vez que acabaron con la tierra de San Andrés Cholula han extendido sus clústeres sobre la ribera del río en territorio de Santa Clara Ocoyucan, en donde han comprado con distintos trucos más de 400 hectáreas de terrenos a los ejidatarios del pueblo de Malacatepec. La mujer, hermana del patriarca Aquiles Córdova Morán, representa a una organización que ha sentado sus reales en al menos 57 colonias del sur de la ciudad –o 97 si atendemos a los comités vecinales que reclaman el control de las negociaciones por el agua potable con el SOAPAP, al otro lado del río, pero que gobierna el ayuntamiento de Santa Clara Ocoyucan, el municipio con la última reserva agraria disponible al sur de la ciudad de Puebla.

Los veo muy sonrientes en una mañana de agosto de 2017 que sólo puede ofrecer buena ventura para los dos grupos sociales sentados en esa mesa de desayuno. A su manera, cada una de estas máquinas inmobiliarias marcan el ritmo y el rumbo del crecimiento de una metrópoli en el que las instituciones hace tiempo que perdieron la iniciativa para –desde la aplicación de la ley—definir el qué, quiénes y cómo de la vivienda en la ciudad de Puebla. Y las clases sociales que representan les dan la mano.

“Mi casa en Lomas, que pagaré en veinte años si no se colapsa la proveedora de tanques de gasolina para la planta Volkswagen en donde trabajo como ingeniero…”

“Mi terrenito en la Cuitláhuac, que pago en cuotas de 200 pesos semanales a la organización si la empresa para la que chambeo como albañil en el clúster Oaxaca en Lomas me sigue dando chamba…”

Poderes fácticos I

Para decirlo llanamente, Proyecta y el Movimiento Antorchista son dos organizaciones que ocupan el vacío provocado por la ausencia de un Estado responsable del más elemental ordenamiento territorial.

Acudo para comprender este vacío ocupado por grupos concretos de poder al decir de la politóloga María Amparo Casar:

“La transición mexicana logró democratizar la esfera de lo político en lo que se refiere al acceso a los cargos de elección popular y a la pluralidad de los órganos de gobierno, pero no tuvo el mismo éxito en reducir la posición e influencia de ciertos grupos de poder. Al respecto, hay que distinguir entre el poder político de jure y el poder político de facto. El primero es el que otorgan las instituciones políticas: la Constitución, las leyes, el sistema electoral. El poder de facto es el que surge de la acción colectiva y del despliegue de recursos privados, trátese de mecanismos como el cabildeo y la corrupción, o el simple uso de la fuerza.” (Poderes fácticos. Nexos, abril 2019)

Miro en su mesa de desayuno a Gabriel y Soraya.

Imagino al primero en gran plática con el presidente municipal de San Andrés Cholula en el acuerdo de liberación de los cambios de uso de suelo para las tierras de Cascatta –las de Sonata ocurrieron hace ya varios trienios--, y los clústeres aprobados, y sí ya se verá después qué hacer con el abasto de agua y lo que tenga que pasar con las aguas residuales, habrá tiempo de llegar a arreglos con Concesiones Integrales, sí, por supuesto, la vida como debe ser…

Imagino a la Doctora Soraya hablando por teléfono con el Secretario General del Ayuntamiento de Puebla –elija usted el que quiera y cuente el trienio que guste de los últimos cinco--, claro, usted bien que entiende licenciado, cómo quiere que quitemos el plantón si usté no nos cumple con lo comprometido para los compañeros, ¿o qué no su presidente bien que llegó a pedirnos el apoyo para la elección?

Lo último que ocurre en esas conversaciones es poner en la mesa el tema de la disponibilidad de agua. Ya de ello se preocupará el próximo alcalde, o mejor, la próxima generación de poblanos. La ciudad corre a la deriva en la derrota del ordenamiento territorial. A final de cuentas el caos está organizado. Es un sistema. Y si analizamos el fracaso histórico en la planeación urbana y el papel jugado por el Estado, este proceso está determinado por los intereses económicos y políticos de los grupos de poder. Privilegios que se corresponden con la ausencia del Estado y su pérdida de control del espacio público.

