Ibero Puebla/IV Informe: El sufrimiento en el mundo

Compartir

Mundo Nuestro. Todavía queda reserva moral. Eso escribí en la libreta al escuchar ayer el informe del rector de la Ibero Puebla el sacerdote jesuita Fernando Fernández Font. Desde las primeras frases sus palabras construyen esa certidumbre que hace tiempo ha desaparecido del discurso político en México. Fernando visualiza los retos que vive desde los cimientos de una institución antigua, la Compañía de Jesús. Nuestra historia y cultura encuentran en ella sus raíces. La mía propia. Pienso en ello mientras anoto en frases sueltas la perspectiva en la que el rector observa los horrores del país que rompen toda estima por las palabras fundacionales del discurso democrático. Fernando recurre a la imagen mítica de la semilla y la tierra: violencia y asesinato, corrupción e impunidad, injusticia y opresión, eso es lo que brota en el día a día de nuestra existencia.

“No tener miedo”, “compromiso con la suerte de los pobres”, “reconstruir el tejido social sembrando humanismo”, “mirar el mundo desde la óptica de los excluídos”.

Amor y respeto por los demás, afirman las viejas palabras. Confirmar que todavía queda una reserva moral en nuestro México. Sergio Mastretta



Texto tomado del documento Cuarto Informe/Dr. Fernando Fernández Font.

Como se ha manifestado en momentos preliminares, una de las tareas fundamentales de la Universidad es develar la verdad, ejercicio que pone a la realidad verdadera en la inteligencia universitaria, desde la óptica de los intereses de las grandes mayorías empobrecidas que nada tienen que ocultar ni que perder; una verdad que no se manipula; que no se pinta del color que conviene, que no se pone al servicio de ningún interés particular. La verdad no puede llevarnos a respaldar los intereses de las minorías ni de los poderes fácticos; en ese momento se convertiría en ideología justificadora del estatus quo, alejando cualquier posibilidad de transformación de la realidad en favor de la justicia. Necesitamos una verdad que nos conduzca a un horizonte claro, en el que los marginados sean los protagonistas del quehacer al que nos debemos como sociedad, pues nuestra responsabilidad es con ellos y para ellos. Lo que hace un año ocasionó la efervescencia de diversos movimientos de disidencia políticos y sociales, hoy se mantiene de manera distinta, pues la semilla de la corrupción, de la impunidad y de la intolerancia ha crecido exponencialmente en cada hemisferio de nuestro planeta, acomodando sus terribles efectos nocivos en la sociedad, bajo una ideológica apariencia de “normalidad”. Por ello, mientras dicha esencia no se transforme, las heridas a nuestra humanidad serán cada vez más desgarradoras y difíciles de atajar.

Ante este escenario, la Congregación General 36 de la Compañía de Jesús celebrada en el 2016, nos ha llamado a la reconciliación, aquella que es “siempre obra de la justicia; una justicia discernida y formulada por las comunidades y contextos locales”1.

Bajo esa premisa, los jesuitas hemos logrado divisar tres formas de sufrimiento en el mundo, mismas que serán abordadas desde investigaciones académicas para esbozar rápidamente lo que sucede en el contexto nacional y local de nuestra Comunidad Universitaria.

1



“Los desplazamientos de la población ante actitudes de hostilidad”

La protección a la vida es una tarea fundamental de cualquier Estado de derecho. Sin embargo, hay que considerar que no sólo apremia el contar con un marco normativo para disuadir amenazas que atenten contra la vida, sino que además es de suma relevancia considerar: “el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna”2. Por ello, es imperante mirar y respaldar la lucha de nuestros pueblos milenarios, aquellos que han sido despojados en todo el territorio mexicano de lo más elemental: sus vidas. Los indígenas y defensores de las diversas localidades han hecho lo suyo frente a los proyectos de muerte, tales como el despojo de tierras, la privatización del agua y la extracción de minerales. Ante ello, la presencia del Estado en sus tres niveles de gobierno ha sido fallida o, por el contrario, no se vislumbra en favor de la población. Un actor fundamental que también se ha visto ausente en el acompañamiento a nuestros hermanos indígenas, es la sociedad, nosotros, pues hemos normalizado la violencia y el despojo; hemos asumido que las tierras son de los invasores, de los otros e, incluso, nos hemos convertido en ellos. De ahí que hoy resulte fundamental traer de la memoria lo que nuestros compañeros de lucha en Huayacocotla, Veracruz, afirman: “la tierra no es de nadie… nosotros somos la tierra”.

