Medio Ambiente

Vida y milagros

La vida secreta de las plantas

Hace muchos años leí un libro fascinante, La vida secreta de las plantas (1). Mi relación con el reino vegetal cambió por completo después de leerlo. Lo recordé hoy al recibir un artículo de Anatxu Zabalbeascoa en el que hace una breve reseña de una de las conferencias del botánico Francis Hallé, “La vida de los árboles" (2). No lo he leído aún, pero el artículo explica muy bien porqué Hallé encontró su propósito de vida no solo en difundir la importancia y valor estratégico de los árboles, sino en sembrar el mayor número posible de ellos durante su vida; para él son herramientas de futuro arraigados en el pasado. El centro de su atención pasó de sí mismo hacia la importancia de sembrar árboles, esos seres humildes dentro de su majestad, silenciosos, autosuficientes; seres que nos sobrevivirán sin depredar, dejando una huella ambiental a su favor. En la reseña hay un dato: el 90% de la biomasa, es decir, el peso acumulado de todo lo que está vivo en el planeta, está compuesto de árboles. Y cita otro dato: hay un árbol vivo en Tasmania que tiene 43 mil años. Las secuoyas de California tienen 5 mil años. Aquí en México el árbol del Tule de Oaxaca tiene 2 mil. Por eso afirma que los árboles han ido más lejos en su dirección que nosotros en la nuestra. Los árboles se alimentan de CO2, por eso Hallé piensa que son el más poderoso salvoconducto frente al cambio climático.

La vida secreta de las plantas



El artículo cita también un pequeño libro, “El hombre que plantaba árboles" (3), una novela que empieza con el siguiente párrafo: " Para que un personaje manifieste sus más excepcionales cualidades hay que tener la fortuna de observar su actuación a lo largo de muchos años. Si dicha actuación está desprovista de todo egoísmo, si obedece a una generosidad sin par, no abriga afán de recompensa, y por añadidura ha dejado una huella patente en la faz de la tierra, no cabe error alguno, estamos ante un personaje inolvidable"- y el personaje de la novela lo es: un pastor que después de la destrucción de la guerra, siembra miles de árboles a lo largo de su existencia para devolverle vida a la tierra y acabar con la desolación que ha dejado a su paso la destrucción de los árboles; en sembrar árboles encuentra la mejor manera de ocuparse del porvenir. Él cree en el milagro y la certeza de que esa vida estará ahí quizá cientos de años después de que él se haya ido. El libro es en sí una semilla.

Cortometraje | El hombre que plantaba árboles

Cada día la humanidad depreda por tala directa unos dos millones de árboles. Busquen los tres escritos que menciono, son pequeños, pero están llenos de sabiduría. Muy útiles para ubicar a nuestra crecida humanidad en la dimensión correcta. Muy buenos para motivarnos a plantar todos los árboles posibles.

Les dejo un pequeño párrafo de La vida secreta de las plantas, para que se animen a leerlo:



"Las plantas son seres vivos maravillosos. Son la únicas criaturas que, en medio del silencio, producen su propio alimento, y sin duda, constituyen la mayor fuente de riqueza de nuestro planeta: incluso el carbón y el petróleo fueron vida vegetal en el pasado. Los estudios y experimentos sobre la comunicación de las plantas indican que todos los seres vivos- el ser humano, las plantas, la tierra, otros planetas, las estrellas- todo se relaciona íntimamente entre sí. Lo que le ocurre a uno afecta a los demás."



¿Alguna vez han visto una planta silvestre a la que se conoce como "vergonzosa"? Es solo una pequeña mata verde oscura. Aguanta mucho tiempo sin agua, y en época de lluvia echa unas flores blancas en forma de bolita. Al tocar las hojas, estas se mueven y se cierran de manera inmediata, de tal manera que un animal herbívoro puede confundirlas con el movimiento de un grillo. Los herbívoros no comen insectos. La planta se defiende con movimiento. Una planta parece saber que un animal no come insectos. A mí me pareció fascinante entenderlo. Me parece también aterrador que los humanos nos sintamos superiores a toda esta sutileza, a toda esta conspiración altruista de la naturaleza para conservar lo esencial.

Peter Tompkins y Christopher Bird, La vida secreta de las plantas, 1973

Francis Hallé, conferencia, La vida de los árboles, 2011

Jean Giono, El hombre que plantaba árboles, 1953

Mundo Nuestro / Investigación especial

Inmobiliarias rematan la Sierra Norte de Puebla



Empresas como Inmobihogar, Inverplús, Bienes Raíces Vaal y Vidcrea violan en la Sierra Norte de Puebla la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del estado para vender extensas zonas de tierra rural como desarrollos inmobiliarios de tipo urbano, pero disfrazados como campestres. Respaldados en permisos irregulares aprobados por funcionarios municipales ofrecen lotes y construcciones, pese a la creciente inconformidad de los habitantes que al ver en riesgo su forma de vida y a pesar de ser amenazados en sus personas y sus familias se organizan contra el boom inmobiliario. Esta es la historia de un negocio millonario en zonas prohibidas.

Israel Velázquez G./ Mundo Nuestro

Zacatlán, en venta



Zacatlán, Pue. Viajar de Chignahuapan a Zacatlán genera la sensación de que todo este último municipio está en venta no sólo como marca turística sino cada metro cuadrado de tierra: cuando se va en automóvil lo primero que se encuentra en el paisaje urbano es un anuncio de “Últimos lotes de fraccionamiento cerrándose en La Estrella”. Ahí inicia el bombardeo.

En el trayecto, hasta llegar a Las Lajas, hay lo mismo anuncios que fraccionamientos a los costados de la carretera Federal 119 e incluso en la entrada a Camotepec, frente a la zona turística del Valle de Piedras Encimadas. En el libramiento se encuentra uno de los últimos fraccionamientos, y hay uno más a 45 minutos de la carretera federal.



Zacatlán es famoso por su antiguo Conjunto Conventual Franciscano, su centenaria tradición relojera, sus paisajes, su niebla y la espectacular barranca de Los Jilgueros. Esa belleza natural se extiende en 105 localidades que ahora son vistas como un botín vendible por las empresas de bienes raíces.

Lo mismo da si se sale en autobús: un enorme anuncio de Vaal Bienes Raíces ocupa una pared completa de la terminal a donde arriban unidades de la Línea Atah, la única que cubre la ruta Puebla-Apizaco-Zacatlán. En bardas y postes hay decenas de pendones con anuncios promocionales de venta de terrenos, la mayoría son de Inmobihogar, Inverplús, Vidcrea y Vaal Bienes Raíces.

Esta última ofrece predios desde 200 hasta mil 500 metros cuadrados y facilidades de pago que van desde un enganche de 20 mil pesos por 200 metros cuadrados hasta la aceptación de automóviles y camionetas a cuenta; por ejemplo, en Maquixtla ofrece terrenos de 1 mil 500 metros cuadrados con servicios disponibles, acceso a transporte público, zona poblada con iglesias y escuelas cercanas.

En Atexca la oferta es de terrenos comerciales a la orilla de la carretera, a 15 minutos de Zacatlán y la promesa de posesión inmediata. El costo es de 150 mil pesos pagaderos a 1 o 2 años con un enganche desde 5 mil pesos. Tanto en Atexca como en Aquixtla y El Vivero Vaal Bienes Raíces ofrece servicios disponibles, cuando son totalmente irregulares.

Vidcrea que se describe a sí misma como un “negocio dedicado a los servicios inmobiliarios, compra-venta, renta de terrenos rústicos, lotes, casas habitación, locales comerciales, bodegas y naves, ofrece en Facebook lo mismo predios que casas que se pueden apartar hasta con 20 por ciento del costo total; y aunque tiene enlace a una página web, hasta el 8 de noviembre pasado no estaba disponible.

En la página Lamudi ofrece Vidcrea en 139 mil pesos lotes de 144 metros cuadrados en Cuautilulco; de 200 metros cuadrados, pero en 85 mil pesos, en La Ladera, Atzingo; y en 395 mil pesos lotes campestres de mil metros cuadrados en la zona boscosa de la carretera Zacatlán-Huauchinango.

Cuando comenzaron las quejas contra Vidcrea surgió con más fuerza Vaal Bienes Raíces, y aunque ambas tienen oficinas físicas distintas en Zacatlán, en algunos casos ofrecen los mismos predios.

Inverplús vende terrenos en una barranca que comenzaron a tapar con escombro que medio aplanaron y ahí siguen tirando escombro saliendo de Zacatlán por el Lienzo Charro; esta inmobiliaria es administrada por Luis Roberto Lastiri Quirós, hermano de Juan Carlos Lastiri Quirós un priista originario de la Sierra Norte de Puebla que perteneció al grupo compacto de Rosario Robles Berlanga, detenida por La Estafa Maestra, un esquema que se usó en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto para desviar más de 5 mil millones de pesos del erario.

En 2015 a este mismo político, nombrado a finales de octubre pasado como líder de la CNOP, se le atribuyó la compra en San Andrés Cholula de 44 propiedades en los clústeres inmobiliarios Parque Santiago y Parque Santo Domingo, valuados en total en 56 millones de pesos, y localizados en los exclusivos fraccionamientos La Vista Country Club y Lomas de Angelópolis.

La propia Inverplús se describe como empresa: “hemos empezado desde el punto de vista comercial por atraer nuevas inversiones, es el caso de grupo Wal Mart de México, que se interesó y planteó la posibilidad de construir una nueva tienda en el corazón de Zacatlán, situación que es una realidad y que nos pone como una empresa seria, honorable y confiable.”

La sensación de que todo Zacatlán está en venta aumenta cuando en las calles se ven camionetas que con un parlante promocionan a Vaal Bienes Raíces y cuando en negocios de Plaza Los Corrales —ubicada en la calle Agustín Balderas—, como Danju’s, pastelería y cafetería por un lado de la carta se lee lo que se puede consumir y por otro una promoción de Inmobihogar que vende “enormes lotes campestres a 200 metros de la carretera federal, con un costo de 150 pesos el metro cuadrado y facilidades de pago”.

Zacatlán al asalto de los desarrolladores inmobiliarios

Inmobihogar indica en Facebook que tiene tres desarrollos, pero en su página web sólo promocionan La Cima y de los otros dos, El Pinar y Dos Cerritos, no hay información; en Facebook sí ofrecen lotes en Dos Cerritos, lo mismo que Inmobiliaria Sierra Mágica.

Recientemente apareció en el escenario un nuevo jugador en la compra-venta de terrenos: Chavi, de la que hay anuncios en la zona de la terminal de autobuses de Zacatlán y en la entrada a la ranchería de Ayotla.

