Poder y Política

Proyecta-Lomas de Angelópolis y Antorcha Campesina: los extremos del caos, hemos planteado. Los grupos de poder fáctico en Puebla han crecido de la mano del Estado y por su ausencia. En el caso de los empresarios inmobiliarios se puede medir su crecimiento en metros cuadrados puestos a la venta y vendidos en clústeres y viviendas residenciales, más los que se anuncian para el futuro; en el caso del movimiento político-social en el número de huestes que se exponen igual en un estadio que en los discursos de los dirigentes.

La tierra, la trama para acceder a una vivienda y a los servicios públicos, es lo que va de por medio. Y a la ciudad en su caótico desbordamiento, le va la vida en ello.



Presentamos en un video la trayectoria que ha seguido la ciudad de Puebla entre 1984 y el 2017 a a través de un conjunto de fotos satelitales extraídas del time-lapse de Google Earth. El paso del tiempo expone una ciudad que se ha expandido sin pudor sobre la reserva agraria de los pueblos originarios que rodean una ciudad que tenía en el río Atoyac una frontera que no se cruzó sino hasta la expropiación de los ejidos de San Andrés y San Pedro Cholula en 1992-1993.



Es mucho lo que se puede escribir sobre un proceso complejo que sólo puede entenderse desde la investigación histórica, igual social que urbanística, pero también económica y política. Son muchos los esfuerzos que desde los centros de investigación científica y social en Puebla se han llevado a cabo. Su sistematización y síntesis es fundamental también.

Desde la perspectiva periodística nuestro propósito es el de contribuir al análisis de las relaciones sociales que han permitido este fenómeno en el que desde los extremos del caos se tocan dos figuras indispensables para comprender los procesos de poder ligados al crecimiento de una ciudad.

Y podemos sintetizarlo así de entrada:



Grupo Proyecta se las ha arreglado para disponer de más de 1,150 hectáreas al poniente y sur del río Atoyac. Ha comprado y fraccionado con exitosos esquemas inmobiliarios que involucran enormes volúmenes de inversión privada montados en un hecho fundamental: la inexistencia de programas de ordenamiento territorial consensados y coordinados desde las instituciones del Estado en los territorios municipales de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan. Ha funcionado Proyecta, en la práctica, como un gobierno paralelo fincado en la debilidad de los ayuntamientos y la ausencia reguladora de los gobiernos estatal y federal.

Antorcha Campesina, la organización política también puede ofrecer números: Al menos 57 colonias del norte y del sur de la ciudad son reconocidas por el SOAPAP desde el 2013 como “colonias antorchistas” a las que se les aplica la tarifa de “colonia marginada”. La organización reclama también tal reconocimiento para al menos 38 colonias más.

Es un lugar común decir que los extremos se tocan. Antorcha y Proyecta hoy se sientan a la mesa para discutir problemas concretos que los proyectos del grupo empresarial producen en el territorio municipal de Santa Clara Ocoyucan, un ayuntamiento gobernado por la organización social. Es de suponer que unos y otros miden sus fuerzas desde los objetivos que persiguen. Y la pregunta es simple, pero ayuda a entender el comportamiento de estos grupos de poder fortalecidos por la debilidad de las instituciones públicas que deberían ser aquí el actor principal: ¿quién controla este proceso?

En diciembre de 2012, el presidente Peña Nieto y el secretario de gobernación Osorio Chong afirmaron, de manera textual, que la estrategia implementada por el gobierno del presidente Calderón, para combatir la violencia había estado equivocada y que ellos pondrían en operación una que sí daría resultado. Después de cinco años es evidente que ésta fracasó.

De diciembre de 2012 a octubre de 2017, han pasado 59 meses, el número de los homicidios dolosos supera en 13,000 a los que tuvieron lugar en el mismo período del gobierno anterior, estos datos se obtienen de la información que proporcionan las Fiscalías de los Estados. En el gobierno de Calderón se abrieron 80,573 carpetas de investigación y en el actual ya van 93,669 que son 16.3% más.



El mes de octubre que acaba de pasar ha sido el más violento de los últimos 20 años. El número de los homicidios dolosos asciende a 2,371, 76 por día, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La cifra más alta desde que se tiene registro era de julio del presente año cuando se reportaron 2,238 asesinatos.

En los primeros diez meses de 2017 el número de los homicidios dolosos es 23.6% más elevado que en el mismo período del año anterior. Todo indica que al cierre de este año éstos lleguen a los 25,000 que sería mayor a los 22,855 de 2011, en el gobierno de Calderón, que es el más alto desde que se lleva registro.

Los estados con más homicidios dolosos en estos meses son: Guerrero (1,942), Baja California (1,733), Estado de México (1,648), Veracruz (1,382), Chihuahua (1,288), Sinaloa (1,156) y Jalisco (1,093). En estas entidades se concentra casi el 50.0% de los casos. En términos de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes el resultado es: Colima (79.3), Baja California Sur (55.2), Guerrero (54.2), Baja California (50.5), Sinaloa (39.1) y Chihuahua (34.06). La medida nacional ronda en los 22 homicidios dolosos por 100,000 habitantes.



Estos números dan cuenta de manera contundente que la estrategia fracasó. El actual gobierno federal, hay alguna excepción a nivel estatal, solo ha continuado lo que hacía el gobierno anterior. El cambio fue sólo de discurso. Francisco Rivas, presidente del Observatorio Ciudadano, plantea que las autoridades no rinde cuentas y que “no haya ninguna renuncia sobre la mesa cuando no hay resultados” y añade, estoy de acuerdo con él, que el actual gobierno “no hace un cambio de viraje, porque no sabe que hacer”.



La directora del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Gabriela Capó, afirma que los datos hablan del fracaso de la estrategia y que “estamos alcanzando dimensiones históricas y preocupantes. Estamos viviendo una gran inacción de la autoridad. No hay una respuesta inmediata, que debe haberla por la gravedad de las cifras”. El actual gobierno no fue capaz de poner en práctica una estrategia que redujera los homicidios dolosos, pero sí logró que estos aumentaran. Su promesa de inicio de gobierno ha terminado en un radical fracaso.

Mundo Nuestro. Los poderes fácticos en Puebla. La toma del espacio público por grupos particulares y la indefensión de los ciudadanos comunes. El Estado fallido. La realidad de una sociedad que mantiene a la palabra ordenamiento arrinconada por las mil formas que se han desarrollado en México para darle la vuelta a la ley. La República del abuso legal y el caos.

Iniciamos con este ensayo una lectura que quiere ser de largo plazo y a fondo sobre los grupos de poder en Puebla en todos sus órdenes. Y lo hacemos con una valoración de dos dinámicas extremas: una empresa representativa del capital inmobiliario, estrella de la modernización de la ciudad de Puebla desde los parámetros del Real State, Grupo Proyecta, y Antorcha Campesina o Movimiento Antorchista, una organización social y política que es ya, sobre todo, una empresa inmobiliaria para la gestión de la pobreza en paralelo a las instituciones del Estado.

Los extremos del caos que corre parejo sobre la ribera sur-poniente del río Atoyac. Por el que se tocan y se dan la mano.





Preámbulo: Milagro en Puebla

-¿Quién es toda esta gente?

-Pobres.



-¿Y qué hacen aquí?

-Qué se yo, pero los echamos cuando queramos.

-¿Usted cree?

-Fácil, si zapatea escapan enseguida.

-No me parece fácil echarlos.

-Dice que no es fácil echarlos, ¡Por favor!

(De la película Milagro en Milán, de Vittorio de Sica. 1951)

Posadas y Aquiles

Dos personajes se dan la mano en la ciudad de Puebla. Ya no se miran uno al otro nada más de orilla a orilla del río Atoyac. Vienen de mundos extremos, pero hoy ambos reinan en el territorio del caos en el que hemos convertido igual el territorio que la política en Puebla. Y de ellos dependen miles de personas en un asunto vital: el de la casa que habitan, la que han construido, la que están pagando, la de sus ilusiones, la que traduce sus sueños, la que les confirma que tienen un lugar en el mundo.

Dos personajes para hablar de Proyecta y Antorcha Campesina. Y de poderes fácticos y ausencia de Estado. O de Estado fallido. O de corrupción impulsada desde el Estado. Rafael Posada Cueto y Aquiles Córdova Morán. Las antípodas, diremos. Uno es ejemplo fiel de la burguesía poblana, industrial molinero reconvertido en la estrella del Real Estate tras veinte vertiginosos años con su Lomas de Angelópolis; su trayectoria da una idea del proceso de subordinación del capital local ligado a la industria textil y alimentaria respecto del capital foráneo nacional y extranjero en la segunda mitad del siglo XX, pero también alumbra a la enorme capital que puede acumular un empresario con el dinero y las relaciones políticas en el momento justo del estallido de la especulación inmobiliaria compulsiva impulsada desde las instituciones de gobierno del Estado.

El otro, a sus 76 años, patriarca del Movimiento Antorchista, como le gusta llamar a su veterana Antorcha Campesina, la más importante maquinaria de movilización de masas de ciudadanos pobres en el país, una compleja y controvertida corporación económica y política especializada en la administración de las demandas básicas de vida (vivienda, educación, salud, trabajo) de los sectores marginados para los que el Estado mexicano no ofrece alternativas, y que en los últimos veinticinco años de sus 43 de existencia ha ocupado el papel para el que no están hechos los partidos –ni siquiera los de la izquierda—y ha logrado conjuntar una clientela de más de 1.2 millones de personas.

Dos de los poderes fácticos con mayor fuerza en la vida pública de Puebla.

El otro, tal vez el más catastrófico por las consecuencias para la construcción social que tenemos en la ciudad de Puebla, es el de la figura autocrática de los gobernadores poblanos que en los últimos treinta años en fila han convertido Casa Puebla en oficina de agentes inmobiliarios, a la que entenderemos mejor si analizamos estos dos fenómenos del nuevo siglo en Puebla. Figura, la del déspota, que explicaremos aquí en lo posible.

