Poder y Política

Vida y milagros

(iIustración tomada de la revista Nexos)

El aspirante a la candidatura presidencial independiente Pedro Ferriz de Con promovió ya una acción jurídica el viernes pasado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para demandar respuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) a su solicitud de que cualquier ciudadano pueda descargar la aplicación móvil para dar su apoyo a las candidaturas independientes desde cualquier computadora y no solo desde un teléfono inteligente. Hasta donde leí, también promueve que se puedan recabar las firmas de manera directa con papel, pluma y adjuntando la firma y la copia de la credencial de elector sin la mediación de una aplicación electrónica. Dada la diversidad del electorado mexicano y la dispareja disponibilidad de herramientas electrónicas según las zonas del país, esto debiera ser lo indicado. Desde el 29 de octubre pasado Ferriz de Con solicitó al Consejo General del INE abrir las variantes mediante las cuales se obtienen las firmas, pero hasta el día 4 de noviembre el Consejo ha ignorado la petición incurriendo en omisión. Quizás por eso ahora está dando el paso de presentar una acción jurídica ante el TEPJF.



No solo Pedro Ferriz ha señalado las enormes fallas de la app que el INE contrató para reunir las firmas. No hay un independiente que esté conforme con las complicadas reglas del juego que el INE puso sobre la mesa. .

La semana pasada escuché una entrevista a un candidato independiente que busca una diputación local en un distrito urbano de la ciudad de Puebla. Es un muchacho de 26 años, con grupos de amigos jóvenes y familiarizados con todas las tecnologías de teléfonos inteligentes, por lo cual es de suponer que el universo de electores entre los que él buscará las firmas tiene acceso a los teléfonos desde los que se puede utilizar de manera razonablemente efectiva la app del INE. Él necesita para la diputación local seis mil firmas, pero al narrar lo complejo y tardado del proceso, nos damos cuenta de que le será bastante difícil lograrlas, aunque en su caso, no imposible. Pedro Kumamoto también está en la búsqueda de firmas para una candidatura a diputado federal. Él mismo, que ya obtuvo y ganó una diputación local en Jalisco con el método de recaudación de firmas a mano, está encontrando complicado reunir las firmas con la aplicación electrónica. Se supone que todo el proceso para obtener la firma electrónica desde un teléfono no debe de tardar más de un minuto y medio, cuando mucho dos. Sin embargo todos describen perfectamente bien las fallas del sistema que extienden ese tiempo promedio hasta once minutos si bien les va.

El solo hecho de que el INE haya restringido la captura de firmas a los teléfonos inteligentes es discriminatorio y hasta donde me explica un jurista, también anticonstitucional. Si para la búsqueda de firmas en un distrito urbano en el que el internet es rápido y hay muchos teléfonos aptos para la operación, ésta tarda mínimo once minutos, qué se puede esperar de las firmas que se requieren para candidaturas federales de diputado, senador o presidente de la república, que requieren las firmas de sectores en que las herramientas electrónicas no se tienen. Las firmas para la candidatura presidencial tienen que juntarse en 17 estados y en muchos distritos en los que el internet es de mala calidad o de plano inexistente.



En países como Chile o Argentina las candidaturas independientes son posibles porque una vez registrado un candidato, de manera directa los interesados en apoyarlo acceden a la página del instituto electoral y hacen el trámite de firmar en línea con sus claves de acceso. De manera directa y sin ninguna complicación, como quien paga un servicio o una multa por internet. No se requiere ni la ayuda ni la intervención de representantes de los aspirantes para realizar el trámite. Un reglamento no puede estar por encima de un derecho constitucional elemental y esta aplicación diseñada para el INE al parecer lo está. Aunque el TEPJD ya se pronunció hace días a favor de la legalidad del uso de la aplicación del INE y también sobre el proceso para solicitar excepciones a su uso en zonas marginadas, ahora tendrá que responder sobre los argumentos de inconstitucionalidad presentados por Ferriz de manera formal ante el TEPJD. También, junto con otros candidatos, ha solicitado que mientras esto se resuelve se cree una comisión temporal ante el Consejo General del INE para dar seguimiento al proceso de recaudación de firmas, en la que los representantes de los candidatos independientes puedan tener un representante como forma de subsanar la falta de diálogo que el INE ha mostrado hacia ellos, ignorando sus peticiones y no respondiendo a ellas en algún sentido de manera ágil y eficaz. En síntesis el consejero presidente y su consejo están actuando como si la virgen les hablara ante las quejas de los independientes con respecto a los métodos de recaudación de firma y la ineficacia de su app.

Será interesante ver qué contesta el tribunal ante el argumento de que el permitir la descarga de la aplicación solo a los auxiliares de los aspirantes a las candidaturas independientes es poner un obstáculo directo entre el elector que quiere apoyar a alguien y el INE. Es como si para hacer un pago o una operación en línea del predial o el agua, usted necesitara el apoyo presencial e ineludible de una tercera persona debidamente acreditada mediante un registro previo ante el ayuntamiento, mediando en su operación entre la institución y usted. O como si para tramitar su credencial de elector usted necesitara la asistencia presencial del personero de algún partido político. A esas figuras de intermediación entre una institución gubernamental y el ciudadano se le conoce en México como "coyotes". Efectivamente, el INE ha institucionalizado la asistencia de un coyote, por bien intencionado y confiable que este sea, a la hora de recaudar las firmas.

Y mientras, el tiempo corre, como siempre, a favor de los partidos, que de por sí cuentan con todas las ventajas posibles sobre cualquiera de las candidaturas independientes violentando un principio fundacional del INE que es la equidad. De ese tamaño fue el deseo de los legisladores partidistas de impedir que funcionaran. La pinza final la está cerrando el INE con una aplicación limitativa e ineficaz. Y es que entre menos burros --dice el dicho-- más olotes.

