Si bien el resolutivo de la Semarnat sobre la MIA no se ha hecho público aún, las y los integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y las organizaciones que durante nuestros años de resistencia nos han acompañado nos complacemos de la decisión de la Secretaría, la cual esperamos ponga fin a las pretensiones de Almaden Minerals de imponer un proyecto de muerte en nuestros territorios.
Por más de una década, las comunidades organizadas de Ixtacamaxtitlán hemos manifestado nuestro rechazo al proyecto de Almaden Minerals y hemos luchado para desmantelar las mentiras de la minera. Esta lucha se intensificó en los últimos dos años, cuando la empresa manifestó sus intenciones de iniciar la explotación de la mina. Tras la Reunión Pública de Información, realizada el 25 de junio de 2019, como parte del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, comunidades, académicos y defensores de derechos humanos manifestamos a la Semarnat en 17 ponencias los motivos científicos, técnicos y sociales por los que el proyecto minero en Ixtacamaxtitlán es inviable, dadas las graves e irreversibles consecuencias que tendría para el medio ambiente, para toda la cuenca del río Tecolutla y para todo el sistema agroforestal del que depende la vida de las comunidades originarias de la región.
El 22 de octubre de 2019, más de 40 comunidades organizadas en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua entregamos a la Semarnat actas de asamblea con 3,500 firmas, en las que en un ejercicio de autodeterminación hicimos de conocimiento a la autoridad ambiental que rechazamos el proyecto minero y negamos nuestro consentimiento para su realización.
Almaden Minerals ha violado los derechos de las comunidades desde que inició la exploración en Ixtacamaxtitlán y continúa mintiendo a sus inversionistas y al público. En su comunicado de hoy, en el que la empresa manifiesta su decepción con la decisión de la Semarnat, cita un documento de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ahora INPI, diciendo que “tras analizar el caso, se consideraba que no era necesaria la consulta (a las comunidades) ya que los datos analizados indicaban la ausencia de población indígena en el área del proyecto”, lo cual fue desmentido por el mismo Instituto, que señaló que tanto en el municipio de Ixtacamaxtitlán como en el área de influencia del Proyecto Minero Ixtaca existe población indígena y que, por tanto, el Estado mexicano se encuentra obligado a cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Recalcamos que ni Almaden Minerals, ni sus filiales u otras empresas mineras han tenido o tendrán el permiso de las comunidades para explotar los bienes naturales de su territorio. Si Almaden Minerals insiste en su proyecto de muerte, las comunidades estaremos en pie de lucha para evitarlo.
¡Por la libre determinación de los pueblos, sí a la vida!