Poder y Política

Mundo Nuestro. Ir a las fuentes. Hacerlo con una simple pregunta: ¿no podemos pensarnos distinto? Reflexivos, autocriticos, capaces de plantar en una mesa de análisis colectivo lo que nos duele, lo que nos apremia, lo que nos obliga a mirarnos como parte de un conjunto que a gritos pide hacer un alto en el camino y mirar con serenidad el futuro.

Hacerlo a la vista de nuestras dos montañas originales. El Popo. El Izta. El cerro que humea para recordarnos que efectivamente somos seres pasajeros de un mundo que no mide el tiempo en los términos fugaces de la vida humana. La mujer dormida, blanca, casi invisible en su manto que invierno tras invierno vemos desaparecer, y que nos recuerda impávida que la vida es corta, y que ella, sea lo que ocurra con nosotros, ahí estará para guardar la serenidad del tiempo ido.

Puebla, esa entidad geográfica que tiene en su valle central la principal de sus catástrofes, se contempla en el agua que irrefrenablemente se pierde en el envenenamiento que provocamos en la banalidad de nuestro modo de vida. Mirarla ahí, en el arranque de las montañas que contra todo pesar se obstinan en producirla. Admirarla en su partida como fuente original de un río que se presenta como la más estratégica demanda que hemos logrado construir: la de la regeneración del Atoyac.

Una exigencia, entonces, para cada uno de nosotros, pero primero que a nadie para el gobernador Miguel Barbosa. Romper la banalidad del poder en Puebla y demandar el debate colectivo, democrático, inteligente, sobre el futuro que construimos.



Rescatar el Atoyac, Y con él, la vida misma de la sociedad poblana.

Arranque del año 1: Ir a las fuentes



Arranque de año 2: En Puebla, exigir lo estratégico



Y sobre las fuentes, el origen del Atoyac: uno de tantos, el que baja de los pies de la Mujer Dormida...

La imagen puede contener: árbol, exterior, naturaleza y agua

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Los Legionarios de Cristo siguen sin entender o de manera intencional evaden las nuevas normas establecidas por la Iglesia, para tratar los casos de los sacerdotes que abusaron sexualmente de menores y de quienes los protegieron.

El pasado 21 de diciembre, después de 78 años de denuncias por abusos sexuales, esta Congregación dio a conocer los casos de los sacerdotes pederastas, pero no hacen mención alguna a los superiores que los encubrieron y trataron a toda costa de esconder los hechos.

Después de conocer el “Informe 1941-2019 sobre el fenómeno del abuso sexual de menores en la Congregación de los Legionarios de Cristo desde su fundación hasta la actualidad”, la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) reclama a los legionarios que no se haga mención de quienes sabiendo de los hechos no los denunciaron y protegieron a los abusadores.

La “Comisión de casos de abuso de menores del pasado y atención a las personas implicadas” encargada de hacer la investigación concluye que de 1941 al día de hoy 33 sacerdotes y 54 seminaristas de la institución, en total 87, abusaron de 175 menores.

Marcial Maciel, el fundador de los legionarios, fue un “criminal”, como lo llamó el papa Benedicto XVI, y también un enfermo mental. A más de un estafador y un encantador de serpiente que engañó y se aprovechó de miles de personas. De los 75 menores abusados Maciel es responsable directo en 60 casos.

El informe de 25 páginas, siete de ellas con gráficas, señala que los otros 90 menores fueron abusados por 54 seminaristas de los cuales 46 no llegaron a ordenarse sacerdotes. De los 33 sacerdotes que abusaron de menores 14 de ellos fueron víctimas de abuso sexual al interior de la Congregación.

De los 33 sacerdotes pederastas, seis fallecieron, ocho dejaron el sacerdocio, uno dejó la Congregación, y los otros 18 siguen siendo parte de la misma. El informe asegura que no tienen funciones públicas y ninguno está en actividades relacionadas con colegios o jóvenes. No dice si están en tratamiento o enfrentan juicios civiles.

Los Legionarios de Cristo fueron fundados por un enfermo y la propia institución ha vivido en la enfermedad y la ha reproducido de diversas maneras. Sacerdotes y seminaristas “imitaron” a su fundador y abusaron de compañeros y de menores.

Y también, de manera enferma, encubrieron a Maciel de sus múltiples crímenes y a otros integrantes de la Congregación que abusaron de sus compañeros y de menores y al no denunciarlos siguieron actuando de manera enferma. ¿Qué se puede esperar de una Congregación que nace de este nivel de enfermedad?