Día con día

Sabremos algún día los detalles de la múltiple historia secreta de la remoción del fiscal electoral Santiago Nieto, su resistencia a la medida y finalmente su rendición.

Nadie cree por lo pronto lo que los actores dicen: ni que Nieto fue removido por lo que dijo la procuraduría ni que se desistió de su batalla por lo que dice ni que los senadores iban a votar en conciencia si se quedaba o salía.



Lo que sabemos hoy con precisión, no solo sobre el caso del fiscal Nieto, sino sobre el corazón de la procuración de la justicia en México, es lo que Ana Laura Magaloni nos recuerda en su artículo de la semana pasada “La ley y el control político” (Reforma, 28 octubre 2017).

A saber, que, desde el punto de vista del poder, las leyes están vigentes no para ser cumplidas, sino para ser aplicadas selectivamente. Están vigentes siempre, pero se aplican a la letra solo cuando conviene al ejercicio del poder. Sea el poder político, sean los poderes fácticos.



Nuestro sistema de procuración de justicia no está fundamentalmente al servicio de los ciudadanos, sino al servicio del poder.

Si el fiscal Santiago Nieto violó, en una entrevista de prensa, las normas de sigilo a que está obligado en sus investigaciones, habría hecho lo que hacen rutinariamente los procuradores de todos los niveles de gobierno y las distintas especialidades.

“Todas las procuradurías del país”, dice Magaloni, “filtran información a la prensa de forma recurrente sobre investigaciones en curso. Yo diría que ello es casi una política de comunicación de esas instituciones”.

¿Por qué entonces castigar a Santiago Nieto? Porque así lo decidió quien tiene el privilegio no escrito de escoger la ley que aplica.

Es lo que ha sucedido, con toda evidencia, con el fiscal Nieto. Le han aplicado con rigor fulminante reglas cuya violación se perdonan a otros.

Nadie puede decir que esas reglas no existen y que el fiscal Nieto no las violó. Pero nadie puede decir tampoco que Nieto no sea una víctima del antiguo apotegma, atribuido, nunca confirmado, a Benito Juárez:

“A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos la ley”.

Mundo Nuestro. Los sucesos en Cataluña han tocado puntos extremos. Lo que pueda ocurrir no deja de lado la alternativa de la violencia. Y lo que confirman es la profunda crisis que vive el régimen del Estado español surgido con la constitución de 1978. Presentamos aquí la postura de los editores de la revista Sin Permiso, que permite contemplar la gravedad del conflicto en España.

Lo que unas horas antes parecía descartado, lo que muchos dieron por juego de distracción y humo de paja ya hace años, finalmente sucedió: el 27 de octubre, el Parlament de Catalunya votó la proclamación de la República catalana. Lo hizo por una mayoría de 70 votos, frente a dos papeletas en blanco, 10 votos en contra (de Catalunya Sí que es Pot que, por cierto, tuvo unas intervenciones previas a la votación de distintos miembros en las que expresaron posiciones completamente diferentes, como por otra parte ya se sabía que mantenían) y 53 ausencias (de Ciudadanos, PSC y el PP). Es decir, votaron el 60,7% de los diputados y diputadas, y se consiguió una mayoría de “sí” sobre el total de 135 miembros del 51,8%.

Poco después, el Senado del Reino de España, en un frente PP-PSOE-Ciudadanos, votaba a su vez la intervención de la Generalitat mediante la aplicación del art. 155 de la Constitución española de 1978. Y a continuación el gobierno Rajoy anunciaba las medidas adoptadas en consejo de ministros para “restablecer la legalidad” que, como han apuntado distintos juristas desbordan el Estatut que se quiere restablecer y la propia Constitución de 1978.

Estamos, por lo tanto, ante dos legalidades que surgen y se legitiman en soberanías distintas. Y que son incompatibles. No es un “doble poder”. La desproporción es simplemente asimétrica en lo que se refiere a los atributos del estado. Pero una simplemente niega un derecho democrático como el de autodeterminación, y la otra intenta ejercerlo.



Desde hace bastante tiempo, pero muy especialmente en los dos últimos meses, Sin Permiso ha analizado el desarrollo de la situación política catalana y sus consecuencias en el Reino de España. El tiempo dirá hasta que punto estos análisis se ajustaron más o menos a la realidad. Pero queda por añadir el escenario final, que sin duda abre una nueva etapa política. No ha finalizado nada, pero el escenario será a partir de ahora de todo punto distinto.

El President Puigdemont propuso que el Parlament catalán votase la proclamación de independencia, de acuerdo con la Ley de referéndum y la Ley de Transitoriedad catalanas (declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional español), cuando no obtuvo las mínimas garantías de que la convocatoria de elecciones autonómicas permitiría su celebración en condiciones democráticas, es decir, sin la aplicación del art. 155.

Parece muy difícil negar tres hechos: 1) que la segunda respuesta de Puigdemont al requerimiento del gobierno explicitaba textualmente que no se había proclamado la independencia, porque el Parlament no la había votado (lo que hizo el 27 de octubre); 2) que el gobierno Rajoy decidió la aplicación del art. 155 no ya para “restituir la legalidad” (que el Tribunal Constitucional había “restablecido” al declarar nulos la Ley de referéndum y la Ley de Transitoriedad y, por tanto, los resultados y efectos del referéndum del 1 de Octubre), sino para “prevenir” que se violase; y 3) que el gobierno Rajoy rechazó los intentos de mediación del Lehendakari Urkullu, del exPresident Montilla y de otros que transmitieron la posición de Puigdemont (apoyada por sectores de su Govern, el PDdCAT y ERC) de convocar elecciones autonómicas –en el ejercicio de la legalidad constitucional de 1978- si el gobierno Rajoy no intervenía la Generalitat. La secuencia final de proclamación de la República y de la votación del art. 155 no oculta que la iniciativa política la ha tenido el gobierno español con su decisión de intervenir la Generalitat en cualquier caso.

