El pasado 1 de julio era escenario de una de las fiestas democráticas más trascendentes de nuestra historia: por primera vez, la izquierda llegaba al poder de manera pacífica, aún más, por la vía de los votos. La desafección y hartazgo ciudadano frente al PRI y al PAN se condujo por las vías institucionales para plantear con claridad un cambio de régimen, tanto político como económico. Mientras millones de mexicanos abarrotaban las casillas en todo el país y pasadas las 8 de la noche el candidato del PRI a la presidencia aceptaba no sólo su derrota sino que reconocía que había ganado AMLO, en Puebla hacía su aparición el espectro de Maximino Ávila Camacho, el cacique-gobernador de Puebla de 1937 a 1941 “porque durante 18 años después de su muerte persistió en la silla gubernamental toda una serie de incondicionales suyos, políticamente formados durante su gobierno; y porque durante otro medio siglo, el espectro de Maximino ha vuelto con frecuencia, evocado por las maniobras –o de mano dura o de vil metal- de muchos gobernadores poblanos más” (Paxman, 2018, p100).

La fiesta de los ciudadanos votando masivamente sucedía en todo el país y en Puebla también. Los votantes matutinos pudieron disfrutar las escenas de familias enteras entrando a las urnas, las largas filas que anunciaban un día histórico. Pero pasado el medio día, las primeras encuestas de salida daban a Morena una ventaja en promedio de 10 puntos para la gubernatura sobre Martha Erika Alonso, esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Y el día se descompuso. La violencia se convirtió en la marca de la elección. Funcionarios electorales y votantes de 70 casillas vieron cómo grupos armados se robaron y vandalizaron, casi siempre a punta de pistola, las urnas y los votos. El resultado dejó personas hospitalizadas y cinco muertos.

Los agresores tuvieron el manto de la impunidad. El gobierno estatal y sus aparatos de seguridad brillaron por su ausencia. Así concluía un proceso electoral marcado por la violencia, más de 13 candidatos asesinados, así como un contexto de control político electoral por parte del morenovallismo para hacer ganar a como diera lugar a la candidata Alonso. Durante la campaña tanto el Instituto Electoral local como el Tribunal electoral correspondiente, en todo momento siguieron el guión morenovallista, incluidas gracejadas convertidas en pautas electorales como el hecho de que el árbitro electoral planteara que llamar a Martha Erika Alonso “de Moreno Valle” constituía “violencia política de género”, tesis que en su momento derribó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Con todo y lo acontecido en esa funesta tarde de operación electoral, en la noche, Noticieros Televisa daba a conocer las encuestas de salida de Consulta Mitofsky y para Puebla ofrecía una ventaja del candidato de Morena a la gubernatura Luis Miguel Barbosa de 41% a 49%, mientras que para Martha Erika Alonso, candidata del morenovallismo en las siglas del PAN/PRD aparecía de 31% a 38%. Al día siguiente la encuestadora se disculpó pues dijo que sólo en Puebla se había equivocado. En el órgano electoral local hacían lo suyo. Mientras todos los PREPs de todos los estados que tuvieron elección para gobernador ya estaban funcionado, el de Puebla no. Tardó lo suficiente para hacer tortuoso la caída de los datos electorales que al final dieron el siguiente panorama inédito: Morena había ganado la mayoría de las diputaciones locales, 16, contra 9 del morenovallismo y 1 del PRI. Además, Morena ganó la primera fórmula para el Senado, las principales alcaldías de Puebla, incluida la capital, pero curiosamente, no la gubernatura. AMLO arrasó en Puebla dejando en el sótano a sus competidores para la presidencia y siempre estuvo en el aire la pregunta sobre qué tanto los poblanos harían voto diferenciado o qué tanto harían un voto en línea o en cascada hacia Morena.



Los resultados no dejan de asombrar. Por primera vez en la historia, los poblanos tuvieron una elección concurrente y, sin embargo, hay aproximadamente 65 mil votos de diferencia entre la elección federal y la local. Es decir, ¿65 mil ciudadanos que recibieron sus respectivas seis boletas tiraron tres?. Puebla cerró con 543 delitos denunciados a la Fepade, el 24% de las denuncias electorales a nivel nacional. A una semana de la elección más importante en la historia de México, Puebla fue el único saldo rojo en todo el país. ¿Sorprende? Para quien ha seguido la obsesión política de Rafael Moreno Valle Rosas por controlar Puebla y con este capital político disputar un espacio de poder nacional en el PAN y en otros partidos (tiene influencia y operación política en el PRI, el PRD, Nueva Alianza, el Partido Verde) no sorprende.

Como mostramos en el cuaderno de investigación número 16 de la Ibero Puebla (Hernandez, 2017), el morenovallismo se convirtió en un régimen autocrático que enfrentó la crítica y la oposición con represión, espionaje e intimidación.