Todas, Inmobihogar, Inverplús, Vidcrea, Vaal Bienes Raíces y Chavi incumplen la normativa de fraccionamientos con la complicidad de funcionarios del gobierno municipal que encabeza el alcalde Luis Márquez Lecona, notarios públicos y el Registro Público de la Propiedad.

Un ejemplo: en octubre pasado durante una visita de personal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) a Ayotla Rubén González Encinas se presentó como funcionario municipal de Zacatlán, a pesar de que fue cesado en septiembre pasado para evitar nepotismo, ya que es hermano de la regidora de Seguridad Pública y Vialidad, Yazmín González Encinas.

Rubén González Encinas, el funcionario inmobiliario

A decir de los asistentes al recorrido, González Encinas dijo al personal del INSUS que el Eco Desarrollo Campestre La Cima o Ayotla Campestre es totalmente irregular, porque “mis inspectores ya revisaron y no tienen permisos”, pero uno de los lugareños le respondió que “no es irregular, porque usted les dio el permiso. Y todos se quedaron sorprendidos.”

González Encinas, aseguran, fungió en ese recorrido como director de Desarrollo Urbano y Servicios Municipales, cuando de acuerdo con el directorio del municipio ese cargo lo ostenta Ángel Daniel Cabrera Rebolledo.

El encubrimiento del presidente municipal de Zacatlán Luis Márquez Lecona a las actividades inmobiliarias quedó al descubierto cuando un juez le ordenó entregar copia certificada del permiso que otorgó su administración para “lotificar un predio rústico ubicado en la calle principal sin número de la ranchería de Ayotla”.

El permiso lo firmó el propio González Encinas el 15 de julio de 2020. Este mismo exfuncionario autorizó el cambio de uso de suelo de rústico a habitacional, pero lo condicionó a que “no se autoriza la escrituración, venta de lotes y obras de construcción de cualquier tipo hasta no cumplir con lo especificado en el permiso de fraccionamiento.”

Las suspicacias aumentan cuando posibles compradores afirman que hasta tres inmobiliarias ofrecen los mismos terrenos del Eco-Desarrollo Campestre La Cima o Ayotla Campestre, que es vendido por Sierra Mágica, Inmobihogar y Vaal Bienes Raíces.

Uno de los interesados en comprar en Ayotla, quien pidió que se reservara su identidad, afirmó que al consultar en Facebook la transparencia de la página de Inmobiliaria Sierra Mágica se dio cuenta de que el 12 de abril de 2017 se creó con el nombre de Inmobihogar, ese mismo día se cambió a Inmobihogar Servicios Inmobiliarios, el 3 de octubre de 2018 a Inmobiliaria Sierra Mágica: Servicios Inmobiliarios y el 19 de octubre de 2018 a Inmobiliaria Sierra Mágica.

Con tantos cambios de nombre no tuvo la seguridad de saber con qué empresa iba a negociar y desistió de invertir su dinero.

Ayotla, la resistencia

“Defender el patrimonio no tiene precio”, afirma Benito Estrada Paivia, uno de los habitantes que resultarían más afectados por la construcción del Eco Desarrollo Campestre La Cima o Ayotla Campestre en la ranchería Ayotla.

Esta comunidad se localiza hacia el norte del municipio de Zacatlán de las Manzanas, en automóvil a 2 horas y 33 minutos de la ciudad de Puebla, y a 2 horas con 29 minutos de la Ciudad de México, siguiendo el camino a Tuxpan, Veracruz, o hacia Pachuca, Hidalgo.

Una vez que se llega al Pueblo Mágico de Zacatlán hay que tomar la calle Mariano Escobedo y seguir hasta donde se convierte en la carretera federal 119 Huauchinango-Zacatlán; tras unos 11 minutos se gira a la izquierda en la salida hacia Ayotla; a alrededor de 1.7 kilómetros se gira levemente a la derecha y luego a la izquierda hasta entrar a la calle principal de Ayotla.

Dependiendo de las condiciones climáticas el recorrido se hace en no menos de 30 minutos, una parte en terracería, y no en los 10 o 15 con los que Inmobihogar promueve el Eco Desarrollo en la parte alta de la ranchería.

Se trata de una zona de suelo agrícola y forestal, borreguera, y que no pocas veces ha sido objeto del deseo de inversionistas y especuladores de la tierra debido a que los precios son más económicos que en zonas urbanas, pero esta vez, cuenta Benito en entrevista, vienen más agresivos: han metido maquinaria pesada para deshierbar, para trazar las calles del Eco-Desarrollo y han marcado con mojoneras de concreto los límites del predio y de cada uno de los lotes.

El problema, agrega, es que ofrecen lotes de 900 metros cuadrados que son pequeños en una zona rural porque están pensados para un esquema urbano; además incumplen con la reglamentación municipal para hacer fraccionamientos, porque tendría que haber servicios básicos, como drenaje, agua potable, y suministro eléctrico.

Y sí, la sola venta de 110 lotes a 130 mil pesos se traduce en 14 millones 300 mil pesos. Aparte Inmobihogar ofrece construir eco-cabañas en alrededor de 500 mil pesos cada una. Si hablamos de 110 cabañas en ese precio se tienen 55 millones que sumados a los 14 millones de la venta de lotes significa en números redondos un negocio de 69 millones 300 mil pesos.

Una parte de los habitantes de esta comunidad se provee del agua de un manantial registrado ante la Conagua; se localiza en el rancho Almeya y tiene capacidad para abastecer a 150 familias, pero ya se encuentra rebasado porque suministra a 180 y el agua definitivamente escasearía si se agregan las 110 viviendas del Eco Desarrollo.

“Si nos quitan ese terreno matan a nuestro pueblo, son gente sin escrúpulos, ya nos dejaron patente que les vale madre, que si pueden pasan sobre nosotros con tal de hacer fortuna”, dice el juez de paz José Estrada Pérez.

Otra fuente de abastecimiento es un manantial que está en Cruz Colorada, a varios kilómetros de distancia de Ayotla, pero está destinada a otra parte de la comunidad. Algunas partes bajas de la ranchería pueden conservar más la humedad, pero los que están en la cima de la loma tienen problemas; este año, por ejemplo, las milpas no dieron nada a quienes sembraron.

Con este panorama, agrega Benito, “¿de dónde van a sacar municipio o inmobiliaria el agua para las 110 viviendas que pretende construir Inmobihogar? Además, otra cosa, tampoco hay energía eléctrica, ¿y de cuando acá va a lograr el ayuntamiento que la Comisión Federal de Electricidad amplíe el tendido de red eléctrica?”.

En la ranchería existen varios proyectos de fraccionamiento que no van con el uso de suelo y “quienes estamos aquí no los vemos factibles (…) que se venga a vivir quien quiera, pero con un proyecto de factibilidad, de lo contrario lo único que van a ocasionar es un problema gravísimo”, afirma.

El dilema no es sólo para los habitantes de Ayotla, también afecta a los clientes de los lotes porque con sus 900 metros cuadrados compran también un problema: nada garantiza que van a contar con los servicios básicos que promete Inmobihogar, y “una vez que la inmobiliaria cobre dejará un problema gravísimo”.

Los inconformes han pedido al ayuntamiento que muestre los permisos y los estudios de impacto ambiental, así como el de factibilidad y que demuestre dónde están las instalaciones de drenaje, agua y luz sin las cuales no pudieron entregar los permisos de lotificación, pero hasta ahora les han dado largas.

Desde hace más de un año habitantes de Ayotla y su juez de paz —persona que se encarga de instruir asuntos civiles y penales de poca gravedad en donde no hay un juez de primera instancia— han buscado ayuda, pero la respuesta de las autoridades municipales ha sido poca; incluso “los hemos obligado a visitarnos y sólo de palabra nos ha dicho que el Eco Desarrollo no es viable, pero la realidad siguen las obras de lotificación, siguen trazando calles con nombre, y las campañas comerciales para atraer a posibles compradores.”

Creemos, agrega Benito Estrada, que el presidente municipal y la Dirección de Desarrollo Urbano juegan a alargar las cosas hasta el último minuto de la administración del alcalde José Luis Márquez Lecona, por lo que se recurrió a un juez de Puebla para que obligue a entregar la información.

Ángel Rodríguez Hernández, ingeniero en Recursos Naturales y consultor privado, afirma que aunque el comprador se dirija a la empresa inmobiliaria quien vende es una persona física: “la transacción es de persona física a persona física y, por ejemplo, eso ocasiona que en la escrituración no aparezca Vidcrea sino el nombre del gerente o el responsable que se llama Mauro Cano Cortés.”

“Pensamos, agrega Benito Estrada, tenemos la tesis de que las empresas de bienes raíces están solapadas por las autoridades municipales, o ¿por qué se niegan a mostrar los permisos y estudios de impacto ambiental que les hemos pedido?, porque lo han permitido sin consultar a nadie.”

Es un asunto delicado, porque hay muchos intereses, es mucho dinero, señala. Él llegó a Ayotla hace 25 años, cuando compró un terreno de labor y con su familia comenzó a reforestarlo, a construir su actual vivienda y su granja.

En general, afirma, “tenemos una vida armoniosa, y aunque yo no vivo del campo, comparto productos y trabajo con la gente de la comunidad, y queremos preservar la vida de la ranchería, la vida rural.”

Además, la aprobación de desarrollos como el de Ayotla contraviene el punto 6 del proyecto de Plan Municipal de Desarrollo, en el que se establece el compromiso de “asegurar un crecimiento urbano amigable con el medio ambiente mediante la verificación para que la planeación urbana sea sustentable y amigable con el medio ambiente; se fortalezca la cultura de movilidad urbana que genere un menor impacto ambiental, y se regule el uso del suelo urbano y rural para el aprovechamiento sustentable.”

Hasta ahora, dice, todo indica que el municipio ha entregado permisos de forma irregular, porque no hay servicios; además, la inmobiliaria lo sabe, y tan lo sabe que a los posibles compradores les promete que habrá agua por captación de lluvia, y otra parte Inmobihogar dice que la surtirá mediante pipas; para el drenaje garantizan que habrá biodigestores; y en cuanto a la energía eléctrica afirman que ya tienen un contrato con la CFE.

También, aseguran dos clientes que estuvieron interesados en comprar uno de los lotes, muestran los folletos de las cabañas y una copia de la primer parte de la escritura en la que aparecen los nombres de los propietarios del predio, que son José Antonio y Juan Carlos González Esnaurrizar, criadores de toro de lidia en ranchos de Tlaxcala y Zacatlán de las Manzanas.