Desde ahí se puede entender mejor la existencia de dos grupos de poder en los extremos de la ciudad. O mejor, que se miran uno a otro cada uno desde su orilla del río.

El Estado en México lleva prendida en el alma de su fracaso el ánimo de la modernización. Como si achacara sus perfiles de autoritario, corrupto y fallido a los rezagos ancestrales de la sociedad mexicana.

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La modernización que se impone

Los proyectos de modernización han sido impuestos por la federación y los gobernadores en tres momentos de la historia reciente de la ciudad de Puebla. Con intervalos de 25 años los recursos federales han llegado envueltos en programas salvadores al rescate de la región en pena. En tantos generacionales y de la mano de sus implacables virreyes. 1960-75, 1992-97, 2011-2016.

En los 60 lo hizo Díaz Ordaz con Merino Fernández y la propuesta de desarrollo industrial a partir de la inversión de los alemanes con la Volkswagen en Puebla. La modernización impulsada por el Estado mexicano rompe la parálisis avilacamachista y subordina al capital local textilero y alimentario con sus anquilosadas estructuras de poder sindical cetemista en un proceso que durará hasta bien entrados los noventa, ya muerto Blas Chumacero y desaparecido el Banco de Oriente. Todo en paralelo de la insurrección de las clases populares y medias que se llevarían las cabezas de tres gobernadores en torno a los conflictos por el control de la universidad pública. Son justo los años de “Comunismo no, Cristianismo sí”, FUAS contra Carolinos y pedrizas al Colegio Benavente. Pero son también los años de aparición de una burocracia camaleónica que se reproduce en los sótanos de la Secretaría de Gobernación y en los despachos de las Notarías y que en el futuro llevará los nombres de Melquiades Morales y Mario Marín.

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La inversión en infraestructura entonces se aplica en la autopista México-Puebla, las expropiaciones de tierra, la renovación ferroviaria, los parques industriales, la petroquímica de Pemex, los estadios, los Fuertes y las vialidades Diagonal Defensores, Avenida Hermanos Serdán y Boulevard 5 de Mayo, con el entubamiento del río San Francisco como añadidura aberrante. Una enorme inversión pública con recursos federales, como no se volverá a ver en Puebla sino hasta 30 años después con otro gobernador impuesto desde la Federación para hablar de la grandeza de Puebla.

En los 90 lo hizo Salinas de Gortari con el altivo Manuel Bartlett y la reconversión hacia el capitalismo inmobiliario del Programa Regional Angelópolis. La ciudad viene de una detente controlada por los políticos aldeanos Toxqui y Jiménez Morales que no han gozado de la cartera abierta de la Federación.

La palanca de la modernización está en la figura draconiana de la expropiación por causa de utilidad pública y la figura etérea del fideicomiso, en el más puro de los sentidos de la expropiación originaria del análisis marxista. Cerca de tres mil hectáreas tomadas de la reserva agraria de Cholula, y de ahí también el agua que le arrancan al subsuelo de Nealtican.

El Programa de Desarrollo Regional Angelópolis, presentado en septiembre de 1993, para fines prácticos se sustenta en el decreto de expropiación de 1081 hectáreas originales del 4 de mayo de 1992, extensión equivalente entonces al 8 por ciento del área de la ciudad de Puebla.

La “recuperación de la grandeza de Puebla” la impuso Bartlett Díaz a golpe de cambios de uso del suelo por un Congreso a modo, notarios de la corte y jueces siempre dispuestos, a la par de toletes de granaderos y recursos públicos aplicados en infraestructura para la especulación inmobiliaria de los siguientes 25 años.