Moreno Valle gobernó Puebla de 2011 a 2017, dejó a un administrador como gobernador 20 meses por las elecciones concurrentes y el árbitro electoral local ya le entregó a su esposa la constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa. Conocido y reconocido por su habilidad para la operación electoral se atrincheró sólo en la elección para la gubernatura para enfrentar el tsunami López Obrador. Perdió todo, menos el ejecutivo estatal. Hasta ahora. Morena ha anunciado que impugnará la elección y una vez que esté fuera del territorio morenovallista y haga su aparición el TEPJF, veremos qué fue lo que realmente ocurrió.

El autoritarismo electoral (Schedler, 2006) es un tipo de régimen político que con fachada democrática (elecciones recurrentes, instituciones electorales teóricamente autónomas) utiliza los recursos económicos e institucionales para beneficiar al candidato o candidata del grupo o familia en el poder. El partido, grupo o familia que tiene el poder logra tener un cerco mediático en su beneficio, controla el poder legislativo, buena parte del poder judicial, coloca a personeros en el órgano electoral local, utiliza los recursos públicos (presupuestos, burócratas, recursos materiales) para apoyar la campaña oficialista y utiliza la violencia velada o abierta para infundir temor o inhibir el voto.

El PRI había manejado magistralmente el autoritarismo electoral de tal forma que se aseguró 81 años de gobiernos ininterrumpidos en Puebla. Rafael Moreno Valle, ex priísta, convenció al PAN y al PRD de enfrentar al último gobernador priísta (Mario Marín Torres) con el anhelo de cambio y alternancia. Lo logró. Pero muy pronto él mismo se convirtió en lo que combatió. Hoy una buena parte de la sociedad poblana cree que Martha Erika Alonso es la reelección de Moreno Valle. Hay fundadas razones para pensar que si se sostiene su triunfo, no será ella quien realmente gobierne.



El problema es que a diez días de la elección el conflicto postelectoral se expande como fuego en llanura seca. Apenas el martes 3 de julio militantes y simpatizantes de Morena irrumpieron violentamente en un hotel poblano para desvelar un supuesto búnker electoral del PAN donde presumiblemente se operaba parte del fraude. Ahí se encontraban reconocidos operadores electorales morenovallistas y hasta un magistrado del poder judicial. La respuesta no tardó en llegar. El 10 de julio “un juez de control de la región judicial Centro autorizó una orden de aprehensión por al menos cuatro delitos en contra de Gabriel Biestro Medinilla, presidente estatal de Morena; los senadores electos, Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta Mier; así como el diputado electo José Juan Espinosa Torres” (http://www.e-consulta.com/nota/2018-07-10/elecciones/ordenan-detener-senadores-y-lider-de-morena-en-puebla).

También ese mismo día apareció un desplegado en el diario Reforma firmado por académicos, luchadores sociales, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general que solicitaban las acciones jurídicas correspondientes para investigar los delitos electorales del 1 de julio, alertaban que lo sucedido en Puebla era típico de una elección de Estado y exigían “se sancione a los delincuentes electorales, y si existieran los elementos jurídicos suficientes, se invalide la elección para gobernador” (Reforma, 10 de julio, p. 5).

Parece que las elecciones de estado se habían convertido en mitos geniales. Los gobernadores los pusieron en marcha de nueva cuenta para preservar sus controles territoriales, sus nuevos virreinatos. Así lo muestra Bernardo Barranco en El infierno electoral(2018) con la elección del Estado de México de 2017 para renovar la gubernatura. Afirma que en elecciones competidas “cualquier irregularidad, por pequeña que sea, resulta determinante en el resultado final”. En Puebla, como en el Estado de México, había que sostener la gubernatura para el grupo gobernante con la filosofía calderonista, “haiga sido como haiga sido”.

Y ese “haiga sido….”, Barranco lo expresa en los siguientes términos: “en la actualidad la operación electoral es integral y, en algunos casos, sofisticada. Utiliza incluso resquicios de la espesa y barroca ley en la materia. Hoy el fraude electoral puede ser colosal y sistémico”.

Mientras que a nivel nacional se observan modos políticos nunca vistos, cortesías políticas entre viejos enemigos, en Puebla el espectro de Maximino se niega a abandonarnos.

Dice Paxman que Moreno Valle “encarnó la tradición maximinista en casi todas las características clave: enérgico, vanidoso, altamente ambicioso, amigo de la clase empresarial, enemigo de la prensa libre, insistente sobre un congreso obediente, dispuesto al uso selectivo de la violencia, impulsor del monumentalismo y creador de un nuevo cacicazgo” (Paxman, pp 125.126).

