Poder y Política

Mundo Nuestro. “Incompetente e ilegal”. Así calificó la justicia federal la decisión del juez poblano de encarcelar a Simitrio el 18 de diciembre de 2014. Dieciocho meses después lo vienen a decir, el 30 de junio de 2016. Y desde entonces han pasado cuarenta y cinco días y el dirigente de la 28 de Octubre permanece en la cárcel.

Así, en corto, basta un párrafo para describir la realidad de un encarcelamiento por motivos políticos en Puebla. Porque Simitrio es un preso político del gobierno de Rafael Moreno Valle.

Pero para la justicia no importa el tiempo, no importa si un ciudadano es encarcelado injustamente y pasa otros largos meses en prisión si al final dictará orden de libertad en contra de la decisión de un juez menor al servicio del poder en turno en un estado como el nuestro. Puebla.



Pero el amparo está dado. Simitrio debe ser liberado inmediatamente.

Reproducimos la información de e-consulta con lo dicho por el abogado Samuel Porras ayer domingo.

El Segundo Tribunal Colegiado en materia penal ordenó la libertad de Rubén Sarabia “Simitrio”, líder fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, informó en rueda de prensa Samuel Porras Rugerio, abogado que encabeza la defensa del dirigente.



En diciembre de 2014 Rubén Sarabia fue llevado al Centro de Readaptación de San Miguel (Cereso) derivado de una orden de reaprehensión por supuestas violaciones al beneficio preliberacional del que gozaba desde el 4 de abril de 2001, al argumentar que no firmó las boletas semanales a las que estaba obligado.

La sentencia definitiva tira la resolución de la Juez Quinto Penal de Ejecución para que permaneciera en prisión hasta el año 2050, añadió Porras.



“Hemos probado el más grave atropello de parte de un gobierno hacia un integrante de una organización civil. La justicia federal ha documentado que en base en nada y desde el poder se tiene a un hombre encarcelado desde hace 20 meses en la prisión del estado”, dijo Porras Rugerio.

El amparo indirecto 69/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de distrito en materia Civil, Administrativa y del Trabajo de Juicios Federales fue otorgado a Simitrio el pasado 30 de junio. Los magistrados José Mario Machorro Castillo, Jesús Rafael Aragón y Arturo Mejía Ponce de León, calificaron la resolución de la juez, emitida el 18 de diciembre de 2014 en la carpeta de ejecución 33/2015/JCS/E, como incompetente e ilegal.

Porras Rugerio señaló que los cargos de narcomenudeo que se fincaron con posterioridad a esta resolución podrían mantener al líder de la UPVA en el Cereso de San Miguel, medida que se estableció como estrategia, previendo que existiera una revocación del fallo de la jueza, dijo el abogado.

“Pedimos que las autoridades actúen con honradez intelectual y con integridad política. Hemos denunciado las trampas que se generan en la Fiscalía, no para investigar averiguaciones, sino para armarlas, para fabricar delitos, para inculpar inocentes. El cargo fincado se hizo para prever justo esta situación”, precisó.

Rita Amador, pareja sentimental de Simitrio y líder moral de la UPVA “28 de Octubre” sostuvo que esta sentencia confirma la maniobra política del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle contra la organización de comerciantes.

Mundo Nuestro. Es un lugar común afirmar que la libertad se construye día a día en la lucha de los ciudadanos por sus derechos elementales. No de otra manera concebimos en esta revista digital el trabajo periodístico. Hoy en México son muchos los derechos violentados desde el poder del Estado. Por ejemplo, el acceso a la información de los asuntos públicos, y en particular el gasto que de los recursos del erario se disponen sin informar a los ciudadanos. Tal ha sido el caso, por referirnos a uno de los tantos procesos en los que el gobierno de Rafael Moreno Valle ha ocultado sin el menor remordimiento la información al público, de los contratos de obra pública resguardados en el esquema de los llamados PPS o Proyectos por Prestación de Servicios. En ese contexto de los últimos años --que por cierto van mucho más allá del actual gobernador, pues esta política ha formado parte de la manera de ser de los gobiernos de Puebla--, entendemos el valor que ha tenido el trabajo del portal de noticias e-consulta, expresión cabal de lo mejor del periodismo en nuestra entidad.

