La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Martín Luther King.
Quiero mencionar en primer lugar que las presentes preguntas les fueron enviadas a otros candidatos a ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desafortunadamente sólo fue contestada por Raymundo Espinoza Hernández), es por ello que las preguntas están en plural y no en singular.
Antes de entrar en materia, como dicen los que saben, déjenme comentarles lo siguiente.
Conocí a Raymundo hace un poco más de diez años, en el fragor de la lucha contra la minería a cielo abierto, contra las hidroeléctricas y en defensa del territorio. Llegó con Andrés Barreda a una asamblea convocada por Tetela Hacia el Futuro, en Tetela de Ocampo. Posteriormente nos seguimos viendo en distintas actividades llevadas a cabo por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA.) Hacía el 2014, junto con un excelente compañero que trabajaba en la Ibero-Puebla, realizamos algunos talleres sobre Derechos Humanos, Leyes del Despojo y Defensa del Territorio en la Universiada Iberoamericana plantel Puebla. Después de tocar puertas y casi mendigar un lugar, logramos finalmente que la muy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (UAP) nos prestara un pequeño y lúgubre espacio para llevar a cabo un seminario durante tres meses, justamente sobre la temática arriba mencionada. Al seminario se invitó y participaron a compañeras y compañeros de distintas organizaciones del estado de Puebla. A algunos compañeros les llamó la atención que Raymundo no cobrara ni un peso por el seminario, igual actitud tuvo en los talleres realizados en la Ibero, lo que habla de su compromiso social con las organizaciones y comunidades.
Fue más o menos en ese año y previa plática con Raymundo, que les propuse en una de las clásicas asambleas de los martes a los compañeros de la Asamblea Social del Agua que Raymundo a nombre de la ANAA, se podía hacer cargo de la defensa legal en contra de la privatización del agua en la ciudad de Puebla y municipios conurbados, sin cobrar su asesoría legal. Mi propuesta cayó en oídos sordos. Muy probablemente de haberse aceptado el apoyo, en esos momentos, la historia y lucha contra la privatización del agua, sería otra. Volví a ver a Raymundo en el marco de la defensa del territorio y contra la empresa TransCanada en San Pablito Pahuatlán, Pahuatlán, Pue. El se3xenio pasado, le perdí la pista, sólo supe que estaba en el ex Conacyt y actualmente en esta puja por ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dicho lo anterior, ahora si va la entrevista.
1 ¿Qué han hecho para echar abajo las leyes del despojo, producto de la contrarreforma salinista al artículo 27 constitucional, tales como la Ley de Aguas Nacionales, Ley Minera, Ley Agraria o Ley de Inversión Extranjera?
He sostenido una denuncia constante contra los efectos de estas leyes, litigando sus consecuencias y defendiendo el sentido original del artículo 27 constitucional, pervertido en favor del despojo promovido durante el neoliberalismo. Participé como asesor jurídico en la denuncia contra el Estado mexicano en la “Sesión México” ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sentenció al gobierno por violaciones sistemáticas de derechos humanos vinculadas al modelo extractivista impuesto desde las reformas neoliberales.
- 2. ¿Qué han hecho para defender los territorios, el agua, los bosques y bienes comunes de los pueblos indígenas de nuestro país y estado, y para hacer cumplir de forma irrestricta los artículos 6, 13 y 15 del Convenio 169 de la OIT?
Durante más de una década he acompañado jurídicamente la defensa de territorios indígenas y campesinos en distintas comunidades. Desde la academia, he impulsado una enseñanza crítica del derecho que prioriza los derechos de los pueblos originarios, visibiliza los Acuerdos de San Andrés y promueve el uso estratégico del Convenio 169 como herramienta de defensa y emancipación.
- ¿Alguno de ustedes ha interpuesto sus buenos oficios para el cumplimiento cabal del Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal sobre Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental?
Sí. Como asesor de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, acompañé a comunidades afectadas por contaminación y despojo ambiental, promoviendo acciones en contra de las violaciones del derecho a la salud y el medio ambiente. Paralelamente, desde la docencia, he promovido una formación jurídica crítica que articule estos la vinculación de las afectaciones en materia ambiental con las afectaciones a la salud.