Este nuevo cacicazgo, empero, a diferencia de la época de Maximino, enfrenta un contexto adverso y una sociedad civil más empoderada. No le será tan fácil sostenerlo. Pero vaya que está haciendo todo lo posible por lograrlo.

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Referencias

Barranco, Bernardo (2018), Coordinador. El infierno electoral: el fraude del Estado de México y las próximas elecciones de 2018. Grijalbo, 215 p.

Hernández Avendaño, Juan Luis (2017) Coordinador. Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017): la persistencia del autoritarismo subnacional. Cuaderno de investigación número 16. Universidad Iberoamericana Puebla, 173 p.

Paxman, Andrew (2018) coord. Los gobernadores: caciques del pasado y del presente. Grijalbo.

Schedler, Andreas. Electoral Authoritarianism: the dynamics of unfree competition, Lynne Rienner Publischers, Inc. Colorado, EU, 2006.

*Mtro. Juan Luis Hernández es politólogo y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla

Mundo Nuestro. En días pasados la Ibero Puebla, en su Cátedra Ignacio Ellacuría, presentó el libro Moreno Valle y la persistencia del autoritarismo subnacional/Foro en Ibero Puebla. Este acontecimiento extraordinario (una visión colectiva de una coyuntura histórica en Puebla desde la perspectiva crítica de las ciencias sociales) es sin duda una noticia afortunada. La posibilidad de un debate democrático sobre el desarrollo estratégico del estado pasa por la revisión crítica del acontecer político, con el análisis riguroso el comportamiento de los grupos de poder y los políticos que lo representan. Presentamos el primero de los textos, elaborado por Juan Luis Hernández Avendaño, coordinador de este Cuaderno de Investigación 16 publicado por la Red de Editoriales Universitarias AUSJAL en el 2017.

RAFAEL MORENO-VALLE ROSAS (2011-2017) La persistencia del autoritarismo subnacional * Juan Luis Hernández Avendaño (Coordinador) Cuaderno del Departamento de Ciencias Sociales. Primera edición, 2017



En el año 2010 un tercio del país seguía siendo gobernado autocráticamente por el pri desde 1929. El priato en los estados cumplía 81 años de gobiernos ininterrumpidos y el autoritarismo electoral que se implementaba desde el poder ejecutivo estatal hacía muy difícil a la oposición competir en serio por esas gubernaturas. Puebla era uno de esos estados. Pero la lucha por la gubernatura en aquellas elecciones de 2010 tenía una lucha simbólica agregada. El gobernador saliente, Mario Marín Torres, se había convertido en un ícono priísta despreciable. Manchado para siempre por el escándalo de vulnerar los derechos humanos de Lydia Cacho, perdonado por la Suprema Corte, pero no por la sociedad poblana, emergían aires de alternancia en el gobierno estatal. Una ola democratizadora subnacional recorría una parte de los territorios aún gobernados por el pri. El pan y el prd anunciaban lo que parecía un contrasentido: una alianza electoral anti pri. La derecha y la izquierda enarbolarían en cinco estados que tenían elecciones estatales, la bandera del cambio, la idea de que ya era suficiente pri para las historias de aquellas entidades. Repelían las críticas de la alianza “antinatura” sosteniendo que no era una alianza ideológica, sino una alianza democratizadora. En Puebla esa alianza pan/prd y otros partidos menores la enarboló Rafael Moreno Valle Rosas (rmvr), nieto del ex gobernador Rafael Moreno Valle (1969-1972) retirado tempranamente del gobierno por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez por sucesivos eventos de represión social convertidos en problemas de gobernabilidad. Moreno Valle Rosas, como otros priístas con honda identidad partidista pero insatisfechos porque el partido no los elegía para cargos de elección popular, decidió irse al pan tras larga militancia familiar y desde su nueva plataforma ganaría una senaduría para desde ahí arribar a la gubernatura de Puebla. Un ex priísta, como en otras partes de la república, enarbolando una alianza opositora con fines democratizadores. Un ex priísta que se subió a la ola anti pri en Puebla y que convergió con una sociedad civil que creó un ambiente social de cambio frente a la ignominia que había significado el “gober precioso”. Un ex priísta que recibió las puertas abiertas tanto del pan como del prd para construir su proyecto de gobierno y personal. Un ex priísta que capitalizó las expectativas de cambio y alternancia. Su triunfo en las urnas fue contundente frente a un candidato anodino del pri. A juzgar por los documentos de campaña, los discursos y las propuestas de Moreno Valle Rosas, la alternancia anunciaba buenos augurios para la sociedad poblana.