La Iglesia y la sociedad esperan de los legionarios otro documento donde señale a los encubridores. Ahora hay sacerdotes en los más altos cargos de gobierno de la Congregación que son responsables, de una y otra manera, de haber protegido a Maciel y a los abusadores. ¿Cuándo harán pública esa lista? La CEM y Roma la deben de exigir.

(Ilustración de Víctor Solis tomada de la revista Nexos)

La CEM y los Legionarios
Rubén Aguilar Valenzuela


En una reacción poco común, incluso única, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) solicitó de manera oficial a los Legionarios de Cristo que reduzcan al estado laical al sacerdote de esa congregación, Fernando Martínez.

Días atrás los Legionarios reconocieron, después de 50 años, los abusos sexuales perpetrados por este sacerdote en contra de niñas y niños en diferentes colegios de esa institución.

La CEM les pide también que el pederasta permanezca en México, para estar a disposición de las autoridades competentes.

Los Legionarios y su fundador, el pederasta Marcial Maciel, gozaron de la protección del papa Juan Pablo II y por eso los obispos mexicanos no se atrevieron nunca, teniendo la información de los delitos, a llamar a cuenta a la congregación.

Los tiempos han cambiado y los protocolos que ahora tiene la Iglesia, para enfrentar estos casos, plantean cero tolerancia para los casos del pasado y los que se puedan dar en el presente.

Los obispos plantean que en el reconocimiento de los Legionarios sobre los actos criminales de Martínez “no hemos encontrado un acto concreto de justicia y reparación del daño, para las víctimas, ni quienes actualmente, por parte de la congregación, asume la responsabilidad de transparentar a los responsables del encubrimiento”.

Así, la CEM aplica los nuevos ordenamientos de la Iglesia, que en los hechos trataron, una vez más, de evitar los Legionarios. Ahora los obispos mexicanos no quieren verse como cómplices de los discípulos de Maciel. En otro tiempo lo fueron.

La CEM ha hecho público, el pasado 10 de diciembre, que se ha pedido “a las víctimas, no solo a presentar denuncias penales, sino también, a exigir la reparación del daño por las acciones u omisiones por parte de los directivos de la congregación de los Legionarios de Cristo”.

“Expresamos, dicen los obispos, nuestro firme compromiso de que en este y en todos los casos de abuso sexual de menores en el seno de la Iglesia se dé atención prioritaria a las víctimas, se denuncie a los agresores, se repare el daño causado, los responsables enfrenten los procesos legales ante las autoridades civiles y canónicas, y éstas actúen de modo expedito y responsable”.

Éste, sin lugar a dudas, es el posicionamiento más fuerte y claro de la Iglesia mexicana en torno a los casos de pederastia y anuncia el camino que ahora se propone seguir. En este mismo año, meses atrás, en el Vaticano se aprobaron una serie de ordenamientos que ahora aplica la CEM.

La nueva postura de los obispos mexicanos frente a los Legionarios, pero también frente a todos los pederastas del pasado y los que puede haber en el presente, debe animar a las víctimas que todavía no lo han hecho a exigir justicia y reparación del daño.

Habrá que dar seguimiento a la acción de la Iglesia y a cada uno de los obispos. En el pasado, todavía hoy, los obispos, por ignorancia, pero también por una falsa idea de evitar el escándalo, son los que han permitido la acción de los pederastas y el daño a las víctimas.

Twitter: @RubenAguilar

La valentía de la poblana Olimpia Coral Melo es ya un referente internacional para que en otros países se legisle y se apliquen penas severas a delitos contra la violación a la intimidad sexual al grabar, filmar o manipular imágenes, videos y audios sin el consentimiento de una persona.

El Caso de Olimpia se ha viralizado para exponer la dura realidad que experimentó cuando a sus 18 años, en su natal Huauchinango, su pareja decidió subir a páginas de internet un video intimo que la expuso como una víctima de la violencia sexual.

En esos años, Coral una chica serrana preparatoriana era simpatizante del Partido Revolucionario Institucional

En múltiples testimonios, Olimpia ha contado la dureza de enfrentar el acoso no sólo cibernético, sino la persecución de la moralina social que la expuso como la chica que permitió hacer un video y que ahora se quejaba sin mucho por justificar.



Olimpia inició una búsqueda de ayuda, de respaldo en momentos donde era satanizada socialmente.

Y buscó el apoyo de las mujeres del que veía como su partido: El PRI.

Paradójicamente eran los tiempos donde una mujer presidía el tricolor en Puebla, con Ana Isabel Allende.

