Poder y Política

Del absurdo cotidiano

Esto que ha hecho el Jefe de Estado que, aunque apene decirlo, es Peña Nieto, no es una tontería, es una aberración y un insulto al país que supuestamente gobierna. Porque este hombre ya no se gobierna ni a sí mismo.
Si tuviera un poco de conciencia, si pensara en quién es. Si hiciera las cuentas.
Sólo el 22 por ciento de los mexicanos aprueba su gobierno. Y eso hasta ayer en la noche. Hoy en la mañana habrá perdido no sé cuántos otros. Y cree que invitando a Trump va a ganarse a alguien. ¿Pero a quiénes en sus cinco sentidos y con la cabeza en alto? ¿Para qué lo invita? ¿Para que nos pida disculpas? ¿Para exigirle frente a los mexicanos que lo perdonemos por decir que somos ladrones, violadores, asesinos?
No hay manera. Aunque Trump bajara del avión a besar la tierra mexicana y luego barriera con la lengua del aeropuerto a la villa de Guadalupe no tiene perdón lo que ya hizo.
¿Invitarlo? ¿Cómo se le pudo ocurrir?
Y luego se pregunta por qué no lo aprobamos. Ahí tiene la respuesta. En su desdén por lo que pensamos, por lo que sentimos.
¿Quién se cree? Pues, para nuestra desgracia, se cree quién es. Con el 38 por ciento de los votos ganó las elecciones en 2012. Entonces, aunque nos afligió y nos aflija aceptarlo, ganó la presidencia y la condición de Jefe de Estado. Y es ésa la que no respeta. Presidente es cada vez menos porque cada vez tiene menos poder, lo anda tirando cuando voltea la cara y no mira el tiradero que hay para donde los demás sí volvemos los ojos, porque queremos y porque no queda más remedio que ver lo obvio.
De remate, quizás Trump no viene ni pedir perdón. Como dijo un tuitero puede venir a decirnos cómo quiere los acabados del muro. Es un señor impresentable, majadero, malo y falto de juicio al que Hillary Clinton le ganará las elecciones. Así que, de remate, este Jefe de Estado, _lo que formalmente significa representante de la nación mexicana_, con la impertinencia de esta invitación está peleándose con la futura presidente de los Estados Unidos.
Estamos hechos. Y le quedan dos años de ocurrencias. Da miedo. Y enojo. Dos pasiones horribles que quien despierta, no sabe lo que hace.



Mundo Nuestro. Los tiempos no son gratos. El Estado mexicano afronta obstáculos que parecieran infranqueables. Uno de elos está a la vista en la cada vez más clara incapacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto para conducir el país desde el gobierno federal. Apenas rebasa los dos dígitos en su credibilidad. Y la perspectiva de una nueva y brutal crisis económica está en la boca de los enterados; y la insurrección de grupos sociales tan diversos como los jerarcas de la Iglesia católica o los maestros de la CNTE en Michoacán, Chiapas y Oaxaca; y la violencia que azota regiones enteras del territorio.

Aquí este análisis presentado en el programa ForoTV por dos de los más serios analistas de la vida pública de México. Esta conversación se presentó el lunes pasado en el programa Es la hora de opinar con Leó Zuckerman, en ForoTV .



https://jorgecastaneda.org/notas/2016/08/29/la-hora-opinar-leo-zuckermann-29-agosto-2016-forotv/

Ciudad de México, 24 de agosto, 2016



A la opinión pública:

Quienes suscribimos estas líneas pertenecemos a la comunidad académica mexicana. Como parte de ella, reprobamos el plagio en todas sus variantes. El caso que ocupa en estos días a la sociedad mexicana es el de la tesis de licenciatura que redactó a principios de los años noventa el ahora presidente Enrique Peña Nieto. Esta tesis fue presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y, por tanto, es esta facultad la que responderá concretamente a la evidencia presentada. El hecho es grave en sí mismo por todo lo que implica respecto a los valores que deben orientar no solo la vida académica, sino a la vida en sociedad. En lo que respecta a la primera, sin estos valores, entre los que destaca la honestidad intelectual, el desarrollo del conocimiento en todos sus campos es prácticamente impensable.

Tanto el vocero de la Presidencia como el secretario de Educación y el director de la tesis en cuestión (ahora miembro del poder judicial de la Ciudad de México), al igual que una parte de la opinión pública, han minimizado el hecho. Esto nos parece aún más preocupante. Como académicos y como ciudadanos, creemos que es una obligación elemental señalar lo inaceptable de una conducta indebida. Si esta conducta es relativamente usual, eso no disminuye dicha obligación. Se trata, en el caso del plagio académico, de una acción que atenta contra el quehacer intelectual, contra las normas mínimas que deben regir el funcionamiento de toda institución universitaria y contra aspectos esenciales en la formación de la juventud mexicana. Conviene recordar que la universidad no forma principalmente académicos, sino hombres y mujeres con los conocimientos, valores y herramientas indispensables para construir una sociedad mejor.