Sociedad y complicidades

Inmobihogar se asoció con José Antonio y Juan Carlos González Esnaurrizar para vender en Ayotla 132 mil 050 metros cuadrados en 110 lotes; 92 de ellos de 30 por 30 metros cuadrados y contaron con la complicidad de la Notaría número 2 de Zacatlán, de la cual es titular Jaime Viruez Vargas, uno de los notarios beneficiados por el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas con el Programa de Escrituración a Bajo Costo.

La escritura original del predio destinado a La Cima indica que no hay agua potable y pese a ello, con la complicidad de Rafael Álvarez Barrera, registrador público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Zacatlán, Viruez Vargas pretende escriturar un primer lote de 900 metros cuadrados que se desprende del “inmueble identificado como terreno de labor innominado, actualmente predio rústico...”.

A los compradores la oferta les resulta atractiva: en preventa se ofrecen los primeros 20 lotes con 10 mil pesos de enganche, 18 mensualidades sin intereses y 10 por ciento de descuento sobre el total de 120 mil pesos.

Además de carecer de agua potable, de lo cual se da cuenta en una constancia expedida el 12 de noviembre por José Valeriano León, presidente del Comité de Agua Potable de Ayotla, quienes compren estos lotes no tendrán acceso a red de energía eléctrica, ni de drenaje, servicios básicos sin los cuales no se pueden vender predios para vivienda, según lo que señala la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado de Puebla.

Existe también una Constancia de No Servicios expedida el 12 de marzo de 2020 por el Sosapaz (Sistema Operador de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Zacatlán) en la cual se indica que el terreno “no cuenta con los servicios de agua y drenaje”.

En el documento el Sosapaz señala que para realizar divisiones o fraccionar el predio se deberá tramitar la factibilidad de los servicios de agua, drenaje sanitario, y saneamiento “que otorga este organismo operador, construir la infraestructura de agua y drenaje que le corresponda y presentar el cambio de uso de suelo municipal, obtener los permisos de lotificación y estar dentro de las áreas establecidas para crecimiento urbano del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Zacatlán.”

A pesar de todas estas irregularidades, el 15 de julio pasado la Dirección de Desarrollo Urbano, a cargo de Jesús González Encinas, otorgó permiso para lotificar. En el oficio 036/2020 se indica que “tomando en consideración las características de lotificación el predio pasará a ser un Fraccionamiento Habitacional Campestre La Cima, ya que el proyecto cumple con las disposiciones de la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla” y “con lo dispuesto con el Esquema de Desarrollo Sustentable de Zacatlán.”

Inmobihogar, con el aval del municipio, sigue su venta de lotes y promete energía fotovoltaica y reciclaje de agua de lluvia aun cuando, a decir de los habitantes de Zacatlán, cada vez llueve menos en este municipio serrano, por lo que consideran imposible que la recolección de aguas pluviales alcance para abastecer a 110 viviendas.

Otra de las irregularidades es que en el prototipo 1 Inmobihogar ofrece una cabaña de 18M X 5M, con sala, cocina-comedor, dos terrazas exteriores, dos habitaciones, energía fotovoltaica, reciclar agua de lluvia, estructura de acero y madera, pero no ofrece ni baño ni red de drenaje.

Cabañas de La Cima / Immobihogar

Ayotla no es la única ranchería donde esta empresa tiene puesto su interés, aunque sí donde ha encontrado mayor resistencia de los pobladores: sin contar con los permisos correspondientes en abril de 2019 ofreció terrenos en un fraccionamiento campestre ubicado en la entrada de la comunidad.

La Dirección de Desarrollo Urbano señala, en respuesta a una solicitud de información, que el 3 de abril de ese año realizó una inspección e hizo una notificación a la empresa para que se regularice y se le oriente “para realizar los trámites correspondientes y poder realizar su proyecto de manera legal”.

Ayotla tiene su antecedente en un 14 de noviembre de 2017, cuando Víctor Rafael Garrido Ponce, entonces director de Desarrollo Urbano, Servicios Públicos y Medio Ambiente de Zacatlán autorizó el cambio de uso de suelo en 121 mil 241.15 metros cuadrados ubicados sobre la federal Zacatlán-Huauchinango, Barrio de Maquixtla.

El cambio de uso de suelo pasó de rústico a campestre para la lotificación de El Cielo en respuesta a una petición de Mauro Cano Cortés, de la inmobiliaria Vidcrea; en este caso, como después hizo Rubén González Encinas, se condicionó el cambio a que “no se autoriza la escrituración, venta de lotes y obras de construcción de cualquier tipo hasta no cumplir con lo especificado en el permiso de fraccionamiento.”

Limbo legal

La flexibilidad de la administración local es reflejo de la carencia de un Programa Municipal de Desarrollo Urbano que sólo existe como anteproyecto, y de la falta de coincidencia entre las distintas áreas de la administración.

En la página 112 el anteproyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano señala que “la carencia de instrumentos normativos que regulen de forma puntual las áreas de expansión ha generado la proliferación de asentamientos que el Ayuntamiento caracteriza como irregulares (…) carecen de algunos permisos o infraestructura puesto que la dotación de los servicios resulta inadecuada, o improcedente para el ayuntamiento. En la actualidad, con datos de la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, existen más de 200 fraccionamientos en este limbo normativo.”

La cifra y su estatus no coincide con la información que en enero de 2019 dio José Rubén González Encinas, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, en respuesta a la solicitud de información CTAZ/049/2018: “se cuenta con 206 fraccionamientos con permisos, mismos que se pueden revisar en esta dirección”.

Solicitud de Información.

Los vacíos son aprovechados por empresas ante funcionarios que han sido permisivos desde 2018; en ese año, de acuerdo con información disponible en la plataforma digital ecosmap, comenzaron a aumentar los desarrollos inmobiliarios en Zacatlán, y proyectos que fueron detenidos por el Sistema de Agua Municipal ya tienen permisos ambientales o ya no los requieren porque el ayuntamiento tolera la venta de lotes con autorizaciones que dieron administraciones anteriores y que carecen de validez porque incumplieron anexos de factibilidad de agua, drenaje e impacto ambiental.

En respuesta a la solicitud de información 00056713 la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del gobierno del estado informó que sólo cuatro fraccionamientos tienen autorización de impacto ambiental estatal en Zacatlán: Desarrollo en Condominio Mixto Bosques de Zacatlán; Fraccionamiento Habitacional Bosques de Zacatlán, ampliación; Fraccionamiento Habitacional La Tamaulipeca; y Fraccionamiento Jardines de Zacatlán.

Lo que observamos, señala Ángel Rodríguez Hernández, es que aquí en Zacatlán “los desarrolladores obtienen de una administración municipal permisos para fraccionamiento y cambio de uso de suelo por un monto de dinero que no hemos podido determinar ni si se ingresa a la tesorería municipal o al Sistema Operador de Agua, pero (los funcionarios) para protegerse, condicionan las autorizaciones a que en 30 días naturales se cumpla con puntos como la factibilidad de agua, la factibilidad de drenaje y la autorización en materia de impacto ambiental estatal.”

Este condicionamiento para los permisos de lotificación y cambios de uso del suelo, no está contemplado en ninguna ley, sino que los otorgan de forma discrecional y por su propia iniciativa los funcionarios municipales.

En algunos casos para que los permisos tengan validez se permite que en 30 días naturales se presente la documentación que ampara la factibilidad de agua potable y descargas residuales autorizada por SOSAPAZ “y/o comité de agua potable de la comunidad”.

Esto último va contra la normatividad ya que el comité de agua no cuenta con personalidad jurídica ni técnica para otorgar factibilidades de agua potable para fraccionamientos, mucho menos para dar factibilidades de drenaje y alcantarillado, ya que estos servicios no los dan ni siquiera a la propia comunidad ya establecida, señala Rodríguez Hernández.

Aunque también se refiere que en el caso de los fraccionamientos se deben anexar las autorizaciones de impacto ambiental estatal y la autorización de impacto ambiental federal en el caso de cambio de uso de suelo forestal, el trámite se omite con la complicidad del ayuntamiento, del registrador público de la propiedad y notarios que dan fe.

Hoy día, los fraccionadores van ante un notario y se hace todo el trámite de inscripción al Registro Público de la Propiedad, violando tanto la Ley de Fraccionamientos como la Ley de Protección al Ambiente Natural. Y cuando el fraccionador lleva al comprador ante notario y, luego, cuando se hace el trámite ante el Registro Público, se incumple el artículo 33 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del estado de Puebla. Así lo denuncian en carta que vecinos inconformes con el boom inmobiliario le dirigieron en agosto pasado a José Alfonso Iracheta Carroll, director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

“Como no hay un Programa de Desarrollo Urbano no deberían dar permisos de fraccionamiento (…) el permiso es como la sustancia de un fraccionamiento porque en él se determina qué se puede y qué no se puede hacer,” asegura Ángel Rodríguez Hernández.

El programa que estaba vigente databa del año 1997 del siglo pasado, pero nunca fue válido porque nadie lo inscribió en el Registro Público de la Propiedad ni se publicó en el Diario oficial del estado, agrega.

Si un ciudadano pregunta en el ayuntamiento por permisos de los fraccionamientos, la respuesta es “sí, tenemos 206 fraccionamientos con permisos en orden”, pero a las autoridades estatales y federales les informan que no cuentan con permisos, que son irregulares; sin embargo, no se ha realizado ningún procedimiento para clausurarlos.

Señala que aunque el municipio informaba al gobierno federal que había irregularidades, las empresas siguen sus procesos y vendiendo lotes.

“El ayuntamiento no sólo no tiene intenciones de detener este fraude sino que existe todo un esquema en el que notarios, registrador público y el municipio se benefician al permitir que se den estos atropellos a la legalidad, por eso niegan acceso a las autorizaciones municipales diciendo que no cuentan con registros documentales de autorizaciones emitidas en otras administraciones, y en el Registro Público nos ponen muchas trabas para obtener una copia”, agrega.

Del soborno a la intimidación y la amenaza

Una camioneta blanca se estaciona a 30 metros de donde el juez de paz entrega despensas y se da un espacio para hablar de las amenazas e intentos de soborno del grupo inmobiliario que puso sus ambiciones en Ayotla.

Adentro de la camioneta Nissan un hombre se mantiene atento, como un halcón que avisa a los socios de las inmobiliarias quién llega, quién sale, quién se reúne con quién, quién visita a quién en este pueblo de 536 habitantes, enclavado en la Sierra Norte de Puebla.

Esta vez al halcón lo ocupa una charla que se da antes de las 9 de la mañana del 20 de octubre de 2020 en la calle principal de Ayotla, a unos pasos de la oficina de José Estrada Pérez, el juez de paz, un hombre recio y franco que durante 20 años recorrió más de media República como camionero.

