Las elecciones del del Poder Judicial, ¿entre el éxito y el fracaso? / Gerardo Pérez Muñoz

La ley solo existe para los pobres; los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero. Marqués de Sade

Bien dice el dicho popular que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague y el pasado domingo se cumplió dicho plazo para la elección de integrantes del poder judicial, entre declaraciones de unos, que fue todo un éxito y de los otros, de que fue un rotundo fracaso; esto depende desde qué ángulo e ideología se mire, pues no había precedentes de una votación igual. Fue un proceso con muchos trompicones y errores y que dio inicio en septiembre del año pasado cuando con el voto del ¿ex? panista Miguel Ángel Yunes Márquez, otrora vilipendiado y odiado por los obradoristas, Morena obtuvo el voto necesario y decisivo para llevar adelante la reforma al poder judicial. Atrás quedaron la ética política y la defensa de los principios supuestamente impolutos de los morenistas y triunfó el vulgar pragmatismo político. No podemos olvidar que lo que lleva a este proceso de renovación del Poder Judicial fue el gran nepotismo y la corrupción, anudado durante décadas, en el otrora castillo de la pureza, conocido como poder judicial y su cúspide dorada, la SCJN.

A partir de ese momento todo se aceleró. Instalación de comités de selección que fueron electos por cada uno de los tres poderes de la unión. Comités por cierto, que dejaron mucho que desear como se vio, gracias a la labor de la organización Defensor@s, que demostró que se les colaron no pocos candidatos con nexos con el crimen organizado o el narcotráfico. Tal parece que los comités no observaron el artículo 95 fracción IV de la Constitución. Considero que fue una verdadera burla a los ciudadanos lo que hizo el comité del poder judicial que dejó tirado y botado el trabajo. Mientras el Instituto Nacional Electoral se partía la cabeza para elaborar una nueva cartografía electoral y la elaboración de una boleta electoral totalmente distinta a los procesos electorales convencionales; mientras recibían un alud de amparos para suspender la reforma, muchos de ellos, interpuestos por juezas y jueces; acción que fue acompañada por la movilización de trabajadores del P.J. Bajo esta situación y por falta de recursos, el INE acordó sólo instalar el 50% de la casillas que se ponen en los procesos electorales normales. En estas prisas por sacar la reforma a como diera lugar, a los diputados se les fue un pequeño gran detalle: se les pasó haber aprobado la derogación del párrafo sexto del artículo 97 de la constitución que tiene que ver cómo se elige a el o la presidenta de la SCJN, cuestión que hicieron recientemente. Bien dicen los mayores que las prisas no son buenas. En este proceso de selección de candidatos y candaditas, también metieron las manos y hasta el brazo, las y los gobernadores de los estados, particularmente para la elección de magistrados y jueces y juezas.

¿Quiénes hicieron la tarea?

Durante este proceso, organizaciones como Defensor@s, periodistas como Viridiana Ríos o el Observatorio Universitario de la Ibero CDMX para el Proceso de Elección del poder judicial, se dieron a la tarea de realizar un análisis lo más riguroso que les fue posible y con las herramientas que tuvieron a la mano, de los candidatos a los distintos cargos en el P.J. En el caso de Viri Ríos, sus columnas en el periódico Milenio fueron un referente importante para orientarse y conocer quiénes eran los candidatos, como también fueron importantes las denuncias de la organización Defensor@s que prendieron las alarmas sobre candidatos ligados al crimen organizado, al narco o que eran deudores alimentarios. En sus prisas, a los comités de selección se les pasó observar lo que señala el artículo # 95 de la constitución de la república, como lo es tener una buena reputación y se les colaron muchos impresentables. Ningún partido de los que ahora se quejan amargamente, llámese PRI, PAN y también MORENA, PVEM o PT impulsaron observatorios del proceso electoral con sus militantes o simpatizantes, a pesar de la gran cantidad de dinero que reciben bajo el rubro para educación política. Tampoco se vio interés en las Facultades y Escuelas de Derecho que hay en el Estado de Puebla para impulsar dichos observatorios, ensimismados en su concepción conservadora y legalista del derecho. Es de notar qué en Puebla este trabajo de análisis de quienes eran los candidatos, lo realizó un grupo muy pequeño de compañeras que se dieron a la tarea con sus propios medios y recursos, a hacer un barrido de dichos candidatos. Cabe mencionar que el INE les impuso muchas restricciones a los candidatos para llevar a cabo sus campañas, lo que incidió en su poco conocimiento entre la ciudadanía, a diferencia de lo que sucede con los candidatos de los partidarios a distintos puestos de elección popular. Se les impuso una suerte de legislación de excepción, sin considerar que el P.J. es también un poder del Estado-Nación.    

El Observatorio de la Ibero de la CDMX en su primer Informe mencionó que el 58.7% de los candidatos a la SCJN no contaban con carrera judicial y el 41,3% de las candidaturas cuenta con una carrera judicial, y lo más preocupante, 70% de las y los candidatos, carecen de especialización en temas como son pueblos indígenas, medio ambiente desaparición forzada o personas con discapacitada.