Mientras no surja una conciencia del sinnúmero de implicaciones y consecuencias negativas que conlleva el plagio académico, mientras se le siga considerando una falta menor y mientras no exista una legislación adecuada para identificarlo y castigarlo, seguirá siendo una práctica más o menos recurrente entre los estudiantes, profesores e investigadores de México. Aunque en años recientes han salido a la luz varios casos que han llevado a la discusión del tema y se han presentado algunas propuestas al respecto, las autoridades correspondientes y la sociedad en su conjunto no han reaccionado como el problema lo amerita y exige.

La honestidad no es, ni puede ser, una moneda de cambio, sino un principio que debe regir la vida académica, la vida política y la vida social. Reivindicar este valor en todos los ámbitos es parte necesaria de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad.

Roberto Breña, COLMEX

Alfredo Ávila, UNAM

Daniela Gleizer, UAM

Fausta Gantús, Instituto Mora

José Antonio Aguilar, CIDE

Elisa Cárdenas, Universidad de Guadalajara

Érika Pani, COLMEX

Iván Escamilla, UNAM

Jesús Rodríguez Zepeda, UAM

Catherine Andrews, CIDE

Eugenia Roldán, CINVESTAV

Soledad Loaeza, COLMEX

Ariadna Acevedo, CINVESTAV

Antonio Azuela, UNAM

Gerardo Esquivel, COLMEX

Rafael Rojas, CIDE

Benjamín Arditi, UNAM

Juan Ortiz, Universidad Veracruzana

Gabriel Negretto, CIDE

Marco Antonio Landavazo, Universidad Michoacana

Gabriel Torres Puga, COLMEX

Rodrigo Moreno, UNAM

Ariel Rodríguez Kuri, COLMEX

Guillermo Estrada, UNAM

Fernanda Somuano, COLMEX

Rodrigo Martínez Baracs, INAH

Beatriz Alcubierre, UAEM

Rodolfo Vázquez, ITAM

Ana Covarrubias, COLMEX

Jesús Hernández, UNAM

Antonio Ibarra, UNAM

Juan Pedro Viqueira, COLMEX

Guillermina del Valle, Instituto Mora

Carlos Cruzado, UNAM

Jaime Olveda, Colegio de Jalisco

Aimer Granados, UAM

Fernando Nieto, COLMEX

Estela Roselló, UNAM

Marina Alonso, INAH

Mari Carmen Pardo, COLMEX

María Rosa Gudiño, UPN

Guadalupe Pinzón, INAH

Susana Sosenski, UNAM

Silvia Dutrénit, Instituto Mora

Miruna Achim, UAM

Alexandra Pita, Universidad de Colima

Andrés Ríos, UNAM

María José Garrido, Instituto Mora

Deborah Dorotinsky, UNAM

David Carbajal López, Universidad de Guadalajara

Lidia Ernestina Gómez García, BUAP

María Alba Pastor Llaneza, UNAM

Mónica Bernal Bejarle, UAM

Vanni Pettina, COLMEX

Juan Pablo Muñoz Covarrubias, UAM

Rodrigo Bazán Bonfil, UAEM

Alfredo Nava Sánchez, UNAM

Ana María Sacristán Fanjul, UACM

Carlos Bravo Regidor, CIDE

Adriana Pineda Soto, Universidad Michoacana

Matilde Souto, Instituto Mora

Aurelia Valero, UNAM

Regina Tapia, El Colegio Mexiquense

Alicia Márquez, Instituto Mora

Rebeca Villalobos, UNAM

Luis Mesa, COLMEX

María Eugenia Arias, Instituto Mora

Francisco Delgado, Universidad de Colima

Leonor García Millé, UNAM

Fernando Aguayo, Instituto Mora

Laura Cázarez Hernández, UAM

Martha Santillán, INACIPE

Héctor Vera, UNAM

Cecilia Noriega, Instituto Mora

Diego Pulido, INAH

Gabriela Wiener, UNAM

Gustavo Herón Pérez Daniel, UACJ

Gabriela Pulido, INAH

