Comisión por omisión, ahora Zaldívar

Estos son los hechos: desde hace casi dos años se encuentran en la Suprema Corte de Justicia 7 acciones de inconstitucionalidad y 14 controversias constitucionales que esperan resolución. Entre los asuntos pendientes de resolver están algunos de los más controvertidos de este gobierno: la militarización de la seguridad pública, la discrecionalidad para ejercer la extinción de dominio, el aumento de delitos que merecen prisión preventiva pues violan derechos a la seguridad, a la libertad de tránsito, al principio de presunción de inocencia. También la ley de la Guardia Nacional presuntamente viola derechos a la privacidad, a la protección de datos personales, entre otros, mientras que la Ley Nacional del Uso de la Fuerza viola más derechos. O bien la ley de la industria eléctrica que convierte a la CFE en monopolio. Todo esto está en espera de resolución.

La facultad para darle entrada y resolver estos asuntos depende que el ministro realice el proyecto y lo presente, y luego depende enteramente del presidente de la Suprema Corte. Por los tiempos inusuales que han pasado, parece obvio que han decidido no resolver sobre muchos asuntos que son claramente inconstitucionales. Y mientras la Corte no resuelva, las leyes son vigentes.

Después de dos años, es evidente que el actuar del presidente de la Corte no obedece a ser “respetuoso de los procesos legislativos”, tampoco obedece a la carga excesiva de trabajo pues ha tenido tiempo para impulsar y cabildear su reforma, ni tampoco es posible tanto rezago de los ministros para realizar sus proyectos. Más bien la tardanza parecería estar relacionada con otro hecho irrefutable: el tiempo pasa inexorablemente y la vigencia de las leyes van creando precedentes y se van afianzando en los hechos. NO DECIDIR es DECIDIR en un sentido: que las reformas mencionadas sean vigentes; ya vendrán otros tiempos para su resolución. Eso nos lleva al más reciente episodio del presidente de la Corte.

El hecho: Zaldívar no se pronunció sobre el atropello que estaba cometiendo la coalición de Morena en el Senado y en el Congreso. Tampoco lo hizo cuando el presidente respaldó y justificó la afrenta constitucional en la mañanera. Sólo cuando “culminó” el proceso legislativo señaló que es un tema que seguramente va a llegar a la Corte y que sus compañeros ministros sabrán qué resolver, pues él se va a excusar. De nuevo, se hace a un lado para, según él, no decidir, seguir siendo “institucional” y jugar dentro de lo legal. Zaldívar sabe que 3 ministros son pro 4T, y que para que se revierta la ley se necesita el voto de 8 de ellos. Y si él se va a excusar, entonces difícilmente se alcanzarán los 8 votos necesarios. Se requeriría que al menos uno de los ministros pro-4T y los 7 otros ministros votaran en contra del artículo 13 transitorio para evitar que se alargue el periodo de Zaldívar. O incluso, si el presidente de la Corte decide meter al congelador la posible acción de inconstitucionalidad, el pleno nombrará a un nuevo presidente el primer día de enero de 2023, y así podrá dejar vigentes leyes presuntamente inconstitucionales por casi dos años más.

Es decir, el ministro presidente Zaldívar nos la volvió a aplicar: Hago como que no decido, lo que implica que sí decido, y si hay que decidir, yo no decido. Pero al hacerlo, está decidiendo, como ha sucedido hasta ahora al dejar en la congeladora decenas de asuntos de primera importancia, cuya sensata y legal resolución echarían para atrás muchas de las políticas claves del gobierno.

Temo decepcionar a quienes aún guardan una lucecita de confianza en la independencia de Zaldívar respecto de López Obrador. Los hechos muestran que ha estado decidiendo, sin aparentemente decidir, en favor de la 4T. Desde el inicio de su presidencia.

Será interesante saber si la Corte abordará en tiempo razonable una acción de inconstitucionalidad que probablemente presentarán legisladores sobre el artículo 13 transitorio de la reforma al Poder Judicial. Si lo hace, la votación estará seguramente decidida en favor del aplazamiento de su periodo hasta 2024. Y al ser así, habremos tenido leyes presuntamente inconstitucionales vigentes todo el sexenio.

Nuevamente, como en el caso de la respuesta a la pandemia en que el gobierno carga con casi 200 mil muertes que pudo haber evitado, estamos ante un pecado cometido por omisión. Un pecado quizás aún mayor, pues significa el colapso de la división de poderes, el rompimiento de un principio básico de nuestra democracia, y la demolición de nuestro estado de derecho.

Enrique Cárdenas Sánchez

Universidad Iberoamericana de Puebla

Puebla contra la Corrupción y la Impunidad

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@ECardenasPuebla