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¿Representa la ultraderecha un peligro para México?

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El pasado sábado 3 de octubre miles de personas llevaron a cabo una marcha al zócalo de la Ciudad de México. Su intención consintió en reunir más de cien mil asistentes para forzar la renuncia del presidente de la república. Aunque naturalmente se desató una guerra de cifras, los testimonios de la prensa mexicana dan cuenta de una reunión mucho más pequeña. Fue, no obstante, más numerosa que en otras ocasiones y decidieron ocupar buena parte de la plaza con casas de campaña, lo que da a entender que seguirán con sus protestas.

El lenguaje de sus líderes y simpatizantes se han caracterizado por ser “irracional, vulgar y violento” como señaló Mario Luis Fuentes en un editorial. La expresión más elaborada acusa a AMLO de “comunista” pero su discurso se compone más bien de insultos e imploraciones a la Virgen de Guadalupe. Su insistencia en que el primer mandatario debe renunciar de inmediato no ha generado mucha aceptación en el amplio abanico opositor que incluye partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y escritores e intelectuales que saben que este llamado suena a golpismo y que resulta completamente inviable.

De esta manera, el plantón del llamado FRENAA puede resultar incluso funcional al gobierno pues le da la oportunidad de presumir su talante democrático. El presidente ha prometido no reprimir a los manifestantes y respetar su protesta. Hasta aquí todo parecería ser un brote extremista de ciudadanos inconformes que con el tiempo se irá diluyendo. Sin embargo, el problema puede radicar en que el verdadero propósito de los organizadores sea montar una provocación que pueda derivar en choques con otros grupos civiles. El zócalo es un espacio al que recurren una gran cantidad de contingentes que se manifiestan por diversas causas casi todos los días. Ha habido expresiones muy violentas que e incluso han atentado contra el palacio nacional lanzando bombas molotov y tratando de incendiar las puertas de ese inmueble histórico. De esta manera, no importaría mucho el número real de ocupantes de las casas de campaña. Bastaría una confrontación entre unas docenas de personas por ambos lados para generar un conflicto de consecuencias imprevisibles.

Los partidos de oposición y sus voceros, que se manifiestan en la prensa o en las redes sociales saben que no pueden mostrar una adhesión abierta a FRENAA. Su ambición consiste, como han dicho muchas veces, en formar una coalición muy amplia que les permita ganar la cámara de diputados en las elecciones del próximo año. Intentar derribar a López Obrador con movilizaciones callejeras utilizando un lenguaje tan primitivo, seguramente les restaría votos. Por su parte, los simpatizantes de la 4T saben que pueden organizar una o varias marchas, mucho más grandes, y superar ampliamente a las de la ultraderecha.



Y, sin embargo, el gobierno no debería subestimar la situación. La pandemia y sus efectos han generado desempleo y empobrecimiento de las capas sociales más vulnerables, un escenario que no está siendo respondido correctamente. Tal cosa se demuestra claramente en el proyecto de presupuesto para el próximo año y en un conjunto de medidas, como la liquidación de los fideicomisos. Decisiones que no ayudan a una recuperación económica más vigorosa y con menores costos sociales. La insistencia en una estrategia conservadora que propone reducir el gasto y no admite ni mayor endeudamiento ni aumentar los recursos fiscales ha decepcionado a sectores progresistas: grupos sindicales, de productores agrícolas y de servicios, y organizaciones diversas de la sociedad civil.

Por otro lado, el partido que llevó al triunfo al presidente y a conquistar la mayoría en las Cámaras de Senadores y Diputados, vive una crisis que no es seguro que pueda resolverse en los próximos días con el nombramiento de los principales dirigentes de MORENA. No sería extraño que el conflicto interno se prolongara un tiempo más, debido a las decisiones del Tribunal y al nivel de confrontación interna.