2

“Las injusticias y desigualdades que viven los pueblos marginados”

México por sus condiciones económicas y geopolíticas, ha sido un país vulnerable a las condiciones internacionales, a las cambiantes y a las estáticas. Razón por la cual, la llegada de gobiernos nacionalistas de corte xenófobo y racista como el de Donald Trump, provocaron mayores retornos de mexicanos a nuestro país y dieron lugar a cambios significativos en el mercado laboral norteamericano y mexicano. En el primero, los empleadores estadounidenses mostraron preferencia en contratar trabajadores legales de origen mexicano, mientras gran parte de la población migrante mexicana que venía acelerando su proceso de ciudadanía, quedó en una situación de impasse. No obstante, las remesas enviadas a México, producto de la recuperación de la industria estadounidense y el temor creciente de los migrantes, lejos de disminuir, aumentaron en un promedio del 7% en el presente año, teniendo flujos anuales récord cercanos a los 25 mil millones de dólares, siendo uno de los rubros más importantes de ingreso de divisas al país. En el caso del mercado laboral mexicano, dada la dependencia de la economía mexicana a la norteamericana, la recuperación coyuntural del crecimiento económico del país ha generado un crecimiento del empleo en el último trimestre de 2017. Sin embargo, la generación de empleo se continúa concentrando en trabajos de baja remuneración, aun cuando los niveles de calificación requeridos son cada vez mayores. De acuerdo al último informe del Observatorio de Salarios3 de nuestra Casa de Estudios, la probabilidad de ser pobre teniendo licenciatura pasó de 12% al 32% entre 2000 y 2016, mientras que los ingresos promedio de contar con un posgrado, cayeron más de 10 mil pesos en términos reales durante el mismo período. Ahora, los pobres tienen mayores niveles educativos, pero la pobreza no ha disminuido, sólo ha cambiado de composición. En la última década, únicamente 2.7 millones de los casi 52 millones de trabajadores en el país, tienen ingresos equivalentes a más de cinco salarios mínimos, lo que expresa la profundización del esquema del mercado laboral mexicano, el cual es cada vez más flexible, pero a su vez, más precarizado. Otro índice es la proporción de personas que no cuentan con un salario digno, adecuado y suficiente como la Constitución lo establece, pues en 15 años pasó del 58 al 64%. En sentido inverso, la productividad de la mano de obra mexicana ha pasado en promedio de 20 a 28 mil pesos reales en los últimos siete años, donde la gran empresa (de más de 1000 empleados) tiene actualmente salarios promedio de 13 mil 500 pesos y productividad por persona de 61 mil pesos. Situación que documenta la falta de ética de la mayor parte de la clase empresarial mexicana. Como señaló el P. David Fernández recientemente, “el tema no es qué más podemos hacer por reducir la pobreza, sino qué debemos dejar de hacer que la sigue acrecentando”.4