El gobierno Rajoy decidió que era ahora, independientemente de la decisión de Puigdemont, cuando le resultaba más rentable políticamente aplicar el art. 155, intervenir la Generalitat, destituir a su President y al Govern y descabezar la administración autonómica catalana, situando a su frente, con poderes delegados del propio Rajoy, a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Y convocar él las elecciones autonómicas el 21 de diciembre en esta situación política excepcional, mientras los tribunales actúan, dirigidos por la fiscalía, contra el movimiento catalán por la autodeterminación y la independencia.

Las acusaciones y críticas de parcialidad del gobierno Rajoy a un proceso electoral legal convocado por la Generalitat, se vuelven ahora en su contra, con más razón si cabe. Se descarta así paradójicamente desde el propio gobierno español de forma implícita el terreno electoral como medio para la resolución del conflicto político. Y se da paso a la fuerza para resolver el choque de legitimidades, en una polarización que niega espacio para expresar cualquier otra opción política.



La decisión final del gobierno Rajoy ha sido posible por las cesiones sin fisuras de la dirección de PSOE de Pedro Sánchez, de la misma manera que la abstención de la gestora del PSOE fue lo que permitió la formación del gobierno minoritario del PP. Como expresaba en una entrevista que reproducimos en este mismo Sin Permiso Jaume Asens: “El PSOE hizo a Rajoy presidente de España y ahora de Catalunya”. En ambos casos alegando el “interés supremo” del estado. Un récord imbatible. La posición defendida públicamente por los socialistas de que la convocatoria de elecciones por el President de la Generalitat debería bloquear la aplicación del art. 155 fue arrollada por la determinación del gobierno Rajoy de humillar a la Generalitat, pero también al PSOE de Pedro Sánchez. La decisión de Montilla de no participar en la votación del art. 155 fue la prueba de ello.

Naufraga así, por si alguien podía tener la más mínima vacilación, antes de haber arrancado sus trabajos, la comisión de estudio para la reforma territorial que era la gran propuesta de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha dejado claro lo que puede entender su partido por “España plurinacional”: cualquier cosa menos el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Cambiando las palabras, la realidad no se cambia. Sin nacionalistas vascos y catalanes, con la Generalitat intervenida, con el sistema financiero autonómico catalán secuestrado por Montoro y con las resoluciones de la Conferencia de Presidentes autonómicos convertidas en almoneda en las negociaciones presupuestarias de 2017, ¿qué discusión sobre el federalismo será esa con partidos como el PP o Ciudadanos? Un federalismo que, se entiende de forma muy diferente a la que nuestro recientemente fallecido amigo Antoni Domènech declaraba sin la menor ambigüedad cuando Jiménez Villarejo (hoy también sin la menor ambigüedad a favor de la intervención del Estado en Catalunya) le pidió a finales de 2012 firmar un manifiesto “federalista” en Catalunya: “Gracias, amigo C. Ya lo había recibido por otros lados. Pero yo no puedo suscribir un manifiesto pretendidamente federal que no reconoce claramente de entrada, sin reservas, el derecho de autodeterminación de los pueblos de España, referéndum incluido. No es ni política ni intelectualmente creíble un ‘federalismo’ así, y estoy convencido de que no hará sino cargar de razón democrática a los independentistas.” Poco que añadir.

Ante la proclamación de la República catalana se puede argüir en su contra sobre la legitimidad o la oportunidad, como han hecho personas enemigas del derecho de autodeterminación pero también partidarias de este derecho sin el menor adarme de duda. En el primer caso se han apuntado las insuficiencias jurídicas y de procedimiento parlamentario que acompañaron la adopción de las leyes de referéndum y de transitoriedad catalanas, que el Tribunal Constitucional anuló en defensa de la Constitución de 1978 y de los derechos parlamentarios de las minorías del Parlament. En el segundo, las razones de oportunidad apuntan a su utilidad o su eficacia. Se han esgrimido razones contrarias a la proclamación republicana desde posiciones que en ningún caso podríamos englobar en el constitucionalismo dinástico sin más. Pero cuando un sujeto político pretende constituirse y otro lo niega mediante el monopolio de la fuerza, ello no implica que esta sea legítima ni legal y del propio ejercicio de los derechos cívicos surge un derecho de resistencia. Y a veces no se dispone de muchas posibilidades.

Hay quien piensa (notablemente La Vanguardia, así como distintos partidos políticos contrarios al derecho a la autodeterminación, así como una parte del propio PdCat) que la convocatoria de elecciones era otra posibilidad. Parecía que podía ser una salida para que la movilización fuera parcialmente desactivada, para unos, y muy diferentemente para una cierta acumulación de fuerzas y de mayor legitimidad, para otros. Y había argumentos que sustentaban estas posiciones. Sin duda.

En todo caso, se ha alegado que la reforma del Estatut exige 90 votos, es decir el 66%. En realidad, como se demostró en 2010 bastaba con la mayoría del Tribunal Constitucional, no la mayoría popular ni parlamentaria. Eso parece no incomodar al bloque PP-PSC-Ciudadanos. Pero en cualquier caso, es no comprender la legitimidad política surgida del ejercicio del derecho de voto de 2,3 millones de ciudadanos en el referéndum del 1 de Octubre bajo la represión policial. La represión policial fue un factor de legitimación para mucha gente. Puede ser discutible, pero muchos centenares de miles de personas tuvieron la convicción no de que simplemente habían votado, sino que habían conseguido hacerlo con sangre y lágrimas. Solo un punto de diferencia en la participación separa al referéndum del Estatut de 2006 -que nadie reprimió y que el Tribunal Constitucional anuló tras ser “cepillado” en el Congreso-, y el referéndum de independencia de 2017. La represión del derecho de voto, no de sus consecuencias legales, ha sido para la mayoría independentista parlamentaria el punto de arranque de la soberanía en la que se apoya la proclamación de la República catalana.

