Tropas en la frontera

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(Ilustración de portadilla: Oldemar González, tomada de la revista Nexos)

A fines de la semana pasada, el Presidente de Estados Unidos ordenó desplegar la Guardia Nacional en la frontera con México. Trump afirmó que lo hacía para apoyar a las autoridades de inmigración y que esta medida duraría hasta que el Congreso decidiera una ley menos permisiva y se terminara de construir el muro.

De acuerdo con la información oficial (disponible en www.nationalguard.mil), el Secretario de Defensa acató la instrucción presidencial y ordenó el despliegue de hasta 4 mil elementos. De inmediato, 500 guardias fueron movilizados a la ciudad de McAllen, Texas. Las tropas deberán apoyar a la patrulla fronteriza por medio de la aviación, ingeniería, vigilancia, comunicaciones, mantenimiento de vehículos y apoyo logístico y “deberán usar todo su poder para apoyar a los hombres y mujeres que están haciendo cumplir la ley”. El Jefe del Pentágono reiteró que las órdenes del presidente se debieron a “un brote drástico de actividades ilegales en la frontera sur que amenaza nuestra seguridad nacional”.

La amenaza a la que se refirieron el secretario y el presidente apunta a una a Caravana de migrantes centroamericanos que recorre México, formada por unas mil 200 personas, para llamar la atención sobre las graves violaciones a sus derechos humanos que sufren en su trayecto hacia Estados Unidos y en ese país.



Trump también ordenó que los indocumentados detenidos no fueran puestos en libertad mientras siguen el proceso de deportación. Para entender esta instrucción debe recordarse que, normalmente, cuando una persona es detenida por la Patrulla Fronteriza se le pone un brazalete para monitorearlo y se le asigna una cita en un juzgado; posteriormente se les deja en la estación de autobuses donde son apoyados por activistas de derechos humanos para llevarlos a algún centro de ayuda cercano donde reciben alimentos y se les proporciona alguna ropa y pañales para sus hijos mientras se define su situación jurídica.

Aunque la Guardia Nacional (National Guard) es una fuerza de reserva constituida por voluntarios, sus miembros están entrenados para cumplir con un objetivo principal: combatir a quien se les ordene. No es la primera vez que se militariza la frontera: en 1997, un joven de 18 años, Ezequiel Hernández, ciudadano estadounidense, fue asesinado injustificadamente a tiros por soldados enviados por Washington. Clinton decidió suspender el programa. Luego, el presidente Bush ordenó el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia en 2006 cuando el gobierno mexicano declaró la guerra al crimen organizado. Y hace unos siete años, Obama envió otros mil 200 militares. En 2014, el gobernador Perry, despachó por su cuenta mil guardias texanos cuando se produjo la crisis de los menores centroamericanos

¿Cuál es la diferencia entonces entre la decisión de Trump y las que se tomaron en otros tiempos? Todas han sido repudiables pero el rasgo distintivo está en la retórica y en la diplomacia pues, en esta ocasión el envío de la Guardia fue acompañado de discursos amenazantes y denigratorios contra México y los migrantes. Sin embargo, todo parece indicar que se trata de un truco político montado junto con los medios de comunicación de derecha supremacistas y nacionalistas.

Varias cadenas noticiosas, sobre todo Fox, difundieron días antes de la orden presidencial que “había una multitud tratando de llegar a EU que nadie estaba deteniendo y que entre ellos había criminales y terroristas”. Las Caravana, según ellos, era un “plan organizado y deliberado para atacar la soberanía de los Estados Unidos… “. Se trataba de un relato sensacionalista sin fundamentos veraces y Trump reaccionó de inmediato a esta campaña de histeria.

El objetivo, preparado entre la prensa derechista y el gobierno, era crear un clima de miedo para reavivar la simpatía por el actual inquilino de la Casa Blanca. Además de una medida para ganar apoyo político interno, la decisión tiene otros fines: presionar a México para concluir las negociaciones del TLCAN lo más pronto posible, imponiendo sus condiciones.



Convertir a México y a los migrantes en piezas de una estrategia de terror para obtener ganancias políticas es una acción peligrosa para la vida y los derechos humanos de estos últimos. Se trata de una acción de fuerza brutal para tratar de complacer a su base de apoyo más dura y una nueva versión de la diplomacia del gran garrote contra México.

