Economía

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Mundo Nuestro tiene un objetivo prioritario: realizar un periodismo de investigación que contribuya en la construcción de una estrategia nacional de conservación, desarrollo y custodia de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, lo que se llama el patrimonio biocultural de México.

El daño que han sufrido los trabajadores y la falta de respuesta del gobierno frente a la pandemia

(Ilustración de portadilla: Víctor Solis, tomada de revista Nexos)

La encuesta nacional de ocupación y empleo elaborada por INEGI, con cifras actualizadas a julio de 2020, muestra una mejoría ocurrida en los últimos dos meses. Sin embargo, la situación laboral, comparada con los datos existentes antes de la pandemia, sigue presentando graves problemas:

De los 12 millones que salieron del mercado de trabajo (es decir, de la población económicamente activa) ya regresaron 7.2; no lo han hecho por lo tanto los otros 4.8 millones (que necesitan un empleo pero no lo buscan). Además, otra porción muy importante de la fuerza de trabajo pasó a formar parte de las personas caracterizadas como “ausentes con vínculo laboral” es decir aquellos trabajadores que no asistieron a sus centros de trabajo, pero no fueron despedidos. No se sabe si a todos ellos se les han pagado sus salarios y prestaciones íntegramente y, sobre todo, si esos millones de ausentes algún día volverán a laborar o serán despedidos definitivamente.



El INEGI registró una población ocupada de casi 50 millones de personas (49.8); debe destacarse, no obstante, que el aumento entre junio y julio correspondió al género masculino, con un incremento de 2.2 millones de personas al mismo tiempo que hubo una reducción de 750 mil mujeres.

A lo largo de estos meses, uno de los sectores más golpeados ha sido el de los trabajadores por cuenta propia: se quedaron inactivos un 20% en abril; 16% en mayo; 10% en junio y ya apenas un 2% en julio. Los empleados no remunerados (que sólo reciben propinas o pagos en especie) también fueron muy afectados: se quedaron sin ocupación el 21% en abril, aunque en julio estaban casi todos laborando.

Si medimos el fenómeno tomando en cuenta los informales (que laboran por cuenta propia o al servicio de un patrón), las cifras son más dramáticas: en abril dejaron de laborar 10 millones, en mayo 8, en junio 5, en julio todavía 3 millones. Si acumulamos todas estas cifras nos da un total de 26 millones, lo que daría una idea de los días/trabajador perdidos en estos últimos meses y los ingresos que no fueron percibidos. Algunos perdieron sólo un mes, otros dos o tres, y todavía en julio muchos no recibían ningún recurso. La parálisis ha afectado sobre todo al género femenino, pero la suma de damnificados es impresionante.

Por su parte, la tasa de desocupación abierta fue de 5.4% en julio, la mismo que el mes pasado, lo que arroja una cifra de 2.8 millones de personas. Aquí, otra vez, la tasa es más alta en mujeres que en hombres (6.3% vs 4.8%). Por edad, los más afectados han sido las personas que tienen entre 24 y 44 años las cuales representan más del 50% del total. Hay que subrayar que esta tasa ha aumentado, no disminuido, pues representaba el 4.7% en abril.

Más grave aún, la tasa de subocupación, aunque se redujo en julio respecto al mes anterior, es todavía de 18.4%. Ello representa un aumento de 3.21 veces en abril; 3.78 en mayo; 2.75 en junio y 2.45 en julio respecto al promedio histórico previo a la pandemia. Lo anterior quiere decir que las nuevas ocupaciones se han vuelto más precarias, inseguras, peor pagadas y seguramente muy mal protegidas.



En síntesis, tenemos varios problemas. El daño causado por la parálisis económica y la pandemia: 1) afectó severamente a los asalariados formales que fueron despedidos y no han encontrado otro empleo (se encuentran en desocupación abierta), o no han asistido todavía a su centro de trabajo y viven en la incertidumbre, o se han refugiado en la subocupación (perdiendo ingresos y prestaciones). Y 2) a los trabajadores por cuenta propia, a los informales y a los que laboran sin remuneración, los cuales sufrieron una pérdida considerable de sus jornales durante estos meses.

Todo este perjuicio ya fue causado y nada está previsto hasta ahora para reponerlo. Se trata de una deuda social de grandes dimensiones. La reparación de este boquete inmenso en la economía de las familias mexicanas no se soluciona con los programas sociales que ya estaban previstos. No es posible que la pensión para adultos mayores o los apoyos para personas con discapacidad sirvan para sostener a toda una familia; o que las becas para estudiantes se destinen a reponer las retribuciones perdidas por la falta de trabajo.

Por ejemplo, el programa para la pensión de adultos mayores, el cual tiene los recursos presupuestales más cuantiosos y abarca a un mayor número de personas. La cantidad de dinero entregada no sólo resulta hoy insuficiente (12 401 pesos por adulto mayor entre enero y junio de 2020, alrededor de 2 mil pesos mensuales según el II Informe presidencial). Además, esta ayuda que debería servir para dignificar al beneficiario y darle una mejor calidad de vida, se convirtió, en ocasiones, en un recurso que se le sustrajo para sostener al resto de la familia.



Sin duda, el daño causado, los ingresos que no han sido repuestos, llevará a un aumento de la pobreza (entre marzo y mayo aumentó el número de pobres de 36 al 55% según CONEVAL). La desigualdad también habrá aumentado pues la masa salarial, según algunos estudios, sufrió una caída de entre 6.6 y 13.8% en el segundo trimestre del año calculado anualmente. Ello se ha traducido, naturalmente, en una disminución del consumo privado de alrededor del 20% comparativo anual (aún con el repunte de junio y julio).

Un país con una mayor pobreza y más desigualdad no puede ser un resultado deseable para un gobierno que se propuso exactamente lo contrario. Sobre todo, porque frente a estos fenómenos, el gobierno no se ha propuesto ninguna acción especial.

Por otro lado, la disminución de los haberes que han sufrido las familias apunta a una recuperación económica más lenta debido a la caída del poder de compra. El aumento de los salarios mínimos y contractuales no han podido remediar estas pérdidas y seguramente no lo harán en lo que resta del año debido a la magnitud del frenazo económico.

El presupuesto 2021 representa una oportunidad para resarcir algo de lo que las familias mexicanas han perdido; para prevenir que sigan empobreciéndose y para estimular una recuperación económica más rápida. Se ha argumentado que un crecimiento de los pasivos del gobierno puede resultar perjudicial para un mañana indeterminado. Sin embargo, no se quiere reconocer que el estado mexicano ya contrajo una deuda con millones de familias que han perdido sus ingresos desde marzo de este año, muchas de las cuales siguen sin recibir alguna remuneración por su trabajo. Encontrar una fórmula para pagar esta deuda social y al mismo tiempo evitar una crisis financiera en el futuro no es imposible, ni es una disyuntiva sin salida.

A su vez, la posibilidad de una reforma fiscal progresiva que sirva para pagar esa deuda social y para una reactivación económica más vigorosa, tampoco pude descartarse por razones políticas (las elecciones de 2021 o el temor a una reacción negativa de un sector privilegiado). Lo más sorprendente es que hay una iniciativa de ley para reformar el sistema de pensiones que justamente propone un aumento de las contribuciones patronales y requerirá un mayor gasto público. Ello equivale a un aumento de impuestos y un incremento de la deuda del gobierno federal. ¿Cómo entonces se niega cobrar un mayor tributo a los más ricos y prósperos, y se propone un esquema para favorecer a las AFORES, empresas que se han beneficiado de los ahorros de los trabajadores?

Una mayor reducción del gasto y la inversión pública (lo que ahora llaman austeridad) sólo puede tener como resultado que, una vez más, el costo de la crisis la tendrá que pagar la gran mayoría de la población. Sus consecuencias serían igualmente negativas para la producción, el consumo y la prosperidad del país.

El gobierno y sus propósitos de transformación, la 4t, tiene que enfrentar la cuestión más importante de todas: darles a los mexicanos la oportunidad de superar esta crisis con las menores pérdidas posibles. Si no lo logra, toda su arquitectura quedará prendida de alfileres. Y puede convertirse en un mero ejercicio retórico.

saulescobar.blogspot.com

Esta es una historia más de la explotación laboral y la impunidad con la que operan las maquiladoras de la industria de la confección en Tehuacán. Hera Apperel despide, en el marco de la pandemia por COVID 19, a sus 300 trabajadores de la noche a la mañana, y lo hace, una vez más, violentando la ley y de la mano del sindicato de la CROC, y sin que ninguna autoridad del Estado haga algo para impedirlo.

Es una historia más de la derrota obrera en Puebla.



Peor que nunca

“Ahora estamos peor que antes, ahora ya ni trabajo tenemos”, me dice Jacinto Osorio, un costurero de 45 años, originario de San Antonio Cañada, una comunidad nahua de la Sierra Negra, ante el despido masivo en la empresa maquiladora Hera Apparel. Él, su esposa Angélica y otros 268 obreros fueron echados a la calle a partir del pasado 3 de agosto del año que pasará a la historia por la pandemia de Coronavirus 19.