Valen estos tres textos --uno de su director, Rodolfo Ruiz, y dos más escritos por los rectores de las principales universidades en Puebla, Alfonso Esparza Ortiz (BUAP) y Fernando Fernández Font (Ibero Puebla)--, para comprender la importancia de e-consulta en sus catorce años de labor periodística.



Rodolfo Ruiz: Publicidad oficial y rendición de cuentas, asignaturas pendientes

Antonio Gali Fayad sí está en condiciones de hacer algunos ajustes en beneficio de la transparencia.

Un primer ajuste pasa por corregir la viciada relación que desde siempre ha mantenido del Estado con los medios de comunicación y los periodistas, y otro por devolver a la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) la credibilidad perdida en el sexenio que está por concluir… Para lo primero Gali Fayad no necesita un gran operador de medios, y tampoco enviar al Congreso local una iniciativa en materia de medios de comunicación que regule los presupuestos y asignaciones de publicidad oficial, sino simplemente transparentar esos recursos públicos, sin recovecos legales, y distribuirlos con criterios de rentabilidad y eficiencia cuantitativos y cualitativos. (Seguir leyendo)



Alfonzo Esparza Ortiz (Rector BUAP): El periodismo en México y en Puebla e-consulta

La vocación del periodista es informar; en el ejercicio de esta tarea se convierte en un factor de cambio o de conservación de la estructura social vigente; esto le exige desarrollar una visión de la realidad tal que le permita ejercer su profesión con absoluta responsabilidad.

Ha sido con esta responsabilidad, como los periodistas que día a día hacen posible la existencia de e-consulta han ejercido su profesión; es el trabajo diario de todos ellos lo que ha hecho de este medio, pionero en Puebla del periodismo electrónico, uno de los más importantes en el periodismo digital poblano. (Seguir leyendo)



Fernando Fernández Font (Rector Ibero Puebla): Libertad de expresión y lucha por la coherencia

El ejercicio de la Libertad de expresión está cada vez más lejos de ser cumplido a cabalidad. Si la ciudadanía, las universidades, las organizaciones civiles y las instancias gubernamentales no nos hacemos cargo de esta realidad, continuaremos habitando en el mundo de la apariencia y de la simulación y nos veremos imposibilitados de vivir en armonía social… El panorama continuo incierto: ¿a qué nos enfrentamos cuando la organización Freedom House, calificó con toda contundencia que México es un país NO LIBRE para la prensa? ¿Qué hacer cuando la organización Transparencia Internacional señala que México ocupa el lugar 103 de 175 en el índice de percepción de la corrupción? Un difícil escenario que nos habla del insuficiente peso que se le ha dado a la defensa de la labor periodística. (Seguir leyendo)

¿Quién disparó en Nochixtlán?

Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre otras el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC. FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación AC, Luna del Sur, AC y Ojo de Agua Comunicación AC, publicaron hace unas semanas un informe “preliminar” sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Nochixtlán, Oaxaca (disponible en www.educaoaxaca.org). Se trata de un documento basado en “entrevistas a personas testigas y víctimas de los hechos represivos ocurridos el 19 de junio derivados de las decisiones políticas de los gobiernos estatal y federal al enviar un operativo para limpiar vialidades”.

El informe ofrece una cronología de hechos y un listado de las violaciones a derechos humanos ocurridos en esa localidad y otros lugares cercanos a la ciudad de Oaxaca.

En su parte inicial, la publicación nos recuerda que “la situación de los derechos humanos en México es de una profunda crisis, según han señalado organismos internacionales como la CIDH, la ONU-DEH, el Relator Especial de Naciones Unidos para la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, o el Relator Especial para la Libertad de Expresión, entre otros”.