1. Alternancia y persistencia del autoritarismo

Las distintas teorías de la democracia siempre incluyen a la alternancia partidista en el poder como una condición necesaria para una experiencia democrática. En México, sobre todo a nivel subnacional, hemos comprobado que esa condición no es suficiente. La larga hegemonía del pri tanto a nivel nacional como local ha sobredimensionado la alternancia. Quitar al pri de Los Pinos, de Casa Puebla o de cualquier caciquismo local se convirtió en una buena bandera política, partidista y de oposición. La alternancia se convirtió en punto de llegada y no en punto de partida. En Puebla se alcanzó la alternancia después de ocho décadas de hegemonía priísta. ¿Qué seguía?



Juan Linz (1971) sostenía que un régimen no democrático es:

El gobierno personal con una lealtad hacia el gobernante generada por una mezcla de temor y necesidad de compensación de sus colaboradores. El gobernante ejerce su poder sin restricción alguna, a su entera discreción y, sobre todo, éste se ve libre de regulaciones y compromisos con una determinada ideología o sistema de valores. Las normas y relaciones obligatorias de la administración burocrática se ven constantemente subvertidas por decisiones personales arbitrarias del gobernante, quien no se siente obligado a justificarlas en términos ideológicos. El equipo de colaboradores de este tipo de gobernantes está constituido no por un “establishment” de carrera profesional definida y reclutada en mayor o menor grado de acuerdo con criterios universales, sino que preponderantemente por hombres escogidos directamente por el gobernante. A menudo se trata de individuos que no disfrutarían de ningún prestigio o estima en la sociedad por su propio mérito, pero cuyo poder deriva directamente del gobernante. Entre ellos se suele encontrar a familiares, amigos, compinches, socios comerciales y hombres directamente involucrados con el uso de la violencia para sostener al régimen.

A ese tipo de gobierno lo denomina de tipo “sultanato”, una derivación del autoritarismo. Un régimen de este tipo tiene como centro no a la sociedad que regula la política, sino al gobernante que regula la actuación de la sociedad, le marca los límites de su actuación y le manifiesta los términos de sujeción con que debe relacionarse con el poder instituido. El gobernante tipo “sultanato” ejerce el poder “personalísimamente” concentrando facultades legales y metalegales en su persona y posición. Un régimen así no soporta contestación alguna.

Linz (1971) continúa

El apoyo a este tipo de régimen se basa no en la coincidencia de intereses entre grupos sociales privados preexistentes y el gobernante, sino que sobre los intereses generados por el dominio de este último, las recompensas que ofrece a cambio de la lealtad y el temor a su venganza. A pesar de que este tipo de gobernante hace escasas exigencias de apoyo a la población, todo el mundo se ve amenazado por su ejercicio arbitrario del poder, predomina un vasto temor y los opositores o supuestos opositores son arbitraria y duramente castigados.

Sorpresivamente esto es lo que se vivió en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, el sexenio de la alternancia. El sexenio de Moreno Valle Rosas no fue muy distinto a los gobiernos subnacionales que venían sucediéndose en toda la república desde el año 2000. Habrá que recordar que durante el priato, el Presidente tenía la facultad política de remover a los gobernadores cuando éstos le significaban problemas de costo político. Así ocurrió con el primer Moreno Valle, quien no terminó el sexenio por represión social y política, y así ocurrió con 17 gobernadores que durante el salinismo fueron removidos por distintos motivos, pero todos ellos relacionados con el margen de maniobra del gobierno federal. Al irse el pri de la presidencia, automáticamente el país vivió una descentralización política nunca antes vista. Por primera vez los gobernadores de los estados alcanzaron un grado de autonomía política que para empezar no le debían lealtad ni asumían cierta responsabilidad política ante el Presidente en turno (fuese Fox o Calderón). El fenómeno político, iniciado por Roberto Madrazo Pintado, entonces gobernador de Tabasco en el sexenio de Ernesto Zedillo, se profundizó en los últimos 15 años. Ese fenómeno político lo llamamos “enclaves autoritarios subnacionales”.

Edward Gibson, politólogo norteamericano que ha investigado los últimos años sobre la concentración de poder de los gobernadores en sistemas políticos federales, ha explorado la relación entre las políticas territoriales y el autoritarismo subnacional a partir de las agendas estratégicas tanto de los políticos nacionales como de las autocracias locales.

Esa agenda de estrategias de unos y otros estaría dada por las posibilidades de que tanto los partidos políticos nacionales, como ciertas instituciones nacionales (ejecutivo, legislativo o judicial) obliguen o presionen para desbaratar ciertos enclaves autoritarios subnacionales. Un ejemplo de ello es la petición de Gustavo Madero cuando presidió al Partido Acción Nacional para que la última reforma electoral (2014) vislumbrara que el Instituto Federal Electoral (ife) asumiera las elecciones estatales en virtud del control de los gobernadores de los órganos electorales locales. Se hizo el cambio, el ife se transformó en Instituto Nacional Electoral (ine) y se estableció una relación de responsabilidad entre los órganos electorales locales (ahora llamados oples) y el órgano electoral nacional. De esta forma, se creía, se le quitaba a los gobernadores una de sus políticas de control territorial (controlar al árbitro local).A juzgar por lo acontecido en las elecciones para gobernador en 2017 tanto en el Estado de México como en Coahuila, la reforma ha sido un fracaso estrepitoso.

