Las falacias de la derecha académica sobre la LGHCTI / Carlos Figueroa Ibarra

El 11 de abril del presente año tuve la oportunidad de participar virtualmente en el 2º. Foro del Parlamento Abierto para analizar la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovaciones convocado por las Comisiones Unidas de Educación y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. En el momento culminante de la larguísima sesión (tuvo una duración de casi 11 horas) estaban presente de manera virtual aproximadamente 120 académico/as y representantes de sectores privados que tienen participación en proyectos científicos. Ignoro cuántas personas estuvieron en el Palacio Legislativo de manera presencial, aunque asumo que su asistencia debe haber sido también numerosa por la cantidad de intervenciones que hicieron.

A pesar de ser muy cansada la actividad por su duración, me fue sumamente ilustrativa porque pude escuchar de manera directa los argumentos que esgrime el sector conservador del mundo académico mexicano. La iniciativa de ley (LGHCTI) ha tocado intereses y privilegios. Es plausible lo que expresó Dra. Liza Aceves, en una intervención casi al final del evento. La Coordinadora de Apoyo a Becarios e Investigadores del CONACYT dijo que más que una discusión acerca de concepciones distintas de lo que debe ser el papel de ciencias, humanidades, tecnologías e innovación en el desarrollo del país, el debate parecía estar animado por los intereses y privilegios que perturba la referida iniciativa.

Más allá de una sorprendente intervención del eminente biólogo Antonio Lazcano que no se centró en debatir la LGHCTI, sino en atacar personalmente a la Dra. María Elena Álvarez Buylla, directora del CONACYT, podemos agrupar algunas de las objeciones de la derecha académica en los siguientes puntos:

1. La LGHCTI expresa un carácter totalitario: el motivo de tal aseveración radica en que la iniciativa define una Agenda Nacional que tiene por objetivo planificar la investigación, de acuerdo con los ejes programáticos y de articulación que se consideran fundamentales. En ningún lugar se establece la obligación de lo/as investigadores a inscribir en dichos ejes sus temas de investigación ni se subordina a los miembros del SNI a dicha agenda nacional ni a los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES).

2. La LGHCTI tiene un carácter estatalista: de acuerdo con los críticos de la iniciativa, el Estado será la fuerza hegemónica en la toma de decisiones en materia de HCTI porque según el artículo 64 en la gobernanza del nuevo CONAHCYT habrá participación en la Junta de Gobierno de trece secretarías de estado. Se ignora que en el artículo 64 se estipula que con voz y voto habrá seis representantes más de la comunidad académica y de los sectores empresarial y social. Además, se invitará a las sesiones de dicha junta a personas servidoras públicas, académicas, humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras. Por lo demás, el futuro CONAHCYT es una entidad pública y por tanto no es la iniciativa privada la que debe tener la hegemonía.

3. La LGHCTI restringe severamente la participación del sector empresarial: en ninguna parte de la iniciativa se limita el derecho del sector empresarial a participar creando centros de investigación y de educación superior. Lo que la iniciativa elimina es el flujo cuantioso de recursos financieros del CONACYT al sector privado tal como se observó entre 2001-2018 (43,643 millones de pesos). La falacia radica en que se lamentan las restricciones al sector empresarial pero no se dice que lo que se lamenta es el fin del flujo financiero del sector público al privado.

4. La LGHCTI es discriminatoria con respecto a los investigadores que trabajan en instituciones privadas: Esta aseveración surge del hecho de que en la nueva iniciativa se suprime el pago del estímulo económico a lo/as investigadores que trabajan en instituciones privadas. Hay que recordar que el sector privado incumplió su compromiso de financiar la mitad de los recursos que se destinaban para otorgar los estímulos a los investigadores nacionales de las instituciones privadas. El sector público no debe financiar los ingresos o sueldos de los trabajadores de las empresas privadas.

5. La LGHCTI tiene un carácter centralista porque ignora o minusvalúa a las entidades federativas o municipales: esta objeción parece ignorar los artículos 26 y 30 de la iniciativa que otorga autonomía  a las entidades federativas y municipios para realizar una política local, en materia de lineamientos programáticos, presupuestales y planeación así como  faculta a las entidades federativas hacer convenios para proyectos académicos con  la federación, otras entidades  federativas, municipios y regiones.

6: La LGHCTI acaba con la autonomía del CONACYT y de los centros de investigación: la iniciativa concibe al nuevo CONAHCYT como un organismo descentralizado, con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio y normatividad propios. La iniciativa no impone temáticas de investigación a los centros de investigación públicos o privados. El artículo 80 reconoce la autonomía técnica en materia académica y libertad de investigación.

7. La LGHCTI suprime los fideicomisos que demostraron ser útiles para los avances en la investigación: En efecto la iniciativa suprime la legalidad de los 91 fideicomisos los cuales estuvieron llenos de opacidad en sus manejos financieros. Los recursos públicos que manejaban dichos fideicomisos pueden ser manejados de mejor manera sin los mismos.

En resumen, las objeciones a la iniciativa LGHCTI se hacen desde la perspectiva falaz de que expresa una voluntad política totalitaria, estatalista, centralista, violatoria de los derechos humanos e individuales, discriminatoria, heterónoma y hostil a la iniciativa privada. Expresión prístina de esta mendacidad la expresó un participante quien dijo que la iniciativa LGHCTI es heredera de la inquisición, el estalinismo y la revolución cultural maoísta. La diputada de Morena Judith Tanori mencionó en su intervención las tácticas dilatorias que se están realizando para impedir la aprobación de la ley. Y el diputado del PRI Brasil Acosta, anunció que si el Poder Legislativo aprueba la iniciativa, la van a judicializar como hicieron con la ley energética y la ley electoral. He aquí el trayecto que nos espera.