Luego, pasa a relatar las protestas contra la reforma educativa y el hecho de que “la semana previa a ese domingo 19, se instaló un bloqueo en Nochixtlán generando mucha tensión sobre el transporte de mercancías y personas… (aunque) en los días siguientes el bloqueo fue intermitente permitiendo el paso a vehículos particulares y deteniendo a los de carga”

El desalojo, dice este documento citando un boletín del gobierno de Oaxaca, fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Policía Federal y de la División de Gendarmería. Y precisa que “se ha podido establecer que los elementos (policiacos) en el lugar portaban equipo antimotines: escudos, toletes, armas con balas de goma, gas lacrimógeno y granadas de humo. Pero también con fusiles de asalto BREN A1 y FAL como se aprecia en las fotos que medios y periodistas hicieron públicas, así como de los cartuchos abandonados en el lugar”.

Según la cronología del informe, a las 7:30 de la mañana se inició el desalojo de los manifestantes y a las 9:20 se escucharon “detonaciones de arma de fuego desde los hoteles” para replegar a la gente. Posteriormente, a la una de la tarde se pudo identificar un segundo enfrentamiento con presencia de helicópteros en la zona. Finalmente, a las 3 de la tarde la PF se retiró de la localidad pero “prevalece el caos en la población durante la tarde y noche y es quemado el palacio municipal”.

El informe presume que hubo un uso excesivo de la fuerza. Señala que “aunque las primeras versiones oficiales sobre el operativo apuntaban a que no se habían usado armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad… las fotos en redes mostraron a policías de Gendarmería y estatales usando sus armas contra los manifestantes”. Como resultado de ello se violó el derecho a la vida, ya que fueron muertas ocho personas. También, entre otras violaciones, hubo detenciones arbitrarias.

Como parte de sus recomendaciones el informe propone “realizar una investigación exhaustiva e imparcial que deslinde responsabilidades penales y administrativas de los servidores públicos involucrados en el operativo realizado el 19 de junio de 2016” y también piden a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México su acompañamiento y observancia del caso para garantizar el acceso a la justicia.



A casi mes y medio de los hechos, el secretario de Gobernación declaró que en este caso el gobierno “no tiene nada que ocultar pero que tampoco puede adelantar juicios en cuanto a la participación de policías federales” y que la Comisión Nacional de Seguridad en coordinación con la autoridades del estado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga “si los elementos policiacos cumplieron con los protocolos correspondientes”. La CNDH aseguró hace unos cuantos días que “la Fiscalía de Oaxaca no nos entregó la información solicitada y que en una primera instancia la PGR nos respondió que no contaba con información, pero que ahora que atrajo el caso esperamos que nos la proporcione…”. Esta Comisión tampoco quiso “adelantar conclusiones”.

Al otro día, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación se entrevistó con los familiares de las víctimas del enfrentamiento “para avanzar en la prestación de servicios médicos a los afectados” y reiteró el compromiso del gobierno de “no criminalizar a los afectados”. Con razón, los representantes de los familiares exigieron justicia y castigo para los responsables del enfrentamiento y no sólo ayuda médica para los afectados. El domingo 31, en la Plaza de Tlatelolco de la Ciudad de México un grupo de personas lesionadas en Nochixtlán, dieron su testimonio de los hechos y mostraron las heridas que les fueron causadas.

A pesar de promesas y declaraciones, el hecho real es que todavía no se sabe quién disparó y privó de la vida a ocho personas el 19 de junio en esa localidad de Oaxaca. Según el informe de los organismos civiles, se puede presumir la responsabilidad de diversos cuerpos de seguridad en la violación de varios derechos humanos. Se conocen también los nombres de los jefes policiacos de las diversas corporaciones responsables del operativo. Pero no ha habido consecuencias legales de ningún tipo.