En esto pienso cuando descubro sentados en una mesa para desayunar en el restaurante Fonda Margarita de la 5 Poniente a Gabriel Posada Cueto y Soraya Córdova Morán. Uno representa a Proyecta, la empresa desarrolladora de Lomas de Angelópolis, que una vez que acabaron con la tierra de San Andrés Cholula han extendido sus clústeres sobre la ribera del río en territorio de Santa Clara Ocoyucan, en donde han comprado con distintos trucos más de 400 hectáreas de terrenos a los ejidatarios del pueblo de Malacatepec. La mujer, hermana del patriarca Aquiles Córdova Morán, representa a una organización que ha sentado sus reales en al menos 57 colonias del sur de la ciudad –o 97 si atendemos a los comités vecinales que reclaman el control de las negociaciones por el agua potable con el SOAPAP, al otro lado del río, pero que gobierna el ayuntamiento de Santa Clara Ocoyucan, el municipio con la última reserva agraria disponible al sur de la ciudad de Puebla.

Los veo muy sonrientes en una mañana de agosto de 2017 que sólo puede ofrecer buena ventura para los dos grupos sociales sentados en esa mesa de desayuno. A su manera, cada una de estas máquinas inmobiliarias marcan el ritmo y el rumbo del crecimiento de una metrópoli en el que las instituciones hace tiempo que perdieron la iniciativa para –desde la aplicación de la ley—definir el qué, quiénes y cómo de la vivienda en la ciudad de Puebla. Y las clases sociales que representan les dan la mano.

“Mi casa en Lomas, que pagaré en veinte años si no se colapsa la proveedora de tanques de gasolina para la planta Volkswagen en donde trabajo como ingeniero…”

“Mi terrenito en la Cuitláhuac, que pago en cuotas de 200 pesos semanales a la organización si la empresa para la que chambeo como albañil en el clúster Oaxaca en Lomas me sigue dando chamba…”

Poderes fácticos I

Para decirlo llanamente, Proyecta y el Movimiento Antorchista son dos organizaciones que ocupan el vacío provocado por la ausencia de un Estado responsable del más elemental ordenamiento territorial.

Acudo para comprender este vacío ocupado por grupos concretos de poder al decir de la politóloga María Amparo Casar:

“La transición mexicana logró democratizar la esfera de lo político en lo que se refiere al acceso a los cargos de elección popular y a la pluralidad de los órganos de gobierno, pero no tuvo el mismo éxito en reducir la posición e influencia de ciertos grupos de poder. Al respecto, hay que distinguir entre el poder político de jure y el poder político de facto. El primero es el que otorgan las instituciones políticas: la Constitución, las leyes, el sistema electoral. El poder de facto es el que surge de la acción colectiva y del despliegue de recursos privados, trátese de mecanismos como el cabildeo y la corrupción, o el simple uso de la fuerza.” (Poderes fácticos. Nexos, abril 2019)

Miro en su mesa de desayuno a Gabriel y Soraya.

Imagino al primero en gran plática con el presidente municipal de San Andrés Cholula en el acuerdo de liberación de los cambios de uso de suelo para las tierras de Cascatta –las de Sonata ocurrieron hace ya varios trienios--, y los clústeres aprobados, y sí ya se verá después qué hacer con el abasto de agua y lo que tenga que pasar con las aguas residuales, habrá tiempo de llegar a arreglos con Concesiones Integrales, sí, por supuesto, la vida como debe ser…

Imagino a la Doctora Soraya hablando por teléfono con el Secretario General del Ayuntamiento de Puebla –elija usted el que quiera y cuente el trienio que guste de los últimos cinco--, claro, usted bien que entiende licenciado, cómo quiere que quitemos el plantón si usté no nos cumple con lo comprometido para los compañeros, ¿o qué no su presidente bien que llegó a pedirnos el apoyo para la elección?

Lo último que ocurre en esas conversaciones es poner en la mesa el tema de la disponibilidad de agua. Ya de ello se preocupará el próximo alcalde, o mejor, la próxima generación de poblanos. La ciudad corre a la deriva en la derrota del ordenamiento territorial. A final de cuentas el caos está organizado. Es un sistema. Y si analizamos el fracaso histórico en la planeación urbana y el papel jugado por el Estado, este proceso está determinado por los intereses económicos y políticos de los grupos de poder. Privilegios que se corresponden con la ausencia del Estado y su pérdida de control del espacio público.

Desde ahí se puede entender mejor la existencia de dos grupos de poder en los extremos de la ciudad. O mejor, que se miran uno a otro cada uno desde su orilla del río.

El Estado en México lleva prendida en el alma de su fracaso el ánimo de la modernización. Como si achacara sus perfiles de autoritario, corrupto y fallido a los rezagos ancestrales de la sociedad mexicana.

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La modernización que se impone

Los proyectos de modernización han sido impuestos por la federación y los gobernadores en tres momentos de la historia reciente de la ciudad de Puebla. Con intervalos de 25 años los recursos federales han llegado envueltos en programas salvadores al rescate de la región en pena. En tantos generacionales y de la mano de sus implacables virreyes. 1960-75, 1992-97, 2011-2016.

En los 60 lo hizo Díaz Ordaz con Merino Fernández y la propuesta de desarrollo industrial a partir de la inversión de los alemanes con la Volkswagen en Puebla. La modernización impulsada por el Estado mexicano rompe la parálisis avilacamachista y subordina al capital local textilero y alimentario con sus anquilosadas estructuras de poder sindical cetemista en un proceso que durará hasta bien entrados los noventa, ya muerto Blas Chumacero y desaparecido el Banco de Oriente. Todo en paralelo de la insurrección de las clases populares y medias que se llevarían las cabezas de tres gobernadores en torno a los conflictos por el control de la universidad pública. Son justo los años de “Comunismo no, Cristianismo sí”, FUAS contra Carolinos y pedrizas al Colegio Benavente. Pero son también los años de aparición de una burocracia camaleónica que se reproduce en los sótanos de la Secretaría de Gobernación y en los despachos de las Notarías y que en el futuro llevará los nombres de Melquiades Morales y Mario Marín.

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La inversión en infraestructura entonces se aplica en la autopista México-Puebla, las expropiaciones de tierra, la renovación ferroviaria, los parques industriales, la petroquímica de Pemex, los estadios, los Fuertes y las vialidades Diagonal Defensores, Avenida Hermanos Serdán y Boulevard 5 de Mayo, con el entubamiento del río San Francisco como añadidura aberrante. Una enorme inversión pública con recursos federales, como no se volverá a ver en Puebla sino hasta 30 años después con otro gobernador impuesto desde la Federación para hablar de la grandeza de Puebla.

En los 90 lo hizo Salinas de Gortari con el altivo Manuel Bartlett y la reconversión hacia el capitalismo inmobiliario del Programa Regional Angelópolis. La ciudad viene de una detente controlada por los políticos aldeanos Toxqui y Jiménez Morales que no han gozado de la cartera abierta de la Federación.

La palanca de la modernización está en la figura draconiana de la expropiación por causa de utilidad pública y la figura etérea del fideicomiso, en el más puro de los sentidos de la expropiación originaria del análisis marxista. Cerca de tres mil hectáreas tomadas de la reserva agraria de Cholula, y de ahí también el agua que le arrancan al subsuelo de Nealtican.

El Programa de Desarrollo Regional Angelópolis, presentado en septiembre de 1993, para fines prácticos se sustenta en el decreto de expropiación de 1081 hectáreas originales del 4 de mayo de 1992, extensión equivalente entonces al 8 por ciento del área de la ciudad de Puebla.

La “recuperación de la grandeza de Puebla” la impuso Bartlett Díaz a golpe de cambios de uso del suelo por un Congreso a modo, notarios de la corte y jueces siempre dispuestos, a la par de toletes de granaderos y recursos públicos aplicados en infraestructura para la especulación inmobiliaria de los siguientes 25 años.

La lectura de este programa es francamente ilustrativa del abismo existente entre la planeación del desarrollo urbano y su concreción en la realidad. Y el seguimiento de los cambios al uso del suelo establecido en el decreto expropiatorio en tres sucesivos sexenios, con el extremo denunciado en el 2088 por organizaciones de la sociedad civil sobre las últimas treinta hectáreas de reserva ecológica en el decreto expropiatorio original a las que el gobierno de Mario Marín quería hincarles el diente. La denuncia motivó la intervención del gobierno federal, que tuvo que revertir la autorización dada por la SEDESOL al gobierno poblano. Toda esta historia la he contado con sus rasgos precisos en el reportaje Milagro en Puebla publicado en el periódico digital e-consulta y en esta propia revista digital Mundo Nuestro.

Territorio expropiado para la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl.

Área aproximada considerada como reserva ecológica por el decreto expropiatorio.

En los 2 mil dieces Peña Nieto con el faraónico Moreno Valle y la mezcla de capitalismo de enclave industrial en Audi y Real State en Lomas de Angelópolis. Esta dualidad del proyecto morenovallista (inversión extranjera en industria automotriz y desarrollo inmobiliario con capital foráneo y/ligado a grupos políticos como Pedro Aspe y Hank González) se fundó, al contrario de lo ocurrido en los años sesentas y noventas, en la hipoteca de los ingresos públicos en el largo plazo, en un entramado que conocemos como Protego-Evercore, el mecanismo creado por el ex secretario de Hacienda del régimen de Carlos Salinas de Gortari por el que los gobernadores de varios estados de la república endeudaron a sus ciudadanos por los siguientes 25 años.

Ganancias que van del 242 al 348 por ciento. Empresarios ligados al grupo en el poder federal (se incluyen Concretos y Obra Civil del Pacífico –subsidiaria de Grupo Higa que encabeza Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario consentido por el gobierno federal– La Peninsular y Promotora de Cultura Yaxché –ambas compañías de la familia Hank Rhon–, encargadas de edificar el MIB, quién logró el contrato más ventajoso pues obtendrá cuatro veces la inversión realizada, y que la obra se terminará de pagar en el año 2039, además de los viejos conocidos Abed -- los constructores del CIS, la primera obra que se licitó bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios en Puebla, la que tendrá el contrato más largo: 25 años-- y los grupos más gansteriles de la sobreviviente CTM, sobre quienes recayó la contratación de miles de camiones materialistas para la plataforma de AUDI, por cierto ligados a la trama huachicolera vinculada con funcionarios de seguridad pública del gobierno estatal.