Halcón

El boom de venta de terrenos se dio en los últimos años. De acuerdo con información oficial hasta la administración municipal 2014-2018, de Marcos Flores Morales, se tenían en Zacatlán 150 fraccionamientos autorizados y el año pasado, ya con Luis Márquez Lecona al frente del municipio, la cifra había aumentado a 206 fraccionamientos.

Aquí en Ayotla los pobladores viven dispuestos a defender la que ha sido su tierra por generaciones: la asociación de los ganaderos José Antonio y Juan Carlos González Esnaurrizar con Inmobihogar, cuyo director comercial es Amaury Núñez Santos, pretende vender una superficie de 132 mil 050 metros cuadrados.

El predio, de acuerdo con la escritura pública de la que el 18 de febrero pasado dio fe María Elena Macías Pérez, titular de la Notaría número 2 del distrito de Hidalgo, Tlaxcala, fue heredado por el ya fallecido ganadero de origen español José González Dorantes a sus dos hijos, aunque nombró como albacea a José Antonio.

Ahí, en esas hectáreas, la sociedad pretende que vivan 110 familias que se agregarían a los 536 habitantes registrados por el INEGI en Ayotla, a pesar de que durante la escrituración los propietarios exhibieron Constancia de No Servicios de Agua, tramitada el 12 de noviembre de 2019 ante el presidente del Comité de Agua Potable de la comunidad de Ayotla; en ella se indica que no cuenta con el servicio de agua potable.

En esas 15 hectáreas se filtra de manera natural el agua que luego sale al manantial y alimenta a una parte del pueblo. José Estrada Pérez está decidido a no dejar que Inmobihogar se salga con la suya, y sabe que tiene la ley de su lado, aunque no a las autoridades. El señor de los toros José Antonio González Esnaurrizar, dice, no necesita más dinero porque tiene un rancho en Zacatlán y El Grullo en Tlaxco, Tlaxcala.

Ambas partes, empresarios y municipio, dicen a la gente de Ayotla que todo es legal en el fraccionamiento, “pero ya vimos que son puras patrañas (…) hasta un niño chiquito va a preguntar ‘¿dónde está el agua, el drenaje, la luz?’ Hay vecinos que llevan medio siglo esperando una ampliación para la luz, y éstos quieren hacer todo luego, luego.”

La oposición y la constante petición de información al municipio para saber qué está pasando con el eco-desarrollo generó que a Estrada Pérez intentara sobornarlo Amaury Núñez Santos, director comercial de Inmobihogar: “Me dijo ‘para que jales conmigo te voy a dar 50 mil ahorita cabrón, ahí está el portafolio’. Yo le respondí que conmigo no batalle, que me puede ofrecer 200 mil o hasta 300 mil pesos, pero no hay una buena razón para que hagas esto más que el enriquecimiento ilícito: comprar en lo mínimo y vender en lo máximo.”

Después lo buscó hasta su casa Juan Carlos González Esnaurrizar: esa vez pararon un auto de frente y a otro le dan la vuelta y lo atravesaron, como diciéndome “no tienes para dónde hacerte, tienes que jalar.”

Este ya vino “en otro plan, molesto y dice que es propiedad privada, que tenemos que hacernos a un lado, que no debemos meternos con él, que de la manera que sea lo van a hacer”.

González Esnaurrizar, acompañado de otras tres personas, una de ellas nunca sacó las manos de la sudadera. Llegó gritándole al hijo de 15 años del juez de paz que él es el dueño, que se asoció con la empresa. “Dijo que si no se hace de una manera, la van a hacer de otra y que por nosotros no van a parar, que con nosotros y sin nosotros lo van a hacer”.

El juez de paz remata: “yo prefiero vivir de pie que morir arrodillado. Ellos vienen a intimidarnos hasta el pueblo, ya llegaron hasta mi casa, y eso prueba que vienen sobre de quien se atraviese, pero yo les dije que para eso necesitan tumbarme, porque yo definitivamente no me vendo, no me vendo, y no lo van a lograr; por ese lado no.”

Y mientras las autoridades municipales se niegan a dar una versión oficial de lo que pasa con las inmobiliarias, un juez federal está conociendo ya de un amparo contra la ilegal lotificación de La Cima y los vecinos inconformes se organizaron y mantienen una estrategia legal definida.

El halcón de la camioneta Nissan estuvo estacionado hasta que terminó la entrevista con el juez de paz, y siguió por varios metros a la unidad en la que nos retiramos de Ayotla.

Vida y milagros

Infografía: Estados Unidos, el único país que no forma parte del Acuerdo de París | Statista

77 días para regresar a los Acuerdos de París



El lunes pasado, la víspera de la elección presidencial, Estados Unidos abandonó de manera formal el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21) firmado el 22 de abril de 2016 por 197 países, un conjunto de acciones y compromisos de las partes firmantes para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en el planeta. Ese mismo día, Joe Biden escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: " Hoy, oficialmente, la Administración de Trump abandonó el Acuerdo de París. En exactamente 77 días, la Administración de Biden se unirá nuevamente a ellos". Me llamó la atención su seguridad y contundencia.

El martes por la noche el mundo quedó en suspenso ante lo que parecía un resultado electoral impredecible en las elecciones. Biden nunca perdió la calma ni modificó su discurso de que ganaría. Y una de las primeras afirmaciones que hizo cuando se confirmó su triunfo fue que retomaría los compromisos con el medio ambiente. La ignorancia injustificable de Trump con respecto al tema a lo largo de cuatro años fue de una necedad y arrogancia sorprendentes. Se dio el lujo de decir que él se guiaba en esos temas por sus "instintos" y no por la ciencia. Hay quienes afirman que su rechazo e irresponsabilidad con respecto a las políticas ambientales fueron una de las causas por las que perdió muchos de los votos que despilfarró alegremente en su borrachera de poder. Probó mil veces que la improvisación en política, además de peligrosa, no se sostiene mucho tiempo. La sufrida y callada disciplina que forma a un estadista, el conocimiento del andamiaje gubernamental y el oficio para abordarlo, tantas cosas que se aprenden con paciencia, tiempo y humildad, son fundamentales para gobernar un país de manera exitosa. Un país no se maneja como un casino ni una carpa de espectáculos. Él pensó que sí. Ahora, un hombre al que él considera un aburrido y alguien de quien podía burlarse, y una mujer con la que no saldría ni a la esquina, le han arrebatado la presidencia. Qué bueno.

El reto de Biden es tan grande y complejo que me hizo dudar de su afirmación con respecto al regreso inmediato a los acuerdos de París, pues el panorama es complicadísimo si no logra ganar en enero de 2021 las dos senadurías que se irán a segunda vuelta en Georgia. La nueva administración no tiene mayoría en la Suprema Corte de Justicia, tiene una apretada mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado está por verse. No solo enfrentará un congreso dividido, sino también un país fracturado. Y ahí es donde el buen oficio político y un equipo sólido, del que los improvisados como Trump suelen carecer, resultará muy útil. Un amigo que es un brillante experto en estos temas, amablemente me sacó de dudas cuando le pregunté si no se habría pasado de optimista Biden con su twitt del lunes pasado. Resulta que no. Obama logró pasar la agenda ambiental sin la aprobación del Senado, pues en sus dos mandatos no tuvo mayoría para sacar acuerdos internacionales de ese tipo. Lo hizo con el poder de las órdenes ejecutivas que tienen los presidentes de Estados Unidos; Biden era entonces su vicepresidente y acompañó la construcción de esas órdenes ejecutivas, que de alguna manera son vinculantes, ya que los países se lo auto imponen y traen consigo muchas obligaciones sustentadas en los acuerdos del presidente. Joe Biden ha dedicado su vida a las instituciones y a las relaciones gubernamentales. Esas son las herramientas y habilidades de las que dependerá para reconstruir no solo su país, sino las relaciones con el resto del mundo, hoy absolutamente descuidadas por la administración de Trump. Hay países en los que no hay embajadores desde hace meses.

The Green New Deal, explained - Vox



El dilema para los demócratas conservadores.

En cuanto a las instituciones ambientales, la Agencia para el Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) ha sido lentamente debilitada y desmantelada en estos cuatro años. Por otro lado, al poder judicial llegaron más de 200 jueces colocados por su grupo. Todo eso será una resistencia poderosa que complicará la implementación de una sólida agenda ambiental; seguramente los litigios serán recurrentes y difíciles. Recuperar el tiempo perdido y rearmar a la EPA será una tarea compleja pero posible. Será apasionante ver qué papel jugará México en esta nueva etapa. México no ha abandonado formalmente el Acuerdo de París, pero sí lo hecho de facto. La apuesta mexicana a las energías generados por el carbón y el petróleo a partir de 2018 se fortaleció bajo la mirada complaciente de la administración de Trump, y aunque los acuerdos del TMEC nos obligan también a una serie de medidas para la protección del medio ambiente, hasta ahora no ha habido una sola acción seria de la administración Trump para obligarnos a cumplirlas. Los inspectores gringos que México aceptó en el TMEC seguramente jugarán un papel muy activo a partir de enero. La reducción gigantesca del presupuesto federal ya ha afectado seriamente la operatividad de SEMARNAT, CONAGUA Y PROFEPA, el paraguas completo del sector ambiental federal. La coercitividad de las leyes que debemos cumplir en materia ambiental depende de su eficacia.

Me pregunto una cosa: ¿La agenda ambiental entre ambos países se modificará también en 77 días? ¿Cuándo y cómo se moverán las primeras piezas del tablero? Habrá que ver quién prevalece en este enfrentamiento de técnicos contra rudos. Y mientras, veremos si Trump se va a su casa solito, o lo tienen que sacar en vilo de la Casa Blanca, como nos lo muestran las geniales parodias y videos de Alec Baldwin, que solo por eso, se lleva el premio al mejor actor de estos últimos cuatro años.



Mundo Nuestro. El comunicado de los pueblos totonacos y la organización Tiyat Tlali forma parte de una ya larga dinámica de rechazo a las hidroeléctricas en la Sierra Norte. La denuncia de las presiones que la empresa Deselec1-Comexhidro a las autoridades para la aprobación del proyecto para la empresa Wall Mart es un proceso que vive ya más de una década. Presentamos este reportaje publicado en Mundo Nuestro en el año 2012, que da una idea de la trama que se teje en las cañadas de los ríos Ajajalpan, Zempoala-Ateno y Apulco.


