Poder y Política

Vida y milagros

Desde luego que muchos miembros de las altas burocracias de México han abusado de su poder y de sus cargos. Ni duda cabe que hacía falta una revisión y un ajuste serio y responsable de lo que sucedía en los más altos niveles políticos con respecto a sueldos y prebendas. El encargado de revisar y corregir estos abusos mediante la revisión y aprobación de la, ley de retribución a servidores públicos y el presupuesto que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados federal, son los diputados, nada menos que la mayoría morenista, quienes sin haber cumplido ni cuatro meses en el cargo se autorizaron más de 209 mil pesos de aguinaldo y apoyos por asistencia legislativa. Chulada de ejemplo de austeridad. Y mientras eso hicieron, se ha desatado una cacería de brujas verbal y laboral contra quienes llevan la carga más pesada en el gobierno federal: los funcionarios del servicio civil de carrera y los empleados de confianza.



Entiendo perfectamente que las cabezas de secretarias y delegaciones deban ser removidos para permitir que el nuevo gobierno coloque a personas que son parte clave de la implementación de su proyecto de país, pero quienes concursaron su plaza hace 15 o 20 años y reunieron los requisitos técnicos para acceder a un cargo que requiere especialización, no tienen por qué recibir el trato que se les está dando, no tendrían por qué irse, ni mucho menos ser obligados a ello modificando su contrato laboral de manera arbitraria. Estamos hablando de 300 mil personas con perfiles muy distintos: técnicos en informática, técnicos forestales, psicólogos infantiles, abogados especializados en litigios agrarios, minería o defensa del agua, ingenieros hidráulicos, biólogos o administradores con habilidades muy concretas para dar seguimiento a trámites que no van a desaparecer. Todos ellos fueron contratados bajo el amparo de una Ley Federal del Trabajo vigente, misma que hoy modifican quienes más estarían obligados a respetarla. Se ha anunciado ya un recorte de 198 mil personas.

Cuando Ernesto Zedillo llegó a la presidencia en diciembre de 1994 y quiso disponer de plazas para la gente que llegaba con él, se llevó la desagradable sorpresa de que los fondos y pensiones de las personas a las que pretendía despedir habían sido consumidos, quemados, gastados o robados y que el fondo de pensiones del seguro social estaba desfalcado. En esa terrible quiebra del estado mexicano de 1994/95, el gobierno carecía del dinero para pagar lo que debía a quienes quería despedir. El dinero que se les retuvo cada mes a los empleados se había esfumado. Hablo de los trabajadores de confianza y del servicio civil de carrera, no de los sindicalizados, quienes son, y han sido, intocables. Muchas de las conquistas laborales de los sindicalizados son absurdas, pero otras, como el aumento del salario de acuerdo con la inflación, son justas. No ha sido así con los empleados de confianza o con el 9% de quienes forman parte del servicio civil de carrera. Sus sueldos están congelados desde la administración de Fox. Los recortes presupuestales los han afectado a ellos más que a nadie y su carga de trabajo ha aumentado cada año. Si algo los compensaba era la certeza de su intocable fondo de ahorro y seguro de separación en caso de despido, medida diseñada por Zedillo para evitar en el futuro un desfalco como el que él recibió. El otro estímulo eran los seguros médicos de MetLife, otra medida que se diseñó para compensar el colapso de los servicios médicos públicos, también quebrados en 1995. Unas por otras. Con la nueva ley de remuneraciones, personas con alta capacitación ganarán menos que un sindicalizado, que quizás heredó la plaza y que solo estudió primaria. El solo hecho de tener que trabajar los sábados es ya un recorte al salario, una violación al contrato laboral y un gasto adicional de desplazamiento y comidas fuera de casa. Pretenden además despedir al 70% de trabajadores de confianza. ¿Qué esperan de esta anorexia gubernamental? Este encogimiento de la parte más eficaz del estado mexicano me parece la más neoliberal de las reformas laborales que he visto en el gobierno.

Quienes fueron contratados bajo el esquema de concurso de plazas y con las prestaciones que menciono, son en general buenas personas, no malas, ni ladrones, ni abusivos. La mayoría son profesionistas y técnicos especializados. Si el nuevo gobierno desea modificar esas condiciones por motivos bien fundamentados, que lo haga. Lo que no puede ni debe hacer por motivos éticos y legales, es tratar a esos miles de empleados del servicio civil como si fueran la dañina mafia del poder a la que tanto han cuestionado, y, por cierto, ya han perdonado. Ellos no son ninguna mafia. Quitando a los altos mandos, los demás son empleados que fueron contratados bajo un esquema legal vigente y que ganan un promedio de 15 mil pesos mensuales. A todos ellos los ha recibido la 4T este diciembre con la novedad de que trabajarán los sábados de 9 a 6, mientras los sindicalizados trabajarán solo hasta el viernes. Les han notificado que de momento se suspenden las vacaciones de diciembre y se les ha notificado que desaparece el fondo de ahorro y el seguro médico, sin avisarles con qué sustituirán dichas prestaciones. ¿Se pueden cambiar las condiciones laborales de manera unilateral? ¿Puede el nuevo gobierno y la mayoría en el congreso de Morena pasarse por las armas contratos laborales vigentes sin más justificación que sus deseos de transformar el país? ¿Si es tan fuerte su deseo de austeridad, porqué la bancada de Morena votó a favor de un aguinaldo y un apoyo legislativo de 209 mil pesos por solo tres meses de trabajo el 26 de septiembre de 2018, además de autorizarse el pago del ISR del aguinaldo? Para 2019 recibirán un millón 264 mil pesos anuales dejando intacta la gratificación de 140 mil pesos de fin de año, un apoyo de 58 mil pesos mil pesos para el informe de sus actividades legislativas y otros apoyos por conceptos inexplicables.