Graciela Márquez, COLMEX

Sebastián Plá, UNAM

Rogelio Marcial, El Colegio de Jalisco

Celina Becerra, Universidad de Guadalajara

Luis Ignacio Román Morales, ITESO

Jorge Alonso, Ciesas Occidente

Rosa López Taylor, Universidad de Guadalajara

Horacio Rivera Ramírez, CIB de Occidente

Enrique E. Sánchez Ruiz, Universidad de Guadalajara

Ana Rebeca Jaloma Cruz, CIB de Occidente

Gladys Lizama Silva, Universidad de Guadalajara

José Antonio Flores Farfán, CIESAS

Silvia Domínguez Gutiérrez, Universidad de Guadalajara

Edgar Vargas Oledo, UNAM

Francisco de Jesús Aceves, Universidad de Guadalajara

Norehella Isabel Huerta, UNAM

Fernando Vega Villasante, Universidad de Guadalajara

Rafael Ramírez Priego, UAM

Juan García López, Universidad de Guadalajara

Karim Garay Vega, UACM

Sarah Corona Berkin, Universidad de Guadalajara

Elena Román, UACM

Koldovike Yosune Ibarra Valenciana, UACJ

Guillermo Toriz González, Universidad de Guadalajara

José Gutiérrez Padilla, Universidad de Guadalajara

Violeta Cárdenas, UACM

Teresa González Arce, Universidad de Guadalajara

Israel Ramírez, El Colegio de San Luis

Carlos Javier Maya, Universidad de Guadalajara

Jorge Eduardo Navarrete, UNAM

María Luisa Ávalos Latorre, Universidad de Guadalajara

Enrique Flores, UNAM

Miguel Ángel Santana Aranda, Universidad de Guadalajara

Teresa Rojas Rabiela, CIESAS

Cristina Cárdenas Castillo, Universidad de Guadalajara

Armando Velázquez, UNAM

Rosa Martha Romo Beltrán, Universidad de Guadalajara

Mariflor Aguilar Rivero, UNAM

Alejandro Macías Macías, Universidad de Guadalajara

Roberto Cruz Arzabal, UNAM

Rigoberto Soria Romo, Universidad de Guadalajara

Ricardo Mansilla Corona, UNAM

Carlos Riojas López, Universidad de Guadalajara

José del Val, UNAM

Jaime Antonio Preciado, Universidad de Guadalajara

Mariano Bonialian, COLMEX

Carlos Antonio Villa Guzmán, Universidad de Guadalajara

Martha Elena Munguía, Universidad Veracruzana

Magdalena Barros Nock, CIESAS

Leonor Fernández Guillermo, UNAM

Sergio Lorenzo Sandoval, Universidad de Guadalajara

José Arnulfo Herrera Curiel, UNAM

Rodrigo García de la Sienra, Universidad Veracruzana

Rodolfo Palma, UNAM

Laura Flamand, COLMEX

Gabriela García Hubard, UNAM

Axayacatl Campos García Rojas, UNAM

Rocío Olivares Zorrilla, UNAM

Shekoufeh Mohammadi Shirmahaleh, UNAM

Rafael Mondragón, UNAM

Raquel Mosqueda Rivera, UNAM

Alain Emmanuel Pérez Barajas, UNAM

Cecilia Sheridan, CIESAS

Henio Hoyo Prohuber, Universidad de Monterrey

Gabriela Iturralde, INAH

Mónica Quijano, UNAM

Ana María Serna, Instituto Mora

Morna Macleod Howland, UAEM

Leticia Calderón Chelius, Instituto Mora

Rodrigo Llanes Salazar, UNAM

Felipe Javier Galán López, Universidad Veracruzana

Ernesto Guerra García, UAIM

Jorge Durand, Universidad de Guadalajara

Zeyda Rodríguez Morales, Universidad de Guadalajara

Lina Rosa Berrio Palomo, CIESAS

Oscar González Gómez, CIESAS

Gisela Espinosa Damián, UAM

Olivia Gall, UNAM

Carlos López Beltrán, UNAM

Abril Saldaña Tejeda, Universidad de Guanajuato

Juan Manuel Argüelles, INAH