Ahuacatlán, Pue. 13 de diciembre de 2012. Dos manifestaciones de impacto ambiental rechazadas, una más en proceso de resolución, una cuarta no presentada y una quinta aprobada y con un proyecto ya en operación. Así podemos resumir la situación que prevalece en la región centro oriente de la Sierra Norte de Puebla con los proyectos hidroeléctricos que distintas empresas quieren llevar adelante en los ríos Ajajalpan, Zempoala-Ateno y afluentes del Apulco.




Y con el trasiego de oficios y resoluciones en torno a las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) entre funcionarios federales que las autorizan o rechazan, exfuncionarios y consultores ambientales que las elaboran y justifican en innumerables leyes, normas y reglamentos, y resolutivos de trámites que se publican o no en línea según al ánimo que ronde en los escritorios de la SEMARNAT.


Ello para enmarcar un conflicto como el que se vive en la comunidad Ignacio Zaragoza, el en municipio de Olintla, por el que la semana pasada, a la entrada de la población, los pobladores cerraron el paso de la maquinaria con la que Grupo México, el tercer productor de cobre más grande del mundo, pretende abrir el camino al río Ajajalpan, cuatrocientos metros abajo.


Un pueblo, una corporación, un río.


Ignacio Zaragoza, una comunidad totonaca enclavada en una loma que se asoma a uno de los pocos ríos que guardan el bosque mesófilo sobreviviente en México, con no más de quinientos habitantes.


Una corporación con ventas de 8,033 millones de dólares en el último año, propietaria de la mina de cobre Cananea y de la empresa Ferromex, con cerca de 10 mil kilómetros de vías férreas y el control de los ocho puertos más importantes en el Golfo y el Pacífico y conexiones con cinco puntos fronterizos con Estados Unidos.




Y el Ajajalpan, de los ríos serranos el más empeñado en no salir a la costa, en ir y venir y darle la vuelta y romper contra los montes, como una Xochinauyaque, una nauyaca real que serpentea entre las piedras en busca de lagartijas, escurriéndose en tropel, revolviéndose sonriente entre el batir de las bandas de loros, atenta en su encierro de pueblos originarios que la endiosan desde tiempos milenarios.


Es una contienda la que se vive en la Sierra: el monte rural, el del maíz y los cafetales de la sobrevivencia humana que han batido a machetazos la selva antigua, y que ve venir el aluvión brutal de las corporaciones y sus finanzas aplicadas en proyectos industriales. Es una contienda que se documenta en el enredo burocrático de las leyes ambientales amarradas en oficios rigurosamente técnicos y legales que jamás leerán los campesinos.


Y en los que se juega el futuro de su tierra.



Documentemos los dos rechazos:

La SEMARNAT, desde el 6 de julio del 2012 y con oficio S.G.P.A./D.G.I.R.A/5265 negó al Grupo México, del empresario Germán Larrea, la autorización para el proyecto “Central Hidroeléctrica Xochimilpa” “por no ajustarse a lo dispuesto en los artículos 13, fracciones II, III, IV, V, VI y VII de su REIA, así como a lo establecido por el primer y segundo párrafos del artículo 30 de la LGEEPA, de conformidad con lo expuesto en los considerandos del 6 al 12 del presente oficio resolutivo”. (http://app1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/resolutivos/2012/21PU2012E0009.pdf).


Lo mismo le ocurrió al “Proyecto Hidroeléctrico San Antonio”, ubicado en los límites de los municipios de Xochitlán, Zapotitlán, Atlequizayán, Zoquiapan y Nauzontla, todos colindantes del río Zempoala. La empresa INGDESHIDRO Eléctrica, S.A. de C.V. recibió oficio S.G.P.A/D.G.R.I.A/D.G./8699, de fecha 29 de octubre del 2012, la negativa de autorización con motivos similares y fundados en términos de ley.

(http://app1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/resolutivos/2012/21PU2012E0018.pdf)


La primera negativa ocurrió hace cinco meses. Se han llevado a cabo por lo menos tres foros informativos en Ahuacatlán y Zapotitlán organizados por grupos civiles en contra de los proyectos hidroeléctricos, particularmente el del Grupo México en Xochimilpa-Xochicuautla. Ni los periodistas interesados, ni los activistas ambientales involucrados nos dimos por enterados de los dos rechazos. Las dos resoluciones dejan en claro que no se presentaron solicitudes de consulta pública por ningún ciudadano o grupo organizado, a pesar de que los resúmenes de las MIA se publicaron en el Sol de Puebla (el 2 de mayo del 2012 para “Central Hidroeléctrica Xochimilpa” y el 16 de agosto del 2012 para el “Proyecto San Antonio”).


O que muy poca gente lee El Sol de Puebla.


Como sea, el gobierno federal paró ambas iniciativas industriales, en lo que puede considerarse como dos rounds a favor de los ríos serranos en lo que será una larga disputa. Como la de las mineras.


Una tercera iniciativa, de la empresa DESELEC 1, S. de R.L. de C.V., con el “Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1”, en el mismo río Ajajalpan, presento su MIA el 20 de julio del 2011 y obtuvo resolutivo el 11 de octubre de ese año. No se conocen los términos del resolutivo, pues no aparecen publicados en el portal de trámites de SEMARNAT. Esta empresa al parecer está ligada a la compañia Comexhidro, creada en tiempos del presidente Fox. El embalse tendrá una capacidad de 900 mil metros cúbicos, con un túnel de conducción de 4.5 km y una casa de máquinas para producir 30 Megawatts. “El proyecto --dice la MIA-- se encuentra ubicado sobre el río Ajajalpan, en el Estado de Puebla. Está inmerso en la Región Económica denominada Huauchinango o Sierra Nororiental. Así mismo, pertenece a la cuenca Río Tecolutla de la Región Hidrológica Tuxpan-Nautla.” Pero no dice nada más, no identifica coordenadas ni pueblos de referencia en el mapa. Mucho menos informa algo sobre el grupo que respalda a esta compañía. A lo que llega es a identificar el nombre del consultor, el biólogo Martín José de la Cruz Quijano Poumián, quien elaboró la MIA, y sin aportar ningún dato sobre sus antecedentes como profesional de estudios de impacto ambiental. Pero mucho se documenta en internet: Quijano Poumián es representante legal de la empresa QV Gestión Ambiental, S.C., por lo menos hasta junio del 2012, pero todavía en el mes de agosto del 2005 era director de área de la Dirección General de Impacto de Riesgo Ambiental de la SEMARNAT. La misma a la que él ahora presenta sus MIA. Él autorizó a la empresa ICA en oficio número SGPA/DGIRA.DELG.-1997/05, de fecha 7 de agosto de 2005, la MIA-R para la explotación del cerro Necaxaltépetl, que era un área de protección de recursos naturales, "Zona protectora forestal vedada cuenca hidrográfica del río Necaxa", según lo detalla el oficio número DGPC/0313/07,de fecha 15 de febrero del 2007 dirigido por Miguel Ángel Martínez Pérez, director General de Protección Civil del Estado de Puebla a Javier López Zavala, Secretario de Gobernación en tiempos de Mario Marín. (http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2007/04/asun_2335096_20070419_1177003883.pdf). Como consultor, el biólogo Quijano Poumian presentó y después vió cómo la SEMARNAT autorizó en forma condicionada en el año 2009 la MIA para el “Proyecto Hidroeléctrico Veracruz”, presentado por la empresa Electricidad del Golfo, S, de R.L de C.V., según oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.6125.09, de fecha 9 de octubre de ese año. (http://app1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/ver/resolutivos/2009/30VE2009E0027.pdf).


Una idea de la situación que se vive hoy en la región de Zongolica se encuentra en el reportaje publicado en el portal del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (mapder), “Hidroeléctrica destruiría Sierra de Zongolica” (http://www.mapder.lunasexta.org/?p=585).


Ni más ni menos. Un exfuncionario público federal, precisamente en el área que otorga las autorizaciones de impacto ambiental, trabaja ahora como consultor de empresas particulares en la elaboración de los estudios que por ley tienen que presentarse ante las autoridades ambientales.


El sistema de trámites en línea de SEMARNAT no presenta el resolutivo que ya se entregó a la empresa “promovente”. Sin embargo, este proyecto ha sido presentado dos veces a la DGIRA, según puede comprobarse al seguir estas ligas en ese portal, pero de ninguna se conoce el resolutivo.

(http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/consulta-tu-tramite, con oficio 21PU2011E0013, http://app1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/estudios/2011/21PU2011E0018.pdf y

http://app1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/estudios/2011/21PU2011E0013.pdf

Un grupo civil hizo una solicitud de información sobre este proyecto ante la Secretaría de Energía a través de INFOMEX con número de folio 0001800043712, y obtuvo como respuesta que “no se encontró información o expediente alguno relacionado con la empresa Deselec 1, S. de R.L. de C.V.”.

http://www.energia.gob.mx/webSener/res/pot/resolucion_130_sol_43712.pdf

Sin embargo, este proyecto no ha dejado de operar en su etapa de investigación y reconocimiento de campo, con relaciones bien logradas con el gobierno municipal de Tlapacoya, según quedó asentado en la crónica escrita por este reportero el 6 de septiembre pasado y publicada en e-consulta.com (http://www.e-consulta.com/2012/index.php/2012-06-13-18-40-00/ecologia/item/se-consolida-red-de-organizaciones-sociales-en-defensa-de-la-sierra-norte).

Ahí se consigna también el avance que para el gobierno estatal tenía el proyecto de Grupo México en Xochimilpa, ya que en oficio firmado el 25 de octubre del 2011 por el Secretario de Economía del gobierno estatal, Pablo Rodríguez Regordoza, y dirigido al Ayuntamiento de Ahuacatlán (SECOTRADE/O.S./361/2011), el funcionario presentó el proyecto denominado PH Laxaxalpan/Xochimilpa, y afirmó que la empresa México Generadora de Energía “ha cumplido con los requisitos solicitados y ha presentado la propuesta más factible”. (http://www.youtube.com/watch?v=RTdTzwF58mY&noredirect=1)

Un cuarto proyecto es el que ha motivado el conflicto en Olintla. De él, sin embargo, no hay registro alguno. No hay rastro de MIA alguno, además del Bulldoser parado a la entrada de Ignacio Zaragoza y del conflicto entre esta comunidad y el presidente municipal de Olintla.