Nos encontramos afuera de las instalaciones de esta maquiladora ubicada en Tehuacán, la urbe indígena que es el centro económico y político regional del sureste poblano, catalogada alguna vez como “la capital mundial de los blue jeans”, en la colonia Niños Héroes, a un costado del nuevo mercado municipal Benito Juárez, que durante años albergó el polvoso campo beisbolero “López Sierra” y que luce semivacío cada vez que entramos para protegernos de la lluvia, para realizar un “taller” rápido de cálculo de indemnizaciones y decidir cómo enfrentar la situación.



“Los despidos iniciaron desde diciembre del año pasado”, comenta Lourdes González, una costurera corrida de esta empresa, originaria de la población de Xalmimilulco, Huejotzingo, en el centro del estado de Puebla y propiedad del empresario Leobardo Hernández Ramírez.

“Nos fueron corriendo selectivamente, ya que tenían una lista por cada línea de producción de todos los que más exigíamos nuestros derechos ante los abusos de la empresa”, continúa Lourdes, que no ha dejado de combatir a la empresa, ahora en los debates que suscitan las denuncias públicas en las redes sociales como Facebook, en donde el repudio contra la empresa es tan mayoritario como la simpatía ante los reclamos obreros en la población tehuacanera.

“La empresa siempre ha tenido el apoyo del Ayuntamiento de Tehuacán”, sigue denunciando Lourdes en los comentarios que hace en un video de Rosario Ramírez de Televisa Puebla, posteado en mi muro de Facebook.



“Ellos le dieron la certificación de empresa socialmente responsable por su política de contratar personas discapacitadas, pero vean las prácticas en las que incurren para despedirnos de manera irresponsable con liquidaciones que apenas alcanzaron el treinta por ciento”, remata de manera enfadada y categórica.

Hera Apparel llegó a Tehuacán hace diez años

No había abierto sus puertas y mucho menos contratado a costurera alguna, cuando ya colgaban lonas plastificadas de color rojo y letras amarillas y negras que anunciaban. “El personal de esta empresa está contratado por la FROC CROC”.

Estas situaciones surrealistas del sindicalismo mexicano siguen sucediendo en esta época de la llamada 4ta transformación, en la que las condiciones de control, corporativismo y sindicalismo charro y de protección patronal siguen gozando de cabal salud para desventura de las costureras y operarios de Tehuacán en este caso.

“Hera Apparel”, empresa que a lo largo de la década en que ha operado en este municipio cambió cinco veces de razón social con la omisa complicidad del gremio croquista que encabeza el abogado laboral Jaime Sergio Hernández Machorro y la delegación tributaria del SAT, se instaló mediante contrato de arrendamiento en la nave industrial en donde operaba la tristemente célebre maquiladora “Vaqueros Navarra”, sí, aquella en la que se vivió la lucha sindical independiente más importante en la vida obrera de Tehuacán, entre 2007 y 2008, y que cerró sus puertas para impedir que el Sindicato 19 de Septiembre del Frente Auténtico del Trabajo, en el cual militaban los obreros rebeldes, se volviera el titular del contrato colectivo de trabajo.

Portón principal de Hera Apparell, en la calle de Juan de la Barrera, en Tehuacán. Antes estuvo ahí "Vaqueros Navarra".

¿No les de vergüenza?

“Elemental Denim” fue la última razón social con la que operó está empresa en Tehuacán hasta julio de este año, tal como lo señala su placa metálica en el portón de entrada de la empresa, donde también se ve otra placa que certifica a la maquiladora como “Empresa Limpia” por el manejo de sus residuos y desperdicios.

“¿No les da vergüenza?”, remarca Lourdes González. “

“¿Empresa limpia? –cuestiona-- ¿Cómo el ayuntamiento de Tehuacán puede dar estas certificaciones? La maquiladora estaba limpia porque los mismos obreros nos veíamos obligados asear nuestras áreas de trabajo y los mismos baños, ya que no existía personal de intendencia en la empresa y de empresa limpia no tiene nada, son unos marranos por la forma en que nos despidieron con la ayuda de Machorro.”

Evasión fiscal y protección sindical

Los cambios de razón social son una práctica común en la industria de la maquiladora. Estos tienen como finalidad aparecer cada año a cada dos como una empresa de reciente creación, con lo cual evaden los impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), sobre todo con la finalidad de esconder las ganancias reales de la empresa, las cuales están obligadas a repartir entre los obreros entre marzo y mayo de cada año, pago obligado y conocido como “reparto de utilidades”, y el cual nunca entregaron en una práctica ilícita de evasión fiscal, consumada por el contubernio del secretario general del sindicato de la CROC, Jaime Sergio Hernández Machorro, única persona que, en suplantación de la representación obrera, y por condicionamientos de ley, puede impugnar los estados financieros de la empresa y solicitar auditoría ante el SAT.

El sindicalismo de protección patronal fue una de las lacras que prometió eliminar el presidente López Obrador en campaña, pero sólo ha quedado en eso: promesa, a pesar de la reforma laboral que entró en vigor el pasado 1 de mayo de 2019, la que anunció con bombo y platillo la llegada de la “democracia” y la “cuarta transformación” al mundo del trabajo, con medidas como la desaparición de las Juntas Federal y Locales para transitar a Juzgados Laborales, transparencia en los registros sindicales y nuevas reglas para las elecciones sindicales, todo por presión del Donald Trump en la firma del TMEC, y no por el interés legítimo de las demandas sentida del sindicalismo mexicano independiente y más o menos independiente, democrático y más o menos democrático en las últimas tres décadas. Ha sido así en especial desde la firma del primer Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el que nos convirtió en la maquilandia con historias a nivel de piso como la que estamos narrando.

La liquidación. Las historias paralelas

¿Cuánto les ofrecieron de liquidación? Eso pregunto a un grupo de trabajadores de Hera Apparel el sábado 8 de agosto afuera de la empresa. Están a la espera del resultado de la negociación que realiza una comisión de sus compañeros que para entonces no ha llegado a ningún acuerdo con la empresa y que son parte de lo costureros y operarias que he podido asesorar y prevenir de las transas y amaños del croquismo --que por cierto perdió a uno de sus líderes charros más reconocidos en Tehuacán, Luis Rodriguez Reyes, el pasado 20 de julio del año en curso, a consecuencia de un infarto, muy posiblemente como resultado del Covid 19, después de estar en el trono veinte años consecutivos sin elecciones ni rendición de cuentas alguna en otra rama local del gremio que dirige el charro mayor del croquismo poblano, René Sánchez Juárez.

“Nueve mil pesos por ocho meses” --me responde una trabajadora que conocí en una lucha en la que no nos fue nada bien, hace unos ocho años, en Confecciones El Carmen. Recuerdo esa derrota obrera, una entre tantas en Tehuacán: a pesar de encontrarse la maquinaria embargada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, fue sustraída por el dueño, un maquilero libanés de la familia Canán, clan ahora perseguido por Miguel Barbosa, quién ha puesto en prisión al regidor Victor Canán Barquet como parte de la persecución y venganza que mantiene también privado de su libertad al exalcalde Felipe Patjane, actualmente recluido en el penal de Tepexi de Rodríguez. Los empresarios, poder y política, ahora en el turno del gobernador Barbosa: desaparece el poder municipal de Tehuacán y tomar el control del Ayuntamiento de este municipio¸ esa es una historia paralela en este y el trienio que viene y los que siguen si le es posible al actual mandatario poblano.

En total son 235 trabajadores y costureras que han sido víctimas de un engaño y de un fraude por parte de la empresa, todo con la complicidad de Jaime Sergio Hernández Machorro, secretario general del gremio croquista que le vendió protección patronal durante diez años a Hera Apparel y que convenció a estos obreros y operarias a firmar renuncias voluntarias sin recibir un solo peso.

Puedo escuchar testimonio y relatos de lo que sucedió entre el 3 y el 5 de agosto dentro de la empresa.

“Yo firmé por doce mil pesos y tenía diez años en la empresa, desde que inició” --comenta Raymundo Castillo, un operario que conozco bien desde hace muchos años.

“Quedaron en pagarnos nuestras liquidaciones en diez pagos semanales que prometieron nos van a depositar por tarjeta de nómina”, me dicec una costurera que pide no revele su nombre.

Sindicato para la protección empresarial

Este mismo sindicato charro y de protección patronal al mismo tiempo era el mismo que tenía el contrato de protección en Vaqueros Navarra y es el que le sigue vendiendo protección patronal a todo el Grupo Navarra, propiedad del multimillonario empresario de origen español Alfonso Fernández Santiago en sus empresas como Top Jean. Cualquier Lavado, Confecciones Mazara, Private Label y Confecciones Cantabria entre otras.