En el pasado, la represión del gobierno se ha justificado señalando que los manifestantes han agredido a las fuerzas de seguridad. En este caso el Comisionado Nacional de la Policía Federal señaló el mismo día de los hechos, que “quienes dispararon fueron civiles que no han sido identificados, probablemente infiltrados” entre los manifestantes. Pero ninguna autoridad hizo posteriormente ningún señalamiento concreto, ni ha ofrecido algún testimonio sobre ello.

¿Se está apostando una vez más al olvido y a la impunidad? Pareciera que el gobierno quiere establecer un pacto implícito según el cual ofrece no reprimir al movimiento magisterial (por lo pronto), no perseguir a los dirigentes y activistas que participaron en el enfrentamiento, y resarcir el daño a los afectados y a los familiares de la víctimas mortales hasta donde se pueda, a cambio de que no se concluya legalmente quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales de las agresiones a los civiles. Pero esta conducta, si así la tiene calculada el gobierno, no es aceptable. No en un país en el que la violencia y la violación de los derechos humanos está tan extendida.

Los hechos de Nochixtlán son tan graves como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como las ejecuciones extrajudiciales en Tlalataya y Apatzingán, como los secuestros de las policías municipales a civiles inocentes en Veracruz, como las desapariciones forzadas y las muertes violentas de todos los días presuntamente a manos de organismos del Estado: policías municipales, estatales o federales.

Dejar las cosas así, sin saber quién o quiénes fueron los responsables de los acontecimientos de ese 19 de junio, significaría prolongar el estado desastroso que vive el país en materia de derechos humanos. Y permitir que pase el tiempo para que se dé otra agresión, con saldos mortales, a civiles que protestan o se manifiestan públicamente.

Conocer la verdad es un asunto que no sólo tiene importancia para las víctimas y la comunidad de Nochixtlán. Es una oportunidad para empezar a construir una política y una cultura de respeto a los derechos humanos y una relación entre el Estado y la sociedad basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la ley. Mientras no se sepa quiénes dispararon y quiénes dieron las órdenes esa mañana del 19 de junio, la violencia y la impunidad seguirán extendiéndose en todos los niveles de la sociedad y del Estado. Nadie puede estar de acuerdo con eso.

De la columna Día con día

Leyendo el discurso de Enrique Ochoa como nuevo presidente del PRI he pensado, en un rapto de política ficción, que quizá el presidente Peña Nieto no está preparando un destape a la antigüita del candidato presidencial del PRI, sino que este es, de hecho, su destape presidencial. Al menos, su primer destape.



Ochoa se plantea en su discurso tareas de liderato, renovación y continuidad que le urgen al gobierno de Peña Nieto.

Primero, quiere encabezar la campaña anticorrupción contra los gobernadores de su propio partido y contra los de otros. Es la campaña contra la corrupción que el PRI parece incapaz de abanderar sino al precio de sus propias bajas, campaña fundamental para el gobierno si quiere reponer algo de su menguada aprobación y disputarle el tema a las oposiciones.

Segundo, Ochoa asume sin titubear el horizonte de reformas de Peña Nieto, que parecen perdidas en la opinión pública pero son un hecho en la Constitución, en las leyes secundarias y en las instituciones derivadas de ellas. Es el único proyecto de gobierno real que hay en el país. El proyecto que el próximo gobierno está obligado a cumplir , mientras no cambien las leyes.



Tercero, Ochoa asume la presidencia del PRI como vocero activo de ese proyecto, el lugar desde donde el gobierno enfrentará a los medios, hablará con la sociedad y discutirá con sus competidores.



Cuarto, plantea la vinculación directa del gobierno federal priista con el PRI mediante una continua interlocución de miembros del gabinete con estructuras locales del partido.

Las debilidades del destape priista de Ochoa apenas pueden ocultarse. No es de ahí, no conoce el gallinero, ni a los gallos ni a las gallinas. Llega al PRI en estado adánico, apenas salido del paraíso, inocente del todo respecto de la realidad del priismo realmente existente.