- ¿Qué han hecho para que se cumpla cabalmente la Recomendación 10/17 de la CNDH sobre la grave contaminación del río Atoyac?
He acompañado procesos organizativos y legales de comunidades afectadas por la contaminación del río Atoyac y de otros afluentes en condiciones similares. Como asesor jurídico, trabajé en denunciar las omisiones estatales ante la contaminación privada, la exigencia de cumplimiento de recomendaciones y la garantía del derecho a un ambiente sano.
- ¿Cuál ha sido su postura y actuar frente a la grave crisis de desapariciones forzadas en México? ¿Han acompañado a madres buscadoras?
He denunciado de forma sostenida la represión y la desaparición forzada como políticas sistemáticas del Estado mexicano durante neoliberalismo. En el marco de la Sesión México del Tribunal Permanente de los Pueblos, contribuí como asesor jurídico en la documentación de estos crímenes de Estado, evidenciando su vínculo con la criminalización de movimientos sociales y la omisión institucional frente a sus efectos.
- ¿Qué han hecho para que se respeten los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, así como los derechos civiles y políticos?
He centrado mi trabajo en la defensa de los derechos colectivos, especialmente los DESCA, a través del acompañamiento a comunidades en resistencia y desde la formación de profesionales comprometidos con una práctica crítica del derecho. Como Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conahcyt, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsé el derecho humano a la ciencia, reconocido en la Constitución y garantizado por la primera Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e innovación, entendiendo su potencial habilitador de otros derechos colectivos, civiles y políticos.
Previo a este proceso electoral, tuve el honor de ser nombrado Encargado del Despacho de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta visitaduría se encarga de la protección y promoción de los DESCA, incluyendo los derechos laborales y de seguridad social.
- ¿Consideran que realmente se respeta el tercer párrafo del artículo primero constitucional y que vivimos en un Estado de Derecho?
El Estado de Derecho es un mínimo democrático en sistemas políticos que se pretendan democráticos. Éste ha sido erosionado por décadas de neoliberalismo que debilitaron las capacidades estatales y desplazaron el interés público en favor de intereses privados. Bajo este contexto, la desviación de poder se volvió norma. Hoy se avanza en la recuperación del sentido público de lo jurídico, pero aún persisten estructuras erigidas durante el neoliberalismo que deben ser transformadas desde sus raíces. En un Estado Social de Derecho, la justicia legal sólo tiene sentido si al mismo tiempo es justicia social.
- ¿Qué han hecho y qué harían para hacer efectivos los párrafos tercero, cuarto, sexto, octavo y noveno del artículo cuarto constitucional?
He acompañado la defensa del derecho a la alimentación, a la salud, al ambiente sano y a la cultura desde el litigio participativo y la cultura jurídica popular. Impulsé acciones contra la siembra de transgénicos. Asimismo, he promovido la defensa de la soberanía alimentaria y participé en la defensa de ríos y territorios contaminados. En la academia, he participado en diferentes conferencias y artículos que resaltan la importancia de los diferentes derechos culturales, económicos, sociales y culturales.
En lo personal, me hubiese gustado que los otros candidatos hubiesen contestado el cuestionario y así, ustedes amables lectores, tener un mejor juicio para la elección del próximo domingo y votar con conocimiento de quienes son y que han hecho, las y los candidatos a la SCJN.
PD.
El gobierno progresista del ¡No!
Derogación de la neoliberal Ley del ISSSTE del 2007, ¡NO!
Estatización del negocio bancario llamado Afores ¡NO!
Cancelación del pago del Fobaproa ¡NO!
Reforma Fiscal que grave la riqueza ¡NO!
Suspensión y auditoría de la deuda ¡NO!
Nueva Ley General de Aguas que sustituya a la ¡NIET!
Neoliberal y Salinista Ley de Aguas Nacionales.
(Hasta ahora)
Controlar la voracidad de los bancos en sus cobros ¡NIET!
de comisiones y tasas activas y pasivas de interés.