Son más de 300 mil trabajadores de confianza y del servicio civil los que están en condiciones de incertidumbre. Ninguno sabe quién será despedido. Si de cada uno dependen 4 personas, multiplíquelo y tendrá cerca de un millón y medio de personas viviendo una muy amarga navidad. Un millón y medio de personas, de momento silenciosas, que no deben albergar una grata impresión de una 4T por la cual seguramente votaron.

Imagen de portadilla tomada de internet.



Mundo Nuestro. El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) es una asociación civil sin fines de lucro y sin filiación partidista, constituida desde 1989, al calor de los movimientos sociales y conflictos electorales que aceleraron el cambio político en México. Este instituto quiere impulsar la reflexión y el análisis riguroso sobre los problemas del desarrollo democrático y de la vida social de México. Democracia e igualdad social son los temas centrales de nuestra asociación, los ejes que vertebran todas nuestras actividades, las publicaciones, los debates, nuestra pertenencia colectiva y nuestras iniciativas públicas.

El siguiente texto propone analizar los elementos con los que en esta coyuntura de la vida pública de México se puede alcanzar una construcción política de la confianza:

• El cambio político en México debe basarse en la confianza y exige un diálogo genuino. • El pueblo es el pluralismo y no una masa homogénea. • El respeto a los procedimientos: clave para la transformación. • Derechos humanos, desigualdad y contra la corrupción: los ejes irrenunciables. • La información, los datos, las cifras, censos y padrones deben ser erigidos por instituciones independientes y objetivas.

El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) presenta una primera evaluación del cambio político ocurrido en México en este año que termina. Es una suma de definiciones y preocupaciones ante una situación que nos ha colocado en los límites del sistema de partidos creado por la transición democrática al menos, desde 1997. Este documento es una visión sobre el presente y el futuro político, fruto de una discusión colectiva. Es también una reivindicación de las prácticas democráticas, los principios del pluralismo y el fortalecimiento de instituciones arduamente construidas como vehículos para transformar -en paz- la realidad social y expandir con libertad el ejercicio de los derechos ciudadanos.



Es un llamado a repensar nuestra política, las instituciones y la democracia mexicanas, sin prisa, de modo abierto, sin prejuicios y sobre todo para mejorar el tipo de deliberación pública que necesita un país con problemas inmensos, extremadamente desigual, sumido en un periodo violento como no había visto desde la Revolución e inevitablemente influido y afectado por un contexto mundial convulso y proclive a los extremismos. En estos días acudimos a una nueva transferencia pacífica del poder político, la tercera alternancia en cuatro elecciones presidenciales celebradas después del proceso histórico de transición democrática (fechada por nosotros de 1977 a 1997). Esta transferencia del poder ha sido posible porque fue habilitada por elecciones genuinamente democráticas. La llegada del nuevo gobierno es la prueba viviente de un esfuerzo colectivo, histórico, mediante el cual México construyó un marco institucional que hace posible el ejercicio efectivo, el cuidado y el cómputo de la voluntad soberana de los mexicanos. Luego de más de cinco meses de acciones, dichos, reacciones y debates más o menos caóticos, acalorados y hasta iracundos durante el periodo de tránsito hasta la toma de posesión del nuevo Presidente, creemos que la situación merece una amplia revisión, una crítica fundada en principios y argumentos, no en adjetivos. Apostamos a la conversación pública, al debate racional y, sobre todo, a una re-conducción de la vida política y de gobierno para avanzar en los asuntos medulares de nuestro tiempo: derechos humanos y seguridad; pobreza y desigualdad; combate a la ilegalidad y la corrupción, al tiempo que se fortalece nuestra democracia.

Con ese ánimo, hemos querido hacer pública nuestra posición acerca de los dichos y los hechos del nuevo gobierno que a partir del primero de diciembre ha asumido la responsabilidad de conducir nuestro país.