La legitimidad de esa soberanía no engloba a toda la ciudadanía de Catalunya. Y se ha esgrimido que la nación (aunque algunos no utilicen estos términos que solamente reservan para España) se ha fracturado. Si está fracturada porque una parte importante de la ciudadanía no concede legitimidad a la proclamación de la República, convendremos que también lo estaría en caso de que no se hubiera proclamado. Si una sociedad está fracturada porque una parte no está de acuerdo con determinadas decisiones, también lo está porque la otra parte no estará de acuerdo que no se tomen las decisiones anteriores. En todo caso, toda sociedad está dividida en clases y, en algunos casos como en la nación catalana, por distintas opciones nacionales. La “fractura” social es esgrimida en muchos casos como simple pretexto para favorecer que las cosas no cambien. Pero eso tiene tanto que ver con el intento de superar la “fractura” social como, por poner un mero ejemplo, la homeopatía con la ciencia: nada.

Las manifestaciones a favor del mantenimiento del status quo monárquico o, para ser más precisos, de la aplicación represiva del 155 y de la actuación “proporcionada” de la policía y la Guardia Civil el 1 de Octubre, la última de las cuales en Barcelona el 29 de octubre contó con la asistencia, según la Guardia Urbana, de 300.000 personas, forman parte de la reacción habitual cuando una parte muy importante de la sociedad se moviliza en sentido contrario. Eso no es “fractura social” como lo entiende el gobierno Rajoy, sino la expresión de las diferencias políticas, ideológicas y sociales de toda sociedad moderna. Cuando las convulsiones sociales son muy fuertes pueden observarse anomalías (¿o quizás no lo son tanto?) como esas.

El gobierno Rajoy pretende superar esta fractura con la aplicación del art. 155 y la persecución judicial. Y celebrar elecciones en “caliente”, en dos meses. De entrada, tiene que conseguir una participación superior al 47% del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional e intentar acercarse al listón del 77,4% de las elecciones autonómicas de 2015 que eligieron al Parlament que ha declarado la República catalana. De no conseguirlo – y parece difícil, cuanto menos- Rajoy y su gobierno serán considerados responsables del doble fracaso de no haber impedido la proclamación de la República catalana y de no haber sabido reconstruir una legitimidad superior en el proceso de “restitución de la legalidad” en Catalunya. Y los “poderes fácticos” que ahora intenta cabalgar, le desbordarán. Ya están amenazando con aplicar el art. 155 a Castilla-La Mancha por mantener una coalición PSOE-Podemos, a Valencia por tener otra PSOE-Compromís, apoyada por Podemos y a Euskadi… de forma preventiva.

Es en ese momento cuando entrará en juego el escenario más amplio de la crisis del régimen del 78 en el conjunto del Reino de España. Porque las consecuencias de la “fractura catalana” se extenderán más allá del Ebro. Rajoy no puede contar ya con el PNV para aprobar los presupuestos de 2018, que le exige –como antes los del 2017- la Comisión europea, que ha advertido de las consecuencias para el déficit acordado con ella de la actual situación política española. Justo cuando Draghi y el BCE anuncian la reducción progresiva de su programa de flexibilización cuantitativa, de la que depende la financiación de la deuda soberana y de las comunidades autónomas.

En este escenario el PP solo puede contar con el PSOE de Pedro Sánchez, además de Ciudadanos, que está presionando al PP por la derecha. Pero el apoyo del PSOE a los presupuestos del PP de 2018 supondría el fin de sus aspiraciones de construir una alternancia de izquierdas al propio régimen del 78. Sería la confirmación de ese “frente constitucionalista” monárquico. Tras su apoyo sin matices a Rajoy en la aplicación del art. 155, el PSOE profundizaría la pérdida de votantes habida en cada elección desde 2011.

El régimen del 78 se encuentra en un callejón sin salida, por muy largo que este pueda ser, mientras se erosiona su legitimidad social, económica, política y territorial. La cuestión catalana está lejos de resolverse el 21 de diciembre. Una vez más ahí también existe una “fractura”, ¿o no? La situación se enquistará con la actual doble legitimidad que enfrenta al Reino de España con la República catalana. La salida de la crisis social sigue siendo un campo de disputa político. Como continúa el desenmarañamiento judicial de la trama de corrupción del PP, de la que los tribunales afirman que “se ha beneficiado”. Si las distintas crisis que recorren el régimen del 78 no han confluido, del 15-M de 2010 al 1-O de 2017, es por la ambigüedad de las izquierdas, cuando no una clara hostilidad, entre otras cosas, ante la defensa del derecho de autodeterminación de Catalunya. Y ello impide la construcción de una alternativa política que, inevitablemente, pondría en cuestión el régimen del 78. Hasta que la situación se haga de verdad insoportable, no solo en Catalunya –donde se cuestiona republicanamente-, sino en el conjunto del Reino de España.