Siguiendo con Gibson, la otra parte de la lucha territorial se da de abajo hacia arriba. Las agendas de las autocracias locales estarían dadas por minimizar y eludir las presiones democratizadoras nacionales a partir de lo que Gibson denomina “control de límites” (Gibson, 2008: 18). El control de límites estaría dado por la capacidad de las élites políticas locales para evitar la nacionalización de conflictos locales, la construcción de alianzas con actores nacionales y, particularmente, con la sobrerrepresentación de su provincia o territorio en las cámaras de representantes nacionales. Un ejemplo de ello fue el servicio político de la bancada panista de Puebla a los intereses y objetivos del gobierno priísta federal. La alianza tejida entre rmvr y Enrique Peña Nieto (epn) no sólo se observó en los negocios de la obra pública, sino en el apoyo tácito de los diputados panistas federales de Puebla al presupuesto de egresos de 2017 que presentó epn y al que se opusieron todos los panistas, menos los panistas poblanos que votaron con el pri dicha iniciativa.

Pero sobre todo, el “control de límites” es una vieja consigna feudal de política territorial puesta en marcha por la Iglesia católica. Me refiero a la erección de diócesis, espacios territoriales de gobierno para un obispo en el que es imposible a lo largo de los siglos verificar la interferencia de otro obispo en dicho espacio o el que el obispo gobierne su territorio sin sobresalto alguno. El control de límites de su diócesis está garantizado. Es lo que ocurre actualmente con la autonomía de los gobernadores desde el año 2000. Las facultades metaconstitucionales a las que se refería Jorge Carpizo en “El presidencialismo mexicano”, se trasladaron a los gobernadores.

Rafael Moreno Valle Rosas llegó al gobierno de Puebla con la bandera del cambio y la alternancia, pero no tardó en poner en marcha su política de “control de límites”. Desde el primer día ese “control de límites” se puso al servicio de un solo objetivo: construir la candidatura presidencial. Como muchos ex gobernadores y con el ejemplo ya mostrado por Enrique Peña Nieto, Moreno Valle alentó a su grupo a prospectar el gobierno subnacional para auparse a nivel nacional. Lo más sorprendente del objetivo fue el conjunto de medios escogidos para construir el capital político. En lugar de hacer una gestión subnacional diferenciadora, democrática y de la mano de la sociedad, lo que hubiera significado construir una candidatura presidencial con argumentos, optó por una mediación inaudita: “el modelo Díaz Ordaz de gobernar”. El “modelo Díaz Ordaz de gobernar” es la configuración de una “autocracia”, un régimen político cerrado que no admite contestación a las acciones del gobierno.

El gobierno morenovallista se hizo inmediatamente dueño de la vida pública. Aprovechando el bono democrático se hizo con el control de los principales instrumentos institucionales que le permitieron un extraordinario margen de maniobra para impulsar sus proyectos personalísimos. En menos de seis meses, el morenovallismo ya controlaba la Cámara de Diputados y el Poder Judicial, había domesticado a los partidos de oposición, buena parte de la prensa y los medios de comunicación electrónicos estaban sujetos, los órganos autónomos del estado como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Órgano de Transparencia, el árbitro electoral, pasaron a formar parte del ornamento institucional. Las acciones sociales y ciudadanas de contestación fueron enfrentadas con una política sostenida de presos políticos y espionaje, encareciendo significativamente el ejercicio de ciudadanía. En muy poco tiempo quedó demostrado que el pri no se había ido, que como suele ser la política mexicana y su realismo mágico, sus principales convicciones autoritarias de gobernar se implementaron en un gobierno del pan con la ayuda de una parte del prd. ¿Cómo fue eso posible?

2. El vaciamiento de los partidos políticos

A Juan Carlos Monedero, cofundador del partido español podemos, en su visita a la Cátedra Ellacuría en la Ibero Puebla, le ha llamado mucho la atención la facilidad con la que los políticos mexicanos se pasan de un partido a otro, aunque éstos sean aparentemente contrarios ideológicamente. Y a este fenómeno Monedero le ha llamado “la promiscuidad de los políticos mexicanos”.