Pedro Miramontes, Facultad de Ciencias, UNAM

Verónika Sieglin, UANL

Mette Wacher Rodarte, INAH

Jorge Silva Riquer, Universidad Michoacana

Nair Ma. Anaya Ferreira, UNAM

Julia Constantino, UNAM

Yanna Hadatty Mora, UNAM

Blanca Estela Treviño García, UNAM

Alejandra López Guevara, UNAM

Diego Alcázar, UNAM

Sergio Valerio Ulloa, Universidad de Guadalajara

Gloria Alicia Caudillo Félix, Universidad de Guadalajara

Israel Tonatiuh Lay, Universidad de Guadalajara

José Luis Escalona Victoria, CIESAS

Laura Machuca Gallegos, CIESAS

Georgina Barraza Carbajal UNAM

María Teresa Sierra Camacho, CIESAS

Séverine Durin, CIESAS

María del Carmen Icazuriaga, CIESAS

Gabriela Torres Mazuera, CIESAS

Carlos Antaramián, CIESAS

Yanga Villagómez Velázquez, Colmich

Sergio Zendejas, Colmich

Gabriela Zamorano, Colmich

Axel Hernández Días, UNAM

Lylia Palacios Hernández, UANL

Edith F. Kauffer Michel, CIESAS

Irene Artigas Abarelli, UNAM

María Paz Amaro, UAM

Luis de Pablo Hammeken, UAM

Alvaro Peláez Cedres, UAM

Alba Teresa Estrada, UNAM

Adriana Sandoval, UNAM

María del Rayo Ramírez, UACM

Mauricio Merino, CIDE

Eric Magar, ITAM

Pablo Mijangos, CIDE

Ana Díaz, UNAM

Karina Busto Ibarra, UABCS

Jesús de Prado, UNAM

Claudia Lucotti, UNAM

Axel Hernández Díaz, UNAM

Alejandro de la Mora Ochoa, UAM

Sergio Miranda, UNAM

Coral Lomelí Morales, UACM

Patricia Cabrera López, UNAM

Mario Rey, UNAM

Martín Ríos, UNAM

Coral Lomelí, UACM

Paola Gutiérrez Aranda, ENAH

Blanca Pérez, UACM

Nicté Ramírez, UACM

Julio Muñoz Rubio, UNAM

Carmen Teresa Ros, UACM

Fabrizzio Guerrero McManus, UNAM

Margarita Pérez Negrete, CIESAS

Pietro Ameglio Patella, UNAM

Gustavo Marín Guardado, CIESAS

María José Esparza Liberal, UNAM

Amaya Garritz, UNAM

Daniel Murillo Licea, CIESAS

Julieta Lizaola, UNAM

Mario Barbosa, UAM

Rossana Reguillo, ITESO

Claudia Mónica Salazar, UAM

Sandra Rozental, UAM

Lilián Camacho, UNAM

César Cañedo, UNAM

Daniel Murillo Licea, CIESAS

Gloria Estela Baez, UNAM

Jorge Galindo, UAM

Esther Martínez Luna, UNAM

Eugenia Iturriaga, UADY

Citlali Quecha, UNAM

Miriam Jerade, UNAM

Juan Briseño, CIESAS

María Haydeé García Bravo, UNAM

Jeanett Reynoso Noverón, UNAM

Adriana de Teresa, UNAM

Ricardo Pérez Montfort, CIESAS

Ana Paula de Teresa, UAM

Natalia Mantilla Beniers, UNAM

Margarita Palacios Sierra, UNAM

Mundo Nuestro. El documento en PDF y el texto que lo presenta --elaborado por un grupo de especialistas de la Dirección de Estudios Antropológicos del INAH-- ponen en la mesa de la discusión nacional el tema de la Ley General de Cultura que en los próximos meses se legislará en el Congreso de la Unión. El objetivo es claro: no podemos dejar en manos de los legisladores un asunto de esta trascendencia, y sólo la discusión pública asegurará que en la nueva ley estén garantizados los derechos culturales que hagan efectiva la diversidad cultural de nuestro país.

Hacia una Ley General de Cultura incluyente de los derechos culturales y la diversidad cultural. Declaración de principios de especialistas en cultura y patrimonio cultural en México