El Museo Internacional Barroco, las constructoras ligadas a Hank Rohn.

Los proyectos PPS, Protego y la deuda oculta.

La Ciudad Nómada: modelos urbanos

Para comprender esta historia en su perspectiva histórica, vale la pena verla en estas vistas aéreas de la ciudad de Puebla. Y valorar entonces desde el análisis urbanístico este proceso que ha dado como resultado la existencia de esos dos grupos de poder fáctico, Proyecta y Antorcha.

¿Cuál es el currículum oculto existente en la planeación urbana? Esa pregunta se la hace el Doctor Oscar Soto Badillo, académico de la Ibero Puebla, ¿Cuáles son esos mecanismos que se conciertan en espacios alternos y que explican la importancia que han llegado a tener dos proyectos extremos, tan antagónicos que de hecho ya se dan la mano en la ribera sur del río Atoyac, en el municipio conurbado de Santa Clara Ocoyucan?

Ayuda entender antes la contención estructural de la ciudad de Puebla desde la perspectiva del análisis urbanístico.

En un primer momento, la ciudad contenida, persistente en su trama colonial hasta bien entrada la quinta década del siglo XX. Es el encierro avilacamachista, que sólo encuentra en la presa de Valsequillo y los distritos de riego de Tacamachalco y la región cañera de Atencingo la memoria de que la Federación piensa en el estado de Puebla. Es la ciudad contenida en su trama octogonal original, con límites claros en su vinculación con el entorno rural y en el uso histórico de los ríos Atoyac, San Francisco y Alseseca como generadores de fuerza motriz para la producción industrial.

La ciudad de Puebla en 1937.

En los años sesenta la ruptura del encierro caciquil y la aparición del Estado interventor con una inversión pública no vista desde la era porfiriana y que acoge la llegada de Volkswagen como punta de lanza del capital foráneo que subordinará al poder económico local. La ciudad industrial que resulta del milagro mexicano, la ciudad que ya apunta hacia su fragmentación pero que todavía es funcional en su crecimiento, en la continuidad de un modelo que se sabe homogéneo: aspira al pleno empleo, ofrece un marco regulatorio y créditos para la construcción de viviendas para trabajos formales de los obreros en fábricas estables. Para ellos La Margarita, Amalucan, San Bartolo.

Puebla en 1977

En los años noventa una nueva ruptura da lugar al crecimiento difuso. Contra el discurso conceptual de la ciudad planificada se impone la fragmentación y los desarrollos se convierten en metástasis (en torno al aeropuerto en Huejotzingo, Angelópolis, y en estos tiempos, la Ciudad Modelo, Lomas de Angelópolis). Si alguna vez la tuvo, la ciudad ha perdido su inteligencia y se desvanece la capacidad pública de ordenar su crecimiento. El estado confirma su vocación de promotor inmobiliario acotado por el capital neoliberal y la economía busca refugio en la informalidad. Nuevos actores crean mecanismos que se conciertan en espacios alternos.

El valle de Puebla en 1984

El Valle de puebla en el 2017

Las razones estructurales del fracaso del Estado

Entre 1940 y 1980 En Puebla prevalece un modelo tradicional desagregado en torno al desarrollo industrial. La economía formal se sustenta en un mercado de trabajo estable ligado a las industrias textil, metalmecánica, automotriz y alimentaria.

La crisis de ese modelo de Estado lo lleva a la quiebra en los noventa. Su reconversión económica por la vía del Tratado de Libre Comercio en 1993 supone una desindustrialización relativa del centro del país y el traslado a la frontera maquiladora y a las costas turísticas. El estado pierde capacidad de gestión. Un actor principal, los sindicatos y sus obreros asociados a empresas pierden también fuerza económica y política. La incorporación al trabajo se produce por nuevas vías. El crecimiento irremediable de la informalización de la economía y el precarismo social, su consecuencia, sientan las bases para el crecimiento de organizaciones como Antorcha Campesina y la 28 de Octubre.

Así, el modelo de planeación y gestión social por el Estado no puede sostenerse más bajo las condiciones de desregulación y liberalización económica que provocan este crecimiento de la informalidad de la economía. El Estado mantiene el discurso de la planeación del crecimiento urbano pero está totalmente incapacitado para realizarla. No sólo no tiene ya los para normar la construcción de viviendas bajo un ordenamiento territorial sino que los actores que se apropian del mercado ya no se organizan en torno a él.

De un lado, corporaciones como Geo, Sadasi, Ara, etc, no producen viviendas para resolver necesidades sociales sino para producir dinero: las reglas del juego para ellas son las del suelo barato distante, bajos costos de producción y financiamiento con recursos del sector financiero privado. Y han aprovechado las condiciones creadas por el Estado a partir de la liberación de la reserva agraria fundada en la expropiación por causa de utilidad pública y la inversión millonaria en infraestructura vial que arrojó el Programa Regional Angelópolis. Sordo Madaleno y Liverpool en el cetro comercial Angelópolis son la punta de lanza de la modificación sustancial del uso del suelo establecido como reserva ecológica a todo lo largo y por más de doce kilómetros de la ribera poniente y sur del río Atoyac para el establecimiento de los fraccionamientos residenciales de La Vista, en los años 90, y Lomas de Angelópolis desde el 2003 a la fecha.

En el extremo, Lomas de Angelópolis del grupo Proyecta/Posada-Aspe, con una primera etapa de desarrollos que abarcan los complejos Cascatta y Lomas de Angelópolis secciones I y II, que suman suman, en total, 4.17 km2 o 417 hectáreas.

Del otro, y con las reformas al artículo 27 constitucional, la respuesta espontánea a la necesidad de vivienda popular por la vía del a la tierra ejidal en la reserva agraria del sur y norte de la ciudad, con la proliferación de invasiones y asentamientos con todo un sistema legal y paralegal de control y gestión con reglas no escritas pero reconocidas a través de gestores, promotores, funcionarios y políticos que opera en plazos largos pero que es funcional y eficiente en la solución de un asunto vital para miles de familias pobres. En el extremo, la conversión de una asociación de carácter rural en un movimiento social que hoy conocemos como Antorcha Campesina o Movimiento Antorchista, un organismo basado en un modelo de gestión clientelar que ha sabido negociar la protección política de sus intereses a golpe de movilizaciones y plantones en medio país, pero que sirve también como mecanismo del sistema político que tiene en la dosificación del proceso de regularización de la tenencia de la tierra y la producción de vivienda el más eficiente mecanismo de control del descontento social que ha definido al sistema político mexicano. Un proceso que no termina con la problemática de la vivienda y que se repite en los mecanismos de acceso a la salud, la educación, el transporte, el esparcimiento y la cultura.

Antes, a ese mecanismo, le llamábamos PRI. Hoy ellos se llaman “movimiento antorchista”.

Los poderes fácticos II

Posada y Antorcha, en los extremos de este desigual y abigarrado mundo mexicano, se dan la mano como suplentes de un Estado que abandonó su papel de gestor social --que además asumió la lógica neoliberal de desregulación del mercado de la vivienda--, y se convierten en los actores mercantiles que marcan los rumbos del desarrollo urbano.

Las mecánicas de operación. Es preciso investigarlas a fondo, trazar sus trayectorias que se describan a detalle. Presentamos aquí las líneas que un trabajo de investigación histórica debe seguir para cada una de las dos organizaciones.

Grupo Proyecta

El territorio de Lomas de Angelópolis. El polígono inferior corresponde a la tierra comprada al ejido de Malacatepec.

La expansión territorial. Al menos 850 hectáreas de los municipios de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan.

La oportunidad del Programa Regional Angelópolis:

La demanda de vivienda residencial tras el crecimiento económico concentrado en la ciudad de Puebla.

La debilidad institucional.

Los ejidos liberados, la tierra de la especulación.

La tierra pobre: Azumiatla, Totimehuacán y Valsequillo.

La reserva Real State: San Andrés, Santa Clara Ocoyucan y Malacatepec.

Carencia de ordenamientos territoriales.

Desorden legal en lo regional: decreto 1962, sin instrumentación hasta el 2012.

Debilidad de la figura municipal, y la oportunidad de San Andrés Cholula.

La oportunidad empresarial:

La reconversión de los Posada: MASECA compra Harinera La Asunción.

El efecto Bartlett-Aspe. La vinculación del político y financiero Pedro Aspe Armella con los empresarios Posada Cueto.

La liga con los gobernadores inmobiliarios: Melquiades y Marín.

Las alianzas Real State nacional e internacional.

El mercado inmobiliario. La oferta de casas en noviembre de 2017.

Antorcha Campesina.

La expansión de la masa. La identificación de las colonias antorchistas en estas del norte y sur de la ciudad dan una idea del alcance masivo de la organización.

Maestro Aquiles: Antorcha, la ciudad y el partido que viene

Estadio Cuauhtemoc el pasado domingo 12 de noviembre. 43 años de la organización Antorcha Campesina.

Las condiciones estructurales de la precarización de la vivienda.

Los conflictos sociales de los años 80.

La 28 de Octubre.

La Unión de Amas de Casa.

La quiebra de la universidad de izquierda.

La oportunidad política.

1988-2006: la izquierda electoral en México y el abandono de la lucha social.

El crecimiento político de Antorcha en el Estado de México.

El desmantelamiento de la estructura corporativa del PRI.

La ruptura del PRI: Marín vs Melquiades-Moreno Valle.

Antorcha: gobiernos municipales y diputados.

La organización empresarial.

De organización campesina a organización popular.

De las tiendas Conasupo al complejo gasolinero.

Antorcha S.A. De gestionar obras a construirlas. Las empresas constructoras de Antorcha

De invasor a desarrollador inmobiliario.