En esta liga puedes encontrar el texto completo:

LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA DE LA CONFIANZA



La sombra de la compra de votos y representantes de casilla y de partidos

El pasado sábado 8 de diciembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una votación de cuatro a tres, ratificó el triunfo de Martha Erika Alonso de Moreno Valle a la gubernatura de Puebla, y mañana tomará posesión. Ha sido una elección muy litigada y decepcionante. La sombra de la compra de votos y representantes de casilla y de partidos, la presunta alquimia del PREP local, los excesos de gasto de campaña no fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) --como los cientos de “voluntarios” en las calles apoyando a la candidata triunfadora--, la complicidad del Instituto Estatal Electoral (IEE) en todos los pasos de la elección, incluida la custodia de los paquetes electorales, la violencia orquestada con la complicidad de las autoridades estatales y federales en el estado, el asesinato de varios candidatos a presidencias municipales, dejaron constancia y evidencia de la suciedad del proceso electoral para la gubernatura poblana.

Se pueden desprender algunas lecciones de esta experiencia que vale la pena notar.



1. Los sistemas de fiscalización del INE, si bien han mejorado, siguen siendo insuficientes para detectar los excesos en el gasto y su origen. El libro de Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, Dinero bajo la mesa, muestra de dónde provienen los excesos. Un estudio semejante sobre el caso de Puebla será presentado a principios del próximo año por Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI), en el que se mostrará que el caso poblano tuvo aún más variantes de corrupción que lo señalado a nivel nacional. Coincido en que ciertos delitos electorales deben ser penales.



2. Los institutos electorales estatales y del tribunal electoral del estado de Puebla, como seguramente debe ocurrir en otros estados del país, deben evitar ser cooptados por los partidos o por el Ejecutivo del estado, o próximamente por los superdelegados. Deben ser seleccionados con absoluta pulcritud y sin ligas políticas o dependencias manifiestas. Lamentablemente eso está lejos de ocurrir. Sólo debe revisarse la terna enviada por AMLO para reemplazar al ministro de la Corte José Ramón Cossío, pues quienes la conforman son personajes militantes de Morena en dos casos y el tercero observa cuestionamientos morales fundados.



3. La violencia en más de un ciento de casillas documentada en el caso de Sergio Mastretta Guzmán, un ciudadano que demandó por la pérdida violenta de su voto, y la impugnada por el candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa (quien sólo consideró la violencia en 59 casillas, cuando fueron más de 100 casillas violentadas), no fue estimada por los tribunales porque la violencia “no había sido generalizada”. En la impugnación de Sergio se mostró que había habido un modus operandi común en los ataques, la complicidad de las autoridades, el uso de armas largas y heridos de bala en varios lugares de la ciudad de Puebla. Un estudio posterior de Alejandro Guillén, presentado también por PCCI, demostró que las acciones habían sido orquestadas con la complicidad del gobierno (ligado a la candidata Martha Erika Alonso de Moreno Valle). A pesar de que la Junta Local del INE en Puebla presentó al Consejo General un informe detallado de la violencia del 1 de julio, este no hizo nada al respecto, ni siquiera lo hizo público. Las autoridades nunca acudieron al llamado de auxilio y el gobernador Antonio Gali guardó un ominoso silencio. La FEPADE fue incapaz de procesar a dos detenidos in fragantien los hechos. Tampoco ha respondido a ninguna de las denuncias que decenas de ciudadanos le presentaron por la violencia. No hay una sola investigación en la Fiscalía, no hay nadie detenido. En Puebla, las autoridades y los tribunales nos han dicho a los ciudadanos: la violencia es bienvenida siempre y cuando no ocurra en el 20 por ciento de las casillas. Así de lamentable. A ver quién va a querer ser funcionario de casilla si no hay seguridad física garantizada en la elección.

4. Los ciudadanos no importamos. El caso de Mastretta es revelador. Estás sufragando, violentan la casilla en la que te encuentras, demandas que te restituyan tu voto y la respuesta es: no tienes interés jurídico para impugnar. Sólo los partidos lo tienen (y en este caso no lo usaron bien, como muestra la sentencia del TEPJF en el fallido caso de Barbosa: su impugnación resultó muy débil). La clase política se vuelve a despachar con la cuchara grande.

Resultado: tenemos una gobernadora con muy poca legitimidad y sospechas fundadas de corrupción en el proceso electoral, una sensación de que la dirigencia de Morena negoció el estado por algo más, y la reiteración de que el interés de los ciudadanos está por debajo de los intereses de los partidos políticos. Así arrancaremos el nuevo gobierno en Puebla.