El triunfo en las urnas del ex priísta Moreno Valle con la alianza pan/prd/Convergencia/panal puso de relieve que las asociaciones de los partidos para enfrentar procesos electorales están puestas esencialmente para ganar posiciones más que para representar y defender un proyecto de gobierno. En este sentido, las alianzas partidistas dieron el primer paso hacia el vaciamiento de la esencia, los programas y la propia historia de los partidos coaligados. Los aliancistas daban un mensaje muy claro a los electores: los partidos se conformaban ahora como plataformas efímeras para ganar, no para gobernar. Los partidos como vehículos de ocasión que sólo prestan sus maquinarias y presupuestos para invertir en una elección que posteriormente les dé beneficios a las cúpulas de esos partidos, pero no para llevar a cabo desde el Gobierno algunos de los postulados que los partidos defendieron en un momento dado.

Desde la gubernatura, Rafael Moreno Valle desnudó a los partidos políticos en su fragilidad democrática y su condición de maquinarias atentas al mejor postor. Desde la gubernatura, rmvr asaltó y se apoderó del pan. Sus 15 años de priísta le fueron funcionales para domesticar al pri y tenerlo como partido colaborador. Se apoderó de una buena parte del prd, debilitándolo como fuerza política y sosteniéndolo junto al panal y Movimiento Ciudadano, como partidos satélites. El morenovallismo se amplió con el control de dos partidos locales: Partido Compromiso por Puebla y el partido Pacto Social de Integración, membretes sólo importantes para los juegos de la partidocracia pero no para defender los intereses de los ciudadanos.

El vaciamiento de los partidos políticos tuvo como principal dimensión apoyar acríticamente al Gobernador, sea desde la Cámara de Diputados o desde la generación de opinión pública. Muchos fueron los momentos y las circunstancias para que los partidos levantaran la voz en el Congreso ante el ejercicio arbitrario del poder o llevaran la voz de la sociedad a la discusión de leyes y proyectos de políticas públicas. Pero en todo momento, el Congreso se erigió, durante las dos legislaturas del morenovallismo, en oficialía de partes. Sea para deshacerse de Juan Carlos Mondragón, presidente del panismo poblano y el primer crítico del autoritarismo que se anunciaba, o para aprobar la “ley bala”, o propiciar la privatización del agua, o quitarle los registros civiles a las juntas auxiliares o controlar los “órganos autónomos del Estado”, o para inhabilitar por 12 años a otro panista antimorenovallista como Eduardo Rivera, ex alcalde de Puebla, el Congreso siempre estuvo solícito para apoyar al Gobernador, sobre todo por parte del pri. Por eso no extraña la derrota estrepitosa de la senadora Blanca Alcalá en las elecciones de 2016 para la minigubernatura, defendiendo la postulación del tricolor. Si el pri había cogobernado y apoyado entusiastamente a rmvr, ¿qué sentido tenía votar por el pri?

El sexenio morenovallista ha sido un ejemplo claro de la irrelevancia de los partidos políticos (a excepción de una parte del prd y la posterior aparición de Morena en el sistema de partidos estatal) para la sociedad. ¿Dónde estuvieron en la política sistemática de violación a los derechos humanos?, ¿qué palabra emitieron ante las decenas de presos políticos que se agolpaban por mes durante el sexenio?, ¿qué intervenciones tuvieron para detener las múltiples expropiaciones para hacer las obras de relumbrón?, ¿qué acciones dirigieron frente al hostigamiento de la prensa crítica y las amenazas y espionaje a la oposición social? El sistema de partidos estatal y su representación en el Congreso estuvieron del lado de los intereses del Gobernador.

Pero mientras rmvr gobernaba Puebla con el “modelo Díaz Ordaz de gobernar”, el Comité Ejecutivo Nacional del pan no se hacía cargo de su gobernador. A pesar de que el Gobernador se decía panista golpeaba con furia al panismo tradicional que le hacía oposición y el cen se mantuvo en silencio. A pesar de que el inegi contabilizó para Puebla en el año 2016, 6 479 casos de quebrantamientos a los derechos humanos en materia de seguridad jurídica y libertad, el partido que fue fundado para enfrentar el abuso de poder, mantuvo mutis hacia su gobernador poblano.

Otra manera de vaciamiento de los partidos es que las dirigencias nacionales y estatales no asumen la responsabilidad por los actos de los políticos que postulan y ganan posiciones de gobierno. No sólo es un grave error de los partidos políticos, sino que es una causa más para su deterioro como institución representativa de la sociedad.

Habrá que recordar que los parlamentos, en los regímenes parlamentarios, y los congresos, en los regímenes presidenciales, fueron creados básicamente para sostener tres funciones: control del ejecutivo, crítica respecto a las políticas y ambiente social del contexto, propuesta legislativa distinta a la del ejecutivo. Nada de esto ocurrió en el morenovallismo. El Congreso en las dos legislaturas del sexenio de rmvr borró cualquier esbozo de oposición al gobierno.

