El siglo pasado comenzó a popularizarse el término chayote como aquel pago en efectivo o en especie que, de manera no oficial ni pública, políticos y gobernantes dan a periodistas y reporteros para crear notas convenientemente favorables a los intereses de quienes les pagan.
El origen del término se sugiere que viene del Porfiriato cuando el presidente Porfirio Diaz se hacía acompañar, en sus recorridos por el país, por un grupo de periodistas y fotógrafos quienes publicaban en sus medios las declaraciones, acciones y mejores fotografías del presidente a cambio de un discreto pago en efectivo, el cual en una ocasión fue dado a la sombra de un árbol de chayotes para mantener la discreción y alejarse del tumulto que acompañaba al presidente.
El «chayo» desde entonces ha sido visto en el gremio como un estimulante de las peores prácticas de la comunicación y el periodismo, exaltando la imagen, virtudes y acciones de políticos, gobernantes y partidos, o demeritando, descalificando y asediando a los adversarios del contratante, sin embargo, no se había utilizado con tal intensidad como en los últimos tiempos.
Su uso es indiscriminado, genérico y muchas veces erróneo, unas veces malintencionado otras tantas sólo desinformado.
Hoy en la conversación socio-digital «la prensa chayotera» aparece continuamente como un término sumamente reduccionista que pretende definir la relación de la prensa con el poder, relación compleja que ha sido materia de numerosas tesis, ensayos, tratados y libros.
Por supuesto, el financiamiento y los intereses económicos son el principal elemento de la relación prensa y poder, también lo son los excesos y vicios fomentados por años de complicidad entre numerosos periodistas, empresarios de la comunicación y gobernantes deshonestos que vieron en la manipulación de la opinión pública la mejor herramienta para incrementar y perpetuar sus privilegios.
Los medios de comunicación han tenido como principal modelo de negocio, la comercialización de espacios publicitarios, y como tal este es un acto lícito. Los gobiernos en todos los países democráticos, sin duda, han sido los mejores clientes. Los programas sociales y de salud, las actividades culturales, las acciones gubernamentales, etc., necesitan de los medios de comunicación para que la ciudadanía ejerza su derecho a estar informada, Desafortunadamente una simple operación comercial como esta, nunca puede alejarse de la sombre de la sospecha, y ambos, gobierno y medios aún en las mejores y más transparentes intenciones, ya tienen «el chayote» como fantasma de esa relación.
Un sector de la población ha sido presa de la confusión y el sesgo ideológico y parece estar equivocando otra vez al adversario, asumiendo que toda aquella información que circulan los medios de comunicación que no resulta favorable a sus intereses políticos y personales es parte de la «prensa chayotera» descalificando al portador de la noticia y eludiendo el análisis del hecho en cuestión.
En el ideal del ejercicio responsable de un medio de comunicación, este informará a la ciudadanía de las acciones, logros y programas de los gobiernos en beneficio de la población, pero también denunciará y hará visibles aquellas situaciones que perjudican a la misma población, como actos de corrupción, gastos excesivos, malas decisiones o malos resultados.
Las instituciones y organismos de gobierno son para la prensa también fuentes de información. Los mecanismos de transparencia facultan a cualquier persona, incluidas las del gremio periodístico a solicitar información relacionada al ejercicio gubernamental dotándola de un carácter público, y es responsabilidad y obligación de dichas instituciones colaborar y brindar toda esta información.
Ambos supuestos éticos e ideales, son constantemente contrariados, por conveniencias de unos y otros y por tanto es menester de ambas partes asumir su responsabilidad histórica.
El gremio periodístico y de comunicación tiene grandes retos por delante. La precarización, la violencia, el riesgo en el ejercicio de la profesión y la romanización de sus limitados derechos laborales, contrasta con los privilegios y prebendas de empresarios y dueños que someten la línea editorial de sus medios a sus propios intereses y que acordes a los tiempos modernos han renunciado a la labor de explicar y analizar los hechos para privilegiar la opinión y la nota inmediata como único recurso de audiencia.
La crisis mundial derivada del covid-19 y los problemas económicos y sociales de nuestro país, han demostrado que tanto la prensa como los diferentes órdenes de gobierno asuman sus responsabilidades. Las políticas públicas que benefician a la sociedad deben ser explicadas y facilitadas a la ciudadanía para su socialización, sin prejuicios, ni opiniones sesgadas a intereses unilaterales, ahí es donde la prensa tiene su mayor responsabilidad, y por supuesto que en un contexto en donde se ha decidido enfrentar a la corrupción y la impunidad el acto más congruente de los gobiernos debe ser el de facilitar el trabajo de quienes buscan denunciar y visibilizar las prácticas y vicios que van en detrimento del país.
No son castillos en el aire, es el único camino, y este empieza por dejar de descalificar al otro. Las y los de los privilegios de siempre parecen estar recuperando terreno en medio de discusiones, prácticas y descalificaciones innecesarias.