Milagro en Puebla: el que llega, arrebata

Esta mirada a los poderes fácticos, dos de ellos visibles, Grupo Proyecta y Antorcha Campesina o Movimiento Antorchista, son el arranque de una mirada de conjunto a los procesos y conflictos sociales que se dirimen en la periferia del sistema legal en que se soporta el Estado en Puebla y que marcan el rumbo del desarrollo urbano de la ciudad de Puebla.

Retomo aquí para cerrar esta primera perspectiva lo escrito en el arranque del reportaje Milagro en Puebla sobre la manera en que desde los sucesivos gobiernos estatales entre 1989 y el 2008 se modificó el decreto en el que se fundó el Programa Regional Angelópolis de 1993 para favorecer la especulación inmobiliaria sobre los terrenos expropiados a los pueblos cholultecas.

En Puebla vivimos en la república del abuso legal: la apropiación del poder público por un grupo, por una persona, que con el sometimiento de los poderes legislativo y judicial, y el control y compadrazgo de los medios locales de comunicación, mantiene en indefensión a los ciudadanos. Lo público es aderezo de una variada gama de espacios vitales que explican la existencia misma del Estado: poder, derecho, propiedad, fuerza, seguridad, política, recursos, cuenta, proyectos, licitación, servicio, función, utilidad, escritorio, oficina, edificio, vía, alumbrado, drenaje, salud, educación, escuela, universidad, ejercicio, parque, playa, medios, comunicación, denuncia, etc. Frente a todos esos espacios de lo público nos definimos como sujetos de un Estado, ciudadanos de una nación. Suena bien luego de tantas décadas de autoritarismo priista, y cuidado que muchos hemos llegado a creer en ello. Pero la disputa por lo público en México se da en territorios, demarcaciones y potestades regidos por una indefinición jurídica ganada a pulso por un Estado que se especializa en dejar en la indefensión a sus ciudadanos. Sin importar el orden y la dimensión del problema, hay una calidad indefinida de lo público, un espacio enorme de vacío legal tallado desde el poder político, que igual permite contratos anticonstitucionales en Pemex como desconocimiento de convenios legalmente establecidos entre un gobierno y un grupo de ciudadanos. Y en la era de los omnipotentes gobernadores en estados como Puebla, todo se resume en el exceso del poder público.”

Esta es la crónica de una ciudad cortada a tajo por sus contradicciones y sus ríos, perfilada por el trazo estricto de sus calles y la armonía de sus casonas históricas y las convulsiones anárquicas de sus avenidas modernas y la monotonía universal de sus desarrollos comerciales capitalistas. Es la historia de los excesos del poder en su trama despiadada y fría contra la acción civil que le cuestiona y le sobrevive. La memoria de veinte años de una ciudad que ha sufrido siempre por la sinrazón de sus regentes, capaces de disimular la lógica de sus intereses personales y de grupo tras el velo de las políticas públicas de planificación y desarrollo urbano, con la ley de su lado y el garrote que la hace valer en la mano.

Pero también es la narración de un esfuerzo concreto de ciudadanos por el que se comprueba que en México, contra lo que se diga, existe la sociedad civil.

Al final de su discurso Aquiles Córdova Morán deja escapar la palabra venganza.

“Los antorchistas sabemos tomar venganza –exclama ante la masa que lo ha escuchado hablar por una hora y 45 minutos-, una venganza dentro de la ley, pero una venganza justa…”

Son las 9.50 en el estadio Cuauhtemoc, y está a punto de terminar su discurso en el aniversario 43 de la veterana organización Antorcha Campesina.

Unos minutos antes el viejo dirigente ha dicho que la situación es gravísima, que las cosas se pueden desbordar, que los parientes de Manuel Hernández Pasión en Huitzilan también tienen calzones, y que si las autoridades en el gobierno del estado de Puebla no les hacen justicia por su muerte es porque son los directamente responsables. Así, sin más palabrerío. Entiendo entonces que el gobernador Gali ha mandado a un subsecretario de representante en el evento. Las lanzas están plantadas en el piso.



Porque el líder de lo que hace ya tiempo llaman Movimiento Antorchista ha ido y vuelto en torno al crimen del alcalde serrano el pasado 10 de octubre como el eje sobre el que han girado los temas en los que el ingeniero de Chapingo que encabeza desde 1973 la organización de masas más importante del país sustenta sus discursos desde hace años: la desigualdad y la pobreza como condiciones estructurales que han desatado la violencia, las políticas públicas que reproducen la concentración de la riqueza, los grupos de poder que mantienen un régimen que trabaja en contra de los pobres y la satanización del movimiento antorchista lo que va a provocar es el estallido del México bronco profetizado por Jesús Reyes Heroles.

Cuánto envuelven estas palabras del santón antorchista. La ciudad, el 2018, las alianzas rotas, las nuevas, el poder en el Estado. Los votos que se cuentan, los que se mandan, los que se imponen. ¿Puede un dirigente decirle a la gente por quién debe votar? Sí puede, lo va a hacer el año que viene. La interrogante es si esta masa desvelada y fría en el amanecer del Estadio Cuauhtemoc dejará de ser masa y se convertirá en ciudadano y no en clientela cuando tenga su boleta en la soledad de la urna.

Y en medio de este estadio lleno a reventar desde la madrugada por una multitud que no atina a despabilarse con el estruendo de las bocinas por las que Aquiles se desgañita, yo le doy vuelo a otros interrogantes simples: ¿por qué este mitin de cien mil gentes?, ¿para quién es el mensaje de fuerza?, ¿qué intenta decir Antorcha igual a sus rivales que a sus enemigos?, ¿y qué leen unos y otros de este sin duda golpe sobre la mesa a unos días de destapes y parteaguas electorales?

Y más: ¿por qué ni una palabra sobre el significado que tiene para la ciudad el que esta organización tenga una cada vez más fuerte presencia en la vida de las colonias populares, con todo lo que ello quiera decir. ¿Se asume Antorcha como lo que es, un actor principal en la disputa por los recursos públicos que se aplican para el desarrollo urbano? ¿Le importa el concepto de ordenamiento territorial?

Y más lejos: ¿qué ha ocurrido en México para que una maquinaria política haya crecido hasta este aceitado extremo profesional para ser ya la organización social que maneja con todas las dotes empresariales buena parte de los reclamos básicos de la pobreza rural y urbana en ciudades enteras como Puebla? ¿Y en territorios tan complejos como Ixtapaluca y Chimalhuacán?



La ausencia del Estado, tal vez. Su condición fallida.

El colapso del PRI sin duda. El no tener idea de los panistas.

La desaparición de la izquierda tras su encierro electorero.



Lo que sea, pero aquí están para presumir con sus decenas de miles entumecidos ciudadanos convertidos en la masa con la que Antorcha se apunta para ser actor principal el año electoral que entra.

“Antorcha es mi destino”, cantan un coro infantil a las 7.15 de la mañana. Y más le vale al país entender lo que esto quiere decir.

VIDEO: Panorámica del estadio Cuauhtemoc mientras el coro infantil de Antorcha entona el himno de la organización.

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¿Antorcha Campesina necesita al PRI? A la vista de esta masa madrugadora me digo que la pregunta hace tiempo que las partes se la proponen al revés.

El estadio a las 7 de la mañana ofrece un lleno que no se ve en un partido camotero hace años. A esta hora buena parte de la masa todavía duerme, a pesar del bochinche que arman los organizadores con distintas herramientas: los altavoces y la música que alterna con los encendidos llamados. Un buen tanto de la clientela ha dormido en los camiones que los han traído desde la Sierra Negra y otros lares, pero la mayoría se ha trepado a las unidades que los transportistas de la ciudad han dispuesto desde las tres de la mañana. Dos mil camiones, a diez pesitos por antorchista, por ai va la cuenta del millonario traslado. Pero el costo es lo de menos. Cada camión supone un organizador con un teléfono celular y un compromiso. Todo un despliegue organizativo, justo lo que antes organizaba el PRI de la mano de los gobiernos para sus actos multitudinarios.

Pero ahí está la masa dispuesta. Han llegado desde las colonias del norte y del sur. En 57 de ellas la organización controla la negociación del agua potable con el SOAPAP y la empresa privada que administra este asunto fundamental para la ciudad. Y reclaman en otras cuarenta el reconocimiento de su interlocución. Le doy la vuelta con la vista a las cuatro galerías y al cuadrilátero que encierra el campo de futbol; logro contar unas siete mil sillas “a nivel de cancha”, descontando el templete para los bailables y los corredores que aliviarán el movimiento de la masa y que permitirán que los invitados especiales como el alcalde Bank se retiren a tiempo para no verse envueltos en la marea que devolverá a los suburbios del lago de Valsequillo y las barrancas de la Malinche a las miles de personas que ahora esperan el anunciado discurso del Maestro Líder Aquiles.

El coro infantil, diminuto allá en el templete, corretea muy entonado el himno antorchista.

Soraya Córdova Morán, la Doctora, como la conocen sus huestes, deja ir un discurso sereno, no se arrebata para pedirle a la masa su opinión y su compromiso de uno por uno por uno, con el que la adormilada masa traerá el año que viene a por lo menos un nuevo antorchista a celebrar el aniversario 44 para cuando, ya pasada la elección del 1 de julio, el Movimiento Antorchista será ya un nuevo partido político.

Soraya en el altavoz se refiere a su hermano Aquiles: “Nuestro maestro líder es el más abnegado, estudioso y brillante militante de Antorcha-, de él sus palabras motivadoras, Cómo será la vida que enarbola la voz de un sueño generoso y puro…”

Yo pienso en lo que Soraya ha dicho. No es nuevo. Antorcha lleva 30 años con una relación pragmática con el PRI. Yo te apoyo, tú me apoyas. Y si las condiciones se dan o no se dan, pues ai se verá.

