La UAP, entre la Ley y la realidad ( Crónica 25) / Sergio Mastretta

Miércoles 24 de abril de 1991.

–Lo felicito, señor rector ―dice Mariano Piña al cruzar con José Dóger la 7 Oriente, a espaldas de la Casa de la Cultura―, se ha dado un paso histórico, cuente usted para lo que sigue con todo el apoyo del gobierno estatal.

Apenas salen del acto tras el que formalmente se dieron la mano gobierno y universidad.

Y se abrazan los dos políticos con cara de misión cumplida. El gobernador se trepa a su aerodinámica camioneta y el rector se queda en la acera, cada uno en busca de su destino.

Y el inmediato de José Dóger es el de los reporteros.

–En el marco de la nueva ley ―le pregunto―, ¿qué va a pasar con las denuncias sobre malos manejos de los recursos económicos de la universidad?

―La ley no prescribe los delitos ―no duda en responder―, vamos a pedir a las autoridades información sobre el estado de las averiguaciones. Ya lo hemos dicho y ahora lo repito: se tiene que ir al fondo en los resultados, caiga quien caiga.

–En relación a los judiciales federales golpeados por trabajadores de la Prefectura. ¿Se aplicará el mismo criterio? ―media hora antes, Víctor Espíndola había dicho al reportero que la PGR no inculpaba a nadie, ni mucho menos a los trabajadores de la universidad.

No es ese el pensar del rector:

―Por supuesto que puedo decir que ya han sido despedidos cinco personas, incluido entre ellas el mentado “Choris”.

―¿Quiénes son?

―No tengo sus nombres en este momento, pero hoy mismo vamos a boletinar la información.

―¿Está incluido entre los despedidos el prefecto Zárate que según testigos participó en la golpiza a los federales?

―No. De ninguna manera, él no participó, no hay testimonios fehacientes sobre eso.

Y se va tranquilo el rector. Será problema de la PGR el resultado de los hechos del viernes. Ahora va contento, ya tiene ley, y de seguro, los estatutos en la mente.

Antes, a las 10:30 de la mañana, otro hombre igual de sereno vigilaba los movimientos del patio de la Casa de la Cultura. El evento se programó en la Biblioteca Palafoxiana.

―¿Cómo la ve ―me preguntó el mayor Rodríguez Verdín―, usted cree que se presenten problemas?

Y él mismo concluyó que de cualquier forma no pasará de que la ley reclame a gritos su descontento con la ley.

Pero nadie lo hará. Más aún, no se verá entre los presentes a alguno de los personajes conocidos y con ganas de pararse a darle color al tinglado. No sólo las caras han cambiado con un nuevo Consejo Universitario, simplemente no se ven muchos. Y ninguno con la facha natural del estudiante uapachoso.

Los prefectos de la UAP están destacados a la entrada del edificio. Se ha cerrado el paso con la reja interior y sólo uno por uno circulan los invitados. Arriba, en la Biblioteca Palafoxiana, los interesados se sientan como llegan y donde pueden. Los universitarios varones presentes se decidieron por el traje: tal es la jerarquía que el acto les merece. Reconozco uno que otro consejero, en concreto a dos: El científico Cisneros Stayanoski y el biólogo Ismael Ledesma. Faltan, por supuesto, algunos diputados, pero el anuncio de que asistiría el gobernador ha jalado la cargada priista. Al fondo, Mariano Piña, Pepe Dóger y los diputados Cue, Jiménez Alonso y López Huerta. De la oposición, sólo el doctor Guzmán.

Rafael Cañedo se para el cuello con la ley: “Es la mejor del país”, dice.

Alfonso Vélez ocupa una silla en la última hilera, esperará a que los anfitriones le den su lugar a un ladito del presídium. Ciertamente está feliz y muy seguro: “Con la ley se restablece la legalidad, por ejemplo para el caso de las relaciones laborales. Fue una omisión de los diputados en el primer proyecto no haber puesto al artículo 123 como referencia jurídica, pero ahora se acota la bilateralidad, ya no será posible que el sindicato reclame el monopolio de la contratación de los académicos. El propio físico Valerdi, académico, está en contra de la bilateralidad absoluta”.

Y habla de otro logro: el restablecimiento de la paridad en el Consejo Universitario entre estudiantes, académicos y autoridades. Y expone el sentir de quiénes están en la administración dogerista, la idea de que ellos se han plantado en el centro de la política universitaria, como equilibrio: “Los grupos que se han opuesto a la ley en ningún momento se han propuesto una discusión seria. Unos dicen que la ley entrega a la institución a la derecha y el gobierno, los otros, los botellistas, que se la damos a la izquierda, pero ninguno prueba nada ni ofrece argumentos serios...”

Y no puede seguir más allá con su verdad. Lo llaman los anfitriones apenas dos minutos antes de que desfilen por el pasillo el góber y el rector, seguidos ambos por la estela de sus propios gabinetes.

El diputado Jorge Jiménez Alonso está en su elemento cuando releva a Federico López Huerta de la lectura del decreto. En el siglo XVII hubiera sido un monje barroquísimo. Sin embargo, político de nuestras mediocridades, ahora su voz garigolea por los oros de la virgen ante la que uno supone oraba el buen obispo Palafox. Y lee y lee la decisión final, la ley que aprueban gustosos los velecistas, que miran con escepticismo los vázquez valdecistas y por la que se desgarran las vestiduras los cardonas y los malpicas.

Y lee y da tiempo que uno se pregunte si no le espera a la ley el destino de la que de seguro con mayor pompa aprobaron los diputados de 1963. ¿En qué espacio insoldable está el puente entre la legislación y la realidad de la UAP?

FIN DE LA SERIE

AQUÍ PUEDES ENCONTRAR LA SERIE DE CRÓNICAS PUBLICADAS A LA FECHA DE HOY