Este es el trabajo sucio que hacen en favor de los empresarios de la maquiladora o de la industria avícola y porcícola todos y cada uno de los gremios que pertenecen a la CROC y a la CROM, que siguen gozando de los mecanismos de control corporativo que tuvieron su esplendor con el PRI y el PAN, y que ahora, en tiempos del “cambio verdadero” siguen haciendo de las suyas sin que sean sancionados o se les cancelen sus contratos colectivos de protección patronal por este tipo de prácticas desleales en contra de los obreros que supuestamente representan y que tendrían que defender. A lo más que llegan es a organizar equipos de retas de fútbol y la ingesta de cervezas terminando los partidos de fin de semana.

No es difícil describir lo que significan estos sindicatos charros: son mafias familiares, que gozan de registros y tomas de nota actualizadas; jamás llevan a cabo acciones para mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores; no son trabajadores activos de la empresa a la que protegen; nunca llevan a cabo asambleas; esconden los contratos colectivos de la vista de los obreros pues dichos documentos llegan a lo mucho a cinco o seis hojas y no contemplan ninguna prestación adicional al piso mínimo que contempla la Ley Federal del Trabajo. entre otros vicios y anomalías que los define y caracteriza.

Explotación para el mercado mundial

Al final, el 14 de agosto, alrededor de treinta y seis obreros y costureras que no cayeron en los engaños del sindicato pudieron recibir maquinaria y liquidaciones por lo menos del cincuenta por ciento del total que les correspondía.

La situación para los trabajadores de la maquila, desde el inicio del Covid 19 ha sido demasiada adversa y los patrones han aprovechado esta situación para despedir trabajadores, bajar los salarios, cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo y cargar todo el costo de la crisis en las espaldas de los obreros y las costureras.

Hera Apparel fingió una quiebra para deshacerse de una planta laboral de 800 trabajadores sin pagar prácticamente nada a sus trabajadores. La empresa tenía contratos con marcas estadounidenses como True Religion que produce prendas que alcanzan precios en México de hasta dos mil pesos y en Estados Unidos inclusive el doble, y además maquilaba cubrebocas, ropa de sanatorio y de enfermeros y médicos como batas y sábanas por la pandemia de Covid, sólo que en la cuarentena cambió las condiciones de salario y empezó a pagar las miserables cantidades de 35 y 50 centavos por cubrebocas.

Otras de sus prendas las empezó a distribuir en una red de subcontratación o outsourcing en maquilas de traspatio en las cuales las costureras no están afiliadas al IMSS ni cotizan en INFONATIV, con el sindicato haciéndose de la vista gorda.

“Agarren lo que les den, la empresa ya no puede continuar”, era la letanía eterna del abogado Hernández Machorro

El pretexto fue, tal vez cierto en parte, que el cierre de la empresa obedecía a la crisis generada por la caída de contratos por la pandemia actual. Lo cierto es que al final 800 familias de Tehuacán se quedaron sin trabajo y además, como cereza en el pastel, el último día en que entregaron las máquinas como pago de liquidación, los obreros se enteraron que la empresa se había quedado con las aportaciones de dos meses de pago al INFONAVIT que les había retenido en junio y julio y que jamás depositaron a dicho instituto.

Esta es una historia de las tantas que ocurren en Tehuacán y en todo el mundo de la maquiladora, en donde como vemos, la sindicalización independiente de los trabajadores y costureras es un tema pendiente.

Revista sin Permiso

Michael Roberts es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajado 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.

Guerra de capitales

Hemos abordado el debate de que el principal problema mundial en el siglo XXI es la creciente guerra comercial y tecnológica entre los EEUU y China. En su libro, Las guerras comerciales son guerras de clase, Klein y Pettis consideran que los desequilibrios comerciales son causados ​​por la desigualdad, el ingreso y el consumo en las dos potencias: China tiene un "exceso de ahorro" y Estados Unidos tiene un "exceso de consumo". He defendido que esta tesis no se sostiene en artículos anteriores.



Ahora tenemos el libro Capital Wars como una explicación alternativa de la rivalidad entre China y los Estados Unidos. La rivalidad entre Estados Unidos y China en la esfera económica se ha desarrollado hasta ahora en el comercio y la tecnología. La fricción en los mercados financieros no ha sido comparable. De hecho, a medida que se incorporan más acciones chinas en los índex globales, los inversores estadounidenses han estado invirtiendo capital en China a través de su inversión en fondos de inversión que siguen los índex.

Sin embargo, es poco probable que eso dure, según Michael Howell, ex director de investigación del banco de inversión Salomon Brothers, que ahora dirige su propia consultora. En Capital Wars, señala que las líneas de intercambio abiertas por la Reserva Federal de los EEUU a otros bancos centrales después de la crisis financiera de 2008, que se ha repetido con la crisis del coronavirus, se han extendido a naciones amigas, pero China ha sido excluida. Por lo tanto, el papel de la Reserva Federal como prestamista global de último recurso ha sido parcial y politizado.

Howell reconoce que la naturaleza de la relación entre estas dos potencias no es equilibrada. A pesar de la disminución de su participación en la producción mundial, Estados Unidos es el principal proveedor de la moneda de reserva dominante para los mercados mundiales. Pero su economía está marcada por un bajo crecimiento de la productividad junto con mercados financieros altamente desarrollados. China ha disfrutado de un alto crecimiento de la productividad a medida que se moderniza, pero ha subdesarrollado los mercados financieros. Sus persistentes excedentes comerciales han contribuido a una enorme acumulación de reservas de divisas: la mayoría en activos en dólares. Todo esto crea una interdependencia fragmentada.

El auge económico de China coincidió con un largo período de liberalización en los mercados financieros internacionales. Un tema central del libro de Howell es el aumento de la liquidez global: los grandes flujos de crédito, ahorro y capital internacional que facilitan la deuda, la inversión y los flujos de capital transfronterizos. En 2019, este flujo internacional de fondos se estimó en $ 130 billones, dos tercios más que el PIB mundial. La contribución de China era cercana a los $ 36 billones.



No hay nada nuevo en la visión de Howell. De hecho, varios autores, incluido yo, han señalado el enorme aumento de "liquidez", es decir, de la oferta de dinero, del crédito bancario, de la deuda (tanto pública como privada) y de los instrumentos de deuda como los derivados, particularmente desde principios de la década de 2000.

Lo nuevo es el énfasis de Howell en las nuevas formas que el sistema financiero ha encontrado para expandir lo que Marx llamó 'capital ficticio', es decir, activos financieros que supuestamente representan nuevos valores y ganancias futuras. Los bancos solían depender de los depósitos de los clientes para prestar y especular con ellos; ahora la principal fuente de fondos no son los depósitos, sino los acuerdos de recompra o 'repos', una forma de préstamo que debe ser respaldada por un 'colateral' en forma de activos “seguros” como bonos del gobierno.



Howell argumenta, como otros, que el sistema financiero ha superado el modelo de posguerra, cuando los bancos eran los principales facilitadores de préstamos. Tomaban prestado de sus depositantes minoristas y daban crédito a particulares y empresas. Hoy predominan los mercados mayoristas; y los principales proveedores de fondos son instituciones financieras y grandes empresas como Apple o Toyota. Los usuarios van desde compañías y bancos hasta fondos de cobertura y gobiernos: finanzas no bancarias o 'banca en la sombra'.

El principal argumento de Howell es que la principal fuente de inestabilidad en el sistema financiero moderno ha sido la escasez de activos seguros para estos creadores de liquidez, ya que no se ha emitido suficiente deuda pública y el rendimiento era bajo de todos modos. De hecho, antes de la crisis financiera de 2008, los bancos de inversión intentaron inventar nuevos 'activos seguros', como las obligaciones hipotecarias garantizadas. Por supuesto, ahora sabemos que dichos activos no eran "seguros" en absoluto, solo un esquema de crédito Ponzi gigantesco que resultó ser muy "ficticio" cuando el colapso financiero global en 2007-2009.

La pregunta que Howell sugiere es si la gran inyección de dinero crediticio por parte de la Reserva Federal y otros bancos centrales para rescatar a compañías y gobiernos en la crisis pandémica del COVID conducirá posteriormente a un "shock" financiero similar. La diferencia ahora es que es el estado el que está comprando estos 'activos seguros' directamente, en lugar del sistema bancario o la “banca en la sombra” como en 2008-9. Sin embargo, el tamaño de las compras de bonos corporativos e hipotecarios del banco central, así como el papel del gobierno, es tan grande que, si hubiera un tsunami de bancarrotas, el prestamista de último recurso (el banco central) – convertido en la actualidad en el primer comprador de capital ficticio- puede terminar con enormes pérdidas que los gobiernos tendrían que absorber.

Un mérito del libro de Howell sobre otros del mismo tipo es que ofrece una explicación de por qué hubo este cambio drástico de la "banca tradicional" a la "financiarización" de los activos gubernamentales y corporativos. Howell sitúa la causa directamente en el colapso de la rentabilidad en los sectores productivos de la economía.

Howell reconoce que la caída de la rentabilidad del capital industrial condujo a una creciente 'liquidez' global y esto contribuyó a la caída de las tasas de interés de los activos de riesgo, lo que condujo a la búsqueda de activos financieros seguros, abandonando la deuda pública y buscando 'repos', en detrimento de la inversión productiva.