En materia de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), planteada por el Gobierno de los Estados Unidos, la posible estandarización de los salarios entre los dos países es uno de los temas que el país del Norte y no del Gobierno, legisladores y partidos políticos mexicanos, estaría poniendo en la mesa de renegociación del TLCAN. Algunos sectores patronales como COPARMEX, sensibles a la nueva coyuntura económica y geopolítica internacional, ha logrado asumir que la reducción del déficit comercial de Estados Unidos, tendría que ir de la mano de la ampliación y fortalecimiento del mercado interno y de la conformación de una nueva clase media cuyos estándares de vida sean alcanzables, como en la mayoría de las economías desarrolladas a la mayor parte de la población. Bajo esa perspectiva, México contaría con la posibilidad de seguir creciendo a la par que asciende la economía norteamericana, pero con mayores grados de autonomía. Asimismo, la liberalización salarial y la finalización del uso del salario mínimo como salario base de la economía, son parte de los nuevos retos del país. Lo es también, la construcción de un mercado interno sólido, de mecanismos eficientes y eficaces de combate a la pobreza y de reducción de la desigualdad. A la vez, es urgente, rediseñar la política industrial de México, cuyas cadenas productivas deben ser reconstituidas de forma inmediata, mientras que la conformación de los clústeres regionales de competitividad deben encaminarse a hacia la generación de conocimiento y tecnología, en lugar de los bajos salarios a los que se han arraigado. El logro de ciertos equilibrios macroeconómicos como la baja inflación, tampoco debiera ser a costa de del bienestar de las personas y de sus hogares. De acuerdo al citado Informe del Observatorio, en los últimos años la brecha en el bienestar social que incluye además del ingreso obtenido, los niveles de salud, educación, seguridad social, condiciones de vivienda y patrimonio del hogar, entre el decil más rico en la distribución (10% más rico) y el más pobre (10% más pobre) aumentó de 4.8 a 5.3 veces. Lo que significa que la mayor desigualdad en la distribución del ingreso, la profundización de la segregación y segmentación urbana, la persistencia en la alta informalidad de la economía y la ejecución de una política social asistencialista no basada en derechos, son factores que indican que crecer no es suficiente, que si la economía no beneficia a los más pobres, no habrá un mayor bienestar del país. Otro aspecto es el de la administración pública, el cual se ha caracterizado por un déficit democrático cada vez más avasallante. Tan solo en este periodo tenemos a cerca de una docena de ex gobernadores que se encuentran en algún reclusorio o enfrentan procesos de extradición o están prófugos de la justicia: pulso democrático que la historia nos indica como verdaderamente alarmante, pues el hurto institucional rebasó cualquier límite corrupto y corruptor mostrando a una nación sumergida en un agudo deterioro de moral pública. ¿Qué significado tiene para una república que se asegura democrática, tener este tipo de escándalos? ¿Qué implicaciones tiene esto para su sociedad? No sólo es el despojo de los recursos financieros, es la necedad de mantener a la mayoría de la población en circunstancias deplorables, para que estos pequeños grupos de poder se conserven intactos. De ahí que estemos confirmando una especie de restauración autoritaria en nuestro país. Como prueba de ello, basta con retomar lo sucedido en pasadas elecciones del Estado de México y Coahuila; elección a modo, de Estado. En las que se utilizan todos los recursos para dañar y entorpecer, no a un candidato, sino la espina dorsal de la democracia: la genuina voluntad ciudadana. Falta ver lo que sucederá en las próximas elecciones presidenciales, si los partidos políticos estarán a la altura de lo que dicen representarán o si se convertirá en un juego de colores para denostarse mutuamente. En ese sentido, la Universidad Iberoamericana Puebla hace un exhorto para que las propuestas de los próximos candidatos estén regidas bajo los valores del bien común, que no se alimenten de la avidez por el poder y vacíen sus contenidos sociales; que no se conviertan en franquicias, sino por el contrario, que sean verdaderamente lo que nuestra constitución señala: la voluntad de ser servidores públicos, en aras del bienestar social. En lo que respecta a nuestra Entidad, el Triángulo Rojo nos ha confirmado que las decisiones estratégicas de seguridad deben tomarse a tiempo y con celeridad y no postergarse ni ocultarse en función de intereses políticos de los supuestos servidores públicos, pues a final de cuentas, es a la ciudadanía a la que se está poniendo en preocupante riesgo. Por ello, aún con las disposiciones recién tomadas para disminuir el robo de combustible, Puebla ya es una Entidad infectada por el Huachicol. Un desafío que debe continuar - se enfrentando con gobernanza, ya que el crimen organizado y la criminalidad común no pueden entenderse sin