La lectura de este programa es francamente ilustrativa del abismo existente entre la planeación del desarrollo urbano y su concreción en la realidad. Y el seguimiento de los cambios al uso del suelo establecido en el decreto expropiatorio en tres sucesivos sexenios, con el extremo denunciado en el 2088 por organizaciones de la sociedad civil sobre las últimas treinta hectáreas de reserva ecológica en el decreto expropiatorio original a las que el gobierno de Mario Marín quería hincarles el diente. La denuncia motivó la intervención del gobierno federal, que tuvo que revertir la autorización dada por la SEDESOL al gobierno poblano. Toda esta historia la he contado con sus rasgos precisos en el reportaje Milagro en Puebla publicado en el periódico digital e-consulta y en esta propia revista digital Mundo Nuestro.

Territorio expropiado para la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl.

Área aproximada considerada como reserva ecológica por el decreto expropiatorio.

En los 2 mil dieces Peña Nieto con el faraónico Moreno Valle y la mezcla de capitalismo de enclave industrial en Audi y Real State en Lomas de Angelópolis. Esta dualidad del proyecto morenovallista (inversión extranjera en industria automotriz y desarrollo inmobiliario con capital foráneo y/ligado a grupos políticos como Pedro Aspe y Hank González) se fundó, al contrario de lo ocurrido en los años sesentas y noventas, en la hipoteca de los ingresos públicos en el largo plazo, en un entramado que conocemos como Protego-Evercore, el mecanismo creado por el ex secretario de Hacienda del régimen de Carlos Salinas de Gortari por el que los gobernadores de varios estados de la república endeudaron a sus ciudadanos por los siguientes 25 años.

Ganancias que van del 242 al 348 por ciento. Empresarios ligados al grupo en el poder federal (se incluyen Concretos y Obra Civil del Pacífico –subsidiaria de Grupo Higa que encabeza Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario consentido por el gobierno federal– La Peninsular y Promotora de Cultura Yaxché –ambas compañías de la familia Hank Rhon–, encargadas de edificar el MIB, quién logró el contrato más ventajoso pues obtendrá cuatro veces la inversión realizada, y que la obra se terminará de pagar en el año 2039, además de los viejos conocidos Abed -- los constructores del CIS, la primera obra que se licitó bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios en Puebla, la que tendrá el contrato más largo: 25 años-- y los grupos más gansteriles de la sobreviviente CTM, sobre quienes recayó la contratación de miles de camiones materialistas para la plataforma de AUDI, por cierto ligados a la trama huachicolera vinculada con funcionarios de seguridad pública del gobierno estatal.

El Museo Internacional Barroco, las constructoras ligadas a Hank Rohn.

Los proyectos PPS, Protego y la deuda oculta.

La Ciudad Nómada: modelos urbanos

Para comprender esta historia en su perspectiva histórica, vale la pena verla en estas vistas aéreas de la ciudad de Puebla. Y valorar entonces desde el análisis urbanístico este proceso que ha dado como resultado la existencia de esos dos grupos de poder fáctico, Proyecta y Antorcha.

¿Cuál es el currículum oculto existente en la planeación urbana? Esa pregunta se la hace el Doctor Oscar Soto Badillo, académico de la Ibero Puebla, ¿Cuáles son esos mecanismos que se conciertan en espacios alternos y que explican la importancia que han llegado a tener dos proyectos extremos, tan antagónicos que de hecho ya se dan la mano en la ribera sur del río Atoyac, en el municipio conurbado de Santa Clara Ocoyucan?

Ayuda entender antes la contención estructural de la ciudad de Puebla desde la perspectiva del análisis urbanístico.

En un primer momento, la ciudad contenida, persistente en su trama colonial hasta bien entrada la quinta década del siglo XX. Es el encierro avilacamachista, que sólo encuentra en la presa de Valsequillo y los distritos de riego de Tacamachalco y la región cañera de Atencingo la memoria de que la Federación piensa en el estado de Puebla. Es la ciudad contenida en su trama octogonal original, con límites claros en su vinculación con el entorno rural y en el uso histórico de los ríos Atoyac, San Francisco y Alseseca como generadores de fuerza motriz para la producción industrial.