¿CUANTO VALE PUEBLA PARA UN GOBERNADOR? Para uno honesto, vale la oportunidad de servir y organizar progreso, para un corrupto podrían ser cientos de miles de millones de pesos, calcule usted: Seis años más le dan la capacidad de manipular un presupuesto estatal de seiscientos mil millones de pesos; más lo que pudieran ofrecerle empresarios corruptos por privatizaciones y otros negocios como el agua, las fotomultas, terrenos, permisos, carreteras de cuota, metrobus, etc.; pudiera darse el caso de que el crimen organizado como huachicol, secuestros, narcotraficantes, le aportaran mochada para que su policía volteara para otro lado. ¿Qué podría hacer con tal fortuna? Pues comprar y corromper su camino hacia la presidencia; controlar un partido que lo postule, sobornar a jueces y magistrados corruptos para que dictaminen lo que le convenga, controlar diputados locales y nacionales para que lo protejan y le aprueben cuentas públicas; comprar votos de la gente pobre para que resulten electos sus incondicionales; comprar cuidadores de casillas, autoridades electorales, etc. ¿Habrá algún juez o magistrado que resista un “cañonazo” de 500 millones de pesos, pues debe de haber, pero creo que muy pocos. ¿Estaría un corrupto dispuesto a pagar dos o tres mil millones para gobernar Puebla? No tengo la menor duda, sobre todo cuando no hacerlo significa que lo pueden llamar a cuentas y acabar en la cárcel. Sin duda la pasada elección tuvo muchas formas de fraude demostrable, pero los magistrados del tribunal electoral estatal y federal no lo vieron, como lo vimos casi todos, o acaso no quisieron verlo.
¿Qué piensas? ¿Estoy exagerando? Pues de cualquier forma nos urge elegir a un honesto y ponerle contrapesos, la diferencia será notable, sobre todo para los que menos tienen. Esa es la tarea que tenemos desde la buena sociedad civil.

Vida y milagros

Ayer por fin se decidió quien gobernará el estado de Puebla los siguientes seis años. Mucho, demasiado, se tardaron los magistrados del Tribunal Federal Electoral que preside Janine Otálora para decidir el destino político de un estado cuyos índices de inseguridad han aumentado de manera vertiginosa en estos meses. Me pareció que fueron irresponsables al estirar así los tiempos. Bien decía Jesucristo a Judas: "Judas, lo que has de hacer hazlo pronto." Pues no. Se tardaron lo que se les pegó la regalada gana para sacar un fallo dividido y que dejó hechos graves sin sancionar y sin fincarle responsabilidad a nadie. Cinco meses perdidos en encono, de dimes y diretes, mientras se evaporaba un tiempo valioso y esencial para acomodar las prioridades del estado en un presupuesto que de por si se verá drásticamente reducido por las decisiones y las prioridades del nuevo gobierno federal.

Martha Erika Alonso arrancará su gobierno con la estructura que hereda de Antonio Gali, quien fuera Secretario de Infraestructura de su marido, Rafael Moreno Valle, quien a su vez la heredó casi intacta del hoy coordinador de los Senadores panistas. Un estado que hizo a un lado prioridades como la seguridad y la impartición de justicia, las cuales fueron olvidadas y disminuidas al mínimo. Un estado con un desorden territorial e hídrico que asusta. Un estado que requiere toda una nueva estrategia para paliar la inequidad y la violencia.



Hoy recordé la anécdota de un arquitecto al que una universidad le encargó la construcción de una casa que se rifaría para la recaudación de fondos de la institución. Al arquitecto le cayó muy bien el encargo porque necesitaba hacerse de un dinerito adicional. Al presupuesto que le dieron para hacer la casa, el arquitecto le hizo recortes a todo lo que no se notara: puso varillas de mala calidad, cemento con más mezcla de arena de la debida, tuberías corrientes y de bajo calibre, cableado chafa, blocks de mala calidad. Todo lo visible no lo alteró. Lo fundamental lo recortó al máximo. La casa estaba ubicada en un fraccionamiento bien padre, de moda entre los que gustan de trepar en la escala social. El arquitecto entregó la casa y hasta publicaron las fotos en revistas de arquitectura y de sociales.

El día de la rifa, su esposa, que de verdad quería vivir en el fraccionamiento mencionado, había comprado un boleto y le tocó sacarse la casa. Una casa con muchísimos vicios ocultos.



No sé qué tanto ni que tan rápido podrá corregir Martha Erika el estado de descomposición en el que recibe la seguridad y la impartición de justicia en el estado, qué tanto el enorme desorden territorial y la contaminación del agua, la ausente gestión hídrica y la creciente desigualdad. Todos los vicios ocultos de esta casa, nuestro estado, hace ya rato que empezaron a notarse y a venírsenos encima. Corregir una casa mal hecha es más difícil que empezar de cero. No sé cuál será la estrategia que elija: si conservar las políticas públicas que le heredan o corregirlas de raíz. Desde luego las condiciones en que gobernará serán diametralmente distintas a las que por más de 80 años han tenido los gobernadores anteriores. La mayoría en el Congreso la tiene Morena y no su partido, y el presidente López Obrador tiene un proyecto de nación que busca concentrar el poder a costa de disminuir el de los gobernadores. Todo un reto para quien no es de su partido y llega tras una muy controvertida elección.