la connivencia del Estado. En la medida que tengamos un estado de derecho gobernándonos, el crimen no será un problema de mayor envergadura. No se necesitará la fuerza letal del Ejército para realizar las tareas policiales. Tintes de certidumbre dan los nuevos gobiernos estatal y municipal de Puebla, que se caracterizan por la apertura al diálogo y a una colaboración que mira a los intereses de las mayorías. Ejemplo de ello, fue la colaboración entre nuestra institución y el municipio de Puebla, para la formación de cerca de 320 pequeñas empresas en Economía Social y Solidaria, mismas que brindaron empleos a más de 2,500 personas ubicadas en las 10 regiones más convulsas y violentadas de la Capital poblana. Estas acciones confirman que la Universidad está llamada a poner toda su inteligencia al servicio de la sociedad y, si ésta va de la mano de una administración pública, los beneficios se verán reflejados tarde o temprano, no sólo en bien de la Universidad, sino principalmente de la población. En lo que se refiere al tema de la Transparencia y Rendición de Cuentas, este año comenzó a desarrollarse la arquitectura institucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), tanto a nivel federal como estatal. Sin embargo, desde su fase de implementación, éste no ha estado exento de discusiones y polémicas alrededor de algunos perfiles que han sido designados para cumplir labores de responsabilidad en el entramado diseñado para combatir la corrupción. Si bien la Corte dio un espaldarazo a la instancia ciudadana que servirá de canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno para formular los formatos con los que se podrá dar seguimiento al patrimonio y eventuales conflictos de interés de los funcionarios públicos, ciertos procesos de designación han nublado la génesis del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Por un lado, al no respetarse los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad, el mismo Comité de Participación Ciudadana objetó ante el Senado de la República los nombramientos de los 18 magistrados anticorrupción enviados por el Ejecutivo federal, quienes serán los responsables de establecer las sanciones administrativas por faltas graves de servidores públicos y particulares relacionados con casos de corrupción. Si no hay una genuina voluntad para que, desde su concepción, el Sistema Nacional investigue, devele y sancione los casos de corrupción, no podremos vislumbrar un cambio real en la forma de proceder de los servidores públicos, pues el propio sistema habrá nacido muerto. Dado que esta misma secuencia está y seguirá ocurriendo en los estados, resulta de mayor importancia apuntar que en la integración de toda autoridad pública es primordial la legitimidad que aportan los criterios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad, y, por supuesto, el ejemplo que deben dar las instituciones encargadas de esta cuestión en los mismos términos. En Puebla, celebramos que el Congreso del Estado haya escuchado a las Universidades y organismos de la sociedad civil, incluso que el Consorcio Universitario sea partícipe en la elección de quién conformará el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. No obstante, no dejamos de señalar que existen vicios de origen que se advirtieron en su momento y que habrá que asumir hasta que puedan modificarse. Uno de ellos, tiene que ver con la dependencia de la Fiscalía Anticorrupción respecto a la Fiscalía General del Estado, que no es suficientemente autónoma y a la que se le asignó un tramo de poder sin mayor contrapeso. Otro vicio es la facultad del gobernador de designar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por los próximos 15 años con la ratificación de una mayoría simple del Congreso local, no una mayoría calificada. En suma, se puede vislumbrar un posible blindaje ante casos de corrupción, que puede desdibujar la voluntad ciudadana y el sueño de poner los cimientos verdaderos contra la histórica lacra de la corrupción y la impunidad. En el ámbito educativo, las manifestaciones vividas el año pasado han cesado. Bastó la negociación de acuerdos económicos entre el Gobierno Federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para que la “Educación” quedara otra vez al servicio de intereses fácticos y particulares. Es muy doloroso evidenciar que la disidencia se arregle mediante pactos económicos y no con la formulación de soluciones reales que les permitan a nuestros niños y jóvenes mexicanos contar con las mejores herramientas para enfrentar su futuro. En la IBERO Puebla estamos seguros que la debida formación académica, psicológica, física y emocional de nuestra juventud, es la única respuesta ante la convulsión por la que el Estado mexicano ha estado transitando. En nuestro país, gozamos de todos los recursos y las capacidades, contamos con profesores a la altura de los retos y, sobre todo, tenemos a una nación que aclama la necesidad de egresar profesionistas que construyan mejores condiciones de justicia; y, sin embargo, no lo hemos podido lograr.