La ciudad de Puebla en 1937.

En los años sesenta la ruptura del encierro caciquil y la aparición del Estado interventor con una inversión pública no vista desde la era porfiriana y que acoge la llegada de Volkswagen como punta de lanza del capital foráneo que subordinará al poder económico local. La ciudad industrial que resulta del milagro mexicano, la ciudad que ya apunta hacia su fragmentación pero que todavía es funcional en su crecimiento, en la continuidad de un modelo que se sabe homogéneo: aspira al pleno empleo, ofrece un marco regulatorio y créditos para la construcción de viviendas para trabajos formales de los obreros en fábricas estables. Para ellos La Margarita, Amalucan, San Bartolo.

Puebla en 1977

En los años noventa una nueva ruptura da lugar al crecimiento difuso. Contra el discurso conceptual de la ciudad planificada se impone la fragmentación y los desarrollos se convierten en metástasis (en torno al aeropuerto en Huejotzingo, Angelópolis, y en estos tiempos, la Ciudad Modelo, Lomas de Angelópolis). Si alguna vez la tuvo, la ciudad ha perdido su inteligencia y se desvanece la capacidad pública de ordenar su crecimiento. El estado confirma su vocación de promotor inmobiliario acotado por el capital neoliberal y la economía busca refugio en la informalidad. Nuevos actores crean mecanismos que se conciertan en espacios alternos.

El valle de Puebla en 1984

El Valle de puebla en el 2017

Las razones estructurales del fracaso del Estado

Entre 1940 y 1980 En Puebla prevalece un modelo tradicional desagregado en torno al desarrollo industrial. La economía formal se sustenta en un mercado de trabajo estable ligado a las industrias textil, metalmecánica, automotriz y alimentaria.

La crisis de ese modelo de Estado lo lleva a la quiebra en los noventa. Su reconversión económica por la vía del Tratado de Libre Comercio en 1993 supone una desindustrialización relativa del centro del país y el traslado a la frontera maquiladora y a las costas turísticas. El estado pierde capacidad de gestión. Un actor principal, los sindicatos y sus obreros asociados a empresas pierden también fuerza económica y política. La incorporación al trabajo se produce por nuevas vías. El crecimiento irremediable de la informalización de la economía y el precarismo social, su consecuencia, sientan las bases para el crecimiento de organizaciones como Antorcha Campesina y la 28 de Octubre.

Así, el modelo de planeación y gestión social por el Estado no puede sostenerse más bajo las condiciones de desregulación y liberalización económica que provocan este crecimiento de la informalidad de la economía. El Estado mantiene el discurso de la planeación del crecimiento urbano pero está totalmente incapacitado para realizarla. No sólo no tiene ya los para normar la construcción de viviendas bajo un ordenamiento territorial sino que los actores que se apropian del mercado ya no se organizan en torno a él.

De un lado, corporaciones como Geo, Sadasi, Ara, etc, no producen viviendas para resolver necesidades sociales sino para producir dinero: las reglas del juego para ellas son las del suelo barato distante, bajos costos de producción y financiamiento con recursos del sector financiero privado. Y han aprovechado las condiciones creadas por el Estado a partir de la liberación de la reserva agraria fundada en la expropiación por causa de utilidad pública y la inversión millonaria en infraestructura vial que arrojó el Programa Regional Angelópolis. Sordo Madaleno y Liverpool en el cetro comercial Angelópolis son la punta de lanza de la modificación sustancial del uso del suelo establecido como reserva ecológica a todo lo largo y por más de doce kilómetros de la ribera poniente y sur del río Atoyac para el establecimiento de los fraccionamientos residenciales de La Vista, en los años 90, y Lomas de Angelópolis desde el 2003 a la fecha.