Pero este es el estado en el que salían al ruedo muchos candidatos presidenciales del PRI desde, por lo menos, José López Portillo. Remediaban su ignorancia adánica yéndose de gira al país para aprender. Esto es lo primero que va a hacer Ochoa, con su gira de cien días.

La varita mágica de aquellos candidatos adánicos se llamaba en mis tiempos “la cargada”. Amigos y enemigos sabían que ese candidato era “el bueno” y esto añadía rápidamente adhesiones impensables de otro modo.

Al PRI derrotado de estos días le urge saber quién es “el bueno”. Pienso, en mi rapto de política ficción, que Ochoa es una primera respuesta de Peña.

Salió fea, débil, cucha. Y ahora es acechada y erosionada desde muy diversos flancos: desigualdad, pobreza, corrupción, violencia, insuficiente crecimiento económico… Tal es el diagnóstico que José Woldenberg presenta en este ensayo. Un diálogo que comparte y discute las propuestas planteadas por Héctor Aguilar Camín en “Nocturno de la democracia mexicana” (nexos, mayo de 2016).

Relacionada:

Nocturno de la democracia mexicana/Ensayo de Héctor Aguilar Camín en Nexos



La gestación fue larga y penosa. Y al final el niño salió feúcho, debilucho y cucho. Defraudó a todos. La madre sabe que no será Brad Pitt, el padre se lamenta porque soñaba en un hijo como Michael Jordan y la familia entera llora por sus malformaciones. Habrá quien le quiera aplicar la eutanasia y sanseacabó. Claro, también puede reaccionar un optimista irredento y pensar que en algunos años estaremos ante un doble de Jean Paul Sartre. Pero si hay unos gramos de sensatez lo mejor será tratar de ayudarlo, reforzarlo y acompañar su desarrollo. Como se ve, el halo de opinión que rodea al niño puede ser tan importante para el futuro del infante como el niño mismo.

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Ilustraciones de Víctor Solís en Nexos



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Ilustraciones: Víctor Solís



Luego de una gestación larga y penosa nuestra democracia defrauda a (casi) todos. Para algunos no le ha tocado ni un pelo a la desigualdad y la pobreza, no ha logrado un crecimiento económico como el que México requiere, no genera los empleos necesarios. Para otros, es incapaz de revertir la corrupción y la impunidad y no puede lidiar de manera efectiva con la espiral de violencia. Los de más allá observan unos partidos incapaces de suscitar el entusiasmo, de fijar un horizonte y penetrados hasta el tuétano por la podredumbre; acompañados de unos medios de comunicación que no ayudan a entender lo que sucede en el ámbito de la política. Los derechos humanos no acaban de ser el piso de nuestra convivencia, la agresión contra las mujeres se documenta todos los días, los abusos de los “poderosos” son parte del menú cotidiano de las noticias. La lista es larga, verdadera y se puede multiplicar pero no quiero abrumar al eventual lector. (Casi) todo mundo tiene una queja o un malestar legítimo. Y al igual que con el niño malogrado no faltará quien quiera deshacerse del engendro, o en el otro extremo, quien diga que quizá mañana, con un poco de suerte, seremos como Suecia; pero otra vez lo más sensato es no tirar el niño y el agua sucia y apuntalar a nuestra germinal democracia mientras se atienden las patologías que la debilitan en serio y en serie.

De la columna Día con Día

José Woldenberg ha publicado en la revista Nexos (julio 2016) una respuesta crítica a mi ensayo “Nocturno de la democracia mexicana” publicado el mes anterior. Me estimulan por igual sus coincidencias y sus diferencias con mi texto. Las primeras porque se refieren a aspectos fundamentales del diagnóstico. Las segundas porque cuestionan aspectos también claves de mis remedios, que no tengo empacho ni en repensar ni en corregir.



La coincidencia mayor que celebro es haya leído con claridad mis propósitos. En efecto, como dice Woldenberg, el áspero retrato que tracé del estado de nuestra democracia, no es para darla por muerta y tirar el niño junto con el agua sucia de la bañera. Menos aún para decretar México padece una tara ingénita para la democracia y la modernidad política.

