No puede dejar de llamar la atención: por más de seis millones de votos Hugo Aguilar Ortiz va a dirigir la Suprema Corte de Justicia de México, un abogado de trayectoria social que plantea presidir con la vestimenta tradicional de su comunidad mixteca. Este resultado cristaliza la larga y soterrada lucha del México originario en la arena política. Para la derecha, simplemente es un error. Para la izquierda reaccionaria y conservadora, el fenómeno ni siquiera aparece en su horizonte explicativo.

México: La relación de sus pueblos con el Estado

¿Inexplicable resultado?

Debe parecer de “generación espontánea” que una persona formada en la lucha de pueblos originarios vaya a presidir la corte. Pero no es espontáneo, por el contrario, es histórico devenir si atendemos la ininterrumpida lucha de los pueblos durante el periodo neoliberal, por ejemplo, en la intensa actividad del zapatismo chiapaneco desde su levantamiento en 1994, y hacía atrás, la actividad desde los 70’s del Consejo Nacional Indígena y aun antes, las Comunidades Eclesiales de Base y, en resumen, 500 años de resistencia activa. Visto así, lo sorprendente no es la llegada de Hugo Aguilar, sino que haya tardado tanto. Y hubiéramos esperado eternamente de no ser por el Plan C de la reforma al poder judicial. Por lo anterior, es comprensible que en un momento de apertura democrática de una estructura, antes, al servicio del presidencialismo, irrumpa el voto comunitario.

El periodista Genaro Villamil (entrevista del 22 de junio en su programa Versiones Públicas) rastrea el origen del compromiso de Hugo Aguilar hacía 1990 en el contexto de la forma por parte de México del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde se establece entre otras cosas que las comunidades deben ser consultadas “para cualquier tipo de proyecto que impacte sus vidas”. Mención aparte merece la columna de Federico Anaya intitulada Hugo entre los zapotecos del 23 de junio, donde se retrata a un Hugo Aguilar jovensísimo involucrado en la defensa de luchadores sociales oaxaqueños).

De la OIT a AMLO

En efecto, señala Hugo Aguilar en reciente entrevista con Villamil, que fue una lucha legal lograr que el indígena dejase de ser tratado paternalmente, evitar su inducción a una suerte de amable eutanasia contra su subjetividad bajo el peso de la modernidad homogenizante. Se venía del convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, convenio a juicio del abogado, integracionista el cual operaba una “aculturación civilizada”. Posteriormente el convenio 169 planteó y plantea que la diversidad cultural es central. Signado por México, entró en vigor en 1991. Sin embargo, aunque firmado, fue letra muerta, el periodo neoliberal ignoró este acuerdo. Pero al mismo tiempo, y eso es una realidad innegable, ese periodo fue también de resistencia, y muchas luchas la dieron vida al convenio como denuncia.

Villamil en diálogo con el ministro observa que prácticamente durante cuarenta años México hizo caso omiso del convenio 169 de la OIT. No hace falta abundar en esto, es tristemente fácil seguir el rastro del despojo a las comunidades, la brutalidad contra ellas. En tal contexto se destilaron subjetividades como las de Hugo Aguilar, es decir, en lucha, resistencia e insistencia por la validez del 169. Encargado del INPI junto con prominentes abogados con vocación social designados por Andrés Manuel en su periodo, Hugo Aguilar señala con conocimiento de causa que el uso activo de la consulta como derecho político por parte de las comunidades de 1991 al 2018 no rebasó las 100 consultas aproximadamente. Pero durante el gobierno de AMLO «del 2018 al 2024 se podrían contabilizar aproximadamente 900 sesiones de consulta».

No olvidemos que Andrés Manuel cerró su mandato con el decreto del 30 septiembre 2024 que reformó el artículo segundo de la constitución. Para el ministro Aguilar, con este decreto, los tres poderes y los tres niveles de gobierno quedan atravesados por esta reforma que dignifica a los pueblos originarios «porque todos están obligados a respetar la pluriculturalidad y la existencia como sujeto público de derecho de los pueblos». Según Agilar, «se están modificando los ejes vertebrales de la república» cuyos poderes tenían realmente en poca estima y en ninguna centralidad, su relación con los pueblos y las comunidades indígenas.

La recuperación del espíritu social de la constitución

Hugo Aguilar considera que “La constitución desde los últimos años viene recuperando su espíritu social”. Observa que hay un contexto de reformas: el reconocimiento del derecho constitucional a la pensión a los adultos, apoyo a las mujeres, a los estudiantes, la protección de la semilla criolla, el fortalecimiento de la soberanía, recuperación de empresas del Estado, todo esto, habla de un cambio de espíritu jurídico y político.  

