Mi solidaridad con los compañeros defensores del agua, Pascual Bermúez, Rogelio Flores y Renato Romero
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Hace treinta años, el ex vicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin, predijo en 1995 que las guerras del siglo XXI serían por el agua y no tanto por el petróleo. Visto en perspectiva, Seralgeldin tuvo voz de profeta, por lo menos en lo que a nuestro país y estado respecta. Punta de lanza de la privatización del agua en el mundo en esos años, lo han sido el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en particular, los Tratados de Libre Comercio (TLC, T-MEC y Acuerdo Transpacífico) con sus perniciosos y nefastos acuerdos de inversión. México forma parte de estos neoliberales acuerdos comerciales.
En lo que va del presente siglo y hasta el año 2023, el observatorio Pacific Institute, había registrado1,057 conflictos por el agua en el mundo. De acuerdo a esta organización, los países de Oriente Medio son algunos de los más castigados por el cambio climático y la grave problemática del vital líquido. En esa parte del mundo, el control del agua se ha convertido en una cuestión política mayor y todos los acuerdos o iniciativas de paz incluyen el agua como problemática principal. Véase el caso del control del agua en la franja de Gaza y el río Jordán por parte del gobierno genocida de Israel. El control del agua como arma política. De acuerdo a la organización World Water Organization, de 2020 a 2022 hubo 202 conflictos por el agua en el mundo.
Frente a esta tendencia privatizadora a nivel mundial, propio del modelo neoliberal impuesto a escala global en 1989, en el 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU declaró el agua como derecho humano a través de la Observación General No. 15 y en el 2010, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la cual reconoce el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano. En febrero del 2012, nuestro país se reformó el artículo cuarto constitucional, para garantizar dicho derecho; derecho que como lo hemos visto en Puebla, es poco respetado y a los defensores del agua, el territorio, los bienes naturales y la vida, se les criminaliza. De acuerdo al informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), durante 2024, México registró 94 agresiones contra defensoras del medio ambiente, En dicho informe, el estado de Puebla ocupa el cuarto lugar en agresiones a defensores ambientales.
Atizando el fuego de la privatización. En el 2013, el ex presidente de la Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe, en una entrevista con el periódico The Guardian declaró que el agua es una mercancía y no un derecho humano. Recordemos que la Nestlé Waters está presente, por lo menos desde el 2006/2007 en la comunidad de Santa Rita Tlahuapan, aprovechando su ubicación estratégica, pues Santa Rita Tlahuapan se ubica en el perímetro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl; no se sabe con certeza cuánta agua extrae la Nestlé de los acuíferos de la comunidad, ni cuánto dinero le paga al ayuntamiento por el aprovechamiento de su agua. Nestlé es la dueña de Agua Santa María, 100% pura de manantial, reza su propaganda.
Conflictos por el agua, el caso de México. En el 2022, el Observatorio de Conflictos Socioambientales de México de la Ibero CDMX, (OCSA), informó que en el territorio nacional estaban presentes 333 conflictos socioambientales, provocados por la disputa por el uso, acceso, control y apropiación del agua, los bienes comunes naturales y el territorio. El Observatorio documentó en esos años, 260 casos de extractivismo hídrico durante el periodo de 2017 a 2021. Pero no sólo esos problemas se tienen actualmente con el agua. De los 653 acuíferos que tenemos en el país, están sobreexplotados 157 y más del 70% de nuestros ríos, manantiales, lagunas y acuíferos, están en alguna medida, contaminados por metales pesados como arsénico, residuos industriales y coliformes fecales y un muy desigual acceso a nuestro derecho al agua. En Puebla, los acuíferos de Libres-Oriental, Tecamachalco, Valle de Puebla, están sobreexplotados y el de Tehuacán, sufre una grave crisis, producto de la sobreexplotación por parte de las empresas y la agroindustria intensiva.
El modelo extractivo y neoliberal de la gestión del agua en México. 1992, fue el año axial para la imposición del modelo neoliberal que pervive hasta la fecha bajo el eufemismo llamado humanismo mexicano, para no nombrar al capitalismo realmente existente que vivimos y el bienestar compartido (Banco Mundial, dixit), pues en dicho año se realizó la reforma al artículo 27 constitucional, se decretó el fin de la reforma agraria y se expidieron las neoliberales leyes de Aguas Nacionales y de Minería, de Inversión Extranjera y la Ley Agraria, vigentes actualmente. En el caso de la ley minera, los partidos de la derecha, PAN y PRI, impugnaron la reforma a dicha ley, hechas en el 2021, sin que, hasta ahora, la SCJN haya resulto algo al respecto. Hasta 1992, se había entregado 2,600 permisos de agua. De acuerdo a una declaración del actual director de la Conagua Efraín Morales, hasta abril del presente año se habían entregado 584 mil concesiones de agua. 59 mil de ellas, se habían entregado en territorios indígenas (Francisco López Bárcenas), sin que se les halla consultado al respecto, como lo marca el Convenio 169 de la O.I.T., como tampoco no se hizo en los casos de las comunidades de Acuexcómac, Xoxtla y Nealtican en los años 90 del siglo pasado. Mucho menos, los sucesivos gobiernos que han pasado por el poder en el Estado hasta nuestros días, han tenido la mínima voluntad política de cumplir los acuerdos firmados con estas comunidades.