Como sea, la casa es de todos y bien haremos en remangarnos la camisa y ayudar cada quien desde donde sea que estemos ubicados. El estado, lo aceptemos o no, está en serios problemas desde hace un buen rato.



El día siguiente. Los jueces duermen tranquilos.

La vida va: notas para contar la historia de una noche oscura.

Ninguno de ellos se preguntó por el origen de la violencia ocurrida el 1 de julio en la ciudad de Puebla. No fue generalizada, dicen. Roncarán sin desmayo también sicarios y políticos malandrines.

Yo vivo en Puebla. Sé que como nunca la procuración de justicia y el crimen organizado aquí van de la mano. Tienen nombre y apellidos los funcionarios, y apodos los jefes de las bandas. Y procedimientos las extorsiones y averiguaciones previas. A eso nos condenó ese tribunal ayer para los años que vienen.



No es entonces un asunto de polarización el del ánimo que señala que aceptar la violencia electoral como se acepta la nota roja del día a día es aceptar que el crimen gobierne sin freno alguno.

Qué noche lamentable la de ayer.

Qué contraste con el luminoso cielo que se abre al domingo poblano.

La vida va/VIDEO



Notas para contar la historia de una noche en la que el tribunal electoral de la federación avala que las elecciones se puedan agarrar a balazos y no pase nada.

9.25 de la noche en el TEPJF. Habla ahora el quinto magistrado. El marcador en este momento, 3 a favor de validar la elección y 2 por la anulación. Antes han hablado el magistrado ponente José Luis Vargas y el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, uno propone y el otro respalda la anulación. Vargas presenta un video que da idea las violaciones la Constitución en las que ha incurrido el Instituto Estatal Electoral de Puebla. Los otros tres, de cuyo nombre uno debe acordarse, han votado en contra: Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña e Indalfer Infante González, dos de ellos recién llegados de un viaje por Europa, y seguro sin tiempo para leer las 448 páginas de la ponencia de su colega Vargas. Pero hablan largo, los tres, y me dan tiempo suficiente para contemplar la magnitud de las violaciones constitucionales que ocurrieron y la dimensión de la violencia que Vargas pudo asentar para que la valoraran sus colegas.



La posibilidad de que se anule ahora está en manos de las dos mujeres magistradas.

En este momento estoy francamente pesimista.

La bodega del IEE/VIDEO

La violencia para estos jueces no es causa de anulación. Para ninguno.

Abro por un instante la ponencia que el propio Vargas Valdez hizo pública en internet. En una página aparece listada entre otras mi Sección 1187, la que he documentado con rigor que fue asaltada a balazos y destruido su material electoral. Esta es la denuncia que hizo Morena ante los jueces:

"Suspensión temporal de la votación por riesgo de violencia y/o violencia en la casilla."

Contrasto esta información con la información que en Mundo Nuestro y en PCCI hemos hecho de lo ocurrido en mi sección, y comprendo el abismo existente frente a lo denunciado por Morena. Comprendo que Morena no fue capaz de presentar la violencia como fundamento de la anulación.

La Sección 1187

La magistrada Mónica Aralí sigue en su atolondrado discurso. Así que tengo tiempo de contrastar otra sección 1537, por cierto la única en la que Morena denunció específicamente como un sección en la que hubo balazos en las casillas.

Y aquí lo que en nuestra investigación registramos de esa Sección 1537:

Y el testimonio del CAE del INE en la denuncia levantada ante la FEPADE:

Capacitador-Asistente Electoral: “…una camioneta tipo pick up de color blanco arribó a dichas instalaciones de la cual descendieron aproximadamente ocho personas fuertemente armadas e ingresaron de manera violenta a la institución. En ese momento, opté por brincar las escaleras y buscar un lugar para resguardarme encontrando un pequeño pasillo entre dos salones. Ahí me resguardé boca arriba observando toda la acción de los delincuentes. Una persona que estaba enfrente de mí fue alcanzada por uno de ellos recibiendo un cachazo en la cabeza. Inmediatamente veo cómo pasan frente de mí todos los delincuentes que estaban armados diciendo que si no entregábamos las urnas nos iba a cargar la chingada. De ahí vi como estos sujetos pasaban con las urnas. Escuché de tres a cuatro detonaciones. Alrededor de minuto y medio después, se retiraron.”

“Sucedido lo anterior, observé a las personas heridas, de las cuales una fue por impacto de una bala en el brazo derecho; otra, de sexo femenino, tenía una cortada en la cabeza; la persona que nos abrió la puerta de la escuela tenía una cortada en el brazo ya que ella se encerró al momento de ver llegar a los delincuentes, pero estos, con un cachazo abrieron la puerta, la sacaron y esta se lesionó con uno de los cristales de la puerta, sustrajeron sus pertenencias personales, también las de unacompañera y las mías, de las cuales se llevaron una mochila con 3 mil 600 pesos que era para pagar a ocho funcionarios de casilla (…) Se llevaron urnas y dejaron material electoral regado en los salones, en dos de ellos rompieron los cristales …”

Y Todavía puedo escribir aquí que este mismo ponente Vargas Valdez tuvo en sus manos lel juicio que interpusimos en ese mismo TEPJF por la violencia aquel 1 de julio en la elección poblana, y que desechó llanamente por no tener como ciudadano "interés jurídico".