“Ya el PRI no cuenta –me dice un hombre de la colonia El Triunfo, atrás de la Gran Bodega ubicada en la lejana 3 Sur esquina con 16 de Septiembre, una unidad con casas en litigio entre Antorcha y el banco propietario--, pero si la organización no se ha convertido en partido político es porque el gobierno no la deja.”

¿Pero qué interés tendrá Antorcha de convertirse en partido político?

Aquiles me responderá –digo, le dirá a la masa semi despabilada--, que su propósito de tomar el poder político es de lo más legítimo.

Otra pregunta me hago a las 7.20 de la mañana: ¿qué convierte a una persona o a un grupo en un poder fáctico en un Estado como el mexicano? Apenas leí lo que ha escrito en la revista Nexos María Amparo Casar desde abril del 2009:

“La transición mexicana logró democratizar la esfera de lo político en lo que se refiere al acceso a los cargos de elección popular y a la pluralidad de los órganos de gobierno, pero no tuvo el mismo éxito en reducir la posición e influencia de ciertos grupos de poder. Al respecto, hay que distinguir entre el poder político de jure y el poder político de facto. El primero es el que otorgan las instituciones políticas: la Constitución, las leyes, el sistema electoral. El poder de facto es el que surge de la acción colectiva y del despliegue de recursos privados, trátese de mecanismos como el cabildeo y la corrupción, o el simple uso de la fuerza.” (Poderes fácticos. Nexos, abril 2019)

¿Qué ha convertido a Antorcha en un poder fáctico del que los gobernantes no pueden prescindir si no quieren ver comprometida a su administración? La respuesta me la da en los pasillos de la tribuna un hombre que no duda de los motivos que tienen para estar esta mañana en el estadio. Viene desde la colonia Cuitláhuac, en terrenos que un día pertenecieron a los campesinos de San Andrés Azumiatla, en una loma cercana al lago de Valsequillo. Es albañil de oficio, y todos los días trabaja para una empresa constructora de residencias en los fraccionamientos de Lomas de Angelópolis. Son 300 familias las que ahí viven en terrenos que tiempo después de la invasión Antorcha compró como organización a los propietarios y que ahora les vende en lotes de 120 metros cuadrados a 30 mil pesos pagaderos en un plazo de tres años a 200 pesos semanales. Por el momento ninguno de los lotes está regularizado. Ni hablar de las escrituras.

“Aquí estamos desde la madrugada –me dice Antonio N, ya con el sol de la cara dispuesto a tatemar a todo el vecindario de Cuitláhuac que bajo su resguardo ha llegado hasta la tribuna de sombra justo frente a medio campo--. ¿Qué me motiva? ¿Por qué estoy con Antorcha? Mire, yo vivía en Concepción la Cruz, ahí mero en Angelópolis, pero en casa prestada. Llevo seis años en Cuitláhuac, y ya un año de que pude construir mi casa. Pago 800 pesos al mes a la organización, porque llegado un momento la organización le compró a los de Azumiatla el predio. Yo tengo mis recibos de mis pagos semanales, con esos espero que al final me den mi escritura. Tengo que confiar, en esta vida hay que confiar. El gobierno promete y qué garantía hay de que cumpla, está visto que ninguna. Con Antorcha es un albur, me la estoy jugando, igual que con el gobierno. Esa es nuestra situación. La de la gente pobre. Si tuviera dinero no me hubiera salido de Angelópolis, pero es la necesidad, señor, la desigualdad, el racismo, las diferencias entre ricos y pobres. Ahora estoy con Antorcha, tengo que confiar…”

A sus 76 años el Maestro Líder sigue al pie de la letra las enseñanzas de oratoria en las escuelas antorchistas –y no son pocas, tan solo en el sur de la ciudad tienen en siete colonias ocho preescolares, tres primarias, cuatro secundarias, cuatro bachilleratos y una normal, 150 maestros y más de 3,500 alumnos--: el oficio de orador de concurso que estructura su discurso en un eje transversal –el asesinato de Manuel Hernández Pasión y la satanización de Antorcha desde las instituciones de poder local que lo ha provocado—y tres líneas temáticas –la desigualdad y la pobreza, su consecuencia en la violencia y sus responsables, y la alternativa que propone Antorcha, que culmina en la toma del poder político. Todo aderezado con citas y cifras de intelectuales y centros de investigación y con un despliegue de símbolos que dan idea de las raíces ideológicas del veterano dirigente –que dispone en el mismo paraíso terrenal a Lenin, lamentablemente muerto para darle paso a Stalin y al desastre de la revolución bolchevique, y al comunismo capitalista de la China actual. Todo en una hora y 45 minutos que me llevan a recordar al héroe Fidel Castro que el líder estatal de la organización, Juan Manuel Celis, yerno del líder máximo, tiene colgado en un retrato en su despacho de la 5 Poniente.

Lo escucho en su abrigo largo, hoy sin bufanda pues la mañana no está fría, trepado en el templete de los bailables que vendrán al final, y convengo que su oficio es estricto, no comete una sola equivocación. Tres hombres con abrigos negros le acompañan ante el atril al centro y yo supongo que piensan que al líder nunca se le deja solo.

En la tribuna, los mosaicos despliegan ese ritual: Aquiles, tú eres nuestro líder.

Aquiles presenta a la mesa que preside el evento. Beatriz González, esposa del alcalde asesinado –buena oradora, politizada, dice--, y al nuevo presidente, Bartolomeo. Al subsecretario Zúñiga, que representa a Gali –le pido le agradezca al gobernador por el respaldo para la organización del evento--. Al alcalde Luis Bank. Al priista Estefan Chidiac –aquel del video que vincula a Antorcha con asesinatos, pleito que se resolvió con un desayuno entre Celis y dirigente del partido en Puebla. Muy lejos en la lista de saludos el subsecretario Lastiri. Y muy cerca el empresario mexiquense Herberto Guzmán Gómez, desarrollador con Carlos Slim de la Ciudad Jardín Bicentenario construida sobre las 138 hectáreas del antiguo tiradero de basura en el Bordo Xochiaca, justo en la frontera con Chimalhuacán, el territorio más importante de Antorcha fuera del estado de Puebla. Y más cerca, quién lo dijera, Lalo Rivera, el alcalde panista que en su tiempo viera como todos los miércoles religiosamente los antorchistas le cerraban el zócalo en una mudanza que involucraba para los entendidos también el pleito del alcalde con el gobernador también panista Moreno Valle.

“No estamos en contra de las empresas capitalistas –se acordará de decir más tarde el Maestro Líder--, pero sí en contra de las empresas que en vez de servirle al país, se sirven del país.”

Me detengo en Lalo Rivera. No ha sido fácil para él sobrevivir a Moreno Valle. Y si está aquí esta mañana es porque seguramente valora todas sus posibilidades. Pero aquí está con los antorchos, con quienes se entretuvo durante muchos miércoles. El político panista y la organización de filiación priista. Poco importa eso aquí, pero me ayuda pensar en la complejidad de este proceso sociopolítico que representa Antorcha. Por lo que fuera le tomaban la plaza a Rivera... Las grúas fueron un tema. Las que he visto en la calzada frente al Estadio. Unas rojas, otras amarillas. Algunas con razón social, muchas sin razón algún. He seguido en la prensa ese asunto: Antorcha quería tener más corralones, o que se les regularizaran los que estaban en lugares que eran de riesgo o por lo que fuera. Como el ayuntamiento no tenía suficientes corralones, desde hace muchos años les empezaron a dar convenios de corralones que ellos operaban. A un taxista en un mes le pedían 30 mil pesos para devolverle su taxi. El taxi se lo habían robado a su dueño, una patrulla lo encontró abandonado y lo recogieron con una grúa que también operan los de Antorcha. El taxi se lo llevaron a un corralón. Cuando el taxista supo que su taxi había aparecido ahí, lo llegó a reclamar, pero le cobraban de derecho de piso 30 mil pesos.

Ahí está Rivera, y con él valoro el significado de la palabra alianza para Antorcha.

Y allá afuera están las grúas –por lo menos dos sectores de la ciudad son operados por grúas afiliadas a Antorcha--, y con ellas asumo que la extensión que alcanza esta organización va muchos más allá de las meras mudanzas políticas.

Ahí está también Luis Bank. Le preguntaré más tarde en el túnel por el que sale del estadio si Antorcha le establece la agenda al Ayuntamiento de la ciudad en las colonias populares.

“¿En qué sentido?”, me responderá.

“En el sentido de establecer en dónde y cómo se gastan los recursos en las colonias?”

“¿Por qué lo dices?”

“Esa impresión tengo”, le digo.

“¿Pero basado en qué?”

“En qué colonias antorchistas tienen servicios y las de junto no los tienen…”

“No, damos servicio en toda la ciudad –me dice--, estamos a punto de lanzar un programa muy ambicioso para 93 vialidades en colonias populares, no importa que sean de una denominación o de otra, y lo vas a ver, el gobierno no ve si una colonia simpatiza con uno o con otro partido, lo que vemos es que haya la necesidad para atenderla.”

“¿Cuál es el significado político de un evento como este?

“Lo platicaba yo en la mesa, Antorcha es una organización que tiene presencia en Puebla, aquí está la muestra, tienen voz, tienen una opinión, tienen una lucha desde hace muchos años, y lo que me parece es que la lucha a favor de la equidad se da desde diferentes trincheras, la pública, la privada, la social, y todos debemos conducirnos en el marco de la ley para construir una sociedad más justa…”

Y remata: “Se lo dije ahorita a Soraya, Puebla es de las ciudades que más avanzó en la lucha contra la pobreza extrema, eso es lo que dice CONEVAL.”

No me imaginé encontrar aquí al Mago de los Mosaicos.