Además, hay varios focos de protesta social, legítima y verdadera, que sienten que no han encontrado las respuestas que se esperaría de un gobierno progresista. Tal ha sido el caso de agrupaciones del movimiento feminista, pero también de otros grupos sociales que se han manifestado por la defensa del medio ambiente y del territorio de los pueblos y comunidades, como en Morelos, Chihuahua y otras localidades del sureste mexicano. Asimismo, habría que incluir la huelga de NOTIMEX que inexplicablemente se ha prolongado por la conducta de la directora de esta agencia de noticias. Algunas secciones de la CNTE han reanudado algunas movilizaciones de protesta.

La principal queja de la oposición partidista se ha basado en lo que han llamado el autoritarismo del presidente y una excesiva concentración de poder. El discurso del primer mandatario parecería darles la razón: reitera a cada momento que cualquier crítica es neoliberal, conservadora o expresión de quienes buscan mantener sus privilegios a costa de la corrupción. Con ello, da a entender que no le interesa el diálogo con todos y que es insensible a cualquier rectificación. Irrita, además, a sectores de la sociedad que lo apoyaron y que esperaban otro tipo de políticas, particularmente en el ámbito económico y social, y que han sugerido la necesidad de modificar algunas líneas de gobierno. Se pierde de vista la diferencia entre quienes reclaman la reparación de injusticias y aspiran a profundizar el cambio, y aquellos que desean la continuidad del estatus quo de los regímenes del PRI y el PAN.



De esta manera un diagnóstico alternativo y la elaboración de propuestas para una mayor justicia social son simplemente condenadas. Se supone que un gobierno progresista se basa no sólo en sus políticas públicas sino también en su capacidad de diálogo, sobre todo con los más castigados por décadas de injusticia, y en su disposición para establecer alianzas con los movimientos sociales. Por ejemplo, en lo que toca a los desaparecidos de Ayotzinapa, el gobierno ha entablado una relación que, aunque con pocos resultados, ha sido apreciada por los familiares de los normalistas desaparecidos. No ha sido así en otros casos. Y, sobre todo, no ha habido ninguna intención para entablar un pacto o acuerdo de largo plazo como el que se ha buscado con los sectores empresariales más poderosos.

La movilización de la ultraderecha no representa un peligro inminente para las instituciones políticas ni para la continuidad del gobierno, pero fomenta un clima que dificulta aún más la interlocución con sectores sociales inconformes y fortalece la figura y el endurecimiento del discurso presidencial.

Y, sin embargo, cabe esperar todavía que la 4T reconozca que este enturbiamiento es un factor de tensión que puede crecer y llevar a confrontaciones indeseadas. Podría entonces aprovechar el radicalismo de la derecha para acercarse a los sectores progresistas, aceptar las críticas y establecer un nuevo trato que haga posible la construcción de nuevos proyectos de cambio. En esta vía, MORENA podría jugar un papel destacado. No sería la primera vez en la historia de México y América Latina que los partidos y gobiernos que se han propuesto romper con un pasado oprobioso, rectifican y cambian sus estrategias. El movimiento que llevó a AMLO a la presidencia viene de una larga historia de lucha. La sensibilidad forjada en esos años debería servir ahora para entender que el poder no radica sólo en los puestos públicos sino, principalmente, en el apoyo y la participación activa de los ciudadanos. Las dificultades actuales, muchas de ellas derivadas de la pandemia y de viejas injusticias, pueden llevar a una creciente incapacidad gubernamental para dar respuesta los reclamos legítimos de la población y, a final de cuentas, a la prolongación de un estado de cosas que ya se ha visto que resulta intolerable.



http://saulescobar.blogspot.com/

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Sobre el autor

Saúl Escobar Toledo

Saúl Escobar Toledo es historiador en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Sindicalismo, salarios, empleo y partidos políticos en México en el siglo XX son las áreas de su investigación. Entre sus publicaciones están Los Trabajadores en el siglo XX. Sindicatos, estado y sociedad en México (1907 – 2002) Ed. UNAM, 2006; “Las batallas en el desierto: los trabajadores mexicanos 1980-2000”. Colección Claves de la Historia del siglo XX. Ed. INAH, 2010 y  “Las reformas a la Ley Federal del Trabajo: una perspectiva histórica” en Las reformas estructurales en México (en prensa). Editorial Ítaca, 2015.