Olimpia llegó hasta las oficinas del PRI en Puebla para pedir ayuda, apoyo.

La primera estampa con la que se encontró, fue la mirada lasciva del propio policía de las oficinas partidistas, quien en tono burlón le dijo: “Ya vi su video, Señorita”.



Olimpia encontró silencio, ignominia y la evasión de aquellas mujeres priístas que nunca se solidarizaron con ella.

Hace unas semanas, esta joven que hoy es un referente sobre lo que se puede lograr para exhibir esa violencia y acoso, se reunió con las mujeres del que alguna vez consideró su partido: El PRI

Ahí contó lo antes mencionado. El silencio inundó la sala, cuando Olimpia narró cómo esas mujeres la habían dejado sola en momentos donde la desesperación la hizo pensar en quitarse la vida.



Olimpia y las priistas ahí presentes hicieron una dura catarsis, donde terminaron ofreciéndole disculpas a esta joven mujer, que como muchas más, se enfrentan a la indolente reacción de la política, cuando se trata de actuar con una doble moral que deja en la indefensión a muchas de las mujeres que militan en diferentes partidos políticos.

Y como si no bastaran los actos que reflejan impunidad frente a la violencia política, física y verbal contra las mujeres, el partido Movimiento Ciudadano se quitó la careta y le dio cobijo al diputado Héctor Alonso Granados, protagonista de diferentes actos de agresión verbal contra sus compañeras diputadas.

Es lamentable que los partidos políticos y sus dirigentes no entiendan la magnitud de las agresiones hacia las mujeres que militan en sus filas.

Ahí está también el caso del regidor morenista Roberto Eli Esponda y el video de su agresión a una joven al grabarlo durante su desempeño en el pasado proceso electoral en Puebla.

La violencia política también debe exhibir esos casos donde los partidos se vuelven cómplices de violentadores que hacen mucho daño social por estar involucrados en actos de gobernanza.

@rubysoriano

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Día con día

(Ilustración de David Peón para Nexos)

El presidente Donald Trump ha lanzado su segunda amenaza contra el gobierno de México: dijo a Bill O’Reilly en Fox News que lleva 90 días trabajando para designar a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas.

Trump no anuncia un hecho sino una intención, del mismo modo que, en su primera amenaza, no impuso aranceles del 5 por ciento a los productos mexicanos, solo amagó con hacerlo.



La amenaza arancelaria cambió radicalmente la política migratoria del nuevo gobierno. Pasamos de darle la bienvenida a quienes venían del sur, con una política suave de visas humanitarias, a una política dura, de puertas cerradas a rajatabla. México se convirtió en el muro de Trump para los migrantes centroamericanos.

No sabemos cuál será la exigencia de Trump a partir de su nueva amenaza. Sabemos que el discurso amenazante no se irá, pues es parte de la plataforma de la reelección de Trump, vale decir, que el golpeteo sobre México apenas empieza.

Las consecuencias de la nueva amenaza para la relación bilateral apenas pueden exagerarse.

La designación de terroristas se hace en Washington sobre grupos específicos, el Estado Islámico o Al Qaeda, pero tiene exigencias muy altas. Ciudadanos y empresas estadunidenses quedan obligados a suspender y denunciar toda relación con estos grupos.

Los países donde esos grupos operan, pueden recibir fuertes sanciones, económicas y de otro tipo, si parecen incapaces de controlar a sus terroristas o poco colaborativos en su combate.



El término terrorista se refiere en la ley estadunidense a “actos violentos contra la vida humana, la propiedad o la infraestructura”, dirigidos a “intimidar o coaccionar a la población civil” o “a influir en la política del gobierno por intimidación y coacción… destrucción masiva, homicidio, secuestro o toma de rehenes”.

La amenaza actual de Trump cae sobre otra política suave del gobierno mexicano: la oferta de “abrazos, no balazos” para el crimen organizado.

La amenaza no tiene que volverse realidad, basta con que esté presente. Si la corrección aquí es tan drástica como fue la de la cuestión migratoria, lo que quizá tendremos en seguridad es una política al revés, de balazos no de abrazos, bajo la supervisión de Washington.



Klastos

Una reciente investigación del periodista Sergio Mastretta en colaboración con María Eugenia Silva, para Puebla contra la Corrupción y la Impunidad, A. C., revela los turbios procedimientos con los que se propició la llegada de la empresa Audi a San José Chiapa, la Planta de ensamblaje que se inauguró a bombo y platillo en 2016 y que costó a los poblanos 1,321 millones de dólares (unos 25,000 millones de pesos).