Analizo entonces la ponencia del magistrado Vargas y en ella los elementos que le aportó Morena. Concluyo que los ciudadanos, olvidados para la ley entre los jueces y los partidos, estamos perdidos.

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A las 9.45 es el turno de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Intento adivinar por dónde va su voto. Por lo pronto respalda al magistrado Vargas por hacer pública su ponencia: modalidad diferente, justicia abierta, ha dado cátedra, dice la señora. Chin, ¿por dónde va? ¿Empatará el resultado? La magistrada sabe esconder sus ánimos... Pero creo, espero, que empatará el marcador. Pone la violencia por delante, eso me anima.

Ya las 10, y la magistrada sigue sin dar el sentido de su voto. Creo, sin embargo, que votará por la anulación. Tarda tanto que me da tiempo de pensar en la enorme discrecionalidad que tienen los jueces para valorar los mismos acontecimientos, de ahí que puedan tener votos tan opuestos. Por fin, 3 – 3, Mónica Aralí confirma que está por la anulación. Así que será Janine Otálora, la que funge como magistrada presidenta, la que decante a un lado o a otro la votación.

Si no fuera trágico todo esto… Esta señora puede ser guionista de Cantinflas. Mónica Aralí ha decidido alargar su justificación más allá de la hora y media de un discurso bizarro que aturde y aburre, pero que la pone de lado de quienes no están dispuestos a que el tribunal avale crímenes ciertos contra la Constitución.

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11.17. Seguimos 3 a 3. El magistrado Vargas defiende su proyecto. Pone en evidencia a los tres magistrados que por alguna razón se ausentaron de la sesión mientras la magistrada Mónica dormía a la tribuna. Anulación por principios constitucionales, dice. Interesante. No veo cómo la tal Janine votará en contra y validará la elección, pero lo hará, eso es lo que pienso desde que quedó claro que de ella dependerá la decisión.

"La elección huele mal", dice Vargas Valdez. Y luego cuestiona el retraso del juicio. Este tipo está salvando la noche, me digo.

Su voz, su ánimo, sus cuestionamientos, así da Vargas Valdez a entender que Janine Otálara validará la elección.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Otálora Malassis

Y sí, va Janine. Temo que no anulará. Sé que no lo hará. Da vueltas sobre los documentos, su mirada mira a uno y a otro lado.

Ya lo dijo. No se anula. No hay motivos que funden la anulación. Hay que salvar el voto de los que sí votaron.

No sólo es un permiso para agarrar balazos las elecciones el que ha dado el tribunal. Es la confirmación de que en Puebla seguirá al mando el crimen organizado en los ministerios públicos y en los juzgados.

Qué grave la decisión del tribunal, opaca toda esperanza de una vida mejor para todos en los tiempos que vienen.

Jodida la patria nuestra, escribo en la libreta.

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Más allá de la medianoche aparece el video de Martha Érika Alonso, "Es tiempo de la reconciliación, de darle la vuelta a la página, de hacer a un lado nuestras diferencias", dice. Olvidar, entonces, que la suya es una elección avalada a balazos.

El 1 de diciembre de 2018 culminó un ciclo de batallas en la historia reciente de México. Ha terminado el Andrés Manuel candidato y ha nacido el López Obrador presidente. Tuve la fortuna de presenciar la culminación de ese ciclo desde una butaca ubicada en una de las galerías del Palacio Legislativo de San Lázaro. Nunca antes, salvo dos días antes, había estado allí pese a que voy camino a 15 años de participación en el movimiento lopezobradorista. Fue tanta el ansia de ver el momento por el que había luchado durante tanto tiempo, que fui el primero en arribar a la referida galería en las primeras horas de aquella fría mañana. El recinto estaba casi vacío, las gigantescas pizarras electrónicas anunciaban que solamente habían arribado a la sala 20 diputados. Y en la galería del tercer piso, solamente estaba yo. Desde las 7 y 20 de la mañana, es decir dos horas antes de que comenzara la ceremonia de investidura presidencial. Fue tan curiosa la situación que se me acercó Alfonso Velasco, secretario particular de Porfirio Muñoz Ledo, actual presidente de la Cámara de Diputados, para saludarme. Y tomarle una foto a la cartulina que tenía el número de asiento y mi nombre y que se encontraba ubicada en el respaldo del mismo. Sonriendo me dijo mientras tomaba la fotografía: “es para dejar constancia de quien fue el primero en llegar aquí”.

La imagen puede contener: Carlos Figueroa Ibarra, sonriendo

El primero en llegar a San Lázaro...