Como es del conocimiento público próximamente se legislará sobre una Ley General de Cultura que impactará la vida cultural de México, en los ámbitos federal, estatal y municipal. A pesar de su importancia hasta ahora las consultas llevadas a cabo por las Cámaras legislativas no han sido incluyente ni representativa de todos los sectores que conforman el complejo ámbito cultural de nuestro país.
Con el fin de construir una posición colectiva sobre los contenidos que debe tener dicha ley un grupo de investigadores del INAH emprendimos la tarea de revisar la legislación internacional y nacional y generamos el documento denominado “Hacia una Ley General de Cultura incluyente de los derechos culturales y la diversidad cultural. Declaración de principios de especialistas en cultura y patrimonio cultural en México”, cuyo sentido es que ésta deberá ser una ley sobre derechos culturales orientada a fortalecer la diversidad cultural de México y a garantizar la amplia participación social para decidir, ejecutar y evaluar las acciones del Estado mexicano en materia cultural.
Con el fin de que dicho documento sea entregado con fuerza social en las Cámaras de Diputados y Senadores, solicitamos ahora la firma de todas aquellas personas, comunidades o colectivos que se identifiquen con los principios y derechos culturales que, de forma enunciativa y no limitativamente, se exponen en dicho documento, y que tengan en la cultura y el patrimonio cultural su campo de vida, trabajo, acción y reflexión.
Consideramos sustantiva la participación de los especialistas en el campo cultural, —sean éstos investigadores, docentes, artistas, comunicadores, periodistas, escritores, editores, cineastas, promotores culturales, y creadores culturales en el sentido más amplio del término, sean indígenas o no indígenas— para revertir la tendencia predominante en las Cámaras a legislar sobre una perspectiva que restringe el alcance de la ley a garantizar sólo “los bienes y servicios que presta el Estado”. Ello bajo el principio equivocado de que dicha ley deberá garantizar el “derecho a la cultura”, y el “derecho de acceso a la cultura”. Omitiendo una concepción amplia e incluyente de cultura, y sin apuntalar todos aquellos derechos culturales para hacer efectiva la diversidad cultural y la amplia participación social para definir y garantizar el libre ejercicio de tales derechos.
Los integrantes del grupos redactor y promotor del documento que se anexa somos: Maya Lorena Pérez Ruiz (INAH-DEAS), Aldir Ersia González Morelos Zaragoza (INAH-DEA-SIC), Amparo Sevilla Villalobos (INAH-DEAS), Jesús Antonio Machuca Ramírez (INAH-DEAS) y Francisco Javier Guerrero Mendoza (INAH-DEAS). Quienes una vez reunidas las firmas nos incorporaremos al listado de firmantes.
Para firma individual:
Para la firma de organizaciones y colectivos:

(Ilustración de portadilla tomada de la revista Nexos)

El 70% de la ciudadanía está dispuesta a votar por un candidato independiente en la elección presidencial del 2018, 22% no lo haría y 8% no sabe. El 60% piensa que sí puede ganar un candidato independiente, 30% que no y 10% no sabe, según una encuesta realizada, entre el 25 y 30 de junio pasado, por la empresa encuestadora Parametría.

La encuesta se enfoca en el tema de los candidatos independientes y de manera particular para la Presidencia de la República. Se entrevistó a 1,500 personas, 300 por cada una de las cinco circunscripciones electorales. El nivel de rechazo fue de 28%, que coincide con el de otras encuestas, y el nivel de confianza estadística es de 95 por ciento.

De los entrevistados, 57% quiere que en la elección presidencial del 2018 participen candidatos independientes. El 33% no quiere eso, 9% no sabe y 1% no contestó. El 73% de los encuestados dice que a la hora de votar se fijan en el candidato y 20% en los partidos. El 6% no sabe y 1% no contestó.

De los encuestados, 45% prefiere que el candidato a la presidencia no pertenezca a ningún partido, 36% que sí milite en uno y a 17% le da igual. Y 52% quiere que el candidato a la Presidencia venga de la sociedad civil, 15% de la política y en la misma proporción de la academia, 10% del empresariado y 2% del sindicalismo.

Las principales ventajas que tiene un candidato independiente, según los encuestados, es que son honestos (26%), no pertenecen a ningún partido (18%), no son manipulables (17%), no están corrompidos (14%) y representan un verdadero cambio (9 por ciento). Su principal desventaja es no contar con dinero (46%) y no tener el respaldo de un partido (32 por ciento).

Los números que arroja la encuesta dejan en claro tres cosas: los ciudadanos quieren que en la elección presidencial del 2018 haya un candidato independiente (57%), la gran mayoría de la ciudadanía está dispuesta a votar por un candidato independiente (70%) y un porcentaje alto (60%) piensa que sí puede ganar un candidato independiente.

La información que brinda el estudio establece, en principio, un buen escenario para la participación de los candidatos independientes a la Presidencia de la República. A éstos se les ve como honestos y que no se han corrompido (40%) y también como independientes y no manipulables (35 por ciento). La ciudadanía ubica con claridad dónde están los mayores problemas de parte de los candidatos independientes: la falta de dinero (46%) y no contar con una estructura de apoyo como son los partidos (32 por ciento).

El estudio de Parametría establece una primera base, para la discusión sobre los candidatos independientes, a la Presidencia de la República en el 2018, a partir de datos duros. Los candidatos que pretendan participar en la contienda tienen muchos obstáculos por vencer, que pasan, entre otros, por hacerse de dinero, crear una estructura y conseguir más de 1 millón de firmas. Ya veremos quién lo logra.