Daniel Raventós/Editor de Sin Permiso

Gustavo Buster /Editor de Sin Permiso

Mínima Moralia

Carta Abierta a Antonio Gali Fayad/Gobernador del Estado de Puebla



No puede imaginar cuan cara se paga la falta de contemporaneidad. K Brandys

Pero (además voy a) pedir a organizaciones, a consejos ciudadanos, que vayamos de la mano. Y el que no cumpla también que tenga una sanción. Porque es muy fácil desde un aula o desde una rectoría criticar, pero yo pregunto, y estoy hablando en general ¿eh?, a ese colegio, esa prepa, esa secundaria, esa universidad, ¿dónde están tus cursos de prevención a delitos contra las mujeres?, ¿dónde están las pláticas que estás realizando? No las veo. Gobenador de Puebla Tony Gali

Gobernador Gali, la tarea de la universidad consiste en generar conocimientos, opinión pública, reflexiones, sobre distintos ámbitos de la condición humana. A la par de ello, la tarea de las universidades es promover la investigación y la difusión de las culturas; desde luego, incentivar ciencia aplicada, en el entendido de que ésta no puede reducirse a la de un instrumento al servicio de nadie y mucho menos suplir las tareas que el Estado ha incumplido en distintas áreas.

Sí, gobernador, generar conocimientos.



Y lo subrayo, conocimientos, siempre y cuando éstos se problematicen, se indague en sus condiciones de posibilidad en relación a la historia y la política, tanto en el vasto mundo de las ideas como de las creencias; después de todo, no hay conocimiento neutral; existe un vínculo incuestionable entre saber y poder y, al respecto, la universidad tendría la tarea de formar hombres y mujeres con un verdadero compromiso ético; hombres y mujeres que día a día luchen por construir un país menos desigual, más justo, más democrático. Hombres y mujeres verdaderamente críticos que sean capaces de cuestionar y cambiar las condiciones de vida que un régimen económico y político como el nuestro les ha impuesto y nos ha impuesto a todos los habitantes de este país, desgarrado por la violencia, la corrupción, la impunidad.

La tarea de una universidad es mucho más grande que la de garantizar mano de obra al sistema productivo; mucho más que la de formar consumidores pasivos tanto de ofertas económicas como políticas. Resulta una contradicción que acuse a las instituciones educativas de corresponsabilidad respecto a la situación de inseguridad que priva en Puebla y al mismo tiempo descalifique a un conjunto de académicos que ofrecimos un diagnóstico objetivo y preciso, así como algunas vías alternativas de solución, al problema de la inseguridad en Puebla, por la única razón de cuestionar la política de Estado en la materia, cuando ésta demostró su absoluto fracaso y no sólo por razones de incapacidad técnica, sino porque abajo del problema de la violencia e inseguridad en el Estado se extiende un lecho de corrupción e impunidad que usted no se ha atrevido a tocar hasta sus últimas consecuencias, y que, a contrapelo de lo que usted indica, no empieza en su periodo de gobierno, sino se remonta a muchos otros, particularmente al de Rafael Moreno Valle, lapso en el cual la violencia e inseguridad en Puebla crecieron exponencialmente. De suerte, pareciera que usted intenta descargar la responsabilidad de su antecesor y endosársela enteramente a usted mismo. Pero no es así. En último caso, gobernador, lo que le hace falta es investigar, hasta sus últimas consecuencias, la responsabilidad de la clase política de la situación que priva en la entidad.

El señalamiento que hace de modo particular a las universidades privadas destaca, a la vez, el lamentable desdibujamiento de nuestra universidad pública de los grandes debates contemporáneos; desdibujamiento que obedece a la imposición de un modelo educativo que, en aras de la eficiencia, sólo ha hecho privar la competencia, la promoción del éxito individual, la simulación, el espectáculo, un ejercicio eminentemente patrimonial del poder. Entonces, ¿cómo exigir a los educandos una mayor participación en la vida pública cuando lo que verdaderamente se premia es todo lo contrario, cuando la universidad ha perdido un margen de verdadera autonomía que le permitiera mantener una posición crítica frente a distintos poderes? ¿No es un derecho inalienable en una sociedad democrática la protesta social?, entonces, ¿por qué defenestrar a los rectores que la han encabezado, apoyados en la calidad moral que todavía tienen algunas universidades en México? Lo reprochable, en último caso, es la ausencia de la Universidad Pública en un asunto que ha lastimado tanto a la sociedad poblana.

El intelectual, dice Edward Said, siempre tiene la posibilidad de escoger, o bien poniéndose de parte de los más débiles, los peor representados, los olvidados e ignorados, o bien alineándose con los más poderosos. El intelectual, continúa Said, no es un pacificador ni un fabricante de consenso, sino más bien alguien que ha apostado con todo su ser en favor del sentido crítico, y que por lo tanto se niega a aceptar fórmulas fáciles, o clisés estereotipados, o las confirmaciones tranquilizadoras y acomodaticias de lo que tiene que decir el poderoso o convencional, así como lo que éstos hacen. No se trata sólo de negarse pasivamente, sino de la actitud positiva de querer afirmar eso mismo en público. Y esos rectores ya han elegido de qué lado están, amén de visibilizar la condición siniestra que viven muchos ciudadanos en Puebla.

Lo grave de sus declaraciones, gobernador, es que muestra su talante antidemocrático y su intolerancia a la crítica y al disenso. Responsabilizar a algunas instituciones del aumento de violencia en Puebla debido a que no han ofrecido los suficientes cursos para prevenirla es una verdad a medias y producto de la miopía, porque nuestra tarea, repito, no es la que corresponde a una academia de policía. Al menos que su solicitud remita al carácter policial y predictivo con el que nacieron la psiquiatría y otras ciencias en su cruce con los aparatos jurídicos durante los siglos XVIII y XIX y que ya bastante bien estudió M. Foucault.

Por otra parte, hay que rechazar cualquier discurso, provenga de donde provenga, que pretenda legitimar la menor restricción del ámbito privado de los ciudadanos en general y, en particular, de las mujeres, si no queremos avalar una posición eminentemente conservadora y peligrosamente autoritaria. No es restringiendo la libertad de los individuos como volveremos a una supuesta normalidad. La tarea del Estado no es la de acotar las libertades y los derechos ciudadanos o incidir en su vida privada, sino garantizar esas mismas libertades y derechos.