Dos horas después, el lugar estaba abarrotado desde el pleno del recinto legislativo, las dos galerías que ocupan el primer y segundo piso del lugar, los palcos especiales hasta los corredores que conducían a dichos lugares. Y allí estaba yo con mi gafete de invitado especial para el evento del Zócalo. Y mi invitación y boleto para poder estar presente en un acto que no fue solamente un acto de alternancia sino talvez, el inicio de lo que hemos llamado La Cuarta Transformación. Allí estaba yo con mis recuerdos de todo el largo camino que había transitado para tener el privilegio de estar allí. Recordé cómo en noviembre de 2003 en Arequipa, Perú, en el transcurso de una cena con Raquel Sosa, decidí que no quería observar desde un balcón las elecciones presidenciales de 2006. Andrés Manuel ya era un líder ascendente en ese momento y Raquel era muy optimista con respecto a sus posibilidades presidenciales. En enero de 2004 me incorporé a las redes ciudadanas por López Obrador. Y desde entonces he seguido militando en el movimiento lopezobradorista. Como cientos de miles viví la lucha contra el desafuero en 2005, contra los fraudes electorales de 2006 y 2012, la lucha contra la privatización del petróleo de 2008, la transformación del movimiento en partido de 2012-2014, la experiencia de ser dirigente estatal en 2012 y a partir de 2015, serlo a nivel nacional.



Fue emocionante ver entrar a Andrés Manuel al recinto legislativo y verlo sentarse al lado de Porfirio Muñoz Ledo momentos antes de que le pusieran la banda presidencial. Recordé entonces como el 7 de abril de 2005, un López Obrador con un cabello más abundante y menos canoso entró a ese recinto para ser desaforado. Recordé cómo habíamos soñado todos sus partidarios en 2006 y 2012 ver la escena que ahora contemplaba desde la galería en la que me encontraba. Allí estaba Andrés Manuel levantado su brazo derecho jurando fidelidad a la Constitución y a las leyes que de ella emanaren, un acto brevísimo que lo llevaba al lugar por el cual se había luchado durante largos 18 años. Evoqué a los cientos de ancianos que a lo largo de todos estos años trabajosamente asistieron a los mítines y fueron a firmar en contra del desafuero. La gran mayoría de ellos no vio la victoria que ahora yo estaba presenciando. Como tampoco los aproximadamente 35 morenistas que han sido asesinados en los últimos años. Y volví a pensar y sentir lo que pensé y sentí la noche del 1 de julio: “es la primera vez que siento el sabor a la victoria”. En efecto nunca las empresas políticas a las que me metí habían resultado victoriosas. Pensé en mis afanes revolucionarios en mi natal Guatemala y en cómo la gran mayoría de mis amigos y compañeros en dichos afanes, nunca llegaron a los 30 años o apenas los sobrepasaron.

La multitud en el zócalo/VIDEO

La imagen puede contener: 7 personas, personas de pie, cielo y exterior

Pero todavía faltaba lo más emotivo: meternos en la apretada multitud que desde la mañana estaba abarrotando el Zócalo de la ciudad de México. Advertir de cerca esa alborozada muchedumbre gritar estentóreamente, en el momento en que Andrés Manuel caminó desde el Palacio Nacional hasta el magnífico templete que se levantó enfrente de la Catedral Metropolitana. Sentí que las lágrimas afloraban a mis ojos cuando el Presidente de México se hincó ante las autoridades indígenas en el momento de recibir el Bastón de Mando. El caracol ceremonial sonaba con solemnidad mientras miles y miles de personas levantaron sus brazos hacia los cuatro puntos cardinales. Allí estaba el nuevo presidente, doce años más viejo que aquella tarde del 20 de noviembre de 2006, cuando después del fraude, se declaró “Presidente Legítimo”. Debajo de su saco negro lucía una banda presidencial que en esta ocasión no era solamente un ornamento simbólico.

Ha terminado un ciclo en todo este enorme movimiento que empezó a surgir probablemente en 2002. Acaso haya terminado un ciclo también en mi vida. Ha terminado el ciclo de la lucha por la Presidencia de México. Se inicia uno nuevo, mucho más complicado, lleno de obstáculos y adversarios en los dos lados del espectro político. Este ciclo nuevo será el de la lucha por la transformación de México. Será “la Cuarta Transformación” decimos entre nosotros. Ojalá que así sea.



Foto de portadilla tomada de Cuarto Oscuro.

Vida y milagros

De todas las leyes que nos rigen, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales contiene enormes huecos que permiten mucha discrecionalidad a la hora de que el Tribunal Federal Electoral tiene que dirimir querellas y emitir fallos. Pueden cargarse a uno u otro lado y tendrán letras chiquitas en qué justificar sus decisiones. Así sucedió con la anulación de la elección para la alcaldía de Monterrey y la orden de repetirla, o con el perdón de la multa que el INE le impusiera a Morena por usar cuentas creadas para apoyar a damnificados de los sismos y desde ahí mandar dinero a candidatos de su partido. Complica aún más las cosas el que los magistrados se encuentren bajo los reflectores cuando en las querellas hay mucho en juego, en especial cuando los fallos afectan el entorno político de una gran ciudad, la imagen de un partido fuerte o la estabilidad de un estado.

