Poder y Política

Finalmente el gobierno estatal sacó a Simitrio de la cárcel, aunque todavía sin torcer el brazo, pues recurrió a la figura de "prisión domiciliaria" por motivos de salud.

Es sin duda una acción de desmarque de Tony Gali de su antecesor Moreno Valle. Son los mismos funcionarios y jueces los actores de su encarcelamiento injusto en diciembre de 2014 quienes lo mandan a su casa en este fin de marzo del 2017. ¿Valieron las dos lunes últimos de plantón a las puertas de Palacio Nacional en la ciudad de México? Supongo que sí. A ningún mandón de aldea le gusta que le expongan los trapitos sucios en la capital.



Pero como sea, es una acción de desmarque la que ha hecho Toni Gali, como lo son también los dos temas más relevantes de las últimas semanas y que identifican el fracaso criminal del anterior gobierno: la proliferación de las bandas huachicoleras en el centro de este estado campesino y la catástrofe ambiental y de salud pública que corre con las aguas del río Atoyac. Presos políticos, involucramiento con el crimen organizado y responsabilidad en la quiebra ambiental en Puebla. Vaya legado del que Gali tiene que desmarcarse.



Huachicol: la solución militar que no buscó Moreno Valle con sus policías involucrados con las mafias de chupaductos en la región de Tepeaca-Tecamachalco.



Inversión de 5 mil millones de pesos en 18 meses para el saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, el anuncio que marca el desmarque ambiental de Gali con Moreno Valle.

Por lo pronto, ahí está el excarcelamiento de Rubén Sarabia.

En esta fotografía, tomada el día de ayer en el hospital, el veterano dirigente está acompañado de sus abogados, a la derecha Samuel Porras y a la izquierda Tonatiuh Sarabia.


Más de dos años de reclusión por probados motivos políticos. Simitrio y la 28 de Octubre expresan una realidad histórica: la de una ciudad que ha resuelto mal el proceso estructural de abasto de alimentos y el acceso que a ellos tiene una mayoría de ciudadanos de bajos recursos en Puebla. La independencia política de esta organización ha ido de la mano de este proceso y mucho se explica por la trayectoria personal de Simitrio. Cuidado que nos hace falta memoria histórica. No basta la señal del excarcelamiento. El interrogante sobre la política social y económica para un estado mal gobernado por décadas es la que está sobre la mesa.

Vida y milagros

¿Qué es un ciudadano? De acuerdo al diccionario de la lengua española, es una persona considerada como miembro activo de un estado, habitante de ciudades o estados modernos, sujetos y titulares de derechos políticos y cívicos, y sometido a sus leyes. No menciona que también estarían sujetos a obligaciones. No concibo los derechos sin ellos, excepto si se es menor de edad. Oigo a las personas exigir sus derechos, pero rara vez oigo a alguien dispuesto a asumir y pedir más obligaciones.



