En Hueytamalco, sueños de tilapia y naranjales en la antigua selva devastada. El conflicto por las granjas acuícolas en Puebla

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Sergio Aburto, campesino de la Sierra Norte convertido en piscicultor, señala el tanque de los alevines y me dice con la mirada de quien ve perder un sueño:

“Este año ya no sembré, ya no me la juego, si no se resuelve la autorización con el gobierno, mejor cierro la granja.”



Sergio Aburto: en sus manos la que debiera ser una actividad económica estratégica para el desarrollo de la economía y la conservación de la naturaleza en las serranías calientes del norte de Puebla.

Su granja “El Piñal”, en la que su familia ha invertido en la última década alrededor de medio millón de pesos, tiene seis estanques construidos en su propiedad ejidal a la vera de un arroyo cristalino que entra en lo que la Federación denomina “aguas nacionales”; en ellos produce al año cerca de tonelada y media de tilapia para el mercado local en el municipio de Hueytamalco.



Una granja que fue resultado de un programa gubernamental pensado como alternativa a la producción agropecuaria tradicional –maíz, un tiempo el café y ahora los cítricos y el ganado—que ha acabado con las selvas tropicales en los lomeríos que bajan a la costa desde el enredo de montes de la Sierra Norte de Puebla. Granjas que, sin embargo, no cuentan con las concesiones de agua reglamentarias ni pasaron nunca por la más mínima consideración del impacto ambiental que pueden generar sobre la fauna nativa de los arroyos y ríos serranos.

La suya es una de las más de setecientas granjas piscícolas en el estado --productoras sobre todo de trucha y tilapia, ambas especies introducidas—que en las últimas décadas se han desarrollado en Puebla y que no acaban de consolidar un proceso económico generador de empleos y riqueza colectiva en armonía con la naturaleza.

Granjas a las que finalmente ha llegado el otro brazo del gobierno, el que representa el cuidado del medio ambiente y que por siglas lleva SEMARNAT, y que por brazo regulador tiene a la PROFEPA, que de cuando en cuando llega con sus sellos y sus cintas amarillas de clausura.

Rafael Tepancal vio llegar un día a los inspectores de PROFEPA. Le dejaron los sellos y la promesa de una multa.

Yo contemplo los sellos de clausura impuestos por PROFEPA en la granja de El Saltillo, propiedad del campesino Rafael Tepancal Romano, y pienso en las soluciones que los mexicanos hemos buscado para salir de la pobreza campesina desde programas de gobierno soñadores pero fallidos en su operación, empantanados como éste, el de las granjas acuícolas atoradas en su desarrollo por la carencia de una estructura organizativa que las pensara estratégicas para lo que políticos y especialistas llaman desarrollo social.

Lindo pescadito, déjame soñar…

Sergio Aburto me lleva entre los estanques de El Piñal y me explica el funcionamiento de su granja:

La historia de Sergio Aburto y Rafael Tepancal, la que los llevó a soñar por mejores condiciones económicas para sus familias, contiene en su simpleza la complejidad de las contradicciones de la sociedad mexicana.

Es una historia que revela el ánimo por salir de la pobreza; que perfila las posibilidades y ventajas del trabajo colectivo; la que alumbra una economía campesina en armonía con el agua y la naturaleza.

Pero es una historia que también expone la gravedad de la problemática ambiental de México por la debilidad sistémica de lo que llamamos programas de gobierno: las contradicciones entre políticas de desarrollo y normatividad ambiental que acaban por entrampar proyectos de toda índole; la ausencia de políticas estratégicas para la recuperación y preservación del medio ambiente fundadas y construidas desde las comunidades campesinas.

De los cítricos a las tilapias… Rafael Tepancal las alista para el asado al mojo de ajo.

Es una historia simple: Sergio y Rafael creyeron y se animaron con la propuesta de gobierno que los convertiría en acuicultores sin dejar de ser campesinos, sin tener que irse al norte al corte de la uva en Baja California, sin tener que cruzar la frontera dentro del ejército de ilegales que se lleva la fuerza de trabajo mexicana a Estados Unidos, sin ver a sus hijas salir en la madrugada en una combi hacia las maquiladoras de Teziutlán.

Vivir en Hueytamalco

El mapa de Hueytamalco, en la Sierra Nororiental.

La cabecera municipal. Apenas rebasa los 5,500 habitantes, Un gran resto, más de 21 mil personas, vive en localidades con menos de dos mil habitantes.

Una vista de la plaza con el templo al fondo.

Madaí Millán es hija de Herlindo Millán, un hombre que también creyó en su momento en la posibilidad de desarrollar una pequeña empresa piscícola. Y la tiene en la Y griega de la carretera que baja de Hueytamalco a Tenampulco, y que te permite tomar el rumbo de San José Acateno. Se llama “Los Laureles”. Ella todos los sábados sube a Teziutlán a la universidad. Y todos los sábados en la madrugada ve el paso siniestro de las camionetas Lobo negras y polarizadas, sin placas, que suben y bajan por la carretera que viene de San José Acateno. Y las conversaciones por radio entre los choferes de las combis, que se avisan de los operativos del ejército y que abiertamente hablan del tráfico de armas en los carros de transporte público. “Ellos mueven todo”, dice. Pero Madaí no duda en perfilar como problema principal en Hueytamalco el de la economía y la falta de empleo.

A esa pregunta –cuál es el problema más grave en Hueytamalco-- sus compañeros productores Sergio Aburto, Rafael Tepancal y José Lobato la responden sin dudar: la inseguridad. Sí hay extorsiones, pero sobre todo hay asaltos y robos todos los días. Para no ir más lejos, apenas asaltaron la gasolinera del expresidente municipal. Y también están las motocicletas que no paran de dar vueltas por las granjas en las madrugadas.