Gianfranco Pasquino establece que el cometido esencial de cualquier oposición en un régimen político es “representar y proteger, individual y colectivamente, a los electores que le han dado su voto; en defender las reglas del juego político-institucional, pero también en reformarlas con el objetivo de mantener abierta la competición política” (Pasquino, 1998:35). Al pri le tocaba hacer oposición y, como dice Pasquino, tenía “el deber de contender con el gobierno demostrando ser un gobierno alternativo” (Pasquino, 1998). Al plegarse al morenovallismo el pri poblano parece haber constatado que, a su juicio, había un gobernador que representaba fielmente los intereses del priísmo y, por tanto, no había ninguna necesidad de hacer oposición.

De esta manera, los poblanos se quedaron sin representación política genuina. Con el Congreso y los partidos políticos capturados por el ejecutivo, la oposición tuvo que ejercerse en otras arenas de la vida social y política. En suma, el vaciamiento de los partidos políticos, vía control político desde el ejecutivo estatal, constataría una vertiente de “enclave autoritario subnacional”.

3. El gobernador como problema democrático

A mediados de 2017 el país observa con cierta expectación el rumbo penal de ciertos ex gobernadores. Ya en 2006 Mario Marín y Ulises Ruiz se erigían como el preludio de lo que se agudizaría en los siguientes años: gobernadores ejerciendo el poder sin contrapesos. La creciente intolerancia social ante el abuso de poder de los gobernadores condujo a una docena de ex gobernadores a la cárcel, a la fuga o a enfrentar procesos judiciales, casi todos ellos por millonarios desvíos de recursos. Javier Duarte de Veracruz, César Duarte de Chihuahua y Roberto Borge de Quinta Roo son quienes encabezan la pira, pero están también los ex gobernadores panistas Guillemo Padrés de Sonora y Luis Reynoso de Aguascalientes.

Los gobernadores se convirtieron en un serio problema para la consolidación de la democracia en México. El grave retroceso que hemos vivido en el sexenio de Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos, corrupción, violencia e impunidad, no puede explicarse sin la intervención directa en estos flagelos por parte de los gobernadores de los estados. La excesiva concentración de poderes en el ejecutivo estatal aunado a la intencionalidad del Gobernador de no tener contrapesos hizo de los territorios subnacionales el reino de los “neo virreinatos”, la erección de nuevos señores feudales con enormes capacidades para usar la ley en su beneficio y violar la ley, también en su beneficio. Un gobierno sin contrapesos es por definición un mal gobierno. Y eso fue lo que ocurrió en el morenovallismo. En su objetivo por alcanzar la candidatura presidencial, Rafael Moreno Valle tuvo que cuidar que su abuso de poder no fuera evaluado en el cambio de sexenio, por lo que se aseguró un Maximato de dos años con buena parte de su gobierno repitiendo en la minigubernatura (2016-2018). Pero meses después de haber dejado la gubernatura rmvr no ha podido detener algunas consecuencias heredadas de su sexenio, como el estallamiento de la violencia criminal en el triángulo rojo con el problema del empoderamiento de “la industria del huachicol”, la creciente ola de feminicidios, la expansión de la inseguridad como nunca antes se había visto en Puebla y el aumento de control social y político por su millonaria campaña de publicidad en todo el país para disputar en el pan la candidatura presidencial.

Germán Martínez Cázarez, ex presidente nacional del pan, escribió en el diario Reforma sobre Moreno Valle:

Pocos panistas representan tan claramente la podredumbre del sistema clientelar y paternalista que el PRI fundó y reprodujo con maestría, donde se obtienen cargos públicos con dinero y artificios, para cebar nuevos rebaños de electores y ordeñarlos en ‘elecciones abiertas’. Moreno Valle sabe que cuenta con otras manadas y jaurías alquiladas de Nueva Alianza, del Partido Verde, de su amigo Osorio Chong; por eso quiere que voten hasta los que hicieron fraude en el Estado de México y Coahuila ¡para decidir la candidatura del PAN! (2 de agosto de 2017).

