Ser Trans: perder la vida en los tribunales. De cómo se construye un mejor país para todos

 Mundo Nuestro. La de Tuss Fernández es una historia que nos confirma que la cerrazón de las instituciones de justicia en Puebla puede ser quebrada desde la propia ley, con el uso de los recursos legales que la Constitución brinda a las ciudadanas y ciudadanos en México. La suya es una historia que nos prueba la resistencia y valor que se necesitan en México en la lucha por los derechos humanos. La suya es una historia que, contra toda desesperanza, revela que es posible construir un mejor país.

Tuss Fernández.

Yo nací en un pueblito lleno de neblina y sumergido en el bosque de la Sierra Norte de Puebla. O bueno, en realidad no. Nací en en la ciudad de México en el corazón de la Zona Rosa pero me registraron como nacido en Huauchinango porque según mis papás, siempre es mejor ser provinciano. En mi caso, no lo fue. 

Si mi papá y mi mamá hubieran sabido todas las frustraciones y humillaciones que pasé 35 años después; la rabia y la tristeza que he sufrido a lo largo de más de 3 años de juicio, estoy seguro que jamás me hubieran registrado como poblano.

Para asumir mi identidad de hombre trans, tuvieron que pasar casi 15 años desde mi llegada a la Angelópolis. Me tomó prácticamente la mitad de mi vida deshacerme de los miedos y las dudas con las que crecí y me educaron dentro de una familia machista, en un pueblo conservador.

Cuando la reforma al Código Civil del -entonces- Distrito Federal se publicó, yo pasaba por una etapa de depresión. Estaba perdido y solo. Trabajaba en una oficina pública rodeado de otras cien personas, pero, era como no estar ahí. Ni mi nombre ni mi género me pertenecían y cada mención, cada documento, cada entrega de uniformes o visita al baño eran para mí, dardos cargados de veneno. Uno tras otro por casi diez horas al día, todos los días.

Quince minutos me tomó reconocerme como quien soy ahora y volver a sentir el aire llenando mis pulmones. Ese fue el tiempo que tardé en llenar un formato con mis datos en el Registro Civil Central de la Ciudad de México, entregar mis documentos y salir del edificio con la felicidad de quien se habita por primera vez en plenitud y con la paz de ocupando cada uno de sus poros.

Poco me duró la calma porque luego llegaron los días de tramitología en mi natal estado de Puebla donde la ley es tan añeja como su catedral. Las dos horas que separan una ciudad de la otra son en realidad como dos siglos pensando en términos jurídicos. Con esto quiero decir que en Puebla el trámite administrativo no existe, sino que hay que recurrir a un juicio de rectificación o como hice yo, hacerlo en DF y solicitar al registro poblano que se apegue a la Constitución (Política de los Estados Unidos Mexicanos) para garantizar TODOS tus derechos humanos, civiles y políticos. Esto no ocurrió.

 El oficio de la oficina del registro civil en Huauchinango.

El Registro Civil de Huauchinango se negó a reconocer mi acta y me canalizó al Registro Civil del Estado de Puebla donde sucedieron dos cosas: en dos ocasiones agotaron el plazo legal de respuesta bajo el argumento de solicitar más documentos (probatorios de la nueva identidad) y una vez que los tuvieron, hicieron mal uso de ellos; me boletinaron en el estado para impedir la asociación de mi CURP e intentaron mediante un oficio “criminalizarme” por doble identidad (expresa por mi propia persona). En cada uno de estos pasos, circularon mis documentos por diferentes oficinas, funcionarios. Me exhibieron en cada turno, me humillaron y me amenazaron y por supuesto, me infundieron miedo de ser aprehendido o procesado por estar cometiendo un “delito”, hasta que tuve que recurrir a un juicio de amparo.

Por más de 20 años me he dedicado al periodismo y la comunicación social. Al oficio que adopté porque no es mi profesión, le debo hoy cada paso que he dado en mi transición. Cada persona que conocí desde mi primer día en una redacción y luego en la política, la administración pública y el activismo, ha formado parte de un eslabón que me ha permitido avanzar en el camino. Es un tejido fino de más de dos décadas, pero, no todas las personas trans han tenido la misma suerte. Yo soy un privilegiado.

Hace algunos años trabajé para la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento y ahí mismo encontré a la persona que me canalizó con un despacho de abogados que tomó mi caso y promovió, sin cobrarme un solo peso, el juicio en contra de seis autoridades del gobierno del estado.