No es un diagnóstico para ejercer la trivial incredulidad de que no tenemos remedio, que los políticos son una basura ,los partidos una pandilla y los ciudadanos una tribu de indignados impotentes.

Mi crítica de la democracia mexicana quiere describir, como dice Woldenberg, “las patologías que la debilitan en serio y en serie” para “corregir aquello que está desgastando muestro precario arreglo democrático, con la intención de fortalecerlo”. (subrrayado mío)



Las patologías de nuestra democracia son muchas y visibles, pero la vitalidad del organismo, me parece que está fuera de duda.



Basta ver las palizas que diversas ciudadanías locales pusieron en las elecciones estatales recientes a gobiernos que les habían colmado el plato, que parecían tener la sartén por el mango, y que perdieron sin embargo la sartén, el mango y la cocina.

La vitalidad del espíritu democrático mexicano me parece innegable, en medio de la proliferación de reglas mal puestas que acabaron produciendo lo que querían evitar.

El ejemplo mayor es el del financiamiento público que quería evitar la entrada de dinero privado o del crimen al proceso electoral y acabó creando un mercado negro de dinero electoral varias veces mayor que el reconocido oficialmente.

La búsqueda de lo que hay que corregir para fortalecer nuestra democracia tiene que ver precisamente con las normas que hay que cambiar para corregir las patologías de un cuerpo no sólo sano, sino poseído también a momentos por una energía inusitada, y de una rabia y una indignación que necesita nuevos cauces nuevas reglas, menos agua sucia en la bañera.

Hay la tradición, a la vez oculta y conocida, de lo que debe hacer en las elecciones presidenciales un presidente “emanado” del PRI.

De la columna en Milenio Día con Día.



Esa tradición dice el que el presidente debe poner en su gabinete a unos secretarios que puedan sucederlo en el cargo, volver luego precandidatos a cuatro o cinco de esos secretarios, escoger luego a uno, imponerlo luego como candidato a su partido y hacer luego todo lo que esté de su parte, con la ley y sin la ley en la mano, para que su candidato y su partido ganen las elecciones.

La tradición dice que el presidente priista debe heredar intacto el bien que le heredaron: la presidencia de la república.



El libro ya clásico de Jorge Castañeda sobre el particular se llama precisamente La herencia. El título sugiere que en México el poder presidencial no se ganaba sino se heredaba. No se obtenía en la arena democrática con los votos de muchos, sino en el juego palaciego, con el voto de Uno.

Ese Uno fue en su momento, también, un heredero. Su deuda por haber heredado, era heredar a su vez. Y heredar quería decir que quien él había decidido ganara la presidencia sin problemas, con menos problemas incluso que él.



Nobleza y herencia obligan. Ya que no podía quedarse con el poder heredado, el presidente debía heredar lo mejor y lo más limpiamente posible la presidencia.

Este juego de legitimidades, en el fondo de ilegitimidades, imponía en los presidentes priistas la responsabilidad de pagar la herencia recibida, de honrar el código en el que había recibido y ejercido el poder.

Ahora bien, esta herencia era factible porque junto con el cargo los presidentes heredaban otras cosas: un partido político hegemónico, el PRI; una élite económica dependiente de la política; una opinión pública controlada; una desigualdad social administrable con clientelas presupuestales; y la indiferencia o la aquiescencia de la opinión internacional.

Todo estas cosas se han ido. La herencia cabal de antaño es hoy imposible. Pero lo que vemos en la presidencia priista de hoy es el esfuerzo de reproducir La Herencia de antes. Apenas sorprende que el proceso vaya tan mal para los priistas y para el presidente.



Mundo Nuestro. Javier Ávila A. S. J., es Presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.