Entre nuestros innumerables derechos tenemos el derecho a votar, pero no la obligación de hacerlo; no hay sanciones por desatender ese derecho. Como país nos cuesta un montón generar la credencial de elector de los ciudadanos, pero esa credencial es más un documento de identificación que una herramienta para ejercer los derechos políticos. La elaboración y distribución de las credenciales del Instituto Nacional Electoral, INE, y su operación a nivel federal y estatal es muy cara, incluido el dineral que se da a los partidos para su manutención, caso único en el mundo que ya no se justifica y es, además, un abuso descomunal. Aunque usted no simpatice con ningún partido, coopera para mantenerlos a todos. Y ese complicado entramado se reduce a una credencial que sirve mayoritariamente para identificarnos en cosas que nada tienen que ver con nuestros derechos políticos. Para la vida cotidiana es un carnet de identidad, pero no era ese su papel y se usa poquísimo para reafirmar nuestros derechos y obligaciones políticas. Y es que así lo han querido los partidos. No han querido darle más juego y valor a la credencial de elector. En México no hay referéndum, ni plebiscitos, ni segundas y necesarias vueltas electorales para procesos electorales con resultados apretados. En otros países con menos parafernalia y gasto electoral, los ciudadanos ejercen muchos más acciones. Otro gallo nos cantara como país si en 2006 hubiera existido la segunda vuelta que díscolamente los partidos calculadores, mayoritariamente el PRI de Beatriz Paredes, se negaron a dejar pasar desde la época del grupo San Ángel, un grupo plural que desde 1994 proponía la segunda vuelta en elecciones presidenciales si no se obtenía un porcentaje mínimo que garantizara la gobernabilidad. Su tonto y egoísta argumento fue que con eso les alcanzaba. Y lo peor es que así siguen pensando. De haber hecho la reforma, la diferencia del 0.5 % en la elección del 2006 entre Andrés Manuel y Calderón hubiera obligado a una segunda vuelta que hubiera dirimido la pesada loza de la discordia descalificadora hacia el entonces IFE, hoy INE, que hasta la fecha arrastramos y tiene a nuestra democracia contra las cuerdas. Y para allá vamos de nuevo. Todo indica que las segundas vueltas son necesarias para no enconar al país. Es muy difícil gobernar con un tercio de los votos, que es lo que han arañado los ganadores en las dos últimas elecciones. Y qué caro lo hemos pagado.

¿A quién favorece la fragmentación? Porque fragmentación es el juego de los partidos y el de las estatuas de marfil es el que les dejan a los ciudadanos, reducidos a mirar cómo se desprestigian, se matan, se insultan y al final negocian entre sí los políticos cuando los resultados son apretados y las votaciones escasas. La fragmentación da dividendos a los partidos, si no, ya la hubieran acotado. Nuestra credencial de elector se queda para ser usada como elemento de identificación mientras los chicos rudos juegan sin límites a la lucha libre política para quedarse con sus parcelitas y parcelotas. Como ciudadanos tenemos muy poco poder para acotarlos entre una y otra elección. No tenemos otras opciones ni oportunidades de incidir de una manera más eficaz y contundente en la vida política del país, aunque queramos hacerlo. Nuestra credencial nos da derecho a ser solo unos pobres ciudadanos, bombardeados por la propaganda de los partidos que mantenemos durante todos los días de nuestras vidas a cambio de salir a votar cada tres o seis años. Los partidos no quieren ponerse de acuerdo para darle más poder a nuestra credencial de elector. Todos los partidos fuertes, PRI, PAN y ahora MORENA, y por otro ratito el PRD, le apuestan hoy a ganar, conservar o negociar el poder con un mugre tercio o con los porcentajes remanentes sin querer tomar el riesgo de ir cara cara a una segunda vuelta entre los dos primeros lugares para definir una votación que le daría al ganador la fortaleza necesaria y mínima para gobernar.



La verdad es que se niegan a darles ese poder a los ciudadanos. Aún quieren controlarlo todo con sus cálculos y su tenebra. Tienen miedo de darle más valor a nuestra credencial de elector, tienen pánico de darnos más derechos y obligaciones porque saben que sí los vamos a ejercer y a ellos se les disminuiría su capacidad de maniobra. Los ciudadanos seguimos teniendo solo un boleto para lo que parece rifa. Solo tenemos un voto cada seis años para formar el gobierno de la república. Uno solo. Y después seis años de silencio, solo mirando cómo se desbaratan entre sí y desgobiernan al país. Sin referéndum. Sin plebiscito. Sin segunda vuelta para que nuestro voto pese más, sin poder exigirle al INE que saque de la contienda a los candidatos cuyos partidos hacen trampas.

La actual ley electoral, a pesar de las amargas experiencias de 2006 y 2012 sigue sacando al ciudadano común de las decisiones que importan. Cero poder. Todo es pasillo palaciego entre los saltimbanquis que cambian de bando por conveniencias disfrazadas de causas y razones que suenan increíbles.



