Amparos contra la temible pérdida de la privacidad por el padrón de telefonía

Se supone que nuestros datos personales, los que entregamos en un banco o cuando tramitamos una línea de celular, o incluso, nuestros datos del INE, están protegidos por las leyes y por las autoridades encargadas de hacerlas cumplir. Sin embargo, cuántas llamadas telefónicas no deseadas recibimos en nuestros teléfonos. Y no solo de personas que quieren hacer fraudes o extorsiones, simplemente de vendedores de servicios de banca, de telefonía, de seguros, de muchísimas cosas. La realidad es que existe un gigantesco tráfico de datos personales. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, es el órgano autónomo creado en 2013 para regular las redes de telecomunicación y prestación de servicios, entre ellos, el servicio de telefonía celular. 

La semana pasada se aprobó en una apretada votación en el Senado, en el que Morena tiene mayoría, la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que de acuerdo a dicha ley ahora volverá obligatoria la entrega de datos biométricos  a las compañías telefónicas. El custodio de dichos datos será el IFT. En una entrevista el viernes pasado en el programa de Fórmula Financiera, uno de los consejeros del Instituto  señaló que para poder garantizar la seguridad del padrón y evitar el hackeo, tendrían que solicitar a la SHCP por lo menos cien millones de dólares. ¿Se los darán en medio de los enormes recortes al sector público?  ¿Cuántas veces no se han robado listas de usuarios de diferentes instituciones? En particular recuerdo el robo del listado del INE en 2016, en que la lista nominal de 93 millones de personas  apareció en  los servidores de la nube de Amazon. El robo fue descubierto y reportado a las autoridades de seguridad nacional de Estados Unidos por Chris Vickery, investigador de seguridad informática, pero estuvo expuesta y disponible en la nube durante más de una semana. El robo de identidad es uno de los delitos que más crece en nuestro país. Según el IFT, el año pasado se registraron más de 170 mil ataques cibernéticos. Con los nuevos datos que deberemos entregar para seguir teniendo celular, los recursos contra el hackeo serán indispensables o la pérdida de nuestra privacidad estará en altísimo riesgo. Los teléfonos celulares ya no son un gusto, sino artículos de primera necesidad y de trabajo para millones de personas.    

De acuerdo a lo aprobado el martes pasado, usted no solo tendrá que entregar al gobierno y a las empresas de telefonía con la que tenga contratado el servicio su identificación personal; también tendrá que registrar en un nuevo padrón sus huellas digitales, fotografía del rostro e iris y datos detallados del domicilio del usuario que quedarán ligados a la serie de la tarjeta SIM. Sin esos datos su línea será cancelada en 30 días y la multa por no hacerlo será de 89 mil pesos. Hasta el año pasado el INEGI calculaba que existen 126 millones de líneas de teléfonos celulares en el país. La nueva regulación autoriza que los datos estén disponibles para las autoridades de seguridad y procuración de justicia, pero la responsabilidad y el costo de recabar la información se la dejan al prestador de servicios, que los trasladará al usuario. Supuestamente la intención de esta regulación es bajar los delitos que se cometen con las llamadas desde celulares no registrados.  Lo paradójico es que esas llamadas se hacen mayoritariamente desde los penales; bastaría con bloquear el uso de los mismos. Por otro lado, su teléfono puede estar registrado, pero eso no impedirá que se lo roben y que en uno o dos días se cometan una serie de delitos con su equipo. El reporte de robo de celulares a las compañías telefónicas, según datos de la Asociación de Telecomunicaciones, aumentó de 620 mil denuncias en 2018,  a 815 mil en 2019. Contra esos robos no hay datos biométricos que impidan la extorsión.

Circula por las redes sociales un documento que invita a ampararse de manera personal contra estas nuevas disposiciones. Parte del texto dice así : "¿Quién me garantiza a mí y a cualquier ciudadano, considerando los enormes recortes al sector público y el debilitamiento de las instituciones, que mis datos serán vigilados bajo los criterios de las Leyes Federales de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y Sujetos Obligados? Como ciudadano mexicano me niego a aceptar que el Senado realice el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y me acojo al Derecho de Amparo ante la Suprema Corte de Justicia para no proporcionar a desconocidos mis datos personales y biométricos." 

Esperamos que el Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, tenga tiempo y cabeza para acelerar la revisión del montón de amparos que la corte tiene pendientes y que hoy, lunes 19 de abril, ya haya puesto un alto a la iniciativa del Senado de regalarle de manera anticonstitucional dos años más en el cargo de Presidente.