El quinto proyecto opera ya. Fue autorizado desde el 2008 con el nombre “Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco”, en los municipios de Teziutlán y Hueyapan, con presa derivadora sobre el río María de la Torre y túnel de conducción de 2.57 Km hacia la presa Acateno 1, ya en operación. (http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/estudios/2008/21PU2008E0001.pdf, con folio 21PU2008E0001)

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No es sencillo alumbrar este complejo proceso que en la última década se ha desarrollado en la Sierra. Entre los proyectos mineros y los hidrológicos corre una línea común: la desinformación. Y con ella la especulación, la incertidumbre y el riego de conflicto social. Y todo ello con un común denominador: la ausencia de una política de Estado para la Sierra Norte fundada en una visión estratégica del desarrollo social y ambiental asumida de manera democrática por la sociedad poblana.


Pero pareciera que si hay tal política: la del desarrollo económico a partir de proyectos industriales impulsados por los gobiernos federal y estatal, asumidos o cuestionados por los gobiernos municipales, y que encuentran un significativo rechazo por las comunidades en las quieren asentarse. Los municipios de Tetela, Zautla, Ixtacamaxtitlán, Ahuacatlán, Zapotitlán, Xochitlán, Huitzilan, San Felipe Teopantlán, Tlapacoya, Galeana, Olintla, Jopala, con centenares de comunidades perdidas en las cañadas de los ríos Apulco, Ajajalpan y Zempoala han visto venir los proyectos sin otros recursos que los de sus organizaciones civiles, en confrontación o el alianza con sus gobiernos municipales, han expresado de muy diversas formas su rechazo a estos llamados megaproyectos --“proyectos de muerte”, les llaman también--, y han planteado la necesidad urgente de discutir en forma inteligente los retos que enfrenta la Sierra de Puebla.


Y todo pasa por la información.


Veamos el proceso de uno de los tres proyectos hidrológicos para la generación de energía eléctrica sobre la cuenca del rio Ajajalpan:


La Central Hidroeléctrica Xochimilpa, presentado por la empresa Generadora de Energía Xochimilpa, S. de R.L. de C.V., subsidiaria del Grupo México, con la categoría de “Pequeña Hidroeléctrica (PH) de Autoconsumo”, de 23.07 Megawatts, “en la subcuenca del río Laxaxalpan, entre las poblaciones de Xochicuautla (Ahuacatlán) y San Cristóbal Xochimilpa (Zacatlán). Con un área de embalse de 8,375 m, una altura de cortina de 23 metros, un camino-canal de conducción de 84,434.9 m2 y una tubería de conducción de 1000 m2. Presentó su manifestación de impacto ambiental el 26 de abril del 2012. Así justificó su proyecto: Grupo México ocupa el tercer lugar entre los principales productores de cobre en el mundo, y por lo tanto es uno de los principales consumidores de energía eléctrica en el país, así que “es de su interés reducir el costo de la energía que consume”. Quiere entonces, producir energía, entregarla al Sistema Eléctrico Nacional y posteriormente deducir su precio de la facturación de CFE.


Y su propósito lo cumplen con la “existencia en la cuenca hidrológica del río Laxaxalpan de un importante potencial de generación de energía eléctrica que en la actualidad no es aprovechada”.


Y tras una detallada presentación de un diagnóstico de la vegetación, la fauna, la realidad socioeconómica y el medio físico --que en este reportaje presentamos en diagramas--, asi concluyen para resaltar las bondades del proyecto hidráulico:


“Tal y como se describe en los diagramas anteriores, el escenario actual del SAR presenta una situación de estancamiento ambiental y socioeconómico, debido a que, sin la implementación del proyecto, no se cuenta con un horizonte de cambio y desarrollo en el corto y mediano plazos.


Algunos de los factores más importantes que mantienen cautivas las detonantes del desarrollo ambiental y social son: las condiciones de la economía agrícola señaladas, la falta de recursos de inversión externa, los caminos deficientes, la inexistencia de cadenas productivas directas (lo cual genera el intermediarismo), y el cultivo de temporal y rústico de maíz cafetales y huertas; a ello habría que añadir el previsible aumento de residuos domésticos sólidos, los cuales son quemados, y los residuos líquidos que se depositan en letrinas o directamente hacia el río, así como el peligro latente de procesos de erosión que pueden verse incrementados por la precipitación o el viento y los constantes deslaves en el área.” (ver Resumen Ejecutivo MIA en http://app1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/resumenes/2012/21PU2012E0009.pdf)

Así de fácil. Y para arreglar este panorama de pobreza y depredación social y ambiental está la iniciativa privada.


Pero su manifestación de impacto ambiental (MIA) --un muy elaborado documento de más de 400 páginas--, fue rechazada por la SEMARNAT el 6 de julio del 2012 en oficio S.G.P.A./D.G.I.R.A/5265 dirigido al Ing. Federico Schroeder Contreras.


Leo entre un denso conjunto de considerandos técnicos y legales la conclusión de uno de ellos: “Por los argumentos antes expuestos, esta DGIRA determina que la información contenida en el capítulo IV de la MIA-R carece de objetividad, sustento y evidencia técnica y científica, y por lo tanto contraviene lo dispuesto en los artículos 30, primer párrafo, de la LGEEPA, 13, FRACCIÓN iv Y 44 de su REIA”.


No es de fácil lectura el oficio de negativa a la autorización, y mucho menos lo es la propia MIA. Algo han traído estos proyectos industriales para las montañas. Como nunca se han estudiado sus bosques, sus suelos, sus aguas. Doy un ejemplo de la argumentación de los técnicos federales: En el considerando 6 del oficio de rechazo leo que la “promovente” ha manifestado que requiere la remoción total de más de 50 hectáreas de “Vegetación secundaria de tipo mesófilo de montaña de Aile (Alnus spp.), vegetación secundaria de Encino-Pino (Quercus spp. Y Pinus spp.), Comunidad riparia de haya (Platanus mexicana) y Cafetal”, pero que nada dice de la afectación que se provocará con el embalse de 8,375 m2. Según la DGIRA, la empresa “no presentó una diferenciación clara con respecto a la superficie requerida para cada una de la infraestructura necesaria para el proyecto en comparación con la vegetación (por tipo) que se verá afectada”. Y que omitió presentar las coordenadas geográficas de las poligonales y trayectorias de la infraestructura requerida. En ese considerando les dicen que no cumplen con los requerimientos señalados en los artículos 30, primer párrafo y 35, primer párrafo de la LGEEPA.


Y así. La empresa señaló que el proyecto se encuentra inmerso en la Región Hidrológica Prioritaria No. 76, Río Tecolutla, y en la Región Terrestre Prioritaria No. 102, Bosques Mesófilos de la Sierra Madre Oriental. Sin embargo, para la SEMARNAT, la MIA omitió señalar la importancia que revisten dichos sitios en relación a la biodiversidad presente en la zona. Y no estableció que el proyecto se traslapa con otros Sitios Prioritarios Terrestres SPT-6042, SPT-5998 y SPT-6130, ni las afectaciones que puede provocar en el área natural protegida “Cuenca Hidrológica del Río Necaxa”, que se encuentra a 14 kilómetros del sitio del proyecto. En este considerando la SEMARNAT concluye en que la “promovente no realizó un análisis de la importancia ecológica de las citadas áreas, ya que éstas son relevantes por su riqueza de especies y presencia de organismos endémicos, identificándose una alta diversidad, sin que la promovente realizara un análisis de la importancia que revisten estas regiones, así como sus condiciones ambientales actuales en relación con el grado de deterioro y/o conservación de los ecosistemas presentes en los mismos”.


Difícil sintaxis la de la SEMARNAT. Biólogos y abogados a cargo de la defensa técnica y legal de los ríos. Rechazo que es también un recuento de los faltantes que las empresas pueden solventar en una próxima intentona de asalto industrial a las cañadas serranas, y que seguramente aparecerán en los próximos meses en nuevas y más rigurosas MIA.


Por lo pronto, no hay noticia del Grupo México. Sólo el avance de sus Bulldosers.

Tiyat Tlali

Puebla, a 27 de octubre de 2020.



A los pueblos en resistencia contra los proyectos de muerte,

A las autoridades federales y estatales.

A los medios de información,

Al pueblo de México



El 12 de enero de 2020 el Ayuntamiento Municipal de Ahuacatlán, en acatamiento a la voluntad del pueblo, hizo pública la revocación de las licencias de construcción y cambio de uso de suelo para el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 por haber sido otorgadas ilegalmente, por lo cual, la empresa Deselec 1-Comexhidro, socia de Walmart, no tiene autorización para construir en el municipio de Ahuacatlán. En el mes de Marzo la empresa interpuso una demanda en contra de las autoridades municipales intentando presionar para que desistan de su decisión.

Los pueblos nahua y totonaco de la Sierra Norte reconocemos y apoyamos la buena actuación de las autoridades municipales de Ahuacatlán, que en lugar de venderse como hacen tantos, actuaron conforme a derecho ante nuestra exigencia de cumplir con su obligación de garantizar y proteger nuestros derechos al territorio, al agua, al medio ambiente sano y a nuestra autonomía.

Por varios años hemos enfrentado la violencia y abusos de la empresa Deselec 1, y de instituciones federales, apropiación de terrenos con engaños, autorización de permisos sin informar ni consultar a los pueblos o simulando consultas, división comunitaria para generar confrontación y debilitar la resistencia. Ahora van contra las autoridades que están con el pueblo buscando generar más violencia imponiendo su proyecto de muerte por la vía judicial.



El Consejo Regional Totonaco y el Consejo Tiyat Tlali reafirmamos nuestra decisión de seguir protegiendo a la Madre Tierra, a la Madre Agua y el futuro de nuestros pueblos en la Sierra Norte de Puebla. Estamos en espera de sentencias judiciales que en caso de reconocer nuestros derechos como pueblos indígenas disminuirán el clima de tensión que la empresa ha generado. En el caso contrario, las consecuencias por la violencia y confrontación que se podrían generar en la Sierra Norte podrían ser desastrosas. No queremos que nos violenten, no queremos confrontación, no queremos proyectos de muerte que sólo enriquecerán más a las empresas Walmart, Suburbia, Vips. Exigimos que la empresa se retire definitivamente, que nos deje en paz y que el gobierno federal respete nuestros derechos.

Saludamos y nos unimos a la voz de nuestros hermanos que realizaron la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra y contra la guerra al Ejército Zapatista de Liberación Nacional; a todos los pueblos que defienden sus territorios a lo largo del país, ante la imposición de empresas y gobiernos. Exigimos se ponga fin a la agresión hacia todos nosotros, verdad y justicia para las y los defensores desaparecidos y asesinados. Alto al despojo y destrucción de nuestros territorios, de nuestra Madre Tierra.

No a la hidroeléctrica para Walmart en la Sierra Norte de Puebla.

SI A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

Defensores y defensoras del río Ajajalpan

Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio.