Son más de cuarenta años de mi caminar en Tarahumara con períodos de paz, épocas de tranquilidad, convivencias pacíficas, situaciones difíciles, sequías, hambre, injusticias, amenazas y persecuciones. Pero debo decir que es la primera vez que atravesamos una crisis de impunidad, violencia, y que a muchos nos hace pensar que URGEN cambios profundos en el Estado. Los gobiernos y sus decisiones nada favorables para el pueblo pobre, para los indígenas, han venido orillando a la sociedad a situaciones intolerables e insoportables que nos hacen gritar ¡YA BASTA!



Memoria de Marisela Escobedo.



Protesta de madres chihuahuenses en la ciudad de México.


Es necesario gritar para que se nos escuche, para que se preste atención al “clamor del pueblo”. La verdad se disfraza de bondad, la mentira se maneja como lo ordinario en los discursos políticos y los candidatos presumen su cercanía al pueblo abrazando a gente pobre para tomarse una fotografía, fotografía que queda en el álbum de los recuerdos, porque no vuelven a permitir ni siquiera que se les acerquen cuando están en Palacio de Gobierno.
Las policías construyen delincuentes, detienen a su antojo a personas inocentes, justifican sus ineptitudes y arbitrariedades “cargando” a los afectados, construyen circunstancias a su antojo, mienten con desfachatez y descaro, e inventan delincuentes en cuanto una persona reclama o se les enfrenta para defender sus derechos.
Parece que la consigna de los mandos superiores no es perseguir el delito sino construir delincuentes e inventar culpables.
“Ya se perdió la vergüenza y la discreción para hacer lo ilícito”, recientemente lo dijimos los miembros de la Diócesis de Tarahumara a propósito de la quema criminal que padeció el bosque en el Municipio de Bocoyna.

Incendio intencional en el bosque de Bocoyna. Foto de zocalo.com.mx


El sufrimiento y la frustración de la sociedad es cada vez mayor, sus gritos se escuchan con más frecuencia, las quejas se reciben a diario en esta Comisión de Derechos Humanos, y ya no podemos tolerar que se repitan los mismos patrones ni que se siga deteriorando nuestro Estado de Chihuahua con tanta rapidez. Urge una renovación en serio y a fondo.
Desde los centros de poder, todo se tiene en cuenta antes que el sufrimiento de las víctimas. Se funciona como si no hubiera dolientes ni perdedores, y se tiene que escuchar un grito de indignación absoluta: el sufrimiento de los inocentes ha de ser tomado en serio; no puede ser aceptado socialmente como algo normal pues es inaceptable para Dios.


No contentos con esas situaciones, aparecen ahora los tiempos de la mentira y la promesa, de la represión y el control si no vas con “el candidato”. Ya no se puede ejercer la libertad de expresión porque aparecen las represalias.
Hago la precisión de que no tengo ninguna opción partidista por mi carácter sacerdotal y porque NO creo en ningún partido; los respeto, pero no creo en ellos, creo en las personas. Pero esto no es razón para callar una realidad que ofende.
Recientemente de un Centro de Salud parte del personal que ahí labora acudió a la visita del candidato del partido en el poder, abandonando su trabajo, y cuando otra persona de ese Centro tuvo el valor de señalarlo le llegó “de arriba” su cambio a otro municipio sin mayores explicaciones.

Protestas de maestros en Chihuahua.


Lamentablemente los maestros vienen sufriendo las mismas represalias si no aplauden y apoyan al candidato tricolor, al candidato oficial.
Ex militantes de otro partido han confesado abiertamente las “consignas” y las órdenes que recibían durante las votaciones para hacer cualquier tipo de marrullerías a favor de un candidato y así lograr su triunfo (y las cosas no cambian…). Desde el propio gobierno siguen cancelando la democracia.
¿Hasta cuándo vamos a seguir bajando la cabeza y soportando tanta suciedad y podredumbre? El reclamo es para mí, es para ti y para nosotros que navegamos en este enorme océano de incredulidades, corruptelas, desvergüenzas, imposiciones y mentiras.
¡Ya basta! De verdad ¡YA BASTA!

Javier Ávila, S.J.

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