Sin embargo, Howell comprende a medias la historia de los últimos treinta años, el colapso financiero global y la Gran Recesión. Desafortunadamente, a pesar de referirse al análisis de Marx en ocasiones, Howell no lo usa. En cambio, recurre a las macro-identidades keynesianas habituales para explicar por qué ocurren las crisis. Como con todas las macro-identidades keynesianas, las ganancias desaparecen de la ecuación.

Howell parte de la identidad básica: ahorro = inversión y la revisa en su ecuación clave: liquidez = inversión fija más la adquisición neta de activos financieros. La liquidez es realmente ganancia más crédito en sus diversas formas. Sin embargo, para Howell, la fuerza impulsora del capitalismo moderno no es la parte lucrativa de la "liquidez", esa vieja conocida. Es la parte del crédito. Para él, los flujos financieros y la asunción de riesgos de los inversores impulsan la economía real y los precios de los activos, y no al revés. Más liquidez conduce a más compras de activos financieros. Y más compras de activos financieros requieren más liquidez. Así, pasamos de una visión del capitalismo como un modo de producción con fines de lucro, al capitalismo como un modo de especulación e inestabilidad financieras. Esta teoría es similar al enfoque de Minsky y las modernas teorías de la "financiarización".

Para Howell, la próxima guerra entre EEUU y China se librará no tanto a través del comercio o la tecnología, sino de los flujos financieros y el control de las monedas internacionales a medida que las potencias rivales luchen por ofrecer los activos financieros "más seguros" al capital global: por ejemplo, ¿el dólar o el renminbi?

Claramente hay algo de verdad en esto. Si China pudiera ofrecer una moneda fuerte y con líquidez para reemplazar al dólar, el imperialismo estadounidense estaría en serios problemas. Pero una moneda fuerte no puede ser "creada" por los mercados financieros; proviene de la fuerza relativa de la productividad del trabajo y la creación de valor en una economía. Ahí es donde se centra la guerra económica; con el comercio, la tecnología y las finanzas como campos de batalla. El valor es lo decisivo, no el crédito.

Michael Roberts es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajado 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.

Fuente:

https://thenextrecession.wordpress.com/2020/07/19/capital-wars/

Traducción:G. Buster

La visita a Estados Unidos del presidente López Obrador el día 8 de julio se ha recibido con beneplácito en diversos sectores de la sociedad mexicana. A pesar de que el viaje fue seguramente requerido por el mandatario de aquel país para fines electorales y de que se corría el riesgo de un gesto ofensivo de su parte, el resultado -se ha dicho- fue positivo. Es probable que para Trump lo haya sido pues quería hacer un gesto de acercamiento a los votantes de origen “latino”. Para el gobierno de México, por su lado, resultó una aventura con costos relativamente bajos. Entre los más importantes, la reprobación muda o explícita de los trabajadores mexicanos que radican en EU y que simpatizan en su gran mayoría con los demócratas y son parte de las bases de las organizaciones sindicales, las cuales también han mostrado su preferencia con la oposición al Sr. Trump. En cambio, López Obrador parece haber logrado un reencuentro con los empresarios y sus diversos bloques y expresiones, y la aprobación casi unánime de sus partidarios que no se sintieron decepcionados y pudieron respirar con tranquilidad y alivio al final de la jornada.

Sin embargo, en este tipo de eventos, las victorias diplomáticas y políticas suelen ser pasajeras. Como dicen que dijo José Saramago: “La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva”. (Cf. “José Saramago: una mirada triste y lúcida” de Andrés Sorel). En el caso de Trump su gesto puede quedar corto y perder la elección de noviembre. De hecho, su encuentro con el presidente López Obrador tuvo pocas repercusiones mediáticas: el candidato republicano tendrá que hacer muestras más efusivas hacia los llamados “hispanos”, lo cual podría restarle votos en su lado duro antiinmigrante.

Por su parte, Andrés Manuel, a su regreso a nuestro país, tuvo que enfrentar la compleja situación interna marcada por la epidemia y la caída de la economía, todo lo cual está repercutiendo en un aumento muy acelerado de la pobreza, el desempleo y la inconformidad social. La conferencia nocturna del subsecretario López -Gatell del viernes 10 confirmó lo que la OMS había señalado poco antes: en varios estados del país hubo una apertura muy acelerada del desconfinamiento y un repunte de los contagios a tal grado que la enfermedad se ha “descontrolado”. Ello tendría que llevar, de acuerdo con el funcionario, a volver a cerrar establecimientos comerciales y productivos, y a acelerar las reconversiones hospitalarias. La OMS señaló y López Gatell, también coincidió en que ha habido una “vigilancia epidemiológica débil”. El problema es que la coordinación entre la federación y los estados no está funcionando.

Particularmente sensibles son los casos de rebrotes en Cancún, Matamoros y en el estado de Tabasco pues son ejemplo de las actividades económicas que urgía echar andar: el turismo, la maquila y la construcción de la refinería.



La ausencia de apoyos directos a las familias que han perdido su trabajo (formal o informal) y a las microempresas, está generando mayor desesperación y la desobediencia a las indicaciones sanitarias más elementales. Aunque la querella se ha centrado, erróneamente y con fines políticos, en la persona del subsecretario de salud, el verdadero problema radica en que la pobreza y el hambre están alcanzando a millones de mexicanos por las medidas de reclusión, la caída del consumo y la desaparición de cientos de miles de micronegocios. Todo ello empuja a reaperturas desordenadas y a conflictos entre autoridades de distintos niveles.

En mayo estará listo el Centro Logístico Ferroviario del Puerto de ...

Ahora bien, la posibilidad, como se repitió varias veces ese miércoles en Washington, de que el T-MEC sirva para reanimar la economía de la región es por lo pronto, casi nula. Basten algunas cifras: la producción manufacturera en EU disminuyó 5.5% en marzo, 19.5% en abril y 16.5% en mayo. Destaca en especial, por sus implicaciones para el Tratado, la caída en la producción de autos: de 2 millones 760 mil unidades en febrero a 542 mil en mayo (más de 80%). No resulta sorprendente que las exportaciones totales de nuestro vecino bajaran de 207 miles de millones de dólares (mmd) en febrero a 144.5 mmd en junio (-30%) y que las importaciones se redujeron de 247. 5 miles de millones de dólares en febrero a 199 mmd en junio (-19.5%).

Estas cifras sugieren que la reconstrucción de las cadenas de valor entre EU y México tardará un buen tiempo. Las nuevas inversiones van a dilatarse y por lo pronto las fábricas funcionarán por debajo de su capacidad instalada. Además, nadie, ni por supuesto los empresarios que asistieron a la cena esa noche en la Casa Blanca están seguros de que esta reconstrucción vaya a darse en los mismos términos históricos de los últimos decenios.



Según James Galbraith, la economía de Estados Unidos tardará mucho tiempo en salir de la crisis debido a que la demanda mundial de bienes y servicios de tecnología avanzada en sectores como la industria aeroespacial, tecnologías de información, armamento, servicios petroleros o finanzas es probable que se recuperen muy lentamente. Por su parte, el mercado interno estadounidense va a resentir una disminución del consumo, sobre todo en el sector servicios que más empleos ha generado en ese país. Más importante aún: el gasto de las familias en los 60 estaba impulsado por un alza en los salarios. En cambio, argumenta Galbraith, en esta última etapa, las remuneraciones no crecieron a la misma velocidad y el aumento del gasto en la última década ha dependido de la contratación de mayores deudas personales y corporativas. El peso de esas obligaciones frenará aún más la oferta y la demanda.



El T-MEC tiene por lo menos dos problemas adicionales que pueden detener las inversiones hacia México: las cláusulas que se refieren a las reglas de origen, la solución de controversias, y el capítulo laboral. Las empresas tendrán que aprender a enfrentar estas nuevas disposiciones, lo que las obligará a ser más cautas en el corto plazo.

En cambio, la disputa de EU con China puede representar una nueva oportunidad para nuestro país. Sin embargo, para los grandes corporativos, salirse de ese país asiático y trasladarse a nuestro territorio representa una decisión muy compleja. A corto plazo, la ruptura de las cadenas productivas existentes entre China y EU ahondaría la recesión mundial. No es lo mismo cambiar de lugar una fábrica que apretar un botón para mover cientos de miles de dólares de un banco a otro, o de un paraíso fiscal en Suiza a las Islas Caimán. Las inversiones no financieras funcionan de otra manera: la globalización de la producción (mediante el llamado outsourcing) tardó en consolidarse desde los ochentas hasta bien entrados los noventa. A todo esto, habría que agregar que las nuevas manufacturas que inundan el mercado mundial son, en buena parte, de alta tecnología. Volver a México un actor relevante en esos sectores requeriría un cambio profundo que nadie, ni los empresarios ni el gobierno está planeando ni preparando. Parecen haberse resignado a que permanezcamos como una economía maquiladora, lo cual traería los mismos resultados de las últimas décadas: bajo crecimiento, mayores desigualdades y pocos empleos productivos.