Al último, pensar que penalizar el acoso callejero disminuirá en algo la violencia contra las mujeres no sólo pasa por una mala ocurrencia: descarga al Estado de su responsabilidad para garantizar la seguridad y libertad de las mismas; por experiencia histórica, sabemos que la creación de fiscalías para la investigación de delitos particulares no ha arrojado ningún resultado positivo y sí en cambio lo único que ha conseguido es engrosar el aparato burocrático a costa del erario público; no es necesario seguir generando instancias paralelas a las ya reconocidas constitucionalmente, sino conseguir que éstas desempeñen integralmente su cometido.

Nosotros sí estamos cumpliendo " desde el aula" con la responsabilidad de formar seres humanos pensantes y críticos. Pero, usted, gobernador, no ha podido acatar una de las tarea para la cual fue electo: garantizar la más elemental seguridad de los ciudadanos.

En Puebla, a 28 de Octubre del 2017

Juan Carlos Canales F.

Funcionarios de la constructor Odebrecht y empresas filiales de la misma han señalado, en diversas ocasiones, que en 2012 contribuyeron a financiar la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Ellos han presentado evidencias, para sostener sus afirmaciones. Hasta ahora las autoridades mexicanas no han ofrecido resultados públicos de las investigaciones a estas acusaciones.

Hay sólidos elementos para pensar que la campaña de Peña Nieto no fue la excepción de la estrategia de la constructora brasileña que, a partir de declaraciones de sus funcionarios, ha reconocido, hay investigaciones que se han dado a conocer, que financió elecciones presidenciales en Brasil, Argentina, Perú y Colombia. Y asegura también lo hizo en México.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) vuelve a presentar declaraciones y documentos que señalan la colaboración de la constructora brasileña en la campaña presidencial del 2012. Esta vez da a conocer las declaraciones de Carlos Fadigas, exdirector de Braskem, filial petroquímica de Odebrecht, que asegura que la empresa acompañó “de tiempo completo” la campaña de Peña Nieto.

Fadigas, como otros funcionarios de la constructora brasileña y sus filiales, han colaborado con la justicia brasileña y estadounidense, para aclarar el gigantesco evento de corrupción de la empresa en más de una docena de países de América Latina, el Caribe y África. El financiamiento de campañas presidenciales, que se veían ganadoras, fue parte del mismo. A cambio iban a recibir contratos. Así ocurrió y todo señala que México no fue ajeno a eso.

MCCI, a más de la declaración, presenta documentos que dan cuenta de tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, quien, en ese entonces, se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI.

Nuevos documentos revelan que Peña Nieto, antes de ser presidente, se reunió tres veces con Marcelo Odebrecht, ahora encarcelado en Brasil, por su participación en diversos actos de corrupción entre ellos el de Lava Jato. En agosto pasado, MCCI publicó documentos que muestran que en la campaña de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares en siete depósitos a la empresa ligada a Lozoya. En Brasil testigos protegidos confirman esta información.

Estos documentos, que incluyen estados de cuenta de transferencias desde el Meinl Bank, se integraron a la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 que tiene abierta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Analistas y políticos de oposición sostienen que la reciente destitución de Santiago Nieto, como fiscal especial de la FEPADE, tiene que ver con la investigación que realizaba sobre el financiamiento de la campaña de Peña Nieto.

Las investigaciones sobre el financiamiento de campañas por Odebrecht, a cambio de recibir favores, han prosperado en todos los países, pero en México no. Eso ha generado dudas y sospechas. ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se presentan resultados? ¿Qué se esconde? El comportamiento de la PGR a manos de Raúl Cervantes y ahora de Alberto Elías Beltrán no hace más que incrementar los cuestionamientos. El presidente y su gobierno están frente a una nueva crisis y una vez más su reacción no es la adecuada.

(La imagen de portadilla es del caricaturista argentino Quino.)

Los candidatos independientes son ya una realidad en el espacio de la vida política del país, pero van a pasar todavía años para que esta figura, complementaria a la de los partidos políticos, se consolide y sea realmente competitiva. Eso va a ocurrir a través de un proceso que va ir creando una masa crítica a partir de éxitos y de la experiencia acumulada.

Para la elección federal del 2018 se inscribieron 87 personas como candidatos a la presidencia de la República, que son siete mujeres y 80 hombres. De ellas el INE acreditó a 48 que cumplieron con los requisitos. Ahora tienen que obtener 866,593 firmas válidas (1 % de la lista nominal de electores, al 31 de agosto) distribuidas en 17 de los estados.



Cuentan con 120 días para hacerlo y las deben de entregar, a más tardar, el 12 de febrero de 2018, para poder registrarse como candidatos. De esos se espera que lo logren sólo dos ó tres. De ser más sería una sorpresa. Los más conocidos son Margarita Zavala, Jaime Rodríguez, Pedro Ferriz de Con, Armando Ríos Pitter y María de Jesús Patricio Martínez, del Consejo Indígena de Gobierno (CIG).

El INE recibió 77 solicitudes, en 21 estados, de quienes se proponen contender por un lugar en el Senado y de esas dio por buenas 53. Los aceptados deben de obtener firmas que representan el 2 % de la lista nominal de su estado. Tienen 90 días, para hacerlo. Entre ellos está Manuel Clouthier de Sinaloa y Pedro Kumamoto de Jalisco.



Los ciudadanos que se apuntaron para participar en la contienda como diputados federales son 240 y de estos el INE consideró procedentes 185, dos ya declinaron. Corresponden a 148 distritos de los 300 que existen en el país y se reparten en 17 estados. De ellos 149 son hombres y 26 mujeres. Deben obtener firmas que equivalen al 2 % de la lista nominal del distrito. Tienen 60 días, para hacerlo.