La mejor evaluación del sexenio morenovallista es el Índice de Desarrollo Democrático. Desde el año 2011 la fundación Konrad Adenauer, la consultora Polilat, la Coparmex y, en los últimos dos años, con la ayuda del ine y El Colegio de México, ha salido a la luz pública el Índice de Desarrollo Democrático de México referente a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Su objetivo ha sido medir el grado de desarrollo democrático de las 32 entidades federativas que conforman el nivel subnacional de México. El Índice se conforma por 29 indicadores que se agrupan en cuatro dimensiones: democracia de los ciudadanos (ocho indicadores); democracia de las instituciones (12 indicadores); democracia social (cuatro indicadores) y democracia económica (cinco indicadores). Hasta la elaboración de este texto, el último informe corresponde al año 2015, publicado en 2016. El cuadro siguiente muestra los resultados del ejercicio 2010 y 2015. El primer Índice publicado en 2011 recoge el ejercicio político subnacional de 2010. Para el caso de Puebla, es el registro del sexenio de Mario Marín Torres con sus 81 años de pri a cuestas. Los datos de 2015 recogen para el caso de Puebla los primeros cuatro años del sexenio morenovallista, el sexenio de la alternancia. Veamos los datos comparados:

Índice de Desarrollo Democrático en México 2015-2010 por entidades federativas

Como puede observarse, en 2010 el sexenio del “gober precioso” dejó a Puebla como el cuarto estado con menor desarrollo democrático, abajo de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Dicho de otra manera, al caer la hegemonía de ocho décadas del pri en Puebla, el estado encabezaba la lista de las entidades con mayor autoritarismo en el país, con problemas serios en derechos humanos, falta de protección a las garantías individuales y un estado de derecho sumamente frágil. La alternancia de gobierno con la llegada de una alianza pan/prd a Puebla hacía suponer avances importantes en aspectos claves del desarrollo democrático. Como lo muestra el Índice, el gobierno de rmvr no pudo ser más decepcionante. Hacia 2015 el sexenio morenovallista estaba más que consolidado y para entonces ya se podía apreciar la marca del gobierno: ejercicio arbitrario del poder. Si Marín dejó a Puebla en el cuarto lugar de los estados más autoritarios del país, Moreno Valle lo dejaba en 2015 en el segundo lugar, sólo abajo de Guerrero, impensable.

El gobierno de la alternancia, según los 29 indicadores del Índice, fue más autoritario que el gobierno de Mario Marín. El segundo estado del país con mayores problemas para la existencia de un estado de derecho. La segunda entidad donde los ciudadanos no tienen la protección de la ley, ni de las instituciones frente al abuso de poder.

Con estos resultados no sólo se confirma el grave retroceso político que hemos experimentado los mexicanos y los poblanos en los últimos años, sino reafirma la necesidad de poner más atención en lo que sucede en la política subnacional. Rafael Moreno Valle Rosas busca ser presidente de la república con un ejercicio de gobierno en Puebla esencialmente autocrático. Peña Nieto gobernó el país como gobernó el Estado de México. ¿Eso es lo que nos espera si eventualmente rmvr llega a ser candidato presidencial y posible triunfador en los comicios presidenciales? ¿Más autoritarismo, represión, espionaje, corrupción, pacto de impunidad entre los partidos, obras públicas con sobre costo? La coyuntura política que vive México aún no permite observar el país democrático que no acaba de nacer, ni tampoco podemos ver el enterramiento del país autoritario que se niega a morir. Como en otros momentos de la historia de México, la respuesta está en la sociedad civil. En esa parte de la sociedad civil que se articula con algunos sectores democratizadores tanto del gobierno como de algunos partidos políticos, de los medios de comunicación, de las iglesias, de las universidades y del sector privado. Ahí hay una coalición social y política que empuja a México hacia un mayor bienestar y democracia. Es nuestro deseo que la ruptura fundante que vivimos termine decantándose hacia el país, el gobierno, la oposición y la sociedad civil que merecemos.

Referencias:

Gibson, Edward L. (2008/8/30). Subnational Authoritarianism and Territorial Politics: Charting the Theoretical Landscape. American Political Science Association. Boston, 38-31. Linz, Juan. (1971). The Transition from Authoritarian Regimes to Democratic Political Systems and the Problems of Consolidation of Political Democracy. Yale University Press. Pasquino, Gianfranco. (1998). La oposición. Madrid: Alianza Editorial. Martínez Cázares, Germán. (02 Ago. 2017). El candidato panista de Peña. Reforma. Disponible en http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=117444

Mundo Nuestro. El lunes 4 de septiembre se presenta en la Ibero Puebla el libro El reto de la política social en México/Combate a la pobreza y equidad de género, de Elena Ayala Galí, con la participación de Francisco Vélez Pliego (ICSyH-BUAP), Marianne H, Marchand (Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política-UDLAP) y Miguel Calderón Celius (Ciencias Políticas y Administración Pública-Ibero Puebla). El evento será moderado por Juan Luis hernández Avendaño (Departamento de Ciencias Sociales-Ibero Puebla).



Lunes 4 de Septiembre, 17 Horas, Lobby de la Biblioteca.

Mundo Nuestro. Las siguientes ligas llevan a la presentación general de cada uno de los proyectos de investigación científica y social que lleva a cabo actualmente la Ibero Puebla. Son parte medular de su proyecto académico diseñado desde la vinculación de la universidad con la realidad de México y el mundo.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN