World Justice Project México: Puebla, y por dos años consecutivos, en penúltimo lugar

Semanas atrás (principios de abril, de este atropellado 2021) tuve el proyecto de asesorar una campaña política para Puebla y hube que estudiar. Mi trabajo está relacionado con los temas urbanos y ambientales; no soy experta en los asuntos de la seguridad o en políticas relativas con el estado de derecho, así que me apliqué y para saber más, di con una serie de documentos muy interesantes que sirvieron para nutrir el trabajo contratado y dieron ideas para discutir. Llegué, así con el trabajo del World Justice Project México (WJP), organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el estado de derecho alrededor del mundo (su página: https://worldjusticeproject.mx/); considero que hay datos reveladores para Puebla.

En febrero de 2020, el WJP presentó el documento “Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020”. Se trata de la segunda edición de un estudio que “clasifica a las 32 entidades del país, el Índice presenta puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores, los cuales fueron calculados a partir de los resultados de una encuesta a 25,600 personas, de encuestas a más de 2,600 expertos en todo el país y de datos fiables de terceras fuentes.

Los ocho factores representan manifestaciones clave del Estado de Derecho:

(1) límites al poder gubernamental,

(2) ausencia de corrupción,

(3) gobierno abierto,

(4) derechos fundamentales,

(5) orden y seguridad,

(6) cumplimiento regulatorio,

(7) justicia civil y

(8) justicia penal.

Hacia la fecha en que esto escribo, el WJP publicó su actualización del Índice para 2021 (28 de abril de veinte-veintiuno).

Me interesa poner a consideración de quién lea esto, lo relativo a Puebla, pues creo que resulta de interés pese a no ser, por desgracia, uno de los temas de la agenda pública en los tiempos que corren. Pero antes, hay que mencionar que el WJP define al estado de derecho como “la base para que las comunidades gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo sostenible, un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales.

Durante la última década, el WJP ha realizado encuestas en más de 120 países para medir, desde una perspectiva ciudadana, su grado de adhesión al Estado de Derecho. El Índice de Estado de Derecho del WJP se ha convertido en una herramienta líder en el mundo para identificar las fortalezas y debilidades institucionales de cada país y fomentar la toma de decisiones basada en evidencia”.

Como dije, existe una edición 2018-2019 de la organización, en la que ninguna entidad del país obtuvo un puntaje mayor a 0.50 en una escala de 0 a 1, donde 1 representa mayor adhesión al estado de derecho. Hay que decir que los puntajes de estos ocho factores se desagregan en 42 subfactores, los cuales reflejan las perspectivas y experiencias de más de 25,000 ciudadanos en todo el país y de más de 2,600 especialistas en justicia civil, justicia penal, justicia laboral y salud pública, entrevistados entre abril y agosto de 2019, además de los resultados de una multiplicidad de encuestas y bases de datos sobre estos temas. Interesante y muy completa metodología.

Van los resultados: por segundo año consecutivo, para 2020, Yucatán ocupaba la primera posición en el informe (lo que significaba que era el mejor sitio medido para vivir en el país, respecto al tema del estado de derecho, pero ojo, su índice era de solo 0.46), seguido de Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43). En contraste, Guerrero (0.33), Puebla (0.35) y Quintana Roo (0.35) se encontraban en los últimos lugares de la clasificación.

En Puebla estábamos en el penúltimo sitio.

Pero como decíamos respecto de la comparación en el tiempo, para la edición 2021 “los resultados de esta edición del Índice evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades desde la versión pasada (...) la brecha entre los puntajes de los 32 estados y el puntaje idóneo sigue siendo extensa. Todos los estados del país tienen aún retos importantes para alcanzar un Estado de Derecho robusto”.

Entre la edición de 2018 y la de 2019-2020, los puntajes del índice de estado de derecho en México aumentaron en 15 estados (Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), descendieron en 11 (Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas). Para el estudio más reciente, los estados con los puntajes más altos en este índice son Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44).

Yucatán ha ocupado la primera posición por tres años consecutivos. En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35) y Morelos (0.36).

Indica el WJP que “la justicia penal fue el factor más afectado por la pandemia (…) Los datos sugieren que la falta de medidas oportunas y propicias de justicia abierta y digital tuvo un impacto en los sistemas de justicia penal, al verse limitado el acceso a servicios de justicia por medios remotos y colaborativos, los cuales eran necesarios durante el confinamiento derivado de la contingencia sanitaria. La mayoría de los órganos jurisdiccionales del país se vieron forzados a suspender su funcionamiento, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias. En este contexto, las entidades con sistemas de justicia que ofrecieron menos servicios de justicia por medios digitales durante la pandemia de COVID19, sufrieron las mayores caídas en este factor. Asimismo, por tercer año consecutivo, el mayor desafío del sistema de justicia penal en México es la efectividad en las investigaciones de la policía y el ministerio público. Esto se debe en gran medida a la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian o para los que no se inicia una carpeta de investigación (…) Los datos muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico. A pesar del deterioro de estos contrapesos, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los más efectivos ante el poder ejecutivo estatal por tercera ocasión, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control y las comisiones de derechos humanos estatales".

En conclusión, las cosas en Puebla no van bien ¿En qué tenemos que trabajar? A riesgo de sonar repetitiva, en los ocho factores clave que evidencian el estado de derecho:

• Los límites al poder gubernamental

• La ausencia de corrupción

• Un gobierno abierto

• La salvaguarda de los derechos fundamentales

• El orden y la seguridad

• El cumplimiento del marco regulatorio

• La justicia civil

• La justicia penal

(Foto de portadilla tomada de e-consulta)