Los mosaicos en la tribuna oriente del estadio me distraen del discurso de Aquiles. Y tengo tiempo de darle la vuelta al templete. Descubro que ahí se juega otra historia, la que enlaza con los antiguos rituales del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, y me veo a mí mismo en ella, a mis diez años, un 5 de mayo de 1965 en el estadio Zaragoza. Nunca llegó el presidente Díaz Ordaz a mirar nuestros mosaicos, pero con qué disciplina los presentamos cinco mil niños sobre la cancha del viejo campo de los Camoteros del Puebla. Sí, es otra historia, y por un rato me olvido de Aquiles y su retórica. Ahí está Gustavo Trujeque, con su empresa Póker Deportivo, quien micrófono en mano dirige a ese rectángulo de niños que despliegan cuadros de colores al ritmo de su voz. Los altavoces no se pelean con la estridencia de los que guardan la voz del Maestro Líder, así que a Gustavo la masa lo obedece. “La número 22” les dice, y allá arriba buscan sus cuadros de colores. “Abajo”, les recomienda, nunca les grita, su voz es serena y contundente. Y arriba lo entienden, pues desde abajo están los cuadros y arriba cuando el da la orden.

“Somos un solo hombre”, la 22. “Viva la lucha de los pobres”, la 23. “Antorcha es mi camino”, la 28. “Antorcha es mi destino”, la 29. “Antorcha triunfará”, la 30. Y por ahí, a la voz de Gustavo Trujeque con sus instrucciones, que me confirma que la suya viene de la tradición del Coronel Velazco de Santiago, y de Nacho Hernández Cruz y de su creador el maestro Ramón Ramírez Núñez. Y que tal despliegue de mosaicos le costará a la organización del evento cien mil pesitos bien ganados por este instructor de niños mosaicos.

¿Se puede condensar un discurso de hora y 45 minutos? De regreso con Aquiles apunto la médula ante una masa que arriba en las galerías poniente ya se tuesta al sol y abajo y en las tribunas en sombra se mantiene apretada en cobijas y entresueño, con todo y que la voz del líder poco a poco se vuelve más gangosa.

Esta es la versión que ha dado Aquiles Córdova: la pobreza es consecuencia de la enorme desigualdad en México; las instituciones sociales, económicas y políticas favorecen a una minoría y perjudican a los más desfavorecidos en sus derechos más elementales, hay una violencia institucional que les niega a los pobres sus derechos básicos; la violencia que se sufre, la del crimen organizado y el desorganizado, es estructural, y por lo tanto institucional hija de la desigualdad y la pobreza; hay también una violencia cultural, racista; y hay una violencia verbal, que se alienta desde los medios contra los que reclaman sus derechos sexuales, su libertad de creencias, su derecho a pelear por la justicia, y que es el caldo de cultivo de la violencia física porque justifica el baño de sangre en la lucha contra la delincuencia.

Y por ahí, con eficiencia retórica, llega al punto de lo que los políticos priistas llamaban “el mensaje político” con el que remachará su denuncia contra las autoridades que satanizan a Antorcha y no resuelven el crimen del alcalde de Huitzilan a pesar de que les han dado “pruebas irrefutables. Gali y Carrancá, pregunta, “¿qué intereses oscuros se ocultan aquí?”

Aquiles acude dos veces a López Obrador a quien dejaron, dice, como palo de perico con el tema “al diablo con las instituciones”. Pero es el régimen actual el que lo está haciendo, los funcionarios que en México manejan irresponsablemente la política y preparan lo que en los setenta el priista Reyes Heroles llamó el despertar del México bronco que no dejará títere con cabeza. Por eso, dice, se necesita un cambio de régimen, otro modelo, el de la revolución mexicana por el que el Estado recupere su lugar en la economía, un cambio de gobierno con otra clase en el poder, un gobierno que reparta la riqueza, porque solo el gobierno es quien puede hacerlo.

Un cambio de régimen, que a todas luces para Aquiles sólo llegará cuando tomen el poder como partido político.

En algún momento se le fue la frase con la palabra venganza.

En algún momento, también al final, cuando lo escucho hablar de Lenin y del comunismo capitalista de China, recuerda que lo importante no es tener la cadena sino el eslabón principal de la cadena, justamente el poder político.

“No soltar el poder político”, alcanzo a escuchar que grita.

La voz gangosa de Aquiles no llega a prender nunca a la masa. Una y otra vez tiene que acudir la voz rotunda de Lisandro Campos Córdova, su sobrino, con la socorrida frase de los mosaicos, maestro, Aquiles, tú eres nuestro líder, para despabilar las banderas rojas que en racimos se repartieron a las puertas de acceso a las tribunas. Miles. Rojas. Y se despliegan cada que Lisandro las convoca cuando interrumpe a Aquiles. Pero es un hecho contundente para mí, la voz del líder no conmueve a la masa que las enarbola.

Tampoco cuando pide “hagamos pagar con nuestro voto a quienes se niegan a hacer justicia a los asesinos de los antorchistas”.

De nuevo lo rescata Lisandro: “Somos un solo hombre, somos un solo ideal, adelante antorchistas, hasta triunfar…”

Aquiles termina con la declamación de un poema de Nicolás Guillén.

Y no es cualquier poema, El mal del siglo, Señor, Señor, ¿por qué odiarán los hombres al que lucha, al que suena y al que canta? ¿Qué puede un cisne dulce guardar sino ternuras en el alma?

Pero ya no está la masa para florituras. El líder se emociona, la voz casi se quiebra y termina. Lisandro lo despide con más consignas. Si, él es su líder, pero ya siguen los bailables con sus danzas rusas y chinas y lo mejor de la juventud antorchista. Y sí, hay que verlos, son chavitos como en casting de bailarinas Beyonce, todos de un tamaño, de un peinado, de una sonrisa a la mejor postura de Amalia Hernández. Y hay que verlas, verdaderamente chinas, con pasitos de porcelana y pincel, todas finas, risueñas, figurando el sueño comunista de su líder que apenas se bajó del templete. Es el rostro cultural de Antorcha, su mayor orgullo, lo que más transpira magisterio cardenista. Pero con ellos la orden no dicha que la masa obedece en una desbandada inmediata, lenta, porque sí son decenas de miles los cien mil que la organización ha anunciado desde hace meses en todas las colonias antorchistas. Salir. A los camiones, a las avenidas que se aprietan en callecitas, a las casas grises.

Al territorio de Antorcha, el del Estado ausente que explica su existencia.

Día con día

Al bautizarse “ciudadano”, el Frente que impulsan PAN, PRD y MC entró en una especie de callejón.



Para merecer el apellido “ciudadano” tiene que no portarse como lo que es: una alianza de partidos. Debe portarse en cambio como lo que no es: una plataforma de lanzamiento de candidaturas no partidarias.

Priva en esto la ecuación de la cultura política de moda según la cual los ciudadanos son más confiables en la política que los políticos, y hay tal cosa como candidatos ciudadanos químicamente puros, que pueden ser más eficaces y honestos que los políticos profesionales.

En todos los ámbitos de la vida, la experiencia indica lo contrario. Nada peor, ni de fracaso más cierto, que un amateur químicamente puro en una batalla de profesionales. Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora: puede haber algo peor que un político profesional: un político no profesional (vean a Donald).



Si un gran error han cometido los gobernantes de la democracia mexicana, es rodearse de colaboradores no profesionales, habilitados para los cargos por criterios de amistad y confianza, que a la hora de los problemas de a de veras no sirven para mucho.



Un error del Frente ha sido poner el énfasis del apellido “ciudadano” en las candidaturas y no en el programa.

Creo que los ciudadanos están pidiendo gobiernos eficaces y políticos profesionales que atiendan los problemas de la sociedad. Porque los gobiernos y los políticos que tenemos parecen atenderse sobre todo a sí mismos.

Un programa que responda a las expectativas de la ciudadanía es lo que necesita no solo el Frente, sino toda la política profesional de México.

Si los partidos y los políticos quieren regresar del lugar de descrédito en que están y revincularse con la ciudadanía tienen que hacerlo en los hechos de todos los días y con compromisos definidos para el futuro.

Vida y milagros

(iIustración tomada de la revista Nexos)

El aspirante a la candidatura presidencial independiente Pedro Ferriz de Con promovió ya una acción jurídica el viernes pasado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para demandar respuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) a su solicitud de que cualquier ciudadano pueda descargar la aplicación móvil para dar su apoyo a las candidaturas independientes desde cualquier computadora y no solo desde un teléfono inteligente. Hasta donde leí, también promueve que se puedan recabar las firmas de manera directa con papel, pluma y adjuntando la firma y la copia de la credencial de elector sin la mediación de una aplicación electrónica. Dada la diversidad del electorado mexicano y la dispareja disponibilidad de herramientas electrónicas según las zonas del país, esto debiera ser lo indicado. Desde el 29 de octubre pasado Ferriz de Con solicitó al Consejo General del INE abrir las variantes mediante las cuales se obtienen las firmas, pero hasta el día 4 de noviembre el Consejo ha ignorado la petición incurriendo en omisión. Quizás por eso ahora está dando el paso de presentar una acción jurídica ante el TEPJF.



No solo Pedro Ferriz ha señalado las enormes fallas de la app que el INE contrató para reunir las firmas. No hay un independiente que esté conforme con las complicadas reglas del juego que el INE puso sobre la mesa. .

La semana pasada escuché una entrevista a un candidato independiente que busca una diputación local en un distrito urbano de la ciudad de Puebla. Es un muchacho de 26 años, con grupos de amigos jóvenes y familiarizados con todas las tecnologías de teléfonos inteligentes, por lo cual es de suponer que el universo de electores entre los que él buscará las firmas tiene acceso a los teléfonos desde los que se puede utilizar de manera razonablemente efectiva la app del INE. Él necesita para la diputación local seis mil firmas, pero al narrar lo complejo y tardado del proceso, nos damos cuenta de que le será bastante difícil lograrlas, aunque en su caso, no imposible. Pedro Kumamoto también está en la búsqueda de firmas para una candidatura a diputado federal. Él mismo, que ya obtuvo y ganó una diputación local en Jalisco con el método de recaudación de firmas a mano, está encontrando complicado reunir las firmas con la aplicación electrónica. Se supone que todo el proceso para obtener la firma electrónica desde un teléfono no debe de tardar más de un minuto y medio, cuando mucho dos. Sin embargo todos describen perfectamente bien las fallas del sistema que extienden ese tiempo promedio hasta once minutos si bien les va.