La mayor concentración de quienes se proponen ser diputados federales por la vía independiente se centraliza en la Ciudad de México con 33. Le sigue Jalisco con 22, Nuevo León y Chiapas con 18 en cada uno, Guerrero y Puebla con 11 en cada uno, Guanajuato con 10 y Tabasco y Baja California con siete en cada uno.

En 30 estados en los que habrá elección local se han apuntado y aprobado, por los órganos electorales correspondientes, decenas de candidatos independientes para contender por las nueve gubernaturas, los congresos estatales y las presidencias municipales. Todavía no se ha dado a conocer un número consolidado de éstos.

El INE a los independientes que quieren participar como candidatos a la presidencia de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados les da una APP, para recolectar las firmas. Esto facilita la tarea y el cotejo de posibles repeticiones de firmantes. Un ciudadano solo puede dar la firma a un candidato a cada uno de los cargos.

La primera vez que participaron candidatos independientes se ganó una gubernatura. Eso puso la vara muy alta y todos los siguientes resultados se han medido con ese parámetro. Eso ha impedido ver el alcance real de número de candidatos inscritos y aprobados y también de los triunfos en las elecciones locales. La elección del 2018, va a ser una prueba del avance de la figura de las candidaturas independientes.

Mundo Nuestro. Hay testimonios que marcan un punto y aparte en el relato periodístico poblano. Esta conversación de la reportera de e-consulta Laura Ruiz con Atltonatiuh Rubén Sarabia Reina, el hijo del dirigente histórico de la organización 28 de Octubre lo logra. Nos lleva a las condiciones infrahumanas del sistema de justicia en Puebla. La violación cotidiana de los más elementales derechos humanos; la reproducción de la criminalidad en la que están convertidas las cárceles; la represión política y la criminalización de la protesta social. La reproducimos aquí con ánimo de contribuir a la denuncia de esta realidad que no debe existir más en Puebla.

Tras pasar mil 19 noches en celdas de castigo y aislamiento en el Cereso de San Miguel, Atltonatiuh Rubén Sarabia Reyna salió el sábado 7 de octubre y lo primero que hizo fue marchar en defensa de la protesta social.

Después de mil 19 noches en celdas de castigo y aislamiento, la madrugada del viernes 7 de octubre de 2017 Atltonatiuh Rubén Sarabia Reyna, uno de los considerados como presos políticos del morenovallismo, salió del Centro de Readaptación Social de San Miguel, el principal del estado de Puebla.



Durante su liberación contrastó el temor de pisar una calle desolada y rodeado de policías armados, el abrazar a su esposa y a su hijo, con el haberse encontrado con compañeros de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) que marcharon por su liberación mientras él y otros presos políticos vivían el encierro.

Dejó adentro el hacinamiento, la fauna nociva, la presión psicológica, la comida de mala calidad y el aislamiento de familiares y hasta de otros presos. Aunque salió con un proceso pendiente, adentro se quedaron tres compañeros de su lucha social, incluyendo a su hermano Xihuel. Su padre sigue en prisión domiciliaria.

También, cuenta ya libre, se quedaron los días de impotencia ante más encarcelamientos y procesos legales iniciados contra la UPVA; pero sobre todo se quedó el 29 de junio de este año en que asesinaron a su hermana Meztli, en un hecho que diferentes actores sostienen como una ejecución política.



Ejecutan a hija de Simitrio en el bastión de la 28 de OctubreEJECUTAN A HIJA DE SIMITRIO EN EL BASTIÓN DE LA 28 DE OCTUBRE

Los agresores dejaron una cartulina en el lugar con una amenaza en contra de Rubén Sarabia, líder de la organización, y quien hoy enfrenta prisión domiciliaria

"Es un golpe muy duro que nadie se espera en esa situación, pero sabíamos que nosotros sí teníamos una limitante a diferencia de la gente de afuera. Nosotros teníamos una barrera que era una pared, que era una reja, que era una puerta con un candado. Que nosotros no podíamos caer en la desesperación.

"No podíamos caer en una desesperación y melancolía porque eso nos podía afectar en el encierro, llevarnos a pensar cosas que no fueran correctas, tuvimos que mantenernos fuertes", relata mientras retoma sus actividades en el Mercado Hidalgo, el principal de la ciudad y bastión de la 28, donde es comerciante.

No desesperarse pese a habitar cuartos y patios recreativos de pocos metros cuadrados, sin comida, sin agua y con presiones externas, fue siempre una prioridad con la visita sorpresa dos veces por semana, por parte de psicólogos que tenían la consigna de ver cómo iba su ánimo para determinar medidas aún más aislantes.

El aislamiento que Atltonatiuh vivió por casi tres años consistió en estancias en el área de Servicios Médicos, el Dormitorio A para enfermos de males contagiosos y el Dormitorio Z, su morada por más de un año y el espacio que el morenovallismo aprovechó para recluir a varios disidentes, pero diseñado para los peligrosos del penal.

Uno de más de 200 críticos perseguidos

A Atltonatiuh lo detuvieron con violencia el 22 de diciembre de 2014 en la hoy Ciudad de México tras marchar a la Secretaría de Gobernación federal, contra el encarcelamiento acontecido tres días antes, de Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, su padre y fundador en 1973 de la UPVA, el grupo social poblano más longevo y grande.

"¡Ya se los cargó la chingada!", fue lo que a Atltonatiuh y dos de sus hermanos escucharon de los agentes que, primero rompieron los cristales de la camioneta en que viajaban y después lo llevaron a él preso, no sin antes dejar golpeado a otro de los Sarabia sobre el camellón de avenida de la Reforma.

Con el paso de las horas su familia supo que había sido una acción de policías ministeriales poblanos y que las acusaciones estaban relacionadas con la posesión y comercialización de drogas. Los delitos ya se los habían advertido a manera de presión desde el gabinete del gobernador Rafael Moreno Valle en febrero de 2014.