En resumen, el T-MEC es por lo pronto un proyecto afectado más por las incertidumbres que por la confianza de los inversionistas. Es un tren detenido en la estación y no hay seguridad de cuándo echará a andar y a dónde se dirigirá. La economía de la región (México, EU y Canadá), como la globalización mundial, están en plena resaca. Cuándo y qué tipo de oleada vendrá, nadie lo sabe y es probable que tarde varios años en hacerse realidad. Mientras tanto, la contradicción entre desacelerar los contagios o la actividad económica sigue siendo un dilema sin resolver en ambos lados de la frontera. Nuestro gobierno y el poder legislativo tienen que hacerse cargo ya de esta situación, y tomar las decisiones correspondientes.

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Vida y milagros

En la entrevista que el diario El País le hizo a Carlos Urzúa este 2 de julio, dice que el principal problema que enfrenta México en términos económicos es la falta de dinero público y explica porqué. Deja en claro que está de acuerdo en muchos de los objetivos del presidente López Obrador, pero no en la forma en que dichos objetivos se operan desde dentro de su gobierno. En México la mala recaudación de impuestos tiene una larga historia. En las últimas siete décadas las fuentes de ingresos para el gobierno mexicano vienen o del pago de impuestos y derechos o del dinero que ha generado el petróleo, con todos los altibajos que eso ha significado. Hoy Pemex no genera excedentes y absorbe miles de millones de pesos que se necesitan en otros lados de la economía: La recaudación de impuestos que Urzúa pretendía lograr sí pasaba por una forma distinta de cobrar impuestos. No encontró condiciones para lograr lo que él creía necesario y renunció. La recaudación tributaria en México hoy ha caído a solo el 14% del PIB y la inversión pública y privada también. Dice Urzúa:

"Cuando tú tienes una recaudación así de baja , a no ser que tengas ganancias extras muy grandes por derechos de hidrocarburos, o de cobre, como es el caso de Chile, no vas a salir bien porque es demasiado poco dinero para la magnitud de los problemas que enfrentas.... Si tú quieres ser un país que de manera ordenada pueda progresar, donde la justicia misma sea evidente en el trato del gobierno a sus ciudadanos, con grandes oportunidades de educación, salud, etcétera, tienes que tener una cierta cantidad de dinero y México no la ha tenido."

Urzúa dice que si quieres crecer como país, debes de tener una inversión mínima del 25%. Lo que él proponía antes de entrar al gobierno era mejorar la calidad de la inversión pública y seguramente una reforma fiscal, a la que el presidente dijo que no desde que estaba en campaña. En 2018, la inversión en el país era del 22.4%, 3.3% era inversión pública y 19% era inversión privada. Para 2019, la inversión en el país había caído al 20.2 del PIB. Las razones de esta caída son múltiples, pero una es que el dinero que el gobierno debiera recaudar por IVA, ISR y otros derechos, se desplomó. El resultado es que el gobierno tiene mucho menos dinero que antes. La crisis del COVID ha venido a acelerar la espiral hacia abajo. La inversión del gobierno ha caído al 2.8% y la del sector privado nacional y extranjero, al 17.9%.



Dice Urzúa que la falta de dinero tensionará sin remedio la relación entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados y la operación de todo el aparto de gobierno. Ya lo estamos viendo. Como en los matrimonios, la primera causa de divorcio es la falta de dinero. En esta gran casa que es México los pleitos crecerán cada día. La recaudación de impuestos difícilmente mejorará, a menos que se implemente una política de recaudación fiscal basada en el miedo, entre otras cosas, porque el gobierno federal ha minado sus estructuras administrativas también en la Secretaría de Hacienda. Los recortes, aún antes de la crisis del COVID, ya habían mermado la eficacia del gobierno federal a extremos inimaginables. Tanto en el cobro de impuestos como en cualquier trámite ante una instancia de gobierno, la falta de dinero se ha hecho sentir. Los trabajadores del servicio público sufren por falta de herramientas para hacer su trabajo, y sufre cualquier ciudadano que necesite hacer un trámite.

El sábado, la Secretaría de Economía anunció que retiraría las computadoras a 3 de cada 4 trabajadores. Seguramente las computadoras eran arrendadas y no hay manera de seguirlas pagando debido a los recortes. La Secretaría de Economía, entre otras cosas, es responsable de los permisos de exportación e importación, de los cuales dependemos tanto. Sin computadoras no veo cómo sacarán adelante sus trámites. Difícil que el T-MEC dé frutos si los tramites se vuelven mas lentos o imposibles.

En términos de metáfora es como si a un dibujante le quitan su lápiz y le piden que dibuje.

(Fotografía de portadilla:Moisés Pablo, Cuarto Oscuro, tomada de Infobae)

Mundo Nuestro. El siguiente es el manifiesto "TRABAJO: DEMOCRATIZAR, DESMERCANTILIZAR, DESCONTAMINAR", elaborado por iniciativa de un grupo de mujeres académicas en Europa, Isabelle Ferreras, Dominique Méda y Julie Battilana, Julia Cagé, Lisa Herzog, Sara Lafuente Hernandez, Helene Landemore y Pavlina Tcherneva, académicas en los campos de la filosofía, la sociología, la economía, la administración y las ciencias políticas. En la coyuntura de la pandemia, afirman, es tiempo de democratizar a las empresas, desmercantilizar el trabajo y remediar el desastre ambiental.

Manifiesto



¿Qué nos ha enseñado esta crisis? En primer lugar, que los seres humanos en el trabajo no pueden ser reducidos a meros “recursos”. El personal médico y farmacéutico, el personal de enfermería, de reparto, de caja… todas esas personas que nos han permitido sobrevivir durante este periodo de confinamiento son la viva muestra de ello. Esta pandemia ha revelado también cómo el trabajo en sí tampoco puede reducirse a mera “mercancía”. Los servicios de salud, atención y cuidados a colectivos vulnerables son actividades que deberíamos proteger de las leyes del mercado. De no hacerlo, correríamos el riesgo de acentuar aún más las desigualdades, sacrificando a las personas más débiles y necesitadas. ¿Qué hacer para evitar semejante escenario? Hay que permitir a los y las trabajadoras participar en las decisiones, es decir, hay que democratizar la empresa. Y hay también que desmercantilizar el trabajo, es decir, asegurar que la colectividad garantice un empleo útil a todas y todos. En este momento crucial, en el que nos enfrentamos al mismo tiempo a un riesgo de pandemia y a uno de colapso climático, estas dos transformaciones estratégicas nos permitirían no solo garantizar la dignidad de cada persona, sino también actuar colectivamente para descontaminar y salvar el planeta.

Democratizar. Mientras quienes podemos, permanecemos confinadas, los (y especialmente, las) que forman parte del personal esencial, en particular las personas racializadas, migrantes y que trabajan en la economía informal, se levantan cada día para prestar servicio a los y las demás. Ellas son prueba de la dignidad del trabajo y de la ausencia de banalidad de su función, y demuestran un hecho clave que el capitalismo, en su afán por transformar a los seres humanos en meros “recursos”, intenta siempre invisibilizar: y es que, sin personas dispuestas a invertir su trabajo, no hay producción ni servicio que valga.

Por otra parte, los confinados (y, en especial, las confinadas) están movilizando todo lo que está en su mano para lograr, desde sus domicilios, mantener la actividad de sus organizaciones, demostrando así de forma masiva que quienes suponen que la gran preocupación de un empresario debe ser no perder de vista a un trabajador indigno de confianza para controlarlo mejor, están profundamente equivocados. Cada día, los y las trabajadoras evidencian que no son una “parte interesada” cualquiera de la empresa: son SU parte constitutiva. Sin embargo, se les niega aún con demasiada frecuencia el derecho a participar en el gobierno empresarial, monopolizado por quienes aportan capital.

Si nos preguntamos seriamente cómo podrían las empresas y la sociedad en su conjunto expresar su reconocimiento hacia los y las trabajadoras, parece evidente que tendría que aplanarse la curva para las remuneraciones más altas e iniciarse ésta desde un nivel más alto para el resto, pero dichos cambios no serían suficientes. Del mismo modo en que, después de las dos guerras mundiales, se otorgó el derecho de voto a las mujeres en reconocimiento de su contribución al esfuerzo de guerra, hoy resulta injustificable negarse a la emancipación de los y las inversoras de trabajo, y al reconocimiento de su ciudadanía en la empresa. Se trata de una transformación absolutamente necesaria.

En Europa, la representación de quienes invierten su trabajo en la empresa comenzó a establecerse a través de comités de empresa al acabar la Segunda Guerra Mundial. Pero estas “Cámaras” de representación de los y las trabajadoras se han quedado en órganos muy débiles, dependientes de la buena voluntad de los equipos de dirección designados por el accionariado. Estas Cámaras han sido incapaces de bloquear la dinámica propia del capital, que busca acumular para sí mismo, mientras destruye el planeta. Estas Cámaras de representación de los y las trabajadoras deberían en lo sucesivo ser dotadas de derechos similares a los de los consejos de administración, con el fin de someter el gobierno empresarial (es decir, la dirección al más alto nivel) a un sistema de doble mayoría.