A mi estado me remito para argumentar la necesidad de otras reformas políticas, como por ejemplo reducir el número de diputados y senadores. Puebla tiene hoy cinco senadores titulares. Sí, CINCO. Las dos de la formula priísta ganadora en 2012, Blanca Alcalá y Lucero Saldaña, o sea, hay dos primeros lugares; luego el de la primera minoría, el panista, Javier Lozano Alarcón, hoy de licencia porque se vino a Puebla a ver y ser visto porque quiere ser candidato a gobernador el año próximo. Y luego los obsoletos plurinominales. Aquí tenemos a dos, Miguel Barbosa que llegó de plurinominal por el PRD, al que ya abandonó formalmente para ir a apoyar a Delfina Gómez de MORENA en la campaña del Estado de México. Quinto senador, Manuel Bartlett, ex-gobernador de Puebla por el PRI, plurinominal en primer lugar por el PT, hoy en la bancada fáctica de MORENA en el SENADO. Curiosamente los cinco senadores poblanos son o fueron del PRI. Sobran partidos para que los sabios puedan cambiar de opinión y de bancada.

¿Por qué no le dan más juego a nuestras credenciales de elector? Que nos pregunten a los mexicanos si queremos y necesitamos tantos diputados y senadores si ellos mismos se consideran a sí mismos prescindibles. Que nos pregunten si deben abolirse los plurinominales. Que nos pregunten si queremos que existan diez o más partidos que tenemos que mantener. Que nos pregunten si debe expulsarse a los candidatos que hacen trampas, que nos pregunten muchas cosas para poder usar nuestra credencial de una manera más apegada al espíritu de participación que la hizo posible. Que nos dejen usarla para otorgar un mandato contundente, para revocarlo, o para derogar o impedir una mala ley.

Día con día



Respondí para Alexander Goerlach, corresponsal del diario alemán Die Zeit, un puñado de preguntas inteligentes que respondo también para nosotros:

P. ¿Qué tan bueno es el gobierno mexicano actual para negociar con el gobierno de Estados Unidos

R. Está improvisando, como todos. No hay experiencia de relaciones tan difíciles con Estados Unidos desde las diferencias por la política centroamericana con Reagan en los años 80 del siglo pasado. Y los que recuerdan aquel conflicto, encuentran mucho más agresiva, directa, y ruda la hostilidad de Trump.



P. ¿Esta es una tendencia o es sólo que el gobierno negocia mal?



  1. Las dos cosas. Creo que nuestro gobierno no tiene densidad diplomática para el reto, y además, el reto es nuevo, se negocia mal.

Después de pactar el Nafta, México olvidó hacer política en Estados Unidos. Los intereses estratégicos de México en su relación con EU merecerían un lobby de intensidad semejante al israelí.

Trump nos recuerda esa omisión. En muchos sentidos tiene a México contra la pared: sin defensa ni aliados dentro de Estados Unidos, y con un gobierno mexicano de baja aprobación interna. El gobierno mexicano es débil allá y acá.

P. El año entrante habrá elecciones en México.- Qué espera de las campañas. Será parte del programa de los candidatos la relación con Estados Unidos, en especial la retórica de Donald Trump.

R. La relación con Estados Unidos será parte fundamental del debate en la campaña presidencial mexicana. Pero ningún candidato parece estar preparado para eso.

La relación con Estados Unidos, a partir de la vigencia de Nafta, la colaboración en seguridad y migración, se daba descontada. Ahora hay que repensarlo todo.

Ni los partidos ni los candidatos en México tienen una mirada global. No tienen siquiera una visión compleja de la relación con Norteamérica.

Aún así, Trump es una realidad tan amenazante que la vecindad con Estados Unidos será un eje de las campañas, junto con los temas de corrupción, inseguridad y crecimiento económico. También vamos a improvisar en esto.

Jolalpan, Puebla. Foto de Panoramio.



Diputados locales ignoran plantón de pobladores de Jolalpan para destituir al edil

Pobladores de Jolalpan en la 5 Poniente. Foto tomada del diario Cambio.