El voto, la justicia… y los salarios

El argumento de que hay sectores que no deben votar ha quedado obsoleto desde del sufragio femenino. La llegada al poder de mujeres capaces también derribó el corolario de que, quien no debe votar además tampoco puede dirigir. El voto indígena se ha impuesto. Sobre todo, Hugo Aguilar se debe a sus votantes al igual que todos los nuevos jueces, ministros, juzgadores porque este proceso se blindó contra la perniciosa corrupción de gastos insultantes en publicidad. Esa maquinaria de ominosa corrupción entre publicista, políticos y sus patrocinadores ocultos. Los resultados de las recientes votaciones han dinamitado el racismo, el clasismo. Hugo Aguilar objetiva el movimiento de la historia en el sentido de la justicia social a los pueblos originarios. Por cierto, serán tres mujeres, dos de fortísimo carácter de izquierda, de trayectoria de lucha, quienes dirijan la corte después del presidente indígena.

Lo primero que se ha comprometido a revisar Hugo Aguilar Ortiz son los salarios grotescos y ofensivos de los Ministros y Ministras. Adecuarse a la ley que ningún funcionario debe aganar más que el presidente de la república. La derecha por supuesto, llama a la falta de respeto, a invalidar desde la misma estructura judicial a los nuevos ministros y juzgadores. A menospreciarlos y no darles autoridad… un llamado al caos por parte de la derecha. Pero en realidad, considero que la corrupción del poder judicial hacia abajo, más que vivirse como privilegio, se vive como pesadilla. Ser corrupto porque el jefe lo impone, es quizá uno de los fenómenos más tristes y traumáticos de la experiencia laboral. Mucha gente gustosamente dejará la corrupción porque para muchos y muchas, se trata de modelo laboral impuesto, encorsetado maniáticamente con ardor sicópata por funcionarios enloquecidos por el robo y el abuso. Es innegable que llegan a la suprema corte personas honestas entre otras que quizá no tanto. Como la derecha no cree en la honestidad, se piensa pues que estos resultados son absurdos. Se acabó una presidencia a lo Norma Piña. Malísimas noticias por ejemplo para la inversión en corrupción a jueces que ejercitó durante mucho tiempo gente como Salinas Pliego.

Tribunal de Disciplina Judicial… y el poder del demos

Corrupción, contubernio, la regla de la suprema corte hasta antes del plan C, se daban porque el presidente de la suprema corte presidía el órgano que regulaba disciplinariamente a los ministros de la suprema corte. Kafkiano, ¿cierto? O sea, el presidente era juez y parte del órgano encargado de regularles. El tribunal de Disciplina Judicial se ha creado para acabar con esa dinámica, veremos, pero de entrada es un poder que ahora se debe al voto popular, no el dedazo. Esa vieja estructura del dedo flamígero que ponía y quitaba, implicaba un conflicto de interés porque, ¿cómo juzgar a quien te dio el trabajo? Eso ha sido dinamitado. La estructura del dedazo ha sido desplazada por la simple y llana votación. Sí, se pueden criticar los límites de ambos modelos, pero no se puede negar que son totalmente distintos, por lo tanto, los problemas que representan también. Mientras el dedazo nos excluye, por el contrario, la votación nos implica. Es lo que la izquierda celebra y la derecha denosta sin cortapisas.

Conclusión

«Nosotros llegamos por el voto popular, con el voto popular se fortalece la independencia judicial» destaca Hugo Aguilar, y esto replantea la premisa de ¿a quién se debe el juzgador hoy? Desde la perspectiva del Ministro Aguilar, dos poderes tendrán que dialogar; pero no ya el viejo diálogo entre el poder Judicial y el Ejecutivo, o sea entre jueces y el presidente de la república quien “los ponía”. El nuevo diálogo judicial deberá ser con el demos, el pueblo, porque es quien hoy lo configura para bien y para mal. Por lo tanto, el objetivo común de ese diálogo no será ya, o no tan solo, el poder, o el dinero sino, por fin tiene voz el tercero excluido, la justicia social. Es decir, no será un diálogo solo entre clases o de intereses sino con la voluntad popular, esa voluntad que oligarcas no creen que pueda pensar. Porque no les conviene, claro está.  Me asumo de esa clase que históricamente ha sido señalada como incapaz de pensar… esa acusación proviene de quienes se han colado en nuestros pensamientos como evidencia histórica de injusticia. No es ya el Poder Ejecutivo el responsable de las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que hemos sido todos y todas, llamados a través del voto, a compartir esa responsabilidad. En el actual contexto de descomposición de Morena, esto es un llamado importante para nosotros, las bases. Sobre todo a la luz de la inminente lucha entre bases 4teístas y el nuevo PRI enquistado en Morena que amenaza cada día más en PRDizarla. La moneda está en el aire, pero es una moneda de cacao.