El solo hecho de que el INE haya restringido la captura de firmas a los teléfonos inteligentes es discriminatorio y hasta donde me explica un jurista, también anticonstitucional. Si para la búsqueda de firmas en un distrito urbano en el que el internet es rápido y hay muchos teléfonos aptos para la operación, ésta tarda mínimo once minutos, qué se puede esperar de las firmas que se requieren para candidaturas federales de diputado, senador o presidente de la república, que requieren las firmas de sectores en que las herramientas electrónicas no se tienen. Las firmas para la candidatura presidencial tienen que juntarse en 17 estados y en muchos distritos en los que el internet es de mala calidad o de plano inexistente.



En países como Chile o Argentina las candidaturas independientes son posibles porque una vez registrado un candidato, de manera directa los interesados en apoyarlo acceden a la página del instituto electoral y hacen el trámite de firmar en línea con sus claves de acceso. De manera directa y sin ninguna complicación, como quien paga un servicio o una multa por internet. No se requiere ni la ayuda ni la intervención de representantes de los aspirantes para realizar el trámite. Un reglamento no puede estar por encima de un derecho constitucional elemental y esta aplicación diseñada para el INE al parecer lo está. Aunque el TEPJD ya se pronunció hace días a favor de la legalidad del uso de la aplicación del INE y también sobre el proceso para solicitar excepciones a su uso en zonas marginadas, ahora tendrá que responder sobre los argumentos de inconstitucionalidad presentados por Ferriz de manera formal ante el TEPJD. También, junto con otros candidatos, ha solicitado que mientras esto se resuelve se cree una comisión temporal ante el Consejo General del INE para dar seguimiento al proceso de recaudación de firmas, en la que los representantes de los candidatos independientes puedan tener un representante como forma de subsanar la falta de diálogo que el INE ha mostrado hacia ellos, ignorando sus peticiones y no respondiendo a ellas en algún sentido de manera ágil y eficaz. En síntesis el consejero presidente y su consejo están actuando como si la virgen les hablara ante las quejas de los independientes con respecto a los métodos de recaudación de firma y la ineficacia de su app.



Será interesante ver qué contesta el tribunal ante el argumento de que el permitir la descarga de la aplicación solo a los auxiliares de los aspirantes a las candidaturas independientes es poner un obstáculo directo entre el elector que quiere apoyar a alguien y el INE. Es como si para hacer un pago o una operación en línea del predial o el agua, usted necesitara el apoyo presencial e ineludible de una tercera persona debidamente acreditada mediante un registro previo ante el ayuntamiento, mediando en su operación entre la institución y usted. O como si para tramitar su credencial de elector usted necesitara la asistencia presencial del personero de algún partido político. A esas figuras de intermediación entre una institución gubernamental y el ciudadano se le conoce en México como "coyotes". Efectivamente, el INE ha institucionalizado la asistencia de un coyote, por bien intencionado y confiable que este sea, a la hora de recaudar las firmas.

Y mientras, el tiempo corre, como siempre, a favor de los partidos, que de por sí cuentan con todas las ventajas posibles sobre cualquiera de las candidaturas independientes violentando un principio fundacional del INE que es la equidad. De ese tamaño fue el deseo de los legisladores partidistas de impedir que funcionaran. La pinza final la está cerrando el INE con una aplicación limitativa e ineficaz. Y es que entre menos burros --dice el dicho-- más olotes.

Día con día

Sabremos algún día los detalles de la múltiple historia secreta de la remoción del fiscal electoral Santiago Nieto, su resistencia a la medida y finalmente su rendición.

Nadie cree por lo pronto lo que los actores dicen: ni que Nieto fue removido por lo que dijo la procuraduría ni que se desistió de su batalla por lo que dice ni que los senadores iban a votar en conciencia si se quedaba o salía.



Lo que sabemos hoy con precisión, no solo sobre el caso del fiscal Nieto, sino sobre el corazón de la procuración de la justicia en México, es lo que Ana Laura Magaloni nos recuerda en su artículo de la semana pasada “La ley y el control político” (Reforma, 28 octubre 2017).

A saber, que, desde el punto de vista del poder, las leyes están vigentes no para ser cumplidas, sino para ser aplicadas selectivamente. Están vigentes siempre, pero se aplican a la letra solo cuando conviene al ejercicio del poder. Sea el poder político, sean los poderes fácticos.



Nuestro sistema de procuración de justicia no está fundamentalmente al servicio de los ciudadanos, sino al servicio del poder.

Si el fiscal Santiago Nieto violó, en una entrevista de prensa, las normas de sigilo a que está obligado en sus investigaciones, habría hecho lo que hacen rutinariamente los procuradores de todos los niveles de gobierno y las distintas especialidades.



“Todas las procuradurías del país”, dice Magaloni, “filtran información a la prensa de forma recurrente sobre investigaciones en curso. Yo diría que ello es casi una política de comunicación de esas instituciones”.

¿Por qué entonces castigar a Santiago Nieto? Porque así lo decidió quien tiene el privilegio no escrito de escoger la ley que aplica.

Es lo que ha sucedido, con toda evidencia, con el fiscal Nieto. Le han aplicado con rigor fulminante reglas cuya violación se perdonan a otros.

Nadie puede decir que esas reglas no existen y que el fiscal Nieto no las violó. Pero nadie puede decir tampoco que Nieto no sea una víctima del antiguo apotegma, atribuido, nunca confirmado, a Benito Juárez:

“A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos la ley”.

Mundo Nuestro. Los sucesos en Cataluña han tocado puntos extremos. Lo que pueda ocurrir no deja de lado la alternativa de la violencia. Y lo que confirman es la profunda crisis que vive el régimen del Estado español surgido con la constitución de 1978. Presentamos aquí la postura de los editores de la revista Sin Permiso, que permite contemplar la gravedad del conflicto en España.

Lo que unas horas antes parecía descartado, lo que muchos dieron por juego de distracción y humo de paja ya hace años, finalmente sucedió: el 27 de octubre, el Parlament de Catalunya votó la proclamación de la República catalana. Lo hizo por una mayoría de 70 votos, frente a dos papeletas en blanco, 10 votos en contra (de Catalunya Sí que es Pot que, por cierto, tuvo unas intervenciones previas a la votación de distintos miembros en las que expresaron posiciones completamente diferentes, como por otra parte ya se sabía que mantenían) y 53 ausencias (de Ciudadanos, PSC y el PP). Es decir, votaron el 60,7% de los diputados y diputadas, y se consiguió una mayoría de “sí” sobre el total de 135 miembros del 51,8%.

Poco después, el Senado del Reino de España, en un frente PP-PSOE-Ciudadanos, votaba a su vez la intervención de la Generalitat mediante la aplicación del art. 155 de la Constitución española de 1978. Y a continuación el gobierno Rajoy anunciaba las medidas adoptadas en consejo de ministros para “restablecer la legalidad” que, como han apuntado distintos juristas desbordan el Estatut que se quiere restablecer y la propia Constitución de 1978.

Estamos, por lo tanto, ante dos legalidades que surgen y se legitiman en soberanías distintas. Y que son incompatibles. No es un “doble poder”. La desproporción es simplemente asimétrica en lo que se refiere a los atributos del estado. Pero una simplemente niega un derecho democrático como el de autodeterminación, y la otra intenta ejercerlo.



Desde hace bastante tiempo, pero muy especialmente en los dos últimos meses, Sin Permiso ha analizado el desarrollo de la situación política catalana y sus consecuencias en el Reino de España. El tiempo dirá hasta que punto estos análisis se ajustaron más o menos a la realidad. Pero queda por añadir el escenario final, que sin duda abre una nueva etapa política. No ha finalizado nada, pero el escenario será a partir de ahora de todo punto distinto.

El President Puigdemont propuso que el Parlament catalán votase la proclamación de independencia, de acuerdo con la Ley de referéndum y la Ley de Transitoriedad catalanas (declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional español), cuando no obtuvo las mínimas garantías de que la convocatoria de elecciones autonómicas permitiría su celebración en condiciones democráticas, es decir, sin la aplicación del art. 155.

Parece muy difícil negar tres hechos: 1) que la segunda respuesta de Puigdemont al requerimiento del gobierno explicitaba textualmente que no se había proclamado la independencia, porque el Parlament no la había votado (lo que hizo el 27 de octubre); 2) que el gobierno Rajoy decidió la aplicación del art. 155 no ya para “restituir la legalidad” (que el Tribunal Constitucional había “restablecido” al declarar nulos la Ley de referéndum y la Ley de Transitoriedad y, por tanto, los resultados y efectos del referéndum del 1 de Octubre), sino para “prevenir” que se violase; y 3) que el gobierno Rajoy rechazó los intentos de mediación del Lehendakari Urkullu, del exPresident Montilla y de otros que transmitieron la posición de Puigdemont (apoyada por sectores de su Govern, el PDdCAT y ERC) de convocar elecciones autonómicas –en el ejercicio de la legalidad constitucional de 1978- si el gobierno Rajoy no intervenía la Generalitat. La secuencia final de proclamación de la República y de la votación del art. 155 no oculta que la iniciativa política la ha tenido el gobierno español con su decisión de intervenir la Generalitat en cualquier caso.

El gobierno Rajoy decidió que era ahora, independientemente de la decisión de Puigdemont, cuando le resultaba más rentable políticamente aplicar el art. 155, intervenir la Generalitat, destituir a su President y al Govern y descabezar la administración autonómica catalana, situando a su frente, con poderes delegados del propio Rajoy, a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Y convocar él las elecciones autonómicas el 21 de diciembre en esta situación política excepcional, mientras los tribunales actúan, dirigidos por la fiscalía, contra el movimiento catalán por la autodeterminación y la independencia.

