¿Cómo le irán a hacer? Una pregunta simple al equipo de López Obrador

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Vida y milagros

(La ilustración de la portadilla es de Víctor Solis, y fue tomada de la revista Nexos para ilustrar el excelente texto La austeridad y la podadora, que aborda el tema tratado aquí por Verónica Mastretta)

Una secretaría de estado pequeña, como lo es la SEMARNAT, lleva a cabo cerca de cien mil trámites anuales. El 70% de dichos trámites se ejecuta en las delegaciones. Esos trámites no incluyen los trámites del área más grande y estratégica del sector, que es la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), responsable de toda la gestión del agua del país. La ley permite que algunos de los trámites de SEMARNAT se hagan por vía electrónica, pero incluso esos, en algún momento tienen que cotejarse con los documentos originales. Hay impactos ambientales que llegan a tener cerca de 5 mil hojas. Los recortes que se han hecho en muchas áreas estratégicas de las delegaciones las tienen ya hoy en el límite de su capacidad operativa. La Comisión Nacional del Agua ha sufrido recortes de personal de tal tamaño, que toda la gestión del agua del país está ya en jaque. Donde antes hubo 40 inspectores, ahora quedan solo tres o cuatro. Ser eficaces era ya casi imposible. A eso habrá que sumarle el nuevo recorte del 70% del personal de confianza, que son los que llevan la carga de las delegaciones y la responsiva de las firmas.



Se supone que a partir del primero de diciembre las delegaciones estatales desaparecerán y que el nuevo gobierno intentará concentrar todos los trámites en una sola oficina central a la mayor brevedad posible. De momento esas sedes están en la ciudad de México, pero luego serán trasladadas a otros estados con todo y los trámites pendientes que llegarán de cada estado. En ese tramo, ¿Qué y quiénes quedarán en los estados? ¿En qué tiempo desaparecerán las oficinas? ¿A dónde y cuándo se mudará el personal? ¿Físicamente qué pasará con la documentación? Eso deben de estarse preguntando ahora los responsables de recibir las secretarías de estado. Me imagino que ya estarán lo suficientemente preocupados. Lo que se les pide es una tarea que a mí me parece casi imposible. De todos modos, en caso de lograr una mudanza rápida, arrancarán la nueva gestión gubernamental con una desventaja enorme en personal y herramientas para poder concentrar y gobernar a distancia, que es de hecho lo que se estará esperando de ellos. Gobernar a distancia implicaría una enorme y rápida modernización digital del gobierno, y eso no podrá hacerse si en los próximos años ya se ha anunciado que no se invertirá ni en equipos de cómputo ni en los sistemas cibernéticos necesarios para la organización y administración del país.

Ojalá que el gobierno entrante se tome su tiempo, aunque ya no le queda mucho, para analizar de manera correcta cómo es que van a aterrizar la concentración de poder y decisión que se proponen con el objetivo central de ahorrar. Un ahorro que a lo mejor acaba teniendo un costo social y administrativo mayor que el ahorro que se busca.

Y mientras, entre hoy y el 30 de noviembre seguirán ingresando trámites en todas las delegaciones del país, trámites que se sumarán a los miles de expedientes que ya están en proceso y que habrán de mudarse de manera obligada a partir de diciembre a un único y quizá muy lejano punto del país. ¿Cuándo y cómo los moverán? ¿A dónde los van a almacenar? ¿Qué hará la gente que pertenece a un sindicato y que trabaja hoy en las delegaciones? ¿Los ciudadanos de todos los estados tendrán que viajar hacia un solo punto para continuar con un trámite que debieran poder terminar o hacer de manera local?



El concentrar las decisiones y trámites de todas las delegaciones en las oficinas centrales de la ciudad de México y luego en las nuevas sedes a las que serán enviadas implica una centralización del poder y un recorte de personal que a mí me asusta. A lo mejor hay algo que no estoy entendiendo o no nos han explicado bien. O quizá yo hablo desde la experiencia de encogimiento de los servicios del estado que ya se llevó a cabo a nivel local en el estado de Puebla en los últimos ocho años. La justificación fue ahorrar dinero para hacer otras cosas más necesarias e importantes. Esa medida no fue exitosa en muchos aspectos y los resultados no fueron favorecedores para la mayoría de los habitantes del estado.



Hacer recortes tan drásticos al famoso capítulo mil, sueldos y salarios, involucra a las vidas de miles de personas que trabajan en el gobierno, pero también a la vida de millones de ciudadanos que tiene que tratar con las dependencias públicas y que padecen enormemente su ineficacia cuando ésta es por falta de personal o condiciones inadecuadas para trabajar. Un ejemplo de Puebla: se redujeron al mínimo los ministerios públicos. Se hicieron recortes y se centralizaron servicios de tal manera que lo han pagado los ciudadanos, en particular los que no viven en la zona metropolitana. Los puntos para poner una denuncia son lejanos o inoperantes para la mayoría de la población. Solo hay 59 Ministerios Públicos para todo el estado, con horarios de terror para los que trabajan ahí. El promedio para poner una denuncia, para quien se atreva y se anime, es de 8 horas. Las colas para denunciar son para salir corriendo. La posibilidad de que se resuelva el caso que denuncias es casi de cero. No conozco ninguno de primera mano. Hay ahorros que son de temer.

La excesiva centralización con el afán de ahorrar puede resultar contraproducente y peligrosa. Ojalá que los encargados de recibir las secretarías de estado sean realistas y francos y que a tiempo observen lo que puede resultar imposible de lograr.

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Sobre el autor

Verónica Mastretta