Nuevo tiradero de escombro en el río Atoyac. Vecinos involucran a Antorcha Campesina

Mundo Nuestro. Un crimen más en contra del río Atoyac. Una vez más por el tiradero de escombro sobre su vega. Una vez más involucrada la organización Antorcha Campesina --Movimiento Antorchista, como le llaman sus dirigentes--. Una vez más la suma letal contra la que el río no tiene defensa: empresarios de la construcción sin escrúpulos, contratistas que tiran escombro donde no les cueste ni les pidan permisos, autoridades que simplemente no existen.

La siguiente es la denuncia que realizan vecinos de las colonias Rinconada y Cipreses de Mayorazgo, en la orilla oriente del río Atoyac, entre las avenidas Las Torres y Periférico. La denuncia se presenta anónima, por las represalias que los autores temen de parte quienes están cometiendo este delito ambiental.

Vecinos de las colonias Rinconada y Cipreses de Mayorazgo.

Por este medio denunciamos lo que ha ocurrido en la ribera del río Atoyac a la altura de las colonias Rinconada y Cipreses de Mayorazgo.

La pregunta es, ¿quién o quiénes autorizan la ocupación de terrenos federales para relleno con miles de toneladas de escombro?

A principios del mes diciembre del 2019, en las colindancias de los fraccionamientos Cipreses de Mayorazgo y Rinconada Los Arcos, justo en las cercanías del Río Atoyac y atrás de la recién inaugurada Universidad Politécnica al sur de la Ciudad de Puebla, empezaron a llegar camiones y camiones cargados de escombro y cascajo con el objetivo de rellenar toda una barranca y habilitar una zona para asentamientos de personas que forman parte del Movimiento Antorcha Campesina.

Por ahí hay que empezar: las personas que han ocupado ese terreno y lo han rellenado de escombro se ostentan como de esa organización política.

Una fotografía puede dar idea de la magnitud de este desastre:

 La imagen permite ver la profundidad del relleno sobre la vega del rio.

Y una vista satelital de Google Earth puede identificar el tamaño del relleno:

 Las imagen de Google Earth son del mes de octubre de 2017. No hay unas más recientes. Pero permiten valorar la extensión apropiada por el grupo que dice estar respaldado por el Movimiento Antorchista. Y por supuesto comprender el enojo de los vecinos de Rinconada y Cipreses de Mayorazgo.

¿Cuánto escombro han tirado ya? Es difícil calcular el número de toneladas, tan difícil como comprender la magnitud del daño ambiental que han causado estos personajes al convertir las orillas del Río Atoyac, de propiedad federal, en un sitio para plantar viviendas. Pero un cálculo somero realizado por los vecinos estima en unos mil camiones los que han arrojado el escombro.

A todo lo largo de la barda de la colonia Cipreses corre el relleno, y han logrado aplanar un área de 250 metros por 30 metros, aprovechando el espacio plano que quedó antes de iniciar el declive hacia la orilla del río Atoyac. Por fuera de la barda, es posible distinguir tres casas construidas antes de que la obra del relleno iniciara.

Cuestionados por los vecinos, los responsables del relleno, que no se identifican por supuesto, no esconden el respaldo que dicen tener de la organización Movimiento Antorchista. No dicen más. Han enrejado la entrada al relleno y no permiten el paso a nadie que no sea de su grupo.

¿Y con permiso de quién? ¿Del ayuntamiento? ¿Quién controla la disposición de residuos de la industria de la construcción? ¿Y el gobierno del Estado y la disposición de residuos sólidos como el escombro? ¿De SEMARNAT? ¿Y nada tiene que decir PROFEPA? ¿Y la Manifestación de Impacto Ambiental? ¿De la Comisión Nacional del Agua? ¿Con qué documento y de parte de qué autoridad se les permite hacer lo que está haciendo?

De manera que tenemos tres problemas ante lo que ahora está ocurriendo en este rincón del río en la zona sur de la ciudad.

Uno, el ambiental, que ante tal cantidad de toneladas de escombro el impacto es inevitable; ¿qué va a suceder con el cauce del Río Atoyac ahora que inicien las temporadas de lluvia? Al no existir seguramente estudios técnicos para apilar toneladas de desperdicio producto de otras construcciones para el relleno de una barranca, ¿acaso no habrá deslaves?, ¿en qué dirección, hacia el cauce del río, hacia las bardas de ambos fraccionamientos? 

Dos, la ilegalidad. Resulta increíble pensar que grupos como Antorcha Campesina se tomen atribuciones como las de adueñarse de una propiedad, seguramente federal, sin que la autoridad de cualquier nivel intervenga para evitarlo. Está demás decir, que hemos sobrevivido en un país donde las autoridades han tenido poca o nula capacidad para enfrentar a grupos sociales que administraciones federales o estatales han fortalecido por años. Seré un tanto cuanto incrédulo, pero en teoría, estamos entrando a nuevas formas de ejercer el poder público; por tanto, uno esperaría que acontecimientos como el descrito no se repitan. Pero no. Al parecer, todo sigue siendo permisivo, la autoridad continua sigue siendo exactamente la misma de muchos otros años. Nada cambia, salvo el curso normal de la naturaleza.

Y el tercer problema, el problema social, la convivencia vecinal. Quienes somos propietarios de nuestras casas sin importar el fraccionamiento al que pertenezcan, pagamos por el pedazo de tierra que ahora ocupamos y por todos y cada uno de los servicios públicos (luz, agua, drenaje, predial, recolección de basura, etc.). ¿Cómo es que algunos entonces llegan, y sin decir absolutamente agua va, se adueñan de terrenos que no les corresponden y por los que no han pagado un sólo centavo? ¿Quién, en medio de su ilegalidad, habrá de proveerles servicios por los que nosotros sí pagamos? Comprenderán que no es fobia hacia las personas de pocos recursos, no lo es, y lo dejo en claro. Es la irresponsabilidad e inconciencia de estos grupos de poder fáctico como Antorcha Campesina que sirven para el chantaje ante cualquier autoridad y los intereses personales de quienes los lideran.

Desde esta óptica, ¿cómo pretender una convivencia mínimamente cordial? Es imposible.

En resumen, estamos frente a asunto que merece toda la atención de las autoridades. Por varias razones, no puede permitirse que grupos de personas, quienes sean, se adueñen por sus pistolas de terrenos que no les pertenece. Más aún sin medir el impacto ambiental. No podemos permitirnos seguir viviendo bajo el régimen de la Ley de la Selva; es decir, a ver quién sobrevive. Y no podemos intentar construir una mejor ciudad con la ausencia de quienes, en teoría, deben establecer las reglas del juego.  

Puebla, Puebla. 3 de mayo de 2020