Lunes



Los baños arrojan un olor penetrante y las moscas bailan alrededor de las personas sentadas en la banqueta. El zumbido se incrusta en sus sentidos como algo inherente, como la sombra que acompaña sus vidas.

El Astro Rey refleja cansancio en los rostros campesinos. Su mirada está llena de sudor y contaminación. Sus pies negros, terrosos, descalzos, cansados, arrojados al pavimento, no se mueven, por un instante se han olvidado de andar.

A lo lejos una mujer mayor barre la banqueta con una escoba hecha de vara de árbol: la veo recoger las cobijas de los manifestantes y sus almohadas. Golpea el olor de la calle. Es un paisaje triste.



Las personas no hablan, se ven entre ellos y miran a todos a su alrededor: a la señora de la tienda, al turista que pasa, al policía de la esquina, a la periodista que entrevista acerca del suceso a alguno de ellos. Y muchas veces, no ven nada, solo escuchan, atentos, inmóviles.

Llevan aquí ya casi una semana. Vienen de un pequeño pueblo en el sur mixteco. Están en mi barrio. He tenido tiempo de averiguar qué los ha traído aquí.

Desde hace cinco días y cinco noches, habitantes del municipio de Jolalpan se han plantado ante el Congreso en la 5 Poniente en el centro de la ciudad de Puebla para exigir la destitución del alcalde Antonio Javana García, quien tras haber ganado el puesto en la elección del 2013, ha presumido de lujos frente a la carencia de su pueblo. Así que están enojados.

“Ningún diputado, ningún senador, ningún titular ni nadie, nos ha venido a dar la cara, estamos aquí mis hermanos y yo, y todos los del pueblo, para hablar y pedir firmemente la destitución de éste hombre, porque no nos ha querido dar la rendición de cuentas y lo único que vemos son lujos”, me dice Ramiro León Flores, que hace de vocero de estos manifestantes.

Cinco días llevan aquí. Tiempo suficiente para llamar la atención.

Tal vez por eso reciben alimentos de personas de la ciudad que han decidido ayudarlos después de verlos frente al Congreso del Estado de Puebla, y de algunos grupos como el Frente de Salvación Nacional en Defensa de los Campesinos de México y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre.

Pero el estado actual de los ciudadanos de Jolalpan es denigrante, lastimero. Y así lo explican ellos: “Nos traen frijoles y arroz, pero no tenemos donde cocinarlos –dice Sagrario, una joven que ayuda en la organización de la cocina-, las cucarachas rondan nuestra comida y por las noches los baños no tienen luz. El suelo es frio, y muchas veces se escucha pasar a las ratas a un costado de nuestras cabezas, el agua es limitada y la comida se nos acaba pronto, tenemos que esperar a que lleguen con más o que nuestros hermanos del pueblo nos traigan desde allá.”

El grupo descontento con la situación en Jolalpan tuvo un encuentro con el Subsecretario de Gobierno, Roberto Pedro Martínez, en Casa Aguayo, el pasado viernes 3 de marzo en el que acordaron una nueva reunión este martes 7 para una respuesta respecto a su petición.

Mientras, el lunes en la mañana, esperan en la calle. Y llaman a los poblanos a respaldarlos en su lucha en contra del alcalde.

Foto tomada de e-consulta.com

Martes

Pasan la noche bajo los vientos fríos y el amenazador olor a lluvia, pensando en su próximo encuentro con el Subsecretario de Gobierno, Roberto Pedro Martínez, en Casa Aguayo, tal como lo tienen prometido. A las 5:30 am aproximadamente, del día martes 7 marzo del año en curso, unos granaderos cierran la calle sobre la 16 de Septiembre y 5 Poniente, amenazan a los pobladores con retirarlos a la fuerza.

Vivo a media cuadra. Escucho el ruido policiaco, el vocerío, los zapatones en las baldosas, las rejas para cerrar el paso a quien quiera ir hacia la calle del Congreso.