En el extremo, Lomas de Angelópolis del grupo Proyecta/Posada-Aspe, con una primera etapa de desarrollos que abarcan los complejos Cascatta y Lomas de Angelópolis secciones I y II, que suman suman, en total, 4.17 km2 o 417 hectáreas.

Del otro, y con las reformas al artículo 27 constitucional, la respuesta espontánea a la necesidad de vivienda popular por la vía del a la tierra ejidal en la reserva agraria del sur y norte de la ciudad, con la proliferación de invasiones y asentamientos con todo un sistema legal y paralegal de control y gestión con reglas no escritas pero reconocidas a través de gestores, promotores, funcionarios y políticos que opera en plazos largos pero que es funcional y eficiente en la solución de un asunto vital para miles de familias pobres. En el extremo, la conversión de una asociación de carácter rural en un movimiento social que hoy conocemos como Antorcha Campesina o Movimiento Antorchista, un organismo basado en un modelo de gestión clientelar que ha sabido negociar la protección política de sus intereses a golpe de movilizaciones y plantones en medio país, pero que sirve también como mecanismo del sistema político que tiene en la dosificación del proceso de regularización de la tenencia de la tierra y la producción de vivienda el más eficiente mecanismo de control del descontento social que ha definido al sistema político mexicano. Un proceso que no termina con la problemática de la vivienda y que se repite en los mecanismos de acceso a la salud, la educación, el transporte, el esparcimiento y la cultura.

Antes, a ese mecanismo, le llamábamos PRI. Hoy ellos se llaman “movimiento antorchista”.

Los poderes fácticos II

Posada y Antorcha, en los extremos de este desigual y abigarrado mundo mexicano, se dan la mano como suplentes de un Estado que abandonó su papel de gestor social --que además asumió la lógica neoliberal de desregulación del mercado de la vivienda--, y se convierten en los actores mercantiles que marcan los rumbos del desarrollo urbano.

Las mecánicas de operación. Es preciso investigarlas a fondo, trazar sus trayectorias que se describan a detalle. Presentamos aquí las líneas que un trabajo de investigación histórica debe seguir para cada una de las dos organizaciones.

Grupo Proyecta

El territorio de Lomas de Angelópolis. El polígono inferior corresponde a la tierra comprada al ejido de Malacatepec.

La expansión territorial. Al menos 850 hectáreas de los municipios de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan.

La oportunidad del Programa Regional Angelópolis:

La demanda de vivienda residencial tras el crecimiento económico concentrado en la ciudad de Puebla.

La debilidad institucional.

Los ejidos liberados, la tierra de la especulación.

La tierra pobre: Azumiatla, Totimehuacán y Valsequillo.

La reserva Real State: San Andrés, Santa Clara Ocoyucan y Malacatepec.

Carencia de ordenamientos territoriales.

Desorden legal en lo regional: decreto 1962, sin instrumentación hasta el 2012.

Debilidad de la figura municipal, y la oportunidad de San Andrés Cholula.

La oportunidad empresarial:

La reconversión de los Posada: MASECA compra Harinera La Asunción.

El efecto Bartlett-Aspe. La vinculación del político y financiero Pedro Aspe Armella con los empresarios Posada Cueto.

La liga con los gobernadores inmobiliarios: Melquiades y Marín.

Las alianzas Real State nacional e internacional.

El mercado inmobiliario. La oferta de casas en noviembre de 2017.

Antorcha Campesina.

La expansión de la masa. La identificación de las colonias antorchistas en estas del norte y sur de la ciudad dan una idea del alcance masivo de la organización.

Maestro Aquiles: Antorcha, la ciudad y el partido que viene

Estadio Cuauhtemoc el pasado domingo 12 de noviembre. 43 años de la organización Antorcha Campesina.

Las condiciones estructurales de la precarización de la vivienda.

Los conflictos sociales de los años 80.

La 28 de Octubre.

La Unión de Amas de Casa.