Obviamente son muchas las querellas que le llegan al Tribunal después de una elección tan grande como la que vivimos en julio, pero debería de existir una priorización del tiempo que le dedican a cada caso de acuerdo a su nivel de importancia. La anulación de la elección de Monterrey y de la multa de Morena se hizo de manera bastante rápida. Se ve que en esos casos la presión para uno u otro lado fue suficientemente eficaz para que tomaran la decisión de manera pronta. El caso de la definición de anular o no la elección de gobernadora o gobernador en Puebla es increíble: a cinco meses de la elección, los jueces siguen desojando la margarita mientras en el estado se ha creado una enorme incertidumbre y un vacío de poder que nos afecta en muchísimos sentidos. La inseguridad está desatada y el combate al huachicol se complica cada vez más, con todo y que el ejército está metido en el triángulo rojo desde hace casi dos años. El gobierno de 22 meses que le tocó encabezar a Antonio Gali, lo más que pudo hacer en enero de 2017 fue echar una llamada de auxilio a la federación para que le mandaran ayuda militar. La falta de presupuesto para la impartición de justicia y el debilitamiento de las policías que heredara de Rafael Moreno Valle le pasó la factura al estado de manera inocultable. Tampoco el gobierno de Gali corrigió eso en el único presupuesto que le tocó armar por su cuenta, el de 2018. El efímero gobierno de Gali termina en 12 días y junto con su gobierno, el tiempo para organizar una nueva administración que debiera entrar el 16 de diciembre.

Estamos terminando el año y seguimos sin saber si la elección se anulará. Qué irresponsables. Cinco meses y los magistrados no han dimensionado el problema en el que meten a un estado que tiene que tener lista su Ley de Ingresos 2019 y el Presupuesto de Egresos terminado y alineado no solo al nuevo plan de gobierno estatal, sino a las claras prioridades que ya trae el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esos números ya los tendrían que estar armando las autoridades electas con los diputados del congreso local y los diputados federales. Por lo pronto solo sabemos que al estado de Puebla se le recortarán cerca de 20 mil millones de pesos en 2019, así que la reestructuración de la nueva administración tendrá que estar muy bien pensada para no debilitar aún más a las instituciones con las que se gobierna. Es bueno tener un gobierno esbelto, pero uno anoréxico no le conviene a nadie.



El gobierno saliente de Gali simula una aparente normalidad y continua con una entrega recepción hacia Martha Erika Alonso, a quien el tribunal local calificó como gobernadora electa, como si el fallo federal no estuviera pendiente. La idea de transmitir una normalidad inexistente creo que no ayuda en mucho. Más sano sería que hubiera un abierto apremio no solo de parte de todos los involucrados hacia los magistrados, sino de la sociedad en su conjunto. El Tribunal local electoral fue elegido por el congreso anterior, el que estuvo bajo la mano férrea de Rafael Moreno Valle, así que no es sorpresa que haya reconocido a Martha Erika Alonso como ganadora de la elección, pero la impugnación de Luis Miguel Barbosa fue casi inmediata, así que la incertidumbre ha estado ahí desde los primeros días de julio. El pretender una normalidad inexistente no ha servido de nada. A ninguno de los dos, y mucho menos a nuestro estado, le ha convenido esta larga incertidumbre. El TEPJF está tratando a nuestro estado como si fuéramos de cuarta o parte de otro país.

López Obrador ya tomó posesión, su súper delegado Rodrigo Abdala ya entró en funciones, y mientras, la figura de quien gobernará Puebla sigue indefinida. En los medios nos informan de las visitas oficiales que ambos contendientes han hecho a los jueces para defender sus causas. De por sí el nuevo papel que jugarán los gobernadores es incierto, su cancha ha cambiado y su capacidad de maniobra y discrecionalidad será muy distinta y menor a la que tuvieron gobernadores como Mario Marín o Moreno Valle. Ojalá sea para bien.

No sabemos aún cómo quedará definido el federalismo en los nuevos tiempos de López Obrador, pero creo que un gobernante estatal bien plantado, con una sana independencia del centro, aunada a una buena capacidad de cabildeo con todos los poderes federales y locales sí será una ganancia y un plus para cualquier estado.

Puebla lleva cinco meses perdidos para planear y organizar un nuevo gobierno que será de por si complicado, mientras el tribunal local y el federal se patean la pelota de un lado para el otro.

Las idas y venidas a México de ambos grupos siguen. Las negociaciones y las fuercitas seguramente suben de tono en el Tribunal Federal Electoral, ante la inmutable cara de póker de la Magistrada Otálora. La señora y sus magistrados no tienen prisa.



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