El informe también dice que hubo 10 candidatos vinculados a Morena, seguido por el PRI con 8, el PRD con 3, y el PAN y Movimiento con 2 cada uno, lo que echa por tierra la versión de que sólo había candidatos de Morena.

Hasta donde le di seguimiento a las campañas, ninguno de los candidatos, en especial los que estaban en la puja por ser integrantes de la SCJN, se refirió expresamente a concretar y llevar el artículo # 30 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que a la letra dice El Poder Judicial de la Federación contará con juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental. Esta demanda no estuvo entre las prioridades de las y los candidatos.

Los resultados de las elecciones del 1ro. de junio y su contaste.

En primer lugar, permítaseme hacer un comparativo electoral. Veamos.

En las elecciones del 2021 que una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, votó sólo el 7.1% de los electores (INE), votaron sólo 6.6 millones de ciudadanos.

En el 2022, en la elección para la revocación de mandato, participaron el 17% de los votantes, que fueron 16 millones 502 mil 636. Se requería que hubiesen votado el 40% del padrón electoral para que pudiese haber sido una elección vinculante, de acuerdo a artículo 35.

Para el 2024, en las elecciones para la presidencia de la República, votó el 60% de los electores. La Dra. Claudia Sheinbaum ganó con 35.92 millones de votos a su favor.

Par estas elecciones del pasado domingo primero de junio, votaron solamente, cerca de 13 millones de mexicanos, de un padrón compuesto de 100 millones, esto es, casi un poco más de 12.5% de los electores. Lo que no se podemos soslayar, son los votos nulos que arroja esta elección. De acuerdo a la página del INE (Cómputos DJ 2025) nos señala que los votos nulos fueron del orden de un poco más de 10 millones de votos (10.8%), casi igual a la votación total. ¿Elección legal pero no legítima a la vista de los resultados? El INE le está dando una clara ventaja al abogado mixteco, Hugo Aguilar Ortiz, que de seguir dicha tendencia y contra todo pronóstico y a pesar de la inducción y coacción del votos y acordeones de por medio, sería el próximo presidente de la SCJN. Que un indígena llegue a presidir la SCJN, será una verdadera afrenta a la aristocrática, racista y clasista y añeja institución. A lo largo del siglo XX y XXI, no ha habido, hasta donde conozco, que un indígena haya llegado a presidir la Corte. Estoy convencido que no basta con tener a un indígena al frente de uno de los poderes del Estado para que mágicamente se resuelvan los graves, históricos, sistemáticos y estructurales problemáticas de los pueblos y comunidades indígenas, mucho menos, emanados de un gobierno que ha puesto en marcha el neo indigenismo marca 4T. Problemáticas como son el ataque y despojo y de su territorio, de su agua, de sus bosques, su patrimonio cultural, material e inmaterial y a la vida e integridad de sus habitantes que defienden su patrimonio. No podemos desconocer que han sido los pueblos indígenas los que más han sufrido la represión y el asesinato de sus miembros en defensa de sus bienes comunes, crímenes que siguen impunes. Conociendo la perversidad del poder, un indígena al frente de la SCJN, puede servir incluso, para legitimar un gobierno y el sistema político, como el que tenemos, tanto en lo interno, como en lo externo, de cara al mundo, por lo que hay que estar muy atentos.  Veremos como reacciona tanto él, como los demás integrantes de la Suprema Corte, ante el reclamo de los pueblos sobre lo señalado en los artículos 4to, 6to, 13vo y 15vo del Convenio 169 de la O.I.T. y su estricto respeto en nuestro país.

De cara a las elecciones que se darán en Puebla para renovar la otra mitad del poder judicial en el 2027, es importante no bajar las manos y tener bajo la lupa a las y los jueces y sobre todo, seguir exigiendo que se hagan una limpia similar en las Fiscalías, ministerios públicos, policías estatales y municipales.

La lucha por la procuración, administración e impartición de justicia en nuestro país y estado no terminó el pasado domingo; quizá, apenas inicia.       

Estos resultados del pasado domingo, aunque parezcan que nada tienen que ver entre sí, tienen que analizarse en relación al importante retroceso que tuvo Morena en los estados de Durango y Veracruz y la enorme soberbia y sectarismo de sus dirigentes reales y formales y sus representantes populares de los tres niveles de gobierno. Quizá esta sea una importante llamada de atención frente al proceso electoral que habrá en el 2027.  

PD.

Bien dice la CNTE que, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Lo que no se les puede regatear a las y los maestros de la CNTE es que lograron que la presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum, se definiera claramente entre la defensa de los derechos de las y los trabajadores o la defensa de las Afores y  la permanencia de la neoliberal Ley del ISSSTE del 2007; desgraciadamente, la presidente optó por la segunda opción, por la defensa del capital financiero.  Así las cosas en nuestra república amorosa.

¡Por el bien de todos, primero los bancos!