Otra cuestión que interesa en este rubro, es el desarrollo de un nuevo modelo educativo a cargo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), mismo que no había sido considerado en la Reforma Educativa del 2013. Ante ello, el CIDE dio a conocer la propuesta de un nuevo modelo en el que trata de integrar las reformas educativas del 2009 y del 2011, tanto para la Educación Básica como para la Media Superior. En ello, se pueden vislumbrar un buen número de innovaciones, que van desde la autonomía curricular para las escuelas, a fin de complementar los estudios obligatorios, hasta dar su lugar a las lenguas indígenas, pasando por diversas claves de alfabetización inicial, educación socioemocional, articulación de los niveles académicos y disciplinarios, entre otras. Sin embargo, continua la preocupación respecto al seguimiento que se le dará a la formación de los maestros y de los educandos, las condiciones y apoyos que se les brindará a las escuelas ubicadas en zonas marginadas, el espectro amplio de la educación, o si se seguirá permaneciendo en un plan centralizado y enfocado a lo citadino. En fin, tantas dudas que deben ser resueltas, pues de otra forma la reforma implementada no mejorará realmente la situación educativa de nuestro país.

3

“El fundamentalismo, la intolerancia y los conflictos étnico-religioso-políticos”

Las muertes causadas por una cultura envuelta en concepciones y prácticas que no responden al siglo en que vivimos, nos hablan de una imperante necesidad de reconciliar a la humanidad consigo misma, de tal forma que se vayan disolviendo progresivamente las conductas intransigentes e irrespetuosas que tanto daño han ocasionado a la sociedad en que vivimos. En la actualidad, México es un país misógino y aun - que existen muchos esfuerzos por transitar a escenarios de equidad de género, la realidad no ha cambiado. Tan sólo en Puebla, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y la academia registraron al menos 81 feminicidios al cierre de 2016 y, para lo que va del 2017, se han registrado 20 feminicidios más. En ese contexto resulta sumamente lamentable que el problema no fuera considerado en su magnitud ni se atendiera, de no haber sido, a través de un mecanismo impulsado por la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia. Sin embargo, la solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, no fue decretada pese a las exigencias de la sociedad civil, de las mismas víctimas y de la academia. Lo anterior, sin contar el registro de homicidios dolosos a nivel nacional que, en este sexenio, suman ya 22,9325, mientras que en el contexto local, Puebla ocupó el lugar número trece con 372 homicidios dolosos en el mismo periodo y, el noveno lugar en el delito de secuestro6. Como consecuencia, la Encuesta Nacional de Percepción y Victimización de la Seguridad Pública7, destacó que la inseguridad representó la mayor preocupación de la ciudadanía poblana por encima del desempleo y la salud. En México, alzar la voz o develar información de interés público tiene un precio, que va desde la intromisión a la privacidad, hasta la muerte. Comprobación de dicha aseveración es el asesinato de diez periodistas en el 2017, y el espionaje a informadores, activistas y defensores de Derechos Humanos a nivel local y nacional, como le aconteció al centro jesuita de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, S.J. ¿Cómo un estado se puede decir democrático ante estas prácticas? ¿Cómo puede asegurar que hay libertad cuando se encuentra en el lugar 147 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa? ¿Hasta cuándo develar las estructuras profundas de la realidad, evidenciar la verdad sin cortapisas, dejará de ser un riesgo para quienes tienen la voluntad de cambiar el rumbo de este país? Ante ello, nuestra Casa de Estudios se solidariza con todos aquellos a quienes se les han vulnerado sus derechos de privacidad, intimidad y libertad de expresión y reprueba contundentemente a quienes hacen uso de ellas para silenciar y amenazar el flujo de la verdad. Ante este escenario, es indispensable que el acceso a la justicia no sea una aspiración, sino un ejercicio diario. Necesitamos garantizar la prevención, la investigación, el castigo y la reparación del daño de las violaciones cometidas; se debe evitar la perpetración de los hechos señalados. Por ello, instamos a no tolerar, ni un asesinato más, ni una violación más, en cualquier rincón de la República Mexicana y el mundo. En el ámbito eclesial, destaca la apertura al diálogo que ha mostrado el Papa Francisco; un vuelco a la iglesia católica conservadora, que ha tenido contrapesos importantes y costos muy altos para quienes han ocupado puestos de poder durante muchos años y hoy se les han cuestionado aquellas acciones que no han respondido al Evangelio. Ante esta mirada, fraterna e incluyente, la IBERO Puebla trabaja todos los días para responder acorde a la voluntad de nuestro Padre Bueno. No obstante, hace falta insistir también en la gran deuda de la jerarquía católica ante los casos de pederastia consumados a lo largo de los años. El clero, sin duda, está obligado a hacer justicia y a dar la cara frente a las víctimas, también de algunos sacerdotes. Finalmente, la Comunidad Universitaria de la IBERO Puebla, se congratula por la reciente elección del Padre General de la Compañía de Jesús durante la Congregación General 36 en Roma, el politólogo venezolano Arturo Sosa, S.J. Su llegada marcó un hito en la historia de los jesuitas, ya que es el primer Superior de procedencia latinoamericana. Vale la pena resaltar la búsqueda incesante en la Congregación por reconciliar a la humanidad desde la Fe y la Justicia, discernir profundamente y trabajar en red, en cada una de sus obras tanto sociales como educativas que constituyen nuestro servicio apostólico.

1 Congregación General 36. “Decreto 1. Compañeros en una misión de reconciliación y de justicia”. Roma, enero 2017.

2 Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.

3 Informe del Observatorio de Salarios "Los salarios y la desigualdad en México". Universidad Iberoamericana Puebla. 2016

4 Fernández, David. Discurso durante el 60° Aniversario de la Fundación de la carrera en Administración de Empresas. 6 de julio de 2017.

5 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Información (2016). Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión. Consultado en http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/ victimas/Victimas2016_122016.pdf

6 Ídem.

7 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2015 y 2016.

Compartir

Sobre el autor

Fernando Fernández Font

Jesuita, filósofo, es el actual Rector de la Universidad Ibero Puebla.