Ese fue el año que más protesta social enfrentó el sexenio del hoy aspirante panista a presidente de México y esta surgió principalmente en torno al retiro de 453 registros civiles en las juntas auxiliares del estado, bajo argumentos administrativos, pero restando autonomía a comunidades, muchas indígenas, pobres y alejadas.

Aunque lo más tenso se vivió en junio cuando en una de las protestas, un enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales dejó lesionado a un niño que a los días murió; desde antes en la Secretaría General de Gobierno comenzaron a prever el riesgo de la organización social.

En una reunión con Simitrio y sus tres hijos, han contado ellos varias veces, el entonces secretario y ahora diputado federal Luis Maldonado Venegas, les dijo que Moreno Valle no les pedía subordinación ciega, pero sí total y absoluta. Cuando el dirigente respondió que la 28 no trabajaba para ningún gobierno, les amenazaron.

El funcionario aseguró que uno de sus hijos andaba metido en asuntos de drogas, el activista le dijo que cuál era, que ahí estaban sentados y que podía tanto señalarlo como llevarlo preso. La anécdota terminó con la advertencia de que en los siguientes 100 días el morenovallismo vería qué hacer con ellos.

Lo que decidieron fue fincar cargos por drogas a Simitrio y dos de sus hijos que, con la salida de Atltonatiuh se comienzan a demostrar jurídicamente como fabricados. Otros dos activistas están en San Miguel por enfrentarse con un grupo social fiel al gobierno. En tanto que hay cuatro procesados por daños en una marcha.

Los de la UPVA integran una lista que, cuando Moreno Valle dejó la gubernatura, sumaba 5 encarcelados, un condenado político, un arraigado en domicilio, 142 procesados en libertad y 186 órdenes de aprehensión no ejecutadas, según el Comité para la Liberación de los Presos Políticos y por el Fin de la Represión en Puebla.

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Hijo de Simitrio gana amparo y deja el Cereso de San Miguel

HIJO DE SIMITRIO GANA AMPARO Y DEJA EL CERESO DE SAN MIGUEL

En memoria de Margarita Alcalá Cruz, Doña Magos (|941-2017)

Murió Doña Magos el viernes 6 de octubre a los 76 años de edad. Ya sus ojos no podrán ver las fechas en alguno de los cabezales de los diarios impresos que todas las mañanas muy temprano le llegaban en montones revueltos y sobre los que se sentaba para observar a su hijo Mario y a sus nietos en el armado de las secciones en el arranque de la jornada de los voceadores en el zócalo de la ciudad de Puebla. Ya no la veremos más en su puesto del portal en la esquina de la vieja calle Maximino, la que ella conoció cuando era niña y su familia ya vendía periódicos y revistas para la grilla y el entretenimiento de la ciudadanía.

Murió Doña Magos y se fue sin que los periodistas para los que siempre tuvo una sonrisa le diéramos un periodismo crítico e independiente, creativo y moderno, capaz de contribuir a la construcción de un mejor país.

No se lo dieron los medios impresos, ni las radios y televisoras, ni los medios digitales que los han sucedido, a pesar de mucha gente buena que ha dedicado su vida al relato la vida nuestra.



La generación del periodismo impreso y el monopolio radio-televisivo le dio a Doña Magos fundamentalmente la versión de los grupos de poder de un régimen a los que sus empresas editoras han estado asociados. Medios que no estuvieron a la altura de las necesidades de transformación democrática que la sociedad requería. Medios que, de hecho, fueron instrumento para impedirla. Medios serviles, correos de élite, y poco más. Medios hoy desvanecidos por la inclemencia de la realidad no lectora a la que contribuyeron a expandir al grado extremo de este analfabetismo funcional que distingue a la sociedad mexicana.

La generación del periodismo digital hoy se autodenomina más libre e independiente, pero está lejos de ofrecer los elementos básicos de una comunicación al servicio de sus lectores, escuchas y televidentes: no describe ni investiga a fondo la realidad, no busca entenderla ni mucho menos se propone ofrecer las alternativas que la sociedad organizada construye para transformarla. Y, lejos de encontrar mecanismos sanos de financiación desde sus audiencias, sigue como siempre y en la mayoría de los casos, sometida a las facturas que logre cobrar en las dependencias gubernamentales. Y peor aún, vive ahogada en los mentideros de la columna política, el género que explica –por la extorsión y la sujeción a nuevos y viejos grupos de poder— la sobrevivencia de buena parte de ellos.

Nunca hablé de esto con Doña Magos. Platicaba con ella un minuto o dos, siempre a la carrera, con la misma prisa con la que los transeúntes pasaban sobre las primeras planas de los diarios, sin comprarlos, y que ella meticulosamente ordenaba desde las siete de la mañana a los pies de su rincón de papel en el que transcurría su jornada. ¿Cuántos periodistas habrá visto pasar frente a ella? ¿En cuántos habrá encontrado en los ojos el brillo apasionado por el conocimiento del mundo, las ansias por contarlo?

Entre gitanos no se leen las manos, se dicen en el gremio.

Ya no está Doña Mago. Se llevó con ella su propia historia. Y su sonrisa para desafiar el día, contra todos los pesares que en letras negras amanecieran con ella.



Yo asumo mi responsabilidad en lo que me toca en la construcción de esta mala trama de prensa que tenemos en Puebla. E intento contribuir con un periodismo que tiene en la crónica y la investigación sus instrumentos para describir, comprender y proponer en el día a día la construcción de una sociedad más justa, democrática, entrañable y divertida.

Se lo debo a Doña Magos.

(La foto de portadilla fue tomada de El Sol de Puebla)
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