La cuestión de cómo y por qué llegó Audi a Puebla pone numerosos temas en juego –corrupción política y lobbying empresarial, especulación del territorio agrícola y despilfarro de dinero público–, pero uno crucial es cómo se imagina y lleva a cabo la reorganización de la geografía económica del estado. Klastos conversó con Sergio Mastretta sobre este y los casos previos que redefinieron el espacio productivo de lo que hoy entendemos como Puebla.

Leer en Klastos/Lado B



Portada del libro La trama Audi. Componendas de un gobierno autoritario (Puebla contra la corrupción y la impunidad, A.C., 2019)

Mundo Nuestro. El siguiente es el comunicado dado a conocer el lunes 11 de noviembre por la asociación civil Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad en tono a las denuncias planteadas en el libro La Trama Audi.



OPACIDAD Y DISCRECIONALIDAD DESDE MORENO VALLE SIGUEN EN EL GOBIERNO DE BARBOSA: PCCI

1. DENUNCIAS TRAS LA TRAMA AUDI

A poco más de dos meses de la presentación del libro La Trama Audi, componendas de un gobierno autoritario en las ciudades de Puebla, México y Monterrey, Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI) reavivó, en la agenda pública, la discusión sobre el uso discrecional que hacen los gobiernos estatales del dinero público, en combinación con la opacidad de los procesos relacionados con obras públicas e inversiones, y el sometimiento de los poderes e instituciones a los designios del gobernador en turno.

La acción de PCCI no sólo quedó en la presentación de La Trama Audi, ya que se ha entregado un ejemplar del libro, a manera de denuncia, al gobernador a través de la Directora de Comunicación Social y a todos los titulares de las dependencias involucradas en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA): la Secretaría de la Función Pública; la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción; la Auditoría Superior del Estado; el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIP); el Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Consejo de Participación Ciudadana que preside el SEA.



Asimismo, se dio vista también en la Ciudad de México a la Procuraduría Agraria y al Congreso del Estado de Puebla acerca de las anomalías documentadas de manera profusa en el libro. Cabe señalar que el área de auditoría interna del Registro Agrario Nacional confirmó, el pasado 21 de octubre, que inició una investigación a los funcionarios de esa dependencia involucrados en las anomalías para la adquisición de la tierra para edificar la plataforma de Audi y adquirir los terrenos donde se asienta la Ciudad Modelo.

De igual forma, celebramos que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción haya abierto una carpeta de investigación respecto al caso. Estamos pendientes de las pesquisas.

Exigimos que la Secretaría de la Función Pública del estado indague los hechos delictuosos en los que participaron funcionarios de la Dirección de la Tenencia de la Tierra, así como sus superiores jerárquicos.



2. INACCIÓN DE GPP Y MBH

Sin embargo, las condiciones para el abuso del poder en Puebla siguen iguales. Ni la administración de Antonio Gali, ni la interina de Guillermo Pacheco Pulido, ni su actual sucesor, Miguel Barbosa Huerta, han hecho nada para desmontar los mecanismos que implican el uso discrecional del dinero público, la opacidad de los procesos relacionados con obras públicas e inversiones, y el sometimiento de los poderes e instituciones. Estamos frente al riesgo de que nuevos abusos ocurran, tales como el aumento de la deuda pública, el sometimiento del Poder Legislativo y de instituciones que deberían ser autónomas, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado y el Instituto de Acceso a la Información Pública.

3. RESERVAS DE INFORMACIÓN

En el caso de la opacidad que prevaleció en lo relativo a la construcción de la Plataforma Audi y de la Ciudad Modelo, las reservas de información hasta el momento continúan vigentes, pese a la promesa hecha por el gobernador Barbosa el 9 de septiembre de 2019, cuando anunció que “pronto” por medio de un decreto eliminaría las más de tres mil reservas de información que datan de los últimos ocho años. Esto no ha ocurrido hasta la fecha.

A eso se suma que en 100 días, la administración estatal en funciones reservó las bitácoras de vuelo de los helicópteros al servicio del gobernador, además del padrón de anuncios espectaculares.

A través de las plataformas de transparencia y de datos abiertos, constatamos que todas las reservas siguen intactas, y lo peor es que ni el órgano garante -ITAIP-, ni los titulares de las dependencias con información clasificada o sus comités de transparencia, han dado visos de desclasificar la información, misma que carece de pruebas de daño debidamente fundadas y motivadas, hecho que viola los artículos 103 y 104 de la Ley General de Transparencia, así como el 125 y 126 de la norma estatal en la materia, además del numeral trigésimo tercero de los lineamientos generales en materia de clasificación de información del Sistema Nacional de Transparencia.