La quiebra de la universidad de izquierda.

La oportunidad política.

1988-2006: la izquierda electoral en México y el abandono de la lucha social.

El crecimiento político de Antorcha en el Estado de México.

El desmantelamiento de la estructura corporativa del PRI.

La ruptura del PRI: Marín vs Melquiades-Moreno Valle.

Antorcha: gobiernos municipales y diputados.

La organización empresarial.

De organización campesina a organización popular.

De las tiendas Conasupo al complejo gasolinero.

Antorcha S.A. De gestionar obras a construirlas. Las empresas constructoras de Antorcha

De invasor a desarrollador inmobiliario.

Milagro en Puebla: el que llega, arrebata

Esta mirada a los poderes fácticos, dos de ellos visibles, Grupo Proyecta y Antorcha Campesina o Movimiento Antorchista, son el arranque de una mirada de conjunto a los procesos y conflictos sociales que se dirimen en la periferia del sistema legal en que se soporta el Estado en Puebla y que marcan el rumbo del desarrollo urbano de la ciudad de Puebla.

Retomo aquí para cerrar esta primera perspectiva lo escrito en el arranque del reportaje Milagro en Puebla sobre la manera en que desde los sucesivos gobiernos estatales entre 1989 y el 2008 se modificó el decreto en el que se fundó el Programa Regional Angelópolis de 1993 para favorecer la especulación inmobiliaria sobre los terrenos expropiados a los pueblos cholultecas.

En Puebla vivimos en la república del abuso legal: la apropiación del poder público por un grupo, por una persona, que con el sometimiento de los poderes legislativo y judicial, y el control y compadrazgo de los medios locales de comunicación, mantiene en indefensión a los ciudadanos. Lo público es aderezo de una variada gama de espacios vitales que explican la existencia misma del Estado: poder, derecho, propiedad, fuerza, seguridad, política, recursos, cuenta, proyectos, licitación, servicio, función, utilidad, escritorio, oficina, edificio, vía, alumbrado, drenaje, salud, educación, escuela, universidad, ejercicio, parque, playa, medios, comunicación, denuncia, etc. Frente a todos esos espacios de lo público nos definimos como sujetos de un Estado, ciudadanos de una nación. Suena bien luego de tantas décadas de autoritarismo priista, y cuidado que muchos hemos llegado a creer en ello. Pero la disputa por lo público en México se da en territorios, demarcaciones y potestades regidos por una indefinición jurídica ganada a pulso por un Estado que se especializa en dejar en la indefensión a sus ciudadanos. Sin importar el orden y la dimensión del problema, hay una calidad indefinida de lo público, un espacio enorme de vacío legal tallado desde el poder político, que igual permite contratos anticonstitucionales en Pemex como desconocimiento de convenios legalmente establecidos entre un gobierno y un grupo de ciudadanos. Y en la era de los omnipotentes gobernadores en estados como Puebla, todo se resume en el exceso del poder público.”

Esta es la crónica de una ciudad cortada a tajo por sus contradicciones y sus ríos, perfilada por el trazo estricto de sus calles y la armonía de sus casonas históricas y las convulsiones anárquicas de sus avenidas modernas y la monotonía universal de sus desarrollos comerciales capitalistas. Es la historia de los excesos del poder en su trama despiadada y fría contra la acción civil que le cuestiona y le sobrevive. La memoria de veinte años de una ciudad que ha sufrido siempre por la sinrazón de sus regentes, capaces de disimular la lógica de sus intereses personales y de grupo tras el velo de las políticas públicas de planificación y desarrollo urbano, con la ley de su lado y el garrote que la hace valer en la mano.

Pero también es la narración de un esfuerzo concreto de ciudadanos por el que se comprueba que en México, contra lo que se diga, existe la sociedad civil.

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Sobre el autor

Sergio Mastretta

Periodista con 39 años de experiencia en prensa escrita y radio, director de Mundo Nuestro...