‘’Estamos asustados, es obvio, no son los primeros en amenazarnos, varias personas han llegado y nos envían mensajes diciendo que por la noche vendrán a quitarnos a la fuerza y que, si no nos vamos por las buenas, tendremos consecuencias, la gente está asustada, las señoras tienen miedo de que les vayan a hacer algo o nos vayan a quitar la comida’’. Me dirá más tarde Ramiro León Flores.

Pero no hay desalojo.

A las 2 de la tarde se reúnen con el subsecretario. Y será inútil. El funcionario les comenta que todavía no hay las pruebas suficientes para la destitución del edil, por lo que tendrán que esperan una semana más.

Así que a esperar una semana más.

¿Qué será lo que realmente ocurre en Jolalpan? ¿Dónde queda Jolalpan? Cuánto ignoramos de la vida de nuestro estado.

‘’Estaremos aquí hasta entonces, esperando –me dice Ramiro--, no importa el tiempo que sea necesario, no nos vamos a mover, nos dijeron que nos esperáramos otra semana y otra semana nos quedamos.’’

Los ciudadanos del sur están cansados, pero sus rostros no reflejan derrota. Ahí están, cubriéndose de los rayos del sol y ahora de la lluvia, refrescando sus memorias, sus manos y pies. Acurrucándose debajo de las lonas y las pocas cobijas que cargan, protegiendo la comida.

Una semana se ve larga, pero ellos saben esperar.

Día con día

He leído el libro de López Obrador: 2018, La salida. Decadencia y renacimiento de México.



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Es un libro-manifiesto, eficazmente escrito, que se deja leer. Es también un libro-programa de gobierno, el primero sobre el tema de uno de los candidatos seguros a la presidencia, actual puntero en las encuestas.

Es un libro que hay que leer, pese a su vicio de simplificar, o acaso precisamente por eso. Se trata de un diagnóstico en blanco y negro de la historia reciente del país y de un pliego de promesas a la vez desbordadas y precisas para el futuro.



Si hubiera que describir en una palabra el diagnóstico del pasado que hace López Obrador, habría que usar una más fuerte que “decadencia”: podredumbre. Para describir las promesas, hace falta una palabra más alta que “renacimiento”: redención.

López Obrador describe una podredumbre metódica, total, intencionada, venida siempre desde arriba para beneficio del mismo grupo que está arriba, un grupo cuyos nombres y empresas, listados en la primera parte del libro, componen lo que el autor llama “la mafia en el poder”.

La redención incluye la promesa de una era de bienestar material, con crecimientos del 4% anual, que en 2024 serán de 6%.

Incluye, sobre todo, la promesa de un bienestar espiritual, una limpia de los males de violencia, corrupción, egoísmo, resentimiento y ambición material desmedida que el modelo neoliberal, o neoporfirista, sembró en México a partir del año 1983.

La redención prometida traerá “la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México”. Y podrá lograrse con la más sencilla de las fórmulas, enunciada en su tiempo por el general Francisco J. Mújica: “la simple moralidad” y “algunas pequeñas reformas”. (p. 10)

El retrato de la decadencia es elocuente y se deja leer de un tirón. Es una colección bien ensamblada de las trapacerías mayores que registran los últimos treinta y cinco años. El esbozo del renacimiento es de una simpleza instrumental que desarma.

Pero la mezcla del relato indignado y de la promesa utópica es un asunto serio. Toca las “ganas de creer” que laten en el fondo del desencanto, la furia y la incredulidad mexicanas.

Día con día

Nunca, desde su fundación, el PRI ha parecido más débil que hoy. Ni siquiera durante su primera derrota, en el año 2000, cuando perdió la presidencia pero conservó buena parte del poder.



Quizá no se exagera diciendo que el PRI tiene hoy la presidencia pero ha ido perdiendo el poder y que parece llamado a perder ambas cosas en el 2018: no sólo la presidencia, también el poder.

Al PRI le ha sucedido todo lo que le puede suceder a un partido político, salvo la extinción.



Nació como suma de mayorías el 20 de enero de 1946. Fue partido hegemónico, cuasi único, de 1958 a 1982. Se dividió en 1988 y perdió la hegemonía ese mismo año. En 1997 perdió la mayoría absoluta en el Congreso y la presidencia de la república en el año 2000.

