Por un rediseño institucional integral del Poder Judicial

“La justicia es igual a las serpientes, solo muerden a los que están descalzos” (Óscar Arnulfo Romero Galdámez. Sacerdote y Defensor de los Derechos Humanos de El Salvador).

 Dicho en palabras llanas, quien tiene para pagar, tendrá de su lado a la justicia. En los peores escenarios, muchas son las personas inocentes en México que pagan largas condenas, y muchos más encarcelados por años sin tener una sentencia.

La modalidad es el tráfico de influencias, la presencia de delincuentes de cuello blanco, el uso del fuero constitucional y el poder público de servidores para cometer atropellos y agravios, poniendo por delante el dinero, la corrupción y la impunidad.  En los últimos años se ha introducido otro factor en el sistema de justicia, se trata de la  presencia del crimen organizado; situación que ha llevado a una percepción de descomposición y a una crisis de confianza en las instituciones tanto a nivel federal como estatal.

Cuando se habla del poder judicial, llega a la mente, todo pensamiento, menos confianza y honestidad. El sistema de justicia constitucional que incluye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, debieran jugar un papel fundamental en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero lamentablemente no siempre ha sido así, se han puesto al servicio de la clase poderosa, otorgándoles amparos y liberando a delincuentes.

Ante la descomposición del sistema del Poder Judicial y nepotismo con dinastías completas, se echó a andar todo un andamiaje para aprobar la controvertida reforma al poder judicial que contempla la elección de los impartidores de justicia por el voto popular, la reducción del periodo de ministros de la SCJN, la reducción de su sueldo y la eliminación de su pensión vitalicia.

Preocupa en buena parte de la sociedad el no tener claridad en lo que viene después del 1 de junio de 2025 en la renovación del Poder Judicial de la Federación, el hecho de cambiar a los impartidores de justicia, no significa que cambiará el sistema.

La elección considera 881 cargos, entre ellos: 9 ministros y ministras de la SCJN, 2 magistraturas de la Sala Superior del TRIFE, 15 magistraturas de las Salas Regionales del TRIFE, 5 magistraturas de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito, y 386 jueces de distrito.  ¿Será que los ciudadanos comunes saben de las funciones de estos cargos? ¿A cuántos y a que candidatos y candidatas conoce? ¿Saben de su perfil, de su experiencia, de su honorabilidad? Seguramente no.  El voto popular es un acto de justicia social, pero el pueblo no está preparado para tomar una decisión de esa naturaleza, más bien debiera quedar en manos de expertos.

Algunos aspirantes están siendo apoyados en su promoción desde el régimen actual, lo cual presume un posible sometimiento de la impartición de justicia. En diversas ciudades del país se habla de operadores a fines a Morena que  reparten acordeones con los nombres y numero de las y los candidatos del oficialismo, situación que pone en desventaja al resto de aspirantes que tan solo se promueven en las redes sociales.

En las listas de aspirantes hay de todo, hasta con vínculos criminales. La renovación de los impartidores de justicia es necesaria pero el proceso debió quedar en manos de expertos con carrera judicial para revisar perfiles, experiencia, y  evaluar a los aspirantes en público, a puerta abierta ante los medios, con exámenes orales y escritos,  con la presentación y resolución de casos; sin embargo, le han dado jugada al pueblo bueno y sabio para que elija a desconocidos.  Si los resultados no son los esperados, será fácil volteársela al pueblo. La razón y la lógica del pueblo, nunca podrá estar por arriba de la justicia que se sustenta con elementos jurídicos.

El proceso para poder emitir el voto es complicado para un ciudadano común, la vox populi dice que todo está planchado para que quede quien tenga que quedar.  El INE de Guadalupe Tadei, propuesta por López Obrador, será quien realice el cómputo a puerta cerrada; es decir, no serán los ciudadanos funcionarios de casilla quienes lo realicen. Los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), ciudadanos contratados temporalmente por el INE, están sufriendo por no reunir al total de sus funcionarios de casilla; esto, ante el descontento, la indiferencia y la falta de interés del ciudadano por participar en el proceso.

Es importante recordar cómo consiguió MORENA la aprobación de la reforma al Poder Judicial por mayoría calificada, con el voto útil del panista Miguel Ángel Yunes Márquez; esto, a cambio de la cancelación de la orden de captura en su contra dictada por un juez de Veracruz, que él mismo había ordenado en contra del político por los delitos de falsificación de documentos y fraude procesal.  Desde esa óptica, el proceso es fraudulento, afirmando que el fin justifica los medios por perversos que sean.  Aunque el discurso oficial dice “No es llegar al poder por llegar, no es la ambición personal lo que debe guiarnos, sino el bienestar del pueblo”; por supuesto que, la demagogia es tan elegante que lisonjea al que no lee, ni se informa, y que solo termina aplaudiendo.

La reforma debiera considerar la independencia del Poder Judicial para garantizar la imparcialidad y la efectividad de la administración de justicia. Su autonomía tanto a nivel federal como estatal, es fundamental para proteger la integridad del sistema, desafortunadamente el Poder Ejecutivo en turno siempre ha metido la mano para conseguir sus objetivos,  lo mismo lo hacen grupos de poder con intereses.  La reforma no establece el mecanismo de independencia, de cómo se atenderán los miles de casos legales no resueltos, ni menciona los mecanismos para erradicar la corrupción e impunidad en el Poder Judicial.

Para fortalecer el sistema de justicia en México, se requiere una reforma integral que aborde los problemas de corrupción, impunidad, la falta de recursos, la subordinación política en la impartición de justicia,  y la influencia de organizaciones criminales que compromete la imparcialidad y la efectividad del sistema. Nada de eso aborda la reforma en lo general; con solo renovar a los impartidores de justicia, el sistema seguirá igual.

Es fundamental un rediseño institucional integral que dé certeza y confianza a la ciudadanía, que fortalezca y garantice la independencia al Poder Judicial para lograr el ejercicio pleno de la impartición de justicia, y se garantice el Estado de Derecho.

IMAGEN DE PORTADA DE NEXOS.