El pasado 4 de octubre, durante la ceremonia de conmemoración de los 204 años de la Armada de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “la corrupción es deslealtad, por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones, por eso debe sancionarse con firmeza”. Esto suena bien en el discurso y viene a colación por los recientes escándalos de corrupción, pero dista mucho todavía de ser realidad.
Una de las preguntas que giran en torno a esos escándalos es si la presidenta va a proceder en contra de todos los involucrados, incluyendo al senador Adán Augusto López y al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.
En su discurso del domingo en el zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum dejó claro que, por el momento, quien fuera el jefe directo de estos dos personajes, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, es intocable.
De acuerdo con la información dada a conocer por la procuradora fiscal de la federación, Grisel Galeano, el robo a la nación por el contrabando de combustible asciende a 600 mil millones de pesos. Por la enorme cantidad de dinero robado al pueblo de México y por las distintas instituciones del Estado mexicano involucradas (ya sea por acción o por omisión), es imposible creer que el expresidente López Obrador no hubiera estado al menos enterado.
Además del contrabando de combustible, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad identificó otros 50 casos relevantes publicados entre los meses de octubre de 2024 y septiembre de 2025. A estos casos agregaron recientemente el contrabando de automóviles, negocio que pasa por las mismas aduanas por las que atraviesa el contrabando de combustible (Reynosa y Matamoros, Tamaulipas) y cuyas ganancias se estiman en más de 2 mil 200 millones de dólares (ver https://contralacorrupcion.mx/la-mafia-de-los-clones-asi-ingresan-miles-de-autos-de-contrabando/)
Tan preocupantes son los casos de corrupción por su cantidad y gravedad como lo es también la forma en que Claudia Sheinbaum está enfrentando este problema.
La consultoría Integralia nos recuerda que el actual gobierno ha dado continuidad a las acciones del sexenio anterior que han consistido en desaparecer o capturar y hacer irrelevantes a las instituciones encargadas de exigir la rendición de cuentas y combatir la corrupción como han sido los casos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (el INAI) o del Sistema Nacional Anticorrupción.
Integralia también destaca el decreto publicado el 4 de agosto en el Diario Oficial de la Federación por el que diversas obras públicas se asociaron a programas prioritarios o proyectos estratégicos. Con este decreto, cualquier solicitud de información sobre el uso de recursos públicos puede rechazarse con el pretexto de que “pone en riesgo el funcionamiento o integridad” de programas o proyectos relacionados con salud, vivienda, educación, caminos, entre otras (ver https://integralia.com.mx/web/reporte-especial-primer-ano-de-gobierno-de-claudia-sheinbaum/ PDF. Pp. 7-8)
A Claudia Sheinbaum le restan 5 años de mandato presidencial para demostrar que en su gobierno el combate a la corrupción no es solo discurso. Hasta el momento, en los hechos y en sus acciones de este primer año, sus palabras despiertan más dudas que certezas.
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