Después de varios meses de prácticas dilatorias de las autoridades denunciadas, un tribunal estatal me concedió el amparo (Art. 121 fracc. IV, CPEUM) pero el Registro Civil interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia y el caso se turnó entonces a un tribunal colegiado civil que hasta agotar el plazo se declaró incompetente y lo turnó a un tribunal administrativo que hizo lo mismo para enviarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resolvió devolvérselo a este último. Dos años después, obtuve una sentencia definitiva a mi favor, la primera en el estado de Puebla para un caso de este tipo. Diez meses después de esta sentencia, el gobierno del estado no ha cumplido el mandato judicial en su totalidad.

Mi juicio fue gratuito en términos monetarios, sí, pero en términos emocionales, sociales, laborales, económicos, de salud y hasta ciudadanos, el costo ha sido altísimo. Durante tres años mi vida personal ha sido expuesta, han intentado humillarme, criminalizarme, han minado mi tranquilidad, mis lazos afectivos, y han truncado algunos de mis proyectos personales que requerían de la conclusión de ese trámite para poder llevarse a cabo. Hoy, en 31 estados de la República -e incluso en Estados Unidos gracias a la visa- yo soy Tuss Demian, pero en Puebla, el estado en que “nací”, en el que he pasado toda mi vida, en el que me formado y al que he contribuido -en muchas maneras- soy dos personas distintas con distintas propiedades, con distinto número de seguridad social y por lo tanto con distinto historial médico, con registros laborales diferentes y un gran etcétera que no podría -ni quiero- enlistar.

Tres años viviendo en un limbo jurídico peleando por un derecho humano tan básico como lo es el derecho a la identidad.

Aun teniendo el amparo de un tribunal -o dos, en el sentido más estricto- ¿de cuántas cosas me ha privado la idiosincrasia de un grupillo conservador que ostenta el poder?, ¿a cuánto asciende la reparación de los daños que me han provocado?, ¿cómo se miden?, ¿cómo se cuantifican todas estas pérdidas intangibles?

¿De qué sirve entonces seguir las reglas del Estado para tener acceso a la justicia?

Las personas trans, sobre todo las mujeres, sufrimos cotidianamente situaciones de discriminación y exclusión social. ¿Cuántos de nosotros tenemos un trabajo que nos permita pagar los honorarios de un abogado durante tres años además de los gastos propios de un proceso jurídico tan largo? ¿Cuántos de nosotros tenemos el temple, la fortaleza y los recursos para resistir tres años de transfobia institucional? Y, sobre todo: ¿por qué?

Someternos a este tipo de juicios es una forma de violentarnos desde las instituciones que deberían resguardar nuestra integridad en el sentido más amplio. Más allá de las convicciones religiosas personales de quienes ocupan los cargos de poder, ¿qué sentido tiene para el Estado mantenernos en condiciones de marginación?

Un trámite administrativo como en la Ciudad de México podría dignificar --y la dignidad es un derecho humano y constitucional-- la vida de una persona trans en tan sólo 15 minutos. Si los Congresos y autoridades estatales no tienen la voluntad política toca entonces al máximo tribunal del país, la SCJN, garantizar el respeto total de cada uno de nuestros derechos como personas: la auto determinación, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad corporal, la libertad, la dignidad, la intimidad, la salud, el empleo, la educación, la participación política-ciudadana, ¡la justicia!..

Y no lo digo yo; lo dicen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, El Sistema Universal de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de la Organización de Estados Americanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su último llamado (enero 2018) a los países de la Convención Americana para “adecuar sus leyes para el reconocimiento de la identidad sexogenérica.

La vida de las personas trans es demasiado corta como para perderla en los tribunales.

Cientos de nosotros morimos esperando algún día ser nombrados; somos los desconocidos a quienes se arrebata la dignidad y se asesina desde los escritorios.

¿Cuándo va a reparar el Estado la deuda histórica que tiene con nuestras poblaciones y nuestro derecho a ser? ¿Cuánto tiempo más esperaremos la justicia que nos permita existir #SinJuiciosNiPrejuicios?

No deberían ser más de 15 minutos.

Tuss Fernández

Hombre trans de espíritu queer y corazón arcoiris. Periodista, comunicador y Guardián Supremo del Rayo Mariconizador. Consejero Ciudadano de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros de Puebla. Me gustan los perros.