Mundo Nuestro. “Incompetente e ilegal”. Así calificó la justicia federal la decisión del juez poblano de encarcelar a Simitrio el 18 de diciembre de 2014. Dieciocho meses después lo vienen a decir, el 30 de junio de 2016. Y desde entonces han pasado cuarenta y cinco días y el dirigente de la 28 de Octubre permanece en la cárcel.

Así, en corto, basta un párrafo para describir la realidad de un encarcelamiento por motivos políticos en Puebla. Porque Simitrio es un preso político del gobierno de Rafael Moreno Valle.

Pero para la justicia no importa el tiempo, no importa si un ciudadano es encarcelado injustamente y pasa otros largos meses en prisión si al final dictará orden de libertad en contra de la decisión de un juez menor al servicio del poder en turno en un estado como el nuestro. Puebla.



Pero el amparo está dado. Simitrio debe ser liberado inmediatamente.

Reproducimos la información de e-consulta con lo dicho por el abogado Samuel Porras ayer domingo.

El Segundo Tribunal Colegiado en materia penal ordenó la libertad de Rubén Sarabia “Simitrio”, líder fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, informó en rueda de prensa Samuel Porras Rugerio, abogado que encabeza la defensa del dirigente.



En diciembre de 2014 Rubén Sarabia fue llevado al Centro de Readaptación de San Miguel (Cereso) derivado de una orden de reaprehensión por supuestas violaciones al beneficio preliberacional del que gozaba desde el 4 de abril de 2001, al argumentar que no firmó las boletas semanales a las que estaba obligado.

La sentencia definitiva tira la resolución de la Juez Quinto Penal de Ejecución para que permaneciera en prisión hasta el año 2050, añadió Porras.

“Hemos probado el más grave atropello de parte de un gobierno hacia un integrante de una organización civil. La justicia federal ha documentado que en base en nada y desde el poder se tiene a un hombre encarcelado desde hace 20 meses en la prisión del estado”, dijo Porras Rugerio.

El amparo indirecto 69/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de distrito en materia Civil, Administrativa y del Trabajo de Juicios Federales fue otorgado a Simitrio el pasado 30 de junio. Los magistrados José Mario Machorro Castillo, Jesús Rafael Aragón y Arturo Mejía Ponce de León, calificaron la resolución de la juez, emitida el 18 de diciembre de 2014 en la carpeta de ejecución 33/2015/JCS/E, como incompetente e ilegal.

Porras Rugerio señaló que los cargos de narcomenudeo que se fincaron con posterioridad a esta resolución podrían mantener al líder de la UPVA en el Cereso de San Miguel, medida que se estableció como estrategia, previendo que existiera una revocación del fallo de la jueza, dijo el abogado.

“Pedimos que las autoridades actúen con honradez intelectual y con integridad política. Hemos denunciado las trampas que se generan en la Fiscalía, no para investigar averiguaciones, sino para armarlas, para fabricar delitos, para inculpar inocentes. El cargo fincado se hizo para prever justo esta situación”, precisó.

Rita Amador, pareja sentimental de Simitrio y líder moral de la UPVA “28 de Octubre” sostuvo que esta sentencia confirma la maniobra política del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle contra la organización de comerciantes.

Mundo Nuestro. Es un lugar común afirmar que la libertad se construye día a día en la lucha de los ciudadanos por sus derechos elementales. No de otra manera concebimos en esta revista digital el trabajo periodístico. Hoy en México son muchos los derechos violentados desde el poder del Estado. Por ejemplo, el acceso a la información de los asuntos públicos, y en particular el gasto que de los recursos del erario se disponen sin informar a los ciudadanos. Tal ha sido el caso, por referirnos a uno de los tantos procesos en los que el gobierno de Rafael Moreno Valle ha ocultado sin el menor remordimiento la información al público, de los contratos de obra pública resguardados en el esquema de los llamados PPS o Proyectos por Prestación de Servicios. En ese contexto de los últimos años --que por cierto van mucho más allá del actual gobernador, pues esta política ha formado parte de la manera de ser de los gobiernos de Puebla--, entendemos el valor que ha tenido el trabajo del portal de noticias e-consulta, expresión cabal de lo mejor del periodismo en nuestra entidad.

Valen estos tres textos --uno de su director, Rodolfo Ruiz, y dos más escritos por los rectores de las principales universidades en Puebla, Alfonso Esparza Ortiz (BUAP) y Fernando Fernández Font (Ibero Puebla)--, para comprender la importancia de e-consulta en sus catorce años de labor periodística.



Rodolfo Ruiz: Publicidad oficial y rendición de cuentas, asignaturas pendientes

Antonio Gali Fayad sí está en condiciones de hacer algunos ajustes en beneficio de la transparencia.