La reacción interna por parte del presidente Peña y las fuerzas políticas ha sido acertada discursivamente, pero falta saber si lo será en lo de fondo: las negociaciones del TLCAN; la colaboración de las autoridades mexicanas para detener, vigilar y compartir la información de los flujos de centroamericanos y mexicanos que transitan hacia el norte; y el conjunto de acuerdos de colaboración militar y de inteligencia en materia de drogas y supuestas amenazas terroristas. Es la hora y el momento de mostrar firmeza y revisar nuestra relación con la potencia del norte. La agresión debe tener consecuencias diplomáticas.

Según el semanario The Nation, a largo plazo, las decisiones del presidente podrían resultar contraproducentes. Las comunidades de migrantes están aterrorizadas cada vez más por los agentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement). Los detienen en el camino a su trabajo o cuando dejan a los niños en la escuela y cada vez más están poniendo atención en los activistas que defienden esta causa. Pero Trump, además de endurecer la persecución, ha cometido el error utilizar prejuicios raciales. Debido a ello, los estadounidenses parecen estar cambiando de opinión. Por 20 años, el Centro Pew ha preguntado si los migrantes “fortalecen al país con su trabajo y su talento” o si son “una carga para el país ocupando empleos y viviendas y aprovechando los beneficios de atención sanitaria”. En 2015, cuando tomó posesión, el 51% dijo que fortalecían al país y 41 por ciento que representaban una carga. Poco más de dos años después, la encuesta encontró que hubo un cambio en la opinión pública: ahora los que tenían una opinión favorable a los migrantes representaban el 65% y los negativos el 26 por ciento.

Trump ha propiciado, sin querer, que los derechos de los indocumentados se conviertan en un asunto central del movimiento progresista. Sus posiciones racistas están creando, según algunos activistas destacados, una alianza horizontal entre grupos afroamericanos como Black Lives Matter y las comunidades de migrantes que vienen del sur. Esto puede tener efectos político-electorales y hacer que el tema sea retomado por una mayoría más amplia que el voto latino que solo representó 9% en la última elección.

Madeleine Albright (secretaria de Estado con Clinton entre 1997 y 2001), acaba de publicar un artículo en el que señala que:

“La retórica de Trump ha consistido en insultar a sus vecinos y aliados. En lugar de desplegar una diplomacia creativa y defender los derechos humanos y las libertades civiles, se ha dedicado a difamar a los migrantes y a los países de los que proceden y exacerbar las divisiones religiosas, sociales y raciales. ¿Qué hacer? Hay que detenerlo antes de que sea demasiado tarde”.

Albright está tratando de decirnos que enfrentar a este mandatario ya no es un asunto que concierne sólo a los estadounidenses, se trata de una causa mundial. El gobierno mexicano debe entender que apoyarlo puede ser una causa perdida y sobre todo una estrategia peligrosa para la paz en la región y en todo el orbe. Podemos ser aliados estratégicos de EU pero no de su administración actual. En consecuencia, la causa de los migrantes, mexicanos y centroamericanos, debe ponerse por encima de todos las demás y orientar las relaciones de nuestro país con Estados Unidos. A este personaje, un aprendiz de dictador y autócrata, y simpatizante de ellos, como dice la señora Albright, se le tiene que responder con la fuerza de la verdad y la defensa de la democracia y los derechos humanos como base de la diplomacia y la cooperación internacional. Ahora, antes de que un nuevo fascismo se consolide en el mundo.

Twitter: #saulescoba

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Sobre el autor

Saúl Escobar Toledo

Saúl Escobar Toledo es historiador en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Sindicalismo, salarios, empleo y partidos políticos en México en el siglo XX son las áreas de su investigación. Entre sus publicaciones están Los Trabajadores en el siglo XX. Sindicatos, estado y sociedad en México (1907 – 2002) Ed. UNAM, 2006; “Las batallas en el desierto: los trabajadores mexicanos 1980-2000”. Colección Claves de la Historia del siglo XX. Ed. INAH, 2010 y  “Las reformas a la Ley Federal del Trabajo: una perspectiva histórica” en Las reformas estructurales en México (en prensa). Editorial Ítaca, 2015.