En Alemania, Países Bajos y los países escandinavos, las diferentes formas de cogestión o codecisión (Mitbestimmung) que se pusieron progresivamente en marcha después de la Segunda Guerra Mundial representaron una etapa crucial, pero aún no basta para generar una verdadera ciudadanía en la empresa. Incluso en Estados Unidos, donde el derecho de sindicalización ha sido vigorosamente combatido, surgen hoy voces que piden otorgar a quienes invierten en trabajo el derecho de elegir representantes que cuenten con una mayoría cualificada en el seno de los consejos de administración. Nombrar al Director (o, mejor aún, a la directora) General, decidir sobre la estrategia empresarial, o sobre cómo se reparten los beneficios, son todas ellas cuestiones demasiado importantes como para ser dejadas exclusivamente en manos de la representación accionarial. Quienes invierten en la empresa su trabajo, su salud, y, en definitiva, su propia vida, deben tener asimismo la posibilidad de validar colectivamente tales decisiones.

Desmercantilizar. Esta crisis ilustra también hasta qué punto el trabajo no debería tratarse como mercancía. La crisis demuestra que no podemos dejar decisiones colectivas tan importantes en manos de los mecanismos del mercado. La creación de puestos de trabajo en los sectores de cuidados y de atención primaria, o el abastecimiento de material y equipos de emergencia llevan años sometidos a la lógica de la rentabilidad, y esta crisis no hace sino sacarnos del engaño. Nuestras decenas de miles de fallecidos nos recuerdan que hay necesidades colectivas estratégicas que debieran quedar inmunizadas ante la mercantilización. Quienes aún afirmen lo contrario son ideólogos que nos ponen a todos en grave peligro. La lógica de la rentabilidad no puede decidirlo todo. Al igual que ciertos sectores han de protegerse de las leyes del mercado no regulado, también ha de poder garantizarse a cada cual un trabajo digno.

Una forma de alcanzar ese objetivo es a través de una Garantía de empleo, que ofrezca la posibilidad a cada ciudadano y ciudadana de tener un empleo. El artículo 23 de la Declaración Universal de los derechos humanos consagra el derecho al trabajo, a un trabajo libremente elegido, a condiciones de trabajo justas y satisfactorias, y a una protección contra el desempleo. En este sentido, la Garantía de empleo permitiría no solo que toda persona se ganara la vida dignamente, sino también que, colectivamente, multiplicáramos nuestras fuerzas para responder mejor a las numerosas necesidades sociales y medioambientales a las que nos enfrentamos. Una Garantía de Empleo puesta a disposición de las comunidades y administraciones locales permitiría, en concreto, contribuir a evitar el colapso climático, y al mismo tiempo garantizar un futuro digno a todas las personas. La Unión Europea debería poner los medios necesarios para impulsar semejante proyecto en el marco de su Green Deal. Si revisara la misión de su Banco Central, para que éste pudiera financiar tal programa, necesario para nuestra supervivencia, la UE se ganaría la legitimidad en la vida de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión. Ofreciendo una solución anticíclica al choque que se avecina en términos de desempleo, la UE demostraría su compromiso con la prosperidad social, económica y ecológica de nuestras sociedades democráticas.



Descontaminar. No repitamos los errores de 2008: aquella crisis se saldó con el rescate incondicional del sector financiero, profundizando la deuda pública. Si nuestros estados vuelven hoy a intervenir la economía, es importante que al menos pueda exigirse a las empresas beneficiarias su adecuación al marco general de la democracia. El Estado, en nombre de la sociedad democrática a la cual sirve y que lo constituye, y en nombre también de su responsabilidad para velar por nuestra supervivencia medioambiental, debe condicionar su intervención a cambios en la orientación estratégica de las empresas intervenidas. Más allá del cumplimiento de estrictas normas medioambientales, debe imponer condiciones de democratización en cuanto al gobierno interno de las empresas. Porque las empresas mejor preparadas para impulsar la transición ecológica serán, sin lugar a duda, las que cuenten con gobiernos democráticos; aquellas en las que tanto inversoras de capital como de trabajo puedan hacer oír su voz y decidir de común acuerdo las estrategias a poner en práctica. Esto no debe sorprender: bajo el régimen actual, el compromiso capital/trabajo/planeta resulta siempre desfavorable al trabajo y al planeta. Como han demostrado los ingenieros de la Universidad de Cambridge Cullen, Allwood y Borgstein (Envir. Sc. & Tech. 2011 45, 1711–1718), si se establecieran “modificaciones realizables en los procesos productivos”, podría ahorrarse un 73% del consumo mundial de energía. Pero estos cambios implicarían más mano de obra, y decisiones a menudo más costosas a corto plazo. Mientras las empresas sigan administrándose exclusivamente en beneficio de quienes aportan capital, ¿de qué lado creen ustedes que se decantará la decisión, en un momento en que el coste de la energía es irrisorio?

A pesar de los desafíos que tales cambios implican, algunas cooperativas o empresas de la economía social y solidaria, proponiéndose objetivos híbridos (financieros a la par que sociales y medioambientales), y desarrollando gobiernos internos más democráticos, han demostrado ya que ésta es una vía creíble.

No nos hagamos ilusiones. Dejados a su suerte, la mayor parte de quienes aportan capital no se preocuparán ni de la dignidad de las personas que invierten su trabajo, ni de la lucha contra el colapso climático. Tenemos, en cambio, otro escenario mucho más esperanzador al alcance de la mano: democratizar la empresa y desmercantilizar el trabajo. Lo que nos permitirá descontaminar el planeta.

Traducido por Sarah Lafuente Hernandez (University of Brussels–ETUI)

A iniciativa de un grupo de mujeres, Isabel Ferreras, Dominique Méda y Julia Battilana, todas ellas distinguidas profesoras de universidades como la Católica de Lovaina en Bélgica; la de París-Dauphine; y la de Harvard, Estados Unidos, ha empezado a circular en las últimas semanas un Manifiesto por el trabajo. Dicho escrito ya fue respaldado por casi 6 mil investigadores de 700 universidades de todos los continentes y ha sido publicado en 36 países y 27 diferentes idiomas. Entre quienes lo han apoyado se encuentran figuras tan conocidas e influyentes como Katharina Pistor, Dani Rodrik y Thomas Piketty. En México, el documento ha circulado en los medios académicos, pero no en la prensa, al alcance de un público más amplio. Esta propuesta, la cual se puede encontrar íntegramente en el sitio democratizingwork.org.

El manifiesto inicia reconociendo el trabajo de los médicos, enfermeros, repartidores de productos y encargados de las farmacias o de los establecimientos esenciales para nuestra manutención cotidiana, pues gracias a ellos hemos podido sobrevivir durante el periodo de confinamiento obligado por la pandemia. Sus labores, por lo tanto, deben ser protegidas y no quedar expuestas a las leyes del mercado. De lo contrario, se corre el riesgo de acentuar aún más las desigualdades, sacrificando a las personas más débiles y necesitadas. Por ello –afirma la proclama– hay que democratizar el trabajo, democratizando la empresa y, al mismo tiempo dejar de tratarlo como una mercancía. Estas dos transformaciones estratégicas nos permitirían actuar colectivamente para limpiar y rescatar al planeta.

Democratizar el trabajo quiere decir combatir la idea de que las personas trabajadoras deben ser tratadas como “recursos” cuando en realidad son la parte constitutiva de las empresas. Los empleados casi siempre son excluidos de la participación en el gobierno de los negocios y éste ha quedado en manos de los accionistas, los que aportan el capital. Defender la representación de los trabajadores en la dirección de las empresas no es un hecho nuevo ni imposible en las economías de mercado. Comenzó después de la Segunda Guerra Mundial a través de Comités de Empresa y diversas experiencias de cogestión. Sin embargo, los primeros fueron demasiado débiles y las segundas insuficientes Ahora, estos comités deben tener derechos similares a los de las Juntas Directivas, a fin de someter al gobierno de la empresa, los Consejos de Administración y la gerencia general, a una doble mayoría.

Se propone también desmercantilizar el trabajo. La creación de puestos laborales en el sector de la salud y en actividades ligadas al cuidado de personas o al suministro de equipos y materiales indispensables han estado sometidos a la lógica de la rentabilidad. Las decenas de miles de fallecidos nos recuerdan, penosamente, dice el escrito, que hay necesidades colectivas estratégicas que no deberían estar regidas por el mercado.



De igual manera, el manifiesto propone garantizar para todos un trabajo digno a través de una Garantía de Empleo (job guarantee). Ello implica el reconocimiento del derecho al trabajo, como lo señala el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (o, por ejemplo, la Constitución de México), lo que implica la libre elección de una actividad y sobre todo el derecho a condiciones laborales justas y satisfactorias y a una protección contra el desempleo. Esta garantía de empleo debería ser administrada por las comunidades y administraciones locales para contribuir a evitar el colapso climático y garantizar un futuro digno para todos y todas.