Un primer ajuste pasa por corregir la viciada relación que desde siempre ha mantenido del Estado con los medios de comunicación y los periodistas, y otro por devolver a la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) la credibilidad perdida en el sexenio que está por concluir… Para lo primero Gali Fayad no necesita un gran operador de medios, y tampoco enviar al Congreso local una iniciativa en materia de medios de comunicación que regule los presupuestos y asignaciones de publicidad oficial, sino simplemente transparentar esos recursos públicos, sin recovecos legales, y distribuirlos con criterios de rentabilidad y eficiencia cuantitativos y cualitativos. (Seguir leyendo)



Alfonzo Esparza Ortiz (Rector BUAP): El periodismo en México y en Puebla e-consulta

La vocación del periodista es informar; en el ejercicio de esta tarea se convierte en un factor de cambio o de conservación de la estructura social vigente; esto le exige desarrollar una visión de la realidad tal que le permita ejercer su profesión con absoluta responsabilidad.

Ha sido con esta responsabilidad, como los periodistas que día a día hacen posible la existencia de e-consulta han ejercido su profesión; es el trabajo diario de todos ellos lo que ha hecho de este medio, pionero en Puebla del periodismo electrónico, uno de los más importantes en el periodismo digital poblano. (Seguir leyendo)

Fernando Fernández Font (Rector Ibero Puebla): Libertad de expresión y lucha por la coherencia

El ejercicio de la Libertad de expresión está cada vez más lejos de ser cumplido a cabalidad. Si la ciudadanía, las universidades, las organizaciones civiles y las instancias gubernamentales no nos hacemos cargo de esta realidad, continuaremos habitando en el mundo de la apariencia y de la simulación y nos veremos imposibilitados de vivir en armonía social… El panorama continuo incierto: ¿a qué nos enfrentamos cuando la organización Freedom House, calificó con toda contundencia que México es un país NO LIBRE para la prensa? ¿Qué hacer cuando la organización Transparencia Internacional señala que México ocupa el lugar 103 de 175 en el índice de percepción de la corrupción? Un difícil escenario que nos habla del insuficiente peso que se le ha dado a la defensa de la labor periodística. (Seguir leyendo)

¿Quién disparó en Nochixtlán?

Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre otras el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC. FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación AC, Luna del Sur, AC y Ojo de Agua Comunicación AC, publicaron hace unas semanas un informe “preliminar” sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Nochixtlán, Oaxaca (disponible en www.educaoaxaca.org). Se trata de un documento basado en “entrevistas a personas testigas y víctimas de los hechos represivos ocurridos el 19 de junio derivados de las decisiones políticas de los gobiernos estatal y federal al enviar un operativo para limpiar vialidades”.

El informe ofrece una cronología de hechos y un listado de las violaciones a derechos humanos ocurridos en esa localidad y otros lugares cercanos a la ciudad de Oaxaca.

En su parte inicial, la publicación nos recuerda que “la situación de los derechos humanos en México es de una profunda crisis, según han señalado organismos internacionales como la CIDH, la ONU-DEH, el Relator Especial de Naciones Unidos para la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, o el Relator Especial para la Libertad de Expresión, entre otros”.



Luego, pasa a relatar las protestas contra la reforma educativa y el hecho de que “la semana previa a ese domingo 19, se instaló un bloqueo en Nochixtlán generando mucha tensión sobre el transporte de mercancías y personas… (aunque) en los días siguientes el bloqueo fue intermitente permitiendo el paso a vehículos particulares y deteniendo a los de carga”

El desalojo, dice este documento citando un boletín del gobierno de Oaxaca, fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Policía Federal y de la División de Gendarmería. Y precisa que “se ha podido establecer que los elementos (policiacos) en el lugar portaban equipo antimotines: escudos, toletes, armas con balas de goma, gas lacrimógeno y granadas de humo. Pero también con fusiles de asalto BREN A1 y FAL como se aprecia en las fotos que medios y periodistas hicieron públicas, así como de los cartuchos abandonados en el lugar”.

Según la cronología del informe, a las 7:30 de la mañana se inició el desalojo de los manifestantes y a las 9:20 se escucharon “detonaciones de arma de fuego desde los hoteles” para replegar a la gente. Posteriormente, a la una de la tarde se pudo identificar un segundo enfrentamiento con presencia de helicópteros en la zona. Finalmente, a las 3 de la tarde la PF se retiró de la localidad pero “prevalece el caos en la población durante la tarde y noche y es quemado el palacio municipal”.