Desde 2006, el PRI es un partido minoritario, que pierde y gana elecciones, como todos los otros, aunque conservando siempre una implantación regional dominante, un número de gobiernos locales y estatales superior a sus competidores.



En 2012 volvió a ganar la presidencia llevado precisamente por el impulso de una alianza de gobiernos locales, la alianza de los gobernadores priistas.

En los últimos años ha perdido poco a poco la densidad regional y es posible que la pierda del todo en las elecciones del 2018, para adquirir un perfil de tercera fuerza electoral en todos los ámbitos: poder ejecutivo, congreso, federación, estados y municipios.

El PRI ha sido una historia y una mitología. Una historia de poder y una mitología más poderosa a veces que su historia.

Ha cosido su nombre indeleblemente al del país que gobernó, al punto de igualarlo un tiempo con sus siglas. Ha sido el partido de la conservación y del cambio, de la reacción y de la modernización, de los éxitos y los fracasos.

Las grandes reformas que han marcado a México llevan la marca o la anuencia del PRI. Los grandes vicios y las grandes resistencias al cambio, también.

Ha sido un partido nacional en toda la extensión de la palabra y se dispone en estos años a la única experiencia que le falta: ser un partido chico, un partido más de la fragmentada democracia mexicana.

(Foto tomada de Proceso)

En Ecuador estuve en la elección presidencial, el pasado 19 de febrero, y luego por 15 días recorrí distintas regiones del país. Platiqué con personas de diversa condición social y simpatías políticas. Lenin Moreno, el candidato de Alianza País, el partido del presidente Rafael Correa, obtuvo 39.6% de los votos. Le faltaron cuatro décimas para no ir a la segunda vuelta, misma que tendrá lugar el próximo 2 de abril, contra Guillermo Lasso, de Creo-Suma.

Ahora, en los últimos 10 años he estado cuatro veces en este país, entendí mejor la importancia que tiene en el sistema electoral ecuatoriano el voto obligatorio y la segunda vuelta electoral. Aquí el voto no es un derecho sino una obligación que, de no cumplirse, no queda impune y tiene sanciones que se hacen valer. El ciudadano que quiera puede votar en blanco. La participación electoral en todas las elecciones ronda en 85 por ciento.



La obligatoriedad reduce de manera radical la relación clientelar entre partidos y ciudadanos y otorga a estos últimos gran independencia respecto a los primeros. Los electores votan porque deben hacerlo y no porque tal o cual partido hizo entrega de una dádiva, para “animar” la participación electoral. El órgano electoral no está llamando a los ciudadanos a votar y se reducen dramáticamente los costos de promoción del voto. En los hechos, no hay necesidad de hacerlo.

Lograr que se establezca el voto obligatorio debe ser una causa de la sociedad civil mexicana. Evitaría muchos de los vicios del actual sistema político e implicaría empoderamiento de los electores respecto a los partidos. Haría también más democrática la competencia electoral, que estaría sujeta a la obligación de votar y no al “compromiso” con los partidos. La perversa estructura partidaria de los actuales promotores de voto desaparecería.



La segunda vuelta tiene también claras ventajas sobre las elecciones de golpe de suerte o “descontón”. Obligan a la construcción de mayoría que desata un complejo proceso de alianzas y acuerdos que garantizan legitimidad y también dan estabilidad al sistema. Los perdedores de la primera vuelta pueden ganar espacio a partir de la negociación. No todo es para el ganador y nada para el perdedor, como ocurre en nuestro sistema político de una sola vuelta.

En éste alguien puede ser presidente con menos de 30% de los que se presentaron a votar, que no son más que 60% del padrón. Es claramente un presidente elegido por una minoría. Está muy lejos de representar a la mayoría. Eso provoca de entrada, como ha ocurrido con el presidente Peña Nieto, el rechazo de la mayoría. El actual sistema electoral de una vuelta ya dio y debe dar lugar al de dos vueltas.