El manifiesto sugiere que los estados nacionales deben contribuir con los recursos necesarios para impulsar este proyecto. Proponen para ello, revisar los objetivos de los bancos centrales, incluyendo el de la Unión Europea, de tal manera que éstos puedan financiar estos programas. Se ofrecería, además, una solución anticíclica al choque económico que ya se nos vino encima por el desempleo masivo.

Finalmente, el manifiesto llama a no repetir los errores cometidos a raíz de la Gran Recesión de 2008 pues en esa ocasión se quiso resolver la crisis mediante el rescate incondicional del sector financiero, aumentando la deuda pública. Si los gobiernos vuelven hoy a intervenir en la economía es importante que esos apoyos se condicionen cambiando la orientación estratégica de las empresas beneficiadas. Éstas deberán cumplir normas medioambientales más estrictas y, asimismo, implantar un gobierno democrático a su interior. Según el manifiesto, las empresas mejor preparadas para impulsar la transición ecológica serán las que cuenten con administraciones en las que tanto los inversionistas como aquellos que aportan su trabajo puedan hacer oír su voz y decidir de común acuerdo las estrategias que se vayan a poner en práctica. Debe reconocerse que, hasta ahora, el compromiso capital/trabajo/planeta ha resultado siempre desfavorable a las dos últimas y sólo se ha beneficiado al primero. Algunas cooperativas y empresas de la economía social y solidaria, que se han propuesto como objetivos darles viabilidad financiera a sus proyectos y, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones sociales y medioambientales, han implantado gobiernos internos más democráticos demostrando que son una opción viable.

El manifiesto termina así: No nos hagamos ilusiones. Dejados a su suerte, la mayor parte de quienes aportan el capital de las empresas no se preocuparán ni de la dignidad de las personas que aportan su trabajo, ni de la lucha contra el colapso climático. Tenemos, en cambio, otro escenario mucho más esperanzador al alcance de la mano: democratizar la empresa y desmercantilizar el trabajo. Lo que nos permitirá descontaminar al planeta.

Hasta aquí las tesis del manifiesto. Desde mi punto de vista, estas ideas forman parte de un abanico cada vez más amplio de alternativas que han salido a la luz en las últimas semanas. Se ha extendido la convicción de que el confinamiento no ha sido un paréntesis, un espacio de tiempo sin consecuencias, y que a la salida de esta reclusión encontraremos, ya los estamos viendo, una realidad distinta a la que dejamos antes del encierro. Esta nueva realidad es, por lo pronto, más sombría. Para remediar esto, no podemos dejar que las condiciones sociales, económicas y políticas que han prevalecido sigan inalteradas. No podemos arriesgarnos a prolongar esta calamidad o a sufrir otra en condiciones cada vez más adversas. Pero cambiar qué y cómo es el debate que tenemos que dar en todos lados.



El manifiesto aporta algunas ideas estratégicas. Para el caso de México, me parecen de especial relevancia las siguientes: hacer efectiva la garantía de empleo (quizás en lugar de un ingreso mínimo vital); su financiamiento a través de los bancos centrales; y el rescate de empresas a condición de que cumplan un conjunto de normas administrativas, laborales y ecológicas. Lo anterior se traduciría, en lo inmediato, en un seguro de desempleo para los trabajadores del sector formal; y un financiamiento y protección permanente para quienes realizan actividades informales (en un taller familiar o por su cuenta). Igualmente, que los recursos del Banco de México ya no se canalicen a la banca privada sino directamente al gobierno o gobiernos (estatales, municipales) para apoyar la salud y la protección al empleo; y que los créditos a las empresas se otorguen solo cuando éstas garanticen un mejoramiento de su desempeño y su democratización interna. Finalmente, habría que apoyar a la economía social y solidaria, un sector que apenas despunta en nuestro país. Estas y otras propuestas no pueden ser desechadas sin discusión. Poner en pie lo que ha estado de cabeza, para hacer uso de una cita famosa, requiere de muchas ideas nuevas y audaces.

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(Imagen de portadilla tomada de Iteso)



  • Mundo Nuestro. Este texto de Pablo Yanes Rizo se publicó originalmente en el número 118 de la revista Brújula Ciudadana. Lo reproducimos con autorización de su autor.

    Para que efectivamente las cosas no sean iguales después de la pandemia, requerimos preguntarnos qué nos ha enseñado y qué hemos aprendido. Empezando por ser concientes de que corremos el riesgo de que la afirmación según la cual el mundo no será igual después de ella quede reducido a un lugar común desprovisto de sustancia y de sentido de futuro.



    Pensadores como Ignacio Ramonet y Martín Hopenhayn han señalado, respectivamente, que la pandemia constituye un hecho social total y que ha provocado tanto un paro gigantesco de actividades como una aceleración de la historia. ¿Será que estamos en presencia de una combinación inédita de nuevo virus y viejo topo?

    Bajo esta óptica conviene apuntar algunas de las lecciones preliminares que podemos advertir y, además, señalar posibles alternativas para construir un futuro mejor y diferente, ya que no se trata de enfilarse hacia la reanudación de actividades como si nada hubiera pasado, como si saliéramos de un paréntesis, sino embarcarnos en un proceso de reconstrucción económica, social y ambiental con una perspectiva distinta del desarrollo.

    Si algo ha desnudado la pandemia en tiempo real y de manera exponencial es la fragilidad de la gobernanza económica global y la precariedad de las condiciones de vida de millones de personas.



    En cuestión de semanas han saltado por los aires supuestos de la gestión del ciclo económico que se creían inamovibles y escritos en piedra respecto, por ejemplo, a los coeficientes aceptables de déficit público o de endeudamiento frente a la urgencia de intentar impedir que la falta de liquidez se convierta en una crisis de insolvencia y que la recesión evolucione hacia una depresión en toda la extensión del concepto. Nada garantiza, sin embargo, que estas políticas de emergencia sean exitosas y no terminen a la larga, una vez más, privatizando los beneficios y socializando las pérdidas.

    En la medida en que el multilateralismo se ha ido debilitando, encontramos que frente a una crisis global, porque eso es la pandemia COVID-19 en todo el sentido de la palabra, han predominado las salidas nacionales, el “sálvese quien pueda” y el que cada quién vea por sus intereses. En un mundo que se presume interconectado, proliferaron los cierres unilaterales de fronteras.



    No obstante algunas iniciativas importantes, como la resolución en Naciones Unidas impulsada por México, para reconocer el carácter de bien público de medicamentos y equipo médico y la garantía de su acceso sin discriminación y exclusión, han sido evidentes los déficits en términos de coordinación y cooperación internacional tanto en políticas y medidas de reactivación económica como de gestión de la crisis sanitaria global.

    En la dimensión social, la COVID-19 ha exbibido no solo las profundas desigualdades que se han venido acumulando en las últimas décadas, sino también el hecho de que la precariedad en todos los órdenes se ha extendido hacia muy grandes grupos sociales y a prácticamente todos los ámbitos de la vida. Conviene insistir en este punto.

    El crecimiento de la desigualdad observado en las últimas décadas, con procesos de hiperconcentración de ingresos y riqueza en un muy pequeño grupo de personas, no es solo un fenómeno cuantitativo que se expresa en el incremento de, por ejemplo, el coeficiente de Gini. Hay también nuevos elementos cualitativos que implican que la desigualdad de hoy no solo es mayor que la experimentada hace algunas décadas (aunque también fuera alta, lo cual no hay que olvidar), sino también tiene rasgos cualitativos que la hacen diferente y potencialmente más explosiva.

    Durante el anterior régimen de acumulación (fordista, keynesiano, bienestarista), existían la concentración de la riqueza y la desigualdad social, pero convivían con Estados sociales o de Bienestar que, a pesar de sus limitaciones, fallas y estratificaciones, proveían de una cierta red de seguridades y certezas particularmente a quienes se encontraban insertos en la economía formal, se experimentaba una mayor movilidad social, se expandían los estratos medios y, no exenta de dificultades, mejoraba la distribución funcional del ingreso (esto es, entre el trabajo y el capital) y, muy relevante, la fiscalidad tenía una orientación más progresiva.

    Esa red de seguridades y certezas -que mal que bien proveían los Estados sociales o de Bienestar- se habían venido debilitando o desmontando en las últimas décadas con diferentes grados y niveles entre países. Así, observamos como tendencia general que la orientación universalista de la política social ha perdido terreno frente a los esquemas de focalización o residualistas, la expansión de la provisión pública fue cediendo terreno a la mercantilización de los servicios sociales (de manera destacada, la salud y la educación), se volvió difuso el vínculo positivo entre grado de escolaridad e inserción laboral, la estabilidad en el empleo se fue convirtiendo en una situación excepcional y localizada y, en general, se masificó la sensación de incertidumbre e inseguridad.