Consejo Tiyat Tlali en defensa del territorio y la vida en la Sierra Norte de Puebla.

Contacto: 2225488060, consejoregionaltotonaco@disroot.org

Mundo Nuestro. Una de cal, decimos cuando un acontecimiento rompe con la inercia negativa de un asunto cualquiera. Aquí lo aplico a la decisión del gobierno del estado de Puebla por la que expropia el antiguo Vivero de Santa Cruz, cuyo propietario, un señor de apellido Maccise, pretendió durante varios años convertirlo en un desarrollo habitacional más en la desarbolada ciudad de Puebla. Un propietario que quiso burlar la ley al registrar la propiedad en tres municipio (Puebla, Cuautlancingo y San Pedro Cholula), y que con sus maniobras logró incluso que en uno de ellos le otorgaran el cambio de uso de suelo. No lo logró por la obstinada defensa que muchísimas personas hicieron para un crimen más en esta historia de la depredación ambiental que caracteriza a nuestra ciudad. Y el hecho concreto hoy es que la expropiación asegura la sobrevivencia del único predio que reúne las características de parque público en cinco kilómetros a la redonda.

Una noticia buena al fin.

La valoro al contemplar la fotografía de mis padres, Carlos Mastretta y María de los Ángeles Guzmán en 1948, a unas semanas de su casamiento y en un día de campo justo en el predio del que se conocería como el Vivero de Santa Cruz Buenavista.



1948: un día de campo en el Vivero de Santa Cruz.

El decreto emitido por el gobierno del estado fue publicado el pasado 6 de octubre en el tomo 546 número cuatro de la Sección Cuarta del Periódico Oficial del Estado de Puebla. 47 mil 514 metros cuadrados y un valor de 41.2 millones de pesos, consigna el decreto. Y funda la expropiación en la causa de utilidad pública para "la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, así como la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para uso comunitario y la movilidad"-

Pero la decisión del gobierno debemos contemplarla como resultado de la movilización civil que por años defendió el predio contra su exterminación.

Destacamos aquí dos textos publicados en Mundo Nuestro en el año 2018 que permiten comprender una historia larga de atropellos legales y delitos ambientales.



Vivero de Santa Cruz: la expropiación como alternativa

Vivero de Santa Cruz: la expropiación como alternativa



Tres sellos de clausura encontramos el viernes 5 de octubre en la reja que guarda el predio conocido como "Ex-Vivero de Santa Cruz". Lo clausuró primero el gobierno estatal (la SDRSOT, de Rodrigo Riestra), después el Ayuntamiento de Puebla (la Secretaria de Medio Ambiente, del secretario Gabriel Navarro), y remató, obligado por el ridículo, el gobierno municipal de Cuautlancingo. Tres gobieros, tres clausuras. Una imagen certera para entender el litigio tan largo sobre la única área verde que como parque arbolado serio pueda encontrarse en varios kilómetros a la redonda (el más cercano es el Parque del Arte, a casi cuatro kilómetros de distancia).

Vivero de Santa Cruz: para entender la omisión gubernamental y la rapacidad de un empresario

Vivero de Santa Cruz: para entender la omisión gubernamental  y la rapacidad de un empresario

Pedro Maccise, el empresario que intenta estos días, una vez más, talar el predio sobre la avenida Forjadores para plantar ahí algún desarrollo comercial o habitacional, es un viejo conocido de quienes han impedido que se salga con la suya. Esta vez ha llegado demasiado lejos, al obtener unos permisos de derribo -- a todas luces ilegales-- por parte del ayuntamiento de Cuatlancingo. La acción de las motosierras provocó la movilización inmediata del vecindario y de la opinión pública, lo que provocó finalmente la intervención del gobierno estatal, la SDRSOT de Rodrigo Riestra, que clausuró el predio el sábado por la mañana. El conflicto está vivo, pues la clausura por el gobierno estatal reconoce como jurisdicción del predio al municipio de Cuautlancingo. El problema es entonces para el gobierno municipal de la ciudad de Puebla, cuya Carta Urbana 2016 establece claramente como área verde de su territorio al antiguo vivero. Se espera que esta misma semana se produzca una acción radical de parte del gobierno de Luis Bank, que ha visto esta misma semana cómo se agrede su territorio desde instancias externas (ayuntamiento de Cuautlancingo, para el caso del vivero, y gobierno estatal, para el caso de los sellos de clausura violados en el espectacular de Cúmulo de Virgo y 11 Sur), y es señalado por los defensores de los árboles del vivero como omiso en este conflicto.

Ahí quedó la crónica escrita entonces. Dos años después llegó al fin la de cal.

Revista Sin Permiso. Mike Davis es profesor del Departamento de Pensamiento Creativo en la Universidad de California, Riverside, es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso. Traducidos recientemente al castellano: su libro sobre la amenaza de la gripe aviar (El monstruo llama a nuestra puerta, trad. María Julia Bertomeu, Ediciones El Viejo Topo, Barcelona, 2006), su libro sobre las Ciudades muertas (trad. Dina Khorasane, Marta Malo de Molina, Tatiana de la O y Mónica Cifuentes Zaro, Editorial Traficantes de sueños, Madrid, 2007) y su libro Los holocaustos de la era victoriana tardía (trad. Aitana Guia i Conca e Ivano Stocco, Ed. Universitat de València, Valencia, 2007). Sus libros más recientes son: In Praise of Barbarians: Essays against Empire (Haymarket Books, 2008), Buda's Wagon: A Brief History of the Car Bomb (Verso, 2007; traducción castellana de Jordi Mundó en la editorial El Viejo Topo, Barcelona, 2009) y junto con Justin Akers Chacón, Nadie Es Ilegal, Combatiendo el Racismo y la Violencia del Estado en la Frontera (Chicago, Illinois. Haymarket Books. 2009).

Mike Davis

En Greener Than You Think [Más verde de lo que crees]— una novela de 1947 de Ward Moore, un escritor de ciencia ficción de izquierdas — una científica enloquecida de Los Ángeles, una tal Josephine Francis, recluta a un vendedor sin oficio ni beneficio llamado Albert Weemer, al que se describe como alguien que posee “todos los instintos de una cucaracha”, para que le ayude a promocionar su hallazgo: un compuesto llamado “Metamorfosizador” [“Metamorphosizer”] que acentúa el crecimiento de las hierbas y les permite crecer en suelos áridos y rocosos. Ella sueña con acabar de modo permanente con el hambre en el mundo por medio de una masiva expansión de las variedades de trigo y otros cereales. Weemer, un ignorante en materia de ciencia, sólo piensa en hacer dinero rápido a base de vender el producto puerta a puerta como tratamiento para el césped. Como necesita desesperadamente dinero para continuar su investigación, Francis se aviene de mala gana y Weener parte hacia los amarillentos jardines de césped de fatigados vecindarios de bungalows.

Para su sorpresa, el tratamiento, que altera los genes de la hierba, funciona, sólo que demasiado bien. En el patio de la familia Dinkman, la digitaria [césped salvaje] se convierte en una “Hierba del Diablo” de pesadilla, resistente a la siega y los herbicidas, que comienza a extenderse por toda la ciudad. “Se retorcía y enredaba en una inquietud de pesadilla….cubriéndolo inexorablemente todo en su camino. Una grieta de la calzada desapareció cubierta por ella, un matorral quedó engullido, un pedazo de muro desapareció”. Persiste en devorar las aceras y las casas y acaba por consumir la ciudad: una monstruosa criatura nueva que se arrastra hacia Belén.

Greener Than You Think resulta a la vez hilarante y ligeramente inquietante. Pero sus absurdas premisas se están convirtiendo en sucesos de actualidad gracias al cambio climático: de hecho, la Hierba del Diablo es en realidad bromo, una tribu de hierbas invasoras y casi imposibles de erradicar que llevan nombres adecuadamente desagradables como bromo “ripgut”, césped engañoso” y falso bromo. Originaria del Mediterráneo y de Oriente Medio, algunas especies llevan en California desde la época de la “fiebre del oro”, cuando el sobrepastoreo permitió que el bromo y el pasto de avena europeos substutuyeran agresivamente a las especies autóctonas. Pero ahora el fuego y el crecimiento incontrolado más allá de los barrios residenciales se han convertido en sus metamorfosizadores, a medida que colonizan y degradan los ecosistemas a lo largo del estado.



El desierto del Mojave Oriental constituye un sombrío ejemplo. En la ruta de Los Ángeles a Las Vegas, a veinte minutos de la línea de demarcación del estado, hay una salida desde la I-15 a una vía asfaltada de dos carriles llamada Carretera de la Cima. Es el modesto portal de entrada a uno de los bosques más mágicos de América del Norte: kilómetros sin fin de antiguo bosque virgen de árboles de Josué [yucca brevifolia] que cubren un campo de pequeños volcanes del Pleistoceno conocido como Cima Dome. Los monarcas de este bosque tienen de 14 metros de alto y cientos de años de edad. Se estima que a mediados de agosto 1,3 millones de estas asombrosas yuccas gigantescas perecieron en el incendio del Dome provocado por un rayo.

No es esta la primera vez que se ha quemado el Mojave Oriental. Un megaincendio de 2005 calcinó un millón de acres [404.685,642 hectáreas] de desierto, pero respetó el Dome, corazón del bosque. A lo largo de la última generación, una invasión de bromo rojo ha creado un sotobosque inflamable entre los árboles de Josué y ha transformado el Mojave en una ecología de incendios (el bromo invasor ha desempeñado este papel en la Gran Cuenca [Nevada, Utah, California, Idaho, Oregón y Wyoming] durante décadas).

Las plantas del desierto, a diferencia de los robles y el chaparral californianos, no están adaptadas al fuego, de modo que puede que su recuperación resulte imposible. Debra Hughson, científica jefe de la Reserva Nacional de Mojave [Mojave National Preserve], describió el fuego como acontecimiento de extinción. “Los árboles de Josué son muy inflamables. Se morirán y no se recobrarán”.

Nuestros desiertos en llamas son expresiones regionales de una tendencia global. La vegetación mediterránea ha evolucionado conjuntamente con el fuego; ciertamente, los robles y la mayoría de las plantas requieren de incendios episódicos para reproducirse. Pero los incendios extremos de forma rutinaria en Grecia, España, Australia y California están hoy anulando las adaptaciones del Holoceno y produciendo cambios irreversibles en la biota.

Si bien Australia es un aspirante que se le acerca, California es quien mejor ilustra el círculo vicioso en el que un calor extremo lleva a incendios extremos frecuentes que impiden la regeneración natural, y con la ayuda de las enfermedades de los árboles acelera la conversión de paisajes icónicos en praderas dispersas y laderas montañosas desprovistas de árboles. Y con las plantas autóctonas, por supuesto, desaparece la fauna autóctona.