La próxima reforma electoral debería contemplar estos dos pilares del sistema electoral ecuatoriano: el voto obligatorio y la segunda vuelta. Urge al sistema electoral mexicano elevar sus niveles de confianza y credibilidad. Estas dos medidas contribuirían claramente, para que eso ocurra. De otra manera el sistema se seguirá desgastando, provocando un creciente rechazo y desconfianza. México tiene mucho que aprender de las lecciones del sistema electoral ecuatoriano.

Hace unos días, con el voto mayoritario del PAN, el PRI y sus aliados, y la oposición del PRD y Morena, la Cámara de Diputados aprobó algunas reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que representan un peligro para la prevención y protección de la salud de los trabajadores pues afectan el derecho a la reparación del daño sufrido por un riesgo de trabajo.

El problema tiene que ver con la Tabla de Enfermedades de Trabajo y Valuación de Incapacidades permanentes incluidas en dicho ordenamiento. De acuerdo a esa Tabla, se reconocen las enfermedades que son un riesgo de trabajo y que por lo tanto otorgan el derecho a una incapacidad (parcial o permanente) y a una indemnización que se paga directamente al trabajador o, en su caso, a sus deudos. También, el derecho a asistencia médica, rehabilitación, hospitalización, medicamentos y aparatos de prótesis.

Reconocer una enfermedad como un riesgo de trabajo es fundamental para el trabajador y su familia, pero también para prevenir y mejorar la salud en las diferentes actividades y centros laborales. Deriva de un derecho constitucional y es por ello que dicha Tabla existe desde que se decretó la LFT en 1931.



Pero es el caso que esta tabla, como reflejo del menosprecio y falta de responsabilidad de las autoridades, hace más de cuarenta años que no se actualiza, pues la última vez que ello sucedió fue en 1970.

En la reforma del 2012, el Congreso tuvo que enfrentar esta grave omisión histórica por lo que se encargó a la STyPS que las actualizara. Como reconoce la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados, esta falla ha redundado “en un rezago en la identificación de enfermedades de trabajo que son inherentes a la actividad económica, puesto de trabajo y exposición a agentes causales que son propios de las condiciones actuales de la industria en nuestro país.”

Para ese efecto, en ese momento, se le dio un plazo de seis meses a la STyPS. Sin embargo, después de más de cuatro años, esa actualización no se ha expedido. ¿Por qué? Seguramente por falta de voluntad política y porque la STyPS es más bien un adorno de la administración pública federal. La inutilidad de sus labores y de sus titulares, en los últimos años, es tan evidente como este incumplimiento.



Pero, además, y estos sirvió en parte como excusa, resulta que la reforma del 2012 estuvo mal hecha púes un artículo (el 513) le dio al Titular del Ejecutivo federal la facultad de decretar la actualización de la Tabla y de valuación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, mientras que otro (el 515) mantuvo en el Poder Legislativo la facultad de aprobar y reformar las iniciativas del Ejecutivo en estas materias. Esto último era lo más lógico pues la Tabla debe ser parte de la Ley y por lo tanto cualquier cambio de su contenido debe ser aprobado por el Congreso.



Esta contradicción o antinomia como dicen los abogados, se resolvió de la peor manera con la reforma aprobada por los diputados hace unos días. Lo que hicieron fue borrar al Congreso y excluirlo de toda facultad de decisión en este asunto. Aún peor, ahora, la Secretaría sólo podrá, de acuerdo a la reforma aprobada, actualizar la mencionada tabla “previa aprobación del proyecto respectivo por parte de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (COCONASST)”. Entonces las atribuciones del Congreso se pasaron a la STyPS para que ésta las dejara finalmente en manos de una Comisión.

Lo malo es que la COCONASST está compuesta de manera tripartita, como la tristemente célebre Comisión de los Salarios Mínimo, y ha sido copada por la representación patronal y el sindicalismo oficialista quienes junto con el gobierno la han convertido en una entidad que apenas se reúne para saludarse y no resolver nada, como puede verse en su propio portal: http://cocosht.stps.gob.mx.