Las acusaciones y críticas de parcialidad del gobierno Rajoy a un proceso electoral legal convocado por la Generalitat, se vuelven ahora en su contra, con más razón si cabe. Se descarta así paradójicamente desde el propio gobierno español de forma implícita el terreno electoral como medio para la resolución del conflicto político. Y se da paso a la fuerza para resolver el choque de legitimidades, en una polarización que niega espacio para expresar cualquier otra opción política.



La decisión final del gobierno Rajoy ha sido posible por las cesiones sin fisuras de la dirección de PSOE de Pedro Sánchez, de la misma manera que la abstención de la gestora del PSOE fue lo que permitió la formación del gobierno minoritario del PP. Como expresaba en una entrevista que reproducimos en este mismo Sin Permiso Jaume Asens: “El PSOE hizo a Rajoy presidente de España y ahora de Catalunya”. En ambos casos alegando el “interés supremo” del estado. Un récord imbatible. La posición defendida públicamente por los socialistas de que la convocatoria de elecciones por el President de la Generalitat debería bloquear la aplicación del art. 155 fue arrollada por la determinación del gobierno Rajoy de humillar a la Generalitat, pero también al PSOE de Pedro Sánchez. La decisión de Montilla de no participar en la votación del art. 155 fue la prueba de ello.

Naufraga así, por si alguien podía tener la más mínima vacilación, antes de haber arrancado sus trabajos, la comisión de estudio para la reforma territorial que era la gran propuesta de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha dejado claro lo que puede entender su partido por “España plurinacional”: cualquier cosa menos el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Cambiando las palabras, la realidad no se cambia. Sin nacionalistas vascos y catalanes, con la Generalitat intervenida, con el sistema financiero autonómico catalán secuestrado por Montoro y con las resoluciones de la Conferencia de Presidentes autonómicos convertidas en almoneda en las negociaciones presupuestarias de 2017, ¿qué discusión sobre el federalismo será esa con partidos como el PP o Ciudadanos? Un federalismo que, se entiende de forma muy diferente a la que nuestro recientemente fallecido amigo Antoni Domènech declaraba sin la menor ambigüedad cuando Jiménez Villarejo (hoy también sin la menor ambigüedad a favor de la intervención del Estado en Catalunya) le pidió a finales de 2012 firmar un manifiesto “federalista” en Catalunya: “Gracias, amigo C. Ya lo había recibido por otros lados. Pero yo no puedo suscribir un manifiesto pretendidamente federal que no reconoce claramente de entrada, sin reservas, el derecho de autodeterminación de los pueblos de España, referéndum incluido. No es ni política ni intelectualmente creíble un ‘federalismo’ así, y estoy convencido de que no hará sino cargar de razón democrática a los independentistas.” Poco que añadir.

Ante la proclamación de la República catalana se puede argüir en su contra sobre la legitimidad o la oportunidad, como han hecho personas enemigas del derecho de autodeterminación pero también partidarias de este derecho sin el menor adarme de duda. En el primer caso se han apuntado las insuficiencias jurídicas y de procedimiento parlamentario que acompañaron la adopción de las leyes de referéndum y de transitoriedad catalanas, que el Tribunal Constitucional anuló en defensa de la Constitución de 1978 y de los derechos parlamentarios de las minorías del Parlament. En el segundo, las razones de oportunidad apuntan a su utilidad o su eficacia. Se han esgrimido razones contrarias a la proclamación republicana desde posiciones que en ningún caso podríamos englobar en el constitucionalismo dinástico sin más. Pero cuando un sujeto político pretende constituirse y otro lo niega mediante el monopolio de la fuerza, ello no implica que esta sea legítima ni legal y del propio ejercicio de los derechos cívicos surge un derecho de resistencia. Y a veces no se dispone de muchas posibilidades.



Hay quien piensa (notablemente La Vanguardia, así como distintos partidos políticos contrarios al derecho a la autodeterminación, así como una parte del propio PdCat) que la convocatoria de elecciones era otra posibilidad. Parecía que podía ser una salida para que la movilización fuera parcialmente desactivada, para unos, y muy diferentemente para una cierta acumulación de fuerzas y de mayor legitimidad, para otros. Y había argumentos que sustentaban estas posiciones. Sin duda.

En todo caso, se ha alegado que la reforma del Estatut exige 90 votos, es decir el 66%. En realidad, como se demostró en 2010 bastaba con la mayoría del Tribunal Constitucional, no la mayoría popular ni parlamentaria. Eso parece no incomodar al bloque PP-PSC-Ciudadanos. Pero en cualquier caso, es no comprender la legitimidad política surgida del ejercicio del derecho de voto de 2,3 millones de ciudadanos en el referéndum del 1 de Octubre bajo la represión policial. La represión policial fue un factor de legitimación para mucha gente. Puede ser discutible, pero muchos centenares de miles de personas tuvieron la convicción no de que simplemente habían votado, sino que habían conseguido hacerlo con sangre y lágrimas. Solo un punto de diferencia en la participación separa al referéndum del Estatut de 2006 -que nadie reprimió y que el Tribunal Constitucional anuló tras ser “cepillado” en el Congreso-, y el referéndum de independencia de 2017. La represión del derecho de voto, no de sus consecuencias legales, ha sido para la mayoría independentista parlamentaria el punto de arranque de la soberanía en la que se apoya la proclamación de la República catalana.

La legitimidad de esa soberanía no engloba a toda la ciudadanía de Catalunya. Y se ha esgrimido que la nación (aunque algunos no utilicen estos términos que solamente reservan para España) se ha fracturado. Si está fracturada porque una parte importante de la ciudadanía no concede legitimidad a la proclamación de la República, convendremos que también lo estaría en caso de que no se hubiera proclamado. Si una sociedad está fracturada porque una parte no está de acuerdo con determinadas decisiones, también lo está porque la otra parte no estará de acuerdo que no se tomen las decisiones anteriores. En todo caso, toda sociedad está dividida en clases y, en algunos casos como en la nación catalana, por distintas opciones nacionales. La “fractura” social es esgrimida en muchos casos como simple pretexto para favorecer que las cosas no cambien. Pero eso tiene tanto que ver con el intento de superar la “fractura” social como, por poner un mero ejemplo, la homeopatía con la ciencia: nada.

Las manifestaciones a favor del mantenimiento del status quo monárquico o, para ser más precisos, de la aplicación represiva del 155 y de la actuación “proporcionada” de la policía y la Guardia Civil el 1 de Octubre, la última de las cuales en Barcelona el 29 de octubre contó con la asistencia, según la Guardia Urbana, de 300.000 personas, forman parte de la reacción habitual cuando una parte muy importante de la sociedad se moviliza en sentido contrario. Eso no es “fractura social” como lo entiende el gobierno Rajoy, sino la expresión de las diferencias políticas, ideológicas y sociales de toda sociedad moderna. Cuando las convulsiones sociales son muy fuertes pueden observarse anomalías (¿o quizás no lo son tanto?) como esas.

El gobierno Rajoy pretende superar esta fractura con la aplicación del art. 155 y la persecución judicial. Y celebrar elecciones en “caliente”, en dos meses. De entrada, tiene que conseguir una participación superior al 47% del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional e intentar acercarse al listón del 77,4% de las elecciones autonómicas de 2015 que eligieron al Parlament que ha declarado la República catalana. De no conseguirlo – y parece difícil, cuanto menos- Rajoy y su gobierno serán considerados responsables del doble fracaso de no haber impedido la proclamación de la República catalana y de no haber sabido reconstruir una legitimidad superior en el proceso de “restitución de la legalidad” en Catalunya. Y los “poderes fácticos” que ahora intenta cabalgar, le desbordarán. Ya están amenazando con aplicar el art. 155 a Castilla-La Mancha por mantener una coalición PSOE-Podemos, a Valencia por tener otra PSOE-Compromís, apoyada por Podemos y a Euskadi… de forma preventiva.

Es en ese momento cuando entrará en juego el escenario más amplio de la crisis del régimen del 78 en el conjunto del Reino de España. Porque las consecuencias de la “fractura catalana” se extenderán más allá del Ebro. Rajoy no puede contar ya con el PNV para aprobar los presupuestos de 2018, que le exige –como antes los del 2017- la Comisión europea, que ha advertido de las consecuencias para el déficit acordado con ella de la actual situación política española. Justo cuando Draghi y el BCE anuncian la reducción progresiva de su programa de flexibilización cuantitativa, de la que depende la financiación de la deuda soberana y de las comunidades autónomas.

En este escenario el PP solo puede contar con el PSOE de Pedro Sánchez, además de Ciudadanos, que está presionando al PP por la derecha. Pero el apoyo del PSOE a los presupuestos del PP de 2018 supondría el fin de sus aspiraciones de construir una alternancia de izquierdas al propio régimen del 78. Sería la confirmación de ese “frente constitucionalista” monárquico. Tras su apoyo sin matices a Rajoy en la aplicación del art. 155, el PSOE profundizaría la pérdida de votantes habida en cada elección desde 2011.

El régimen del 78 se encuentra en un callejón sin salida, por muy largo que este pueda ser, mientras se erosiona su legitimidad social, económica, política y territorial. La cuestión catalana está lejos de resolverse el 21 de diciembre. Una vez más ahí también existe una “fractura”, ¿o no? La situación se enquistará con la actual doble legitimidad que enfrenta al Reino de España con la República catalana. La salida de la crisis social sigue siendo un campo de disputa político. Como continúa el desenmarañamiento judicial de la trama de corrupción del PP, de la que los tribunales afirman que “se ha beneficiado”. Si las distintas crisis que recorren el régimen del 78 no han confluido, del 15-M de 2010 al 1-O de 2017, es por la ambigüedad de las izquierdas, cuando no una clara hostilidad, entre otras cosas, ante la defensa del derecho de autodeterminación de Catalunya. Y ello impide la construcción de una alternativa política que, inevitablemente, pondría en cuestión el régimen del 78. Hasta que la situación se haga de verdad insoportable, no solo en Catalunya –donde se cuestiona republicanamente-, sino en el conjunto del Reino de España.

Daniel Raventós/Editor de Sin Permiso

Gustavo Buster /Editor de Sin Permiso

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