Es el caso del contrato que se hizo entre la empresa Audi y el gobierno del estado, que desde 2016 fue reservado hasta 2021 por la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade). Al consultar la fundamentación de la reserva en las plataformas de datos abiertos y de transparencia, se constató que se carece del documento de fundamentación de la reserva que incluya la prueba de daño, la cual sirve para justificar que la difusión de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.

El argumento de la reserva de información sigue siendo: “de divulgarse la información, otros estados de la Republica podrían inferir en el ánimo de futuros inversionistas nacionales y extranjeros, valiéndose de los antecedentes probados y aplicados en esta entidad federativa, por consiguiente el interés social se vería afectado; asimismo, puede ocasionar el desequilibrio en el desarrollo y ejecución del proyecto. Además existe el riesgo latente de que los estados vecinos a Puebla puedan ofrecer mejores condiciones a los inversionistas y proveedores de la empresa Audi, dañando así la derrama económica que se prevé para el municipio en el que actualmente se encuentra la planta automotriz Audi”. Cabe recordar que, como se documenta en La Trama Audi, mucha de la inversión de por sí ya se fue a Tlaxcala.

En el caso del listado de ubicación de los predios que compró el organismo público descentralizado Ciudad Modelo en 2017, el uso que se les va a dar y el municipio en que se encuentran, en la información pública disponible, ni siquiera se informa de la existencia de una prueba de daño en la documentación publicada por la Secretaría de Economía, lo que también viola las normas citadas en el caso de la reserva del contrato con Audi.

El argumento para reservar la información de los predios es que contiene “opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva”. Esa causal ya no existe, porque la Ciudad Modelo ya se edificó.

También en la reserva se indica que “el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación del dictamen de la zona económica especial de Puebla supera el interés público general de que se difunda”, pero no se fundamenta esto tampoco en una prueba de daño.

Por otra parte, se constató que desapareció del portal de datos abiertos el apartado con la información de los expedientes reservados por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).

4. DEUDA Y MANEJO DEL ERARIO

Respecto a la deuda pública, otra de las grandes afectaciones hechas por los gobernadores Moreno Valle y Gali Fayad, la Ley de Deuda Pública del estado sigue intacta desde 2017. El peligro está en el artículo 6º, que ha sido cambiado en dos ocasiones entre 2012 y 2017, y permite que no se considere deuda pública “los contratos de asociaciones público-privadas, entre los que se encuentran de manera enunciativa más no limitativa, los proyectos para prestación de servicios, proyectos de inversión, obra pública financiada, ni los compromisos derivados de los mismos”.

Otro ejemplo más lo tenemos en el Museo Internacional Barroco, el cual representa un gasto aproximado de al menos 16 millones de pesos al mes al erario -tres veces más que el costo de mantenimiento del Museo Nacional de Antropología-, gracias a los compromisos establecidos durante el morenovallismo con empresas como Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad de Grupo Higa, La Peninsular, Promotora de Cultura Yaxché y Operadora y Administración Técnica. Dicho esquema sigue intacto en la administración de Barbosa.

En el caso del fidecomiso F0144 que se le dio a Evercore para su administración y en el que se encuentra la deuda oculta, en marzo pasado el gobierno interino anunció que se cambiaría de fiduciario, pero hasta la fecha no se ha dado más información; la opacidad prevalece al respecto, no sabemos si los gobiernos de Gali, Pacheco Pulido o Barbosa ya nos hayan endeudado más. No lo sabemos, ni tampoco cómo se están manejando nuestros impuestos.

En resumen, pese a las promesas y discursos de cambio, en los hechos la actual administración estatal se está conduciendo de la misma forma que se ha hecho en los últimos ocho años, sin rendir cuentas, con autoritarismo y sin contrapesos. Las instancias del Estado, como el Congreso estatal, la Fiscalía Generl del Estado, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto de Acceso a la Información Pública siguen supeditadas, cooptadas por el gobernador del estado. Ello mantiene el amplio margen que tenía Moreno Valle para realizar actos de corrupción. De seguir así, ni la corrupción ni la impunidad podrán ser erradicadas en la entidad.

Revista Nexos. La revista presenta una cronología de los eventos ocurridos el 17 de octubre de 2019, día que comenzó con la premonición presidencial de que se trataría de una jornada importante. Por claridad y a la vez por falta de información exacta, se utilizarán horas aproximadas y tiempo del centro de México.

Culiacán: cronología de la derrota

https://nexos.com.mx/?p=45323



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