Es por ello que el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, el Instituto de Estudios Obreros “Rafael Galván” y la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo, A.C. han manifestado su inconformidad con esta reforma. En los próximos días, seguramente, un grupo de sindicatos y organizaciones laborales harán lo mismo.

El Dr. Pérez Pantoja, Presidente de la Junta de Gobierno del IEORG, y especialista en medicina del trabajo, ha señalado insistentemente que lo único que ha logrado la COCONASST ha sido “mantener en el atraso científico y técnico las normas en materia de seguridad e higiene, siempre con el argumento de que su implementación aumenta los costos de producción, así han logrado evitar o por lo menos retrasar y hasta eliminar Normas Oficiales Mexicanas en esta materia”.

Por ello, agrega, de aprobarse la reforma de los diputados (que ahora deberá votar el Senado), “en lo futuro será realmente la patronal quien determine qué se reconoce o no como enfermedad profesional y la cuantía de las indemnizaciones a que tendrán derecho la población trabajadora”.

Las organizaciones declarantes recordaron además que: “La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, junto con la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, desde el año 2004 al 2010 realizaron un trabajo de revisión y actualización de la tabla de enfermedades de trabajo y una tabla de valuación de las incapacidades permanentes que fueron productos del trabajo colectivo de médicos especialistas, pero sus resultados no se han dado a conocer.”

Según el IMSS, en 2004 la cifra de incapacidades por enfermedades de trabajo ha venido aumentando pues en 2004 era de 20 mil 753 y para 2013 se registraron 25 mil 625 casos. A pesar de la gravedad del asunto, la mayoría de los diputados dejaron la salud de los trabajadores en manos de quienes la tratan bajo la óptica de una productividad mal entendida y de ganancias y pérdidas monetarias, dejando a un lado la prevención y protección del trabajador.

Es por ello que, de acuerdo a las organizaciones mencionadas, el dictamen debe ser rechazado por los senadores y ser objeto de modificaciones que en síntesis consistirían en que la tabla siga formando parte de la LFT y que por lo tanto su reforma deba ser materia de la aprobación del Congreso. Ello, con la finalidad de que el debate sea transparente y más informado, con la participación de los especialistas y las representaciones legítimas de los trabajadores.

Lo más indicado sería, de acuerdo a las organizaciones opositoras a la reforma, que la actualización de la tabla fuera resultado de un trabajo científico y no dejarse en manos de una comisión que destaca por su ignorancia del tema. Podría pensarse incluso en un organismo técnico permanente de consulta y apoyo al Congreso y al Gobierno. Como reconoce la OIT y la propia Comisión de Trabajo de los diputados, “el desarrollo industrial y tecnológico, el uso de nuevas maquinarias y la exposición a diversas sustancias químicas conllevan a que los trabajadores se expongan… a nuevos agentes que afectan a su salud, por lo que es necesario la inclusión en las tablas de nuevas enfermedades en las que… se tenga claramente definida la relación causal de trabajo-daño, y que, actualmente, no se encuentran reconocidas como patologías laborales.”

Cada nuevo descubrimiento o avance tecnológico, y cada nueva forma de organización del trabajo, trae también nuevos riesgos y afectaciones para el trabajador. Se trata de una materia que requiere de un estudio permanente.

El problema de la salud en el trabajo es un fiel reflejo del abandono en que se encuentra la aplicación de la LFT. Es otra señal de la indefensión del trabajador que tiene que vérselas solo frente al sindicato fantasma que le exige cuotas, pero nunca le rinde cuentas; la justicia que difícilmente llega o, como en este caso, se deja a merced de los patrones; y el empleador que hace lo que quiere, sin vigilancia alguna, y muchas veces mantiene en pésimas condiciones la higiene y seguridad de su empresa, o evade su responsabilidad por los accidentes y enfermedades del trabajo que afectan a sus empleados.

Twitter: #saulescoba

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