    Por ello hoy la reflexión sobre las implicaciones de la precariedad es inescapable para comprender la magnitud y la naturaleza de las desigualdades que estamos enfrentando. Una red de seguridades y certezas ha sido lenta, pero sistemáticamente desplazada por empleo inestable y de mala calidad, salarios bajos, pensiones insuficientes, difícil inserción laboral de las poblaciones juveniles, estratificación y mercantilización en el acceso a la salud y la educación, endeudamiento de los hogares como alternativa frente a la caída de los ingresos y dificultades cada vez mayores para acceder a una vivienda adecuada.

    Implicaciones de la precariedad

    En este marco de precarización, nos alcanzó la pandemia. Nuestra fragilidad y debilidades han sido exhibidas de manera cruda. En tres ámbitos ha sido particularmente relevador el impacto de COVID-19: en el acceso a la salud, en la seguridad de los ingresos y en el sistema de cuidados.

    Respecto a la salud, América Latina entró a la pandemia, salvo algunas excepciones, con sistemas débiles e insuficientes. Pero no solo eso, sino también profundamente fragmentados, jerarquizados y mercantilizados. La estructura de los sistemas de salud de la región expresa desigualdades al mismo tiempo que las profundiza. Así, tenemos que el acceso a la salud depende o del ingreso y el patrimonio o de la naturaleza de la inserción laboral o la carencia de ella.

    La ausencia en muchos países de sistemas nacionales universales e integrados de salud se reveló como un obstáculo muy relevante a una respuesta adecuada frente al desafío sanitario. De hecho, en varios países, como México, tuvieron que ponerse en práctica medidas de integración de facto de los servicios para permitir que personas sin derechohabiencia en la seguridad social pudieran ser atendidos por servicios a los que, en principio, no tenían derecho.

    No únicamente se revelaron las fragilidades en el acceso a la atención hospitalaria, sino la dureza de los determinantes sociales de la salud y sus efectos sobre la evolución de la pandemia, las tasas de letalidad entre personas y territorios pobres, así como el impacto entre poblaciones entre 40 y 55 años de edad. Malas condiciones de salud acumuladas vinculadas a ambientes obesogénicos, a la doble carga de la malnutrición que se traduce en una alta prevalencia de diabetes e hipertensión, han cobrado una factura muy alta durante la pandemia y se han revelado como problemas de salud pública de primer orden.

    Aunque por razones comprensibles la atención ha estado centrada en la carga hospitalaria, volver la mirada a la importancia estratégica de la prevención, la atención primaria a la salud y los determinantes sociales de la misma parece indispensable para la formulación de las nuevas políticas de salud después de la pandemia.

    Es del todo previsible que en materia de salud se pueda abrir un nuevo curso de políticas que partan de su condición de derecho humano y de bien público global. Es urgente trazar rutas hacia su desmercantilización y hacia la recuperación del enfoque DESC (derechos económicos, sociales y culturales) en donde la salud no es un paquete básico ni un piso mínimo, sino como lo dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales -PIDESC- en su artículo 12: (el derecho de toda persona) al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

    Avanzar hacia sistemas públicos, nacionales e integrados de salud parece ser otro de los imperativos que impone la pandemia, habida cuenta del alto costo en oportunidad, eficiencia y desigualdad que representa continuar con sistemas altamente fragmentados y jeráquicos como los que actualmente existen en varios países de la región.

    Pero no solo habrá que pensar en políticas y soluciones nacionales, sino en la urgencia de construir pactos globales en materia de salud que pongan en el centro la protección de la vida y el bienestar de las personas y no los cálculos de rentabilidad. Todo ello para redefinir prioridades en materia de investigación y desarrollo de medicamentos y vacunas, para buscar cerrar las brechas de esperanza de vida entre grupos sociales, territorios y países y para garantizar el acceso universal a los avances científicos, los medicamentos y los equipos médicos. Para, en consonancia con el Objetivo 3 de la Agenda 2030: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

    La pandemia evidenció la enorme fragilidad de amplios grupos de la población en materia de protección y garantía de ingresos. De manera abrupta, creció el desempleo, incluido el sector formal, y millones de personas insertas en condiciones de trabajo informal se vieron privadas de un día para otro de los ingresos para satisfacer (así sea parcial e insuficientemente) las necesidades más básicas. En cuestión de semanas, nuestras sociedades quedaron evidenciadas como sociedades de la desprotección y la precariedad.

    No es por ello casual que, ante una evidencia de ese tamaño, los gobiernos de la región se dieron a la tarea de poner en marcha muchas y muy diversas formas de transferencias monetarias a los hogares, haciendo a un lado, por lo pronto, los requisitos de condicionalidad tan característica de los programas de transferencias monetarias prevalecientes en la región, sobre la base de considerar que se trataba solo de transferencias transitorias o de emergencia y que en algún momento estas podrían suspenderse o levantarse.

    Para darse una idea del impacto que la pandemia ha tenido en el monto de las transferencias monetarias a las personas o a los hogares (ha habido de ambos tipos), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) ha estimado que antes de la pandemia el monto global de las transferencias monetarias ascendía en la región a un 0.35% del PIB, las medidas de emergencia puestas en práctica en las últimas semanas representan el 0.70% del mismo[1].

    Ello ha traído de nueva cuenta con gran fuerza el debate sobre la necesidad del ingreso ciudadano universal, tal y como ha sucedido en los últimos años al calor de la recesión del 2008-2009, de los intensos debates sobre el futuro del mundo del empleo durante toda la década presente y ahora, de nueva cuenta, en el marco de la pandemia. Es significativo que ante hechos mundiales de muy distinta naturaleza, pero que revelan la fragilidad y precariedad de la existencia se apele a la posibilidad de instaurar una renta básica o ingreso básico universal como un nuevo pilar del Estado social que otorgue seguridad y certidumbre a las personas, sea un estabilizador automático del ciclo económico y tenga un carácter preventivo (y no solo remedial o emergencial) frente a situaciones críticas.

    No pocos se han preguntado cómo hubiera sido la historia económica y social de la pandemia, si ella hubiera sucedido con un Estado social y un régimen de bienestar fuerte y un ingreso ciudadano universal en operación. Muy probablemente estaríamos contando una historia diferente y hubiera podido evitarse mucho dolor y sufrimiento a millones de personas.

    Desde la CEPAL, se ha planteado la necesidad de atender la emergencia con visión de largo plazo. Por ello la CEPAL a la par de proponer, frente a la grave situación que se enfrenta en la región, la puesta en práctica de un ingreso básico de emergencia para un tercio de la población de la región, al mismo tiempo propone la instauración de un ingreso básico universal con los ritmos y montos que cada país esté en condiciones de afrontar, pero con el objetivo claro de construir un pilar adicional del estado de bienestar junto con, no en lugar de, la garantía del acceso universal al goce de los derechos sociales.

    La CEPAL lo ha planteado en los siguientes términos:

    “Desde una perspectiva de largo plazo, la CEPAL reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, como los estratos de ingresos bajos no pobres y los medios bajos. Esto permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal que se debe implementar gradualmente en un período definido de acuerdo con la situación de cada país”[2].

    Ello en el marco de construcción de regímenes y Estados de Bienestar fortalecidos, en donde, después de advertir que desde 2014, “antes de la pandemia, la región vivía un proceso de deterioro de la situación social en términos de pobreza y pobreza extrema, y un menor ritmo de reducción de la desigualdad” y ante el agravamiento de las brechas sociales:

    • La CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos, para no dejar a nadie atrás.

    • Generar respuestas de emergencia desde la protección social para evitar un grave deterioro en las condiciones de vida es ineludible desde una perspectiva de derechos y bienestar.

    • Las respuestas en materia de protección social deben articular las medidas de corto plazo, necesarias para atender las manifestaciones más agudas de la emergencia, con otras de mediano y largo plazo, orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social.[3]

    El otro pilar adicional que requerirá construirse -y que la pandemia ha revelado como uno de los mayores faltantes del régimen de bienestar prevaleciente en la región- es el sistema de cuidados que actualmente descansa de manera abrumadora e injusta sobre el trabajo no remunerado de las mujeres y en muchos casos de las niñas.

    Las fragilidades que ha desnudado la pandemia de la COVID-19 son de carácter estructural y estructurales deberán ser las medidas para no volver a una realidad de desprotección y precariedad. Por ello hay que moverse simultáneamente en dos pistas: atender la coyuntura y transformar la estructura.

    Es necesario asumir que estamos mucho más allá de una discusión sobre políticas públicas y que se requiere pensar en términos de régimen de bienestar, del nuevo régimen de bienestar, los derechos, pilares y formas de financiamiento que le deben dar forma para garantizar protección efectiva, ampliación de autonomía y posibilidades de emancipación. Solo con un régimen de bienestar y protección social fortalecido y renovado es pensable que la realidad que surja de la pandemia no sea la reiteración o la profundización de la fragilidad y precariedad que tanto daño y sufrimiento han producido.

    Notas

    [*] Las opiniones aquí expresadas pueden no ser coincidentes con las del Sistema de Naciones Unidas.​

    [1] CEPAL. El desafío social en tiempos del COVID, Santiago de Chile, p.10. Abril de 2020. www.cepal.org

    [2] Ibid, p. 15

    [3] Ibid, p. 19