A comienzos de este siglo, los planificadores de recursos hídricos y las autoridades en materia de incendios locales se centraban primordialmente en la amenaza de sequías de varios años causadas por episodios agudizados de La Niña y bóvedas de altas presiones tercamente persistentes, las cuales podrían atribuirse ambas al calentamiento antropogénico. Sus peores temores se cumplieron con la gran sequía de la última década, la mayor quizás de los últimos 500 años, que se estima que llevó a la muerte de 150 millones de árboles infestados de barrenillo [escarabajo de la corteza], lo que posteriormente proporcionó una masa de leña para las tormentas de fuego de 2017 y 2018.

La gran mortandad de pinos y coníferas se ha visto acompañado por una pandemia de hongos que se extiende exponencialmente, conocida como “muerte súbita del roble” que ha matado a millones de encinas de California y de tanoaks en las sierras costeras de California y Oregón. Puesto que los tanoaks, sobre todo, crecen en bosques mixtos con abetos de Douglas y pinos ponderosa, sus troncos muertos deberían probablemente contabilizarse como el equivalente de millones de barriles de fuel-oil en las actuales tormentas de fuego que asolan las montañas costeras y las laderas de las sierras.

Por añadidura a la sequía corriente, los científicos hablan hoy de un nuevo fenómeno, la “sequía cálida”. Hasta en años con precipitaciones medias propias del siglo XX, el calor extremo del verano, nuestra nueva normalidad, está produciendo déficits masivos de agua por medio de la evaporación en embalses, corrientes y ríos. En el caso del sustento del sur de California, el río Colorado inferior, se ha predicho un asombroso descenso del 20% de su caudal en el curso de unas cuantas décadas, independientemente de si decaen las precipitaciones.



Pero el impacto más demoledor de temperaturas semejantes a las del Valle de la Muerte (hacía 50 grados en el Valle de San Fernando hace unas pocas semanas) es la pérdida de la humedad de plantas y suelo. Un invierno húmedo y una primavera temprana pueden fascinarnos con extravagantes despliegues de plantas en flor, pero también producen cosechas abundantes de hierbas y plantas herbáceas que se cuecen nuestros veranos de horno para convertirse en iniciadoras del fuego cuando vuelven los vientos del diablo.

Los bromos y otras hierbas exóticas anuales son los principales subproductos y facilitadores de este nuevo régimen de incendios. Años de investigación en parcelas experimentales, en las que los científicos queman distintos tipos de vegetación y estudian su comportamiento frente al fuego, ha confirmado su ventaja darwiniana. Arden a una temperatura que es el doble de la cubierta de suelo herbáceo, vaporizando nutrientes del suelo e inhibiendo el retorno de las plantas autóctonas. Los bromos crecen asimismo muy bien con la polución atmosférica y son más eficientes que la mayoría de las plantas en la utilización de niveles más altos de dióxido de carbono, grandes ventajas evolutivas en la actual lucha entre ecosistemas.

Un grupo de investigación del Colegio Forestal de la Universidad Estatal de Oregón [Oregon State’s College of Forestry] que está estudiando las invasiones de hierba en los bosques de la Costa Oeste, un tema hasta ahora desatendido, avisó anteriormente este mismo año de que una vez se asienta el bucle de retroalimentación con el fuego, se convierte en “tormenta perfecta”. Al igual que la Hierba del Diablo de Weemer, los invasores desafían a la voluntad humana. “Actuaciones de gestión tales como como rebajar la espesura y las quemas controladas, concebidas a menudo para paliar las amenazas de incendios incontrolados, pueden exacerbar también la invasión de hierbas y vegetación forestal, con potenciales consecuencias en la escala del paisaje que en buena medida no se advierten suficientemente”. Sólo un constante esfuerzo sostenido por eliminar la biomasa de la hierba—algo que requeriría un gran ejército de de trabajadores forestales a tiempo completo y la plena cooperación de los propietarios de tierras— podría posponer en teoría el apocalipsis de las malas hierbas.

También precisaría de una moratoria a nuevas construcciones, así como la reconstrucción tras los incendios en bosques en peligro. La mayoría de la vivienda nueva de los últimos veinte años en California se ha levantado, rentable pero insensatamente, en zonas de elevado riesgo de incendios. La “exurbanización” [crecimiento urbano más allá de las zonas residenciales], buena parte de ella consistente en la huida de los blancos de la diversidad humana de California, promueve por doquier la contrarrevolución botánica. Pero a los residentes habitualmente la hierba no les deja ver el bosque.

¿Qué deberíamos pensar de lo que está pasando? A finales de los años 40 las ruinas de Berlín se convirtieron en un laboratorio en el que los científicos naturales estudiaron la sucesión de las plantas después de tres años de bombardeos incendiarios. Su expectativa era que la vegetación original de la región —los bosques de robles y sus matorrales— se restablecerían pronto. Para horror suyo resultó que no fue este el caso. Por el contrario, plantas exóticas escapadas, algunas de ellas plantas raras de jardín, se establecieron como nuevas dominadoras.

Los botánicos continuaron sus estudios hasta que se limpiaron las últimas áreas de explosión en los años 80. La persistencia de esta vegetación de zona muerta y el fracaso de las plantas de los bosques de Pomerania a la hora de reasentarse provocaron un debate sobre la ‘Naturaleza II’. La opinión era que el calor extremo de las bombas incendiarias y de las estructuras de ladrillo había creado un nuevo tipo de suelo que invitaba a la colonización por parte de plantas resistentes como el “árbol del cielo” (ailanto) que había evolucionado en las morrenas de las capas de hielo del Pleistocene. Una guerra nuclear en toda regla, advirtieron, podría reproducir esas condiciones a ingente escala (para saber más sobre esto, véase mi libro Dead Cities).

El fuego en el Antropoceno se ha convertido en equivalente físico de la guerra nuclear. Tras los incendios del Sábado Negro en Victoria [Australia] a principios de 2009, los científicos australianos calcularon que la energía que liberaban era igual a la explosión de 1.500 bombas del tamaño de la de Hiroshima. Mayor energía todavía es la que han producido las columnas de humo de los pirocúmulos que durante semanas se han enseñoreado del norte de California. La niebla naranja tóxica que ha envuelto durante semanas la zona de la Bahía de San Francisco es nuestra versión regional del invierno nuclear.

Está surgiendo una naturaleza nueva, profundamente siniestra, de los escombros de los incendios, a expensas de paisajes que antaño considerábamos sagrados. Nuestra imaginación apenas puede abarcar la velocidad o la magnitud de la catástrofe.

Nota: una versión anterior de este estudio afirmaba que los árboles de Joshua perdidos en el incendio del Dome de California tenían mil años de edad. Puede que sea ese el caso, pero los investigadores afirman que “cientos de años” sería más aproximado.

Vida y milagros

La recomendación No.10/2017 y una agenda posible para el agua

El lunes de la semana pasada las autoridades federales del sector ambiental, SEMARNAT y CONAGUA, y de riesgos sanitarios, COFEPRIS, firmaron finalmente un convenio de coordinación con los gobernadores de Puebla y Tlaxcala con el objetivo de empezar a cumplir con la recomendación que la CNDH emitiera el 22 de marzo de 2017 con respecto a las omisiones en el cumplimiento de la normatividad en materia de agua y salud. Dicha recomendación deriva de la queja interpuesta por el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., aliado con un equipo de científicos de la UNAM, que con una tenacidad y rigor admirables documentaron durante diez años los daños a la salud a muchos de los habitantes que viven cerca de las aguas contaminadas de los ríos Atoyac y Zahuapan. Ese mismo mes, en marzo de 2017, 30 ciudadanos coordinados por la organización civil Dala la Cara al Atoyac interpusimos un amparo indirecto contra la misma omisión de las autoridades en todo lo relacionado a la administración del agua en la cuenca del alto Balsas, Atoyac Xochiac. Tres años después el juicio continúa pues es lento el camino que hay que recorrer en México para obtener justicia. En esos tres años hemos tenido que aportar pruebas, peritajes, información, todo útil para comprender las complejidades del problema.



Antes se han firmado otros convenios entre los actores mencionados, uno durante la administración de Mario Marín y otro en 2011, a principios de la administración de Moreno Valle. No se logró mayor cosa que construir obras que no fueron parte de una planeación estratégica y que en muchos casos resultaron imposibles de mantener. En esos años la contaminación de la cuenca ha seguido creciendo a pasos agigantados y peligrosos.

¿Qué veo distinto en la firma de este nuevo acuerdo? Me parece novedoso que se haya planteado una coordinación desde las oficinas centrales y dos enlaces claros en cada uno de los estados y que se haya señalado como primera prioridad el formular el Programa Hídrico Regional de la región IV del Balsas de manera inmediata; el comité directivo ha decidido contactar a los actores relevantes en el tema, desde los investigadores y especialistas del sector público de los tres niveles de gobierno hasta universidades y colectivos que durante muchos años se han enfocado a entender el rompecabezas de la gestión del agua y el ordenamiento del territorio en un espacio de alta complejidad y presión social.

Hace dos años, como Dale la Cara al Atoyac presentamos una agenda del agua a los candidatos que contendieron para gobernar el estado. Aunque la Ley de Aguas Nacionales no les da mayores atribuciones en inspección y vigilancia a los gobiernos estatales, sí les asigna el rol fundamental de coordinar a la federación con los municipios: les otorga la voluntad política y el liderazgo para que las cosas sucedan. La agenda Integral para la Gestión Hídrica y Ordenamiento Territorial que presentamos entonces priorizaba antes que nada la planeación y el trazo de una estrategia antes de emprender acciones y gastos sin rumbo. Uno de los planteamientos ya se ha logrado en la actual administración, que fue la restitución de la Secretaría de Sustentabilidad y ordenamiento del territorio. Falta fortalecerla con la integración del CEAS y el Instituto Estatal de Planeación alineado a disponibilidad Hídrica. Falta que los gobiernos estatales ayuden a los municipios a fortalecer sus reglamentos y herramientas jurídicas para controlar lo que sucede en sus territorios. Desde los estados se llevará la coordinación de los acuerdos firmados y la construcción de otros acuerdos específicos.

La agenda completa que propusimos a todos los actores en la elección de 2018 aún está por cumplirse en su mayoría. Dicha agenda está disponible en nuestra página de wwe.dalelacara.org

Esperamos que, con la reciente firma de coordinación, la recomendación de la CNDH y la agenda que propusimos en 2018 finalmente avance.