El agua de nuestro país, se ha entregado fundamentalmente a empresas mineras, refresqueras, cerveceras, cementeras, automotrices, desarrolladores inmobiliarios-nuevos terratenientes urbanos- agroindustrias, etc. El estado de Puebla no ha escapado a esta dinámica de darle concesiones como si fueran larínes a grandes empresas, encima tenemos la nefasta privatización del agua en la ciudad de Puebla y municipios conurbados, en el 2013, por el represor, Rafael Moreno Valle y su coro de eunucos políticos. De acuerdo al medio electrónico, Contra Réplica del 14 de julio del presente año, en Puebla, al menos 13 municipios otorgaron concesiones de agua potable por un periodo de 30 años, por lo que la privatización del servicio se extenderá hasta el 2044. La privatización del agua en Puebla se dio en un marco de total opacidad, violatoria del artículo 134 constitucional, párrafo tercero, aumento estratosférico de tarifas, cortes de agua, incumplimiento del saneamiento de aguas residuales que lo cobra, pero no lo da, entre muchas otras anomalías. Las autoridades estatales no han sido sólo omisas, sino sumisas ante empresas como Granjas Carroll y Concesiones Integrales.
Actualmente vemos un gran malestar y efervescencia social y comunitaria en defensa del agua y sus ríos en varios puntos de la entidad: Acuexcómac, Nealtican, Xoxtla y la gran rebelión de San Gabriel Chilac en defensa de su acuífero de las tazas, en contra de invernaderos de la empresa Colorado Ecoterra. Lo que estos conflictos nos dicen es que la actual política hídrica y ambiental nacional y estatal, no están al nivel de las demandas de los pueblos y que dichas políticas sólo han beneficiado y privilegiado a un pequeño grupo de grandes empresarios y a criminalizado a los defensores del agua y el territorio.
Te pareces tanto a mi…Como olvidar el encarcelamiento de Doña Enedina Rosas Vélez, ex presidenta del comisariado ejidal de San Felipe Xonacayucan y opositora al Proyecto Integral Morelos, acusada de obstrucción a la construcción de obra pública y el robo de celulares. Acusada por un ex empleado de la empresa Italiana Bonatti SPA. Caso que guarda, me parece, cierta similitud con la autoritaria detención de Renato Romero Camacho, detenido a inicios del presente mes, acusado por la empresa Concesiones Integrales de ser el probable responsable de los delitos de daño en propiedad ajena y despojo agravado, mismos delitos de los que son acusado Pascual Bermúdez Chantes y Rogelio Flores. ¿Qué institución detiene las trapacerías del Concesiones Integrales y la más que clara complicidad oficial? Tampoco podemos olvidar que, en enero del 2020, siendo gobernador del estado el Morenista Miguel Barbosa (qepd), es detenido el defensor del río Metlapanapa, Miguel López Vega y en el gobierno del ¿Morenista? Sergio Salomón Céspedes Peregrina, es detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado, el defensor del territorio y comunicador, Alejandro Torres Chocolatl, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, fue también detenido. Otro elemento que han tenido los cuatro gobernadores, ha sido la subordinación de los otros dos poderes, el legislativo y el judicial y la instrumentalización de la Fiscalía para acosar y perseguir a los defensores del agua, los bienes comunes y naturales, el territorio y la vida y en el caso de Moreno Valle, Miguel Barbosa y el actual gobernador, Alejandro Armenta, el acoso a la prensa crítica.
Todo ello se ha dado, con sus muy pocas excepciones, ante el brutal silencio de las autollamadas fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda del partido guinda y sus representantes populares que seguramente ya olvidaron la frase de Benito Juárez que dice: Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Pero también, no pocas fuerzas políticas identificadas con estas posturas políticas, se han refugiado en el silencio. Lo que queda claro, es que mientras continúe la política extractivista del actual gobierno federal, el neoliberalismo y el capitalismo salvaje, irán en aumento los conflictos socioambientales, tanto contra los neo latifundistas rurales y urbanos.
¡¡¡El agua es un tesoro, que vale más que el oro!!!
PD.
¡Alto al genocidio del gobierno fascista de Israel en contra del pueblo Palestino de Gaza!!