El informe presume que hubo un uso excesivo de la fuerza. Señala que “aunque las primeras versiones oficiales sobre el operativo apuntaban a que no se habían usado armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad… las fotos en redes mostraron a policías de Gendarmería y estatales usando sus armas contra los manifestantes”. Como resultado de ello se violó el derecho a la vida, ya que fueron muertas ocho personas. También, entre otras violaciones, hubo detenciones arbitrarias.

Como parte de sus recomendaciones el informe propone “realizar una investigación exhaustiva e imparcial que deslinde responsabilidades penales y administrativas de los servidores públicos involucrados en el operativo realizado el 19 de junio de 2016” y también piden a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México su acompañamiento y observancia del caso para garantizar el acceso a la justicia.



A casi mes y medio de los hechos, el secretario de Gobernación declaró que en este caso el gobierno “no tiene nada que ocultar pero que tampoco puede adelantar juicios en cuanto a la participación de policías federales” y que la Comisión Nacional de Seguridad en coordinación con la autoridades del estado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga “si los elementos policiacos cumplieron con los protocolos correspondientes”. La CNDH aseguró hace unos cuantos días que “la Fiscalía de Oaxaca no nos entregó la información solicitada y que en una primera instancia la PGR nos respondió que no contaba con información, pero que ahora que atrajo el caso esperamos que nos la proporcione…”. Esta Comisión tampoco quiso “adelantar conclusiones”.

Al otro día, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación se entrevistó con los familiares de las víctimas del enfrentamiento “para avanzar en la prestación de servicios médicos a los afectados” y reiteró el compromiso del gobierno de “no criminalizar a los afectados”. Con razón, los representantes de los familiares exigieron justicia y castigo para los responsables del enfrentamiento y no sólo ayuda médica para los afectados. El domingo 31, en la Plaza de Tlatelolco de la Ciudad de México un grupo de personas lesionadas en Nochixtlán, dieron su testimonio de los hechos y mostraron las heridas que les fueron causadas.

A pesar de promesas y declaraciones, el hecho real es que todavía no se sabe quién disparó y privó de la vida a ocho personas el 19 de junio en esa localidad de Oaxaca. Según el informe de los organismos civiles, se puede presumir la responsabilidad de diversos cuerpos de seguridad en la violación de varios derechos humanos. Se conocen también los nombres de los jefes policiacos de las diversas corporaciones responsables del operativo. Pero no ha habido consecuencias legales de ningún tipo.

En el pasado, la represión del gobierno se ha justificado señalando que los manifestantes han agredido a las fuerzas de seguridad. En este caso el Comisionado Nacional de la Policía Federal señaló el mismo día de los hechos, que “quienes dispararon fueron civiles que no han sido identificados, probablemente infiltrados” entre los manifestantes. Pero ninguna autoridad hizo posteriormente ningún señalamiento concreto, ni ha ofrecido algún testimonio sobre ello.

¿Se está apostando una vez más al olvido y a la impunidad? Pareciera que el gobierno quiere establecer un pacto implícito según el cual ofrece no reprimir al movimiento magisterial (por lo pronto), no perseguir a los dirigentes y activistas que participaron en el enfrentamiento, y resarcir el daño a los afectados y a los familiares de la víctimas mortales hasta donde se pueda, a cambio de que no se concluya legalmente quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales de las agresiones a los civiles. Pero esta conducta, si así la tiene calculada el gobierno, no es aceptable. No en un país en el que la violencia y la violación de los derechos humanos está tan extendida.

Los hechos de Nochixtlán son tan graves como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como las ejecuciones extrajudiciales en Tlalataya y Apatzingán, como los secuestros de las policías municipales a civiles inocentes en Veracruz, como las desapariciones forzadas y las muertes violentas de todos los días presuntamente a manos de organismos del Estado: policías municipales, estatales o federales.

Dejar las cosas así, sin saber quién o quiénes fueron los responsables de los acontecimientos de ese 19 de junio, significaría prolongar el estado desastroso que vive el país en materia de derechos humanos. Y permitir que pase el tiempo para que se dé otra agresión, con saldos mortales, a civiles que protestan o se manifiestan públicamente.

Conocer la verdad es un asunto que no sólo tiene importancia para las víctimas y la comunidad de Nochixtlán. Es una oportunidad para empezar a construir una política y una cultura de respeto a los derechos humanos y una relación entre el Estado y la sociedad basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la ley. Mientras no se sepa quiénes dispararon y quiénes dieron las órdenes esa mañana del 19 de junio, la violencia y la impunidad seguirán extendiéndose en todos los niveles de la sociedad y del Estado. Nadie puede estar de acuerdo con eso.

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