Pero Madaí vuelve a la realidad económica. “En mayo –dice--, en un solo día salieron para el norte todos los señores de mi comunidad.”

Entonces la secundan los otros: se van al corte de la uva, todos los años en esta temporada. Bajo contrato, en camiones directos a Sonora, a Baja California. Luego hacen memoria: José Lobato tiene cinco parientes cercanos en Estados Unidos; y Rafael Tepancal tres hermanos en Nueva York, todos indocumentados. Y Madaí dos tíos.

“No es nuevo –dice Lobato--, se van con contrato y luego desertan y allá se quedan.”

Por eso es mayoría la de las mujeres en las maquiladoras de Teziutlán. O en Confecciones de la Rosa, la maquila que está instalada en la cabecera de Hueytamalco. Es el único trabajo que se puede encontrar que no tenga que ver con el campo, los cítricos, con sus jornales de 120 pesos.

En una orilla de la cabecera, la maquiladora Confecciones de la Rosa. “Ahí hacen de todo”. Sobreviviente del boom y colapso de la industria de la confección maquiladora de los años noventa.

Y los cítricos, como este limonero cercano a la comunidad de Limontitán Grande, rodeado de sobrevivientes manchones de selva. Los que desplazaron al café luego de la nevada que se los llevó en 1989, justo cuando quebró el pozo sin fondo de la corrupción de dinero federal que conocíamos como INMECAFÉ, al que por supuesto acabaron de matar los gobiernos neoliberales.

Un vestigio de la selva alta que desapareció en la sierra que baja a la costa veracruzana.

Y de la fuerza de las corrientes que todavía descargan por ella.

La búsqueda de los peces perdidos

La perspectiva de la Sierra Norte de Puebla lleva a pensar en montañas, cañadas profundas y barrancos por los que se precipitan sus ríos agrestes. Por ejemplo, la cañada del río Zempoala, en el centro de la sierra:

Como una culebra oscura serpea el río, y ese cañón da una idea de la fuerza geológica del agua. Pero a la vista también las montañas peladas por la deforestación campesina, por la tala ilegal, por la ausencia de una visión de Estado que piense de una manera distinta a esa fuente de agua inmensa que es la Sierra de Puebla.

Una mirada más abierta a la complejidad socio-ambiental en la Sierra Norte de Puebla

De las granjas de peces amenazadas de cierre por incumplimiento de las leyes ambientales al interrogante por el futuro de una región invaluable en su profundidad histórica y cultural, y fundamental si se quiere entender la problemática en torno a la biodiversidad y el desarrollo económico de un país como el nuestro.

Los hexágonos que ha dispuesto la CONABIO sobre el mapa serrano da una idea del valor que tienen los arroyos y ríos que corren hacia el mar: en ellos vive la biodiversidad y la cultura de una región que demanda de la sociedad poblana, de sus grupos civiles organizados y de sus gobiernos, una visión estratégica que asegure su sustentabilidad en el largo plazo. Es ahí donde debemos entender la problemática específica de un programa como el de las granjas piscícolas.

Pero la mirada larga debe devolvernos al detalle. Y a los interrogantes: ¿por qué no tenemos en Puebla, con esa capacidad de escurrimiento que todavía tiene la Sierra de Puebla –y por no hablar de otras regiones en el estado, por decir la Sierra Negra o la Mixteca, además de las largas laderas de las montañas nevadas--, una industria acuícola próspera como los distintos gobiernos se lo han propuesto desde hace décadas?

Regreso a la historia de Sergio y Rafael. Y de José Lobato, de la granja “El Mirador”, y Madaí Millán, de la granja “Los laureles”. Los cuatro son productores de tilapia en pequeñas empresas que están en predicamento por la incapacidad de solventar de buena manera la burocracia de las reglamentaciones ambientales que penden sobre la cabeza de sus peces. Platico con ellos en la palapa de la granja El Saltillo. Y hago un resumen de sus lamentaciones:

Los peces fueron la alternativa a la crisis de los cítricos. Ahora parece que tendrán que volver a las mandarinas. Sus granjas son pequeñas, no son explotaciones industriales. Comercio local, restaurantes pequeños, como el de la palapa de El saltillo. No esperaban la clausura. El argumento no fue el de que manejan la tilapia, que es una especie invasiva, sino que construyeron en zona federal y no cuentan con los permisos. Pero ellos tenían que hacer el trámite ante PROFEPA si es que querían regularizar sus granjas. Ellos ya habían iniciado un trámite con un licenciado –un tal Fredy, que venía muy recomendado por el subjefe de distrito de la SAGARPA en Teziutlán--, que les sacó a cada uno 4,500 pesos, pero cambiaron a la subdelegada de Pesca y se quedaron en el aire, no volvieron a ver al abogadillo. Pero tenían un resolutivo de la SDRSOT (Secretaría de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial del gobierno del estado de Puebla) con el que les dijeron que ya podían trabajar y acceder a los proyectos. Entonces llegó PROFEPA y les echó para abajo todo con los sellos de clausura. Ahora tienen que pagar las multas, presentar un estudio de daños y elaborar entonces una manifestación de impacto ambiental. Y ya hicieron cuentas, la cifra alcanza los 70 mil pesos por cabeza.

“Yo ya decidí cerrar”, dice José Lobato.

“Yo ya paré, hasta ver en qué acaba esto”, me confirma Sergio Aburto.

“A mí ya se me pasó la fecha de siembra –dice Rafael--, la granja va a quedar abandonada. Con ella me ayudaba con los cítricos, empleaba peones, ahora ya no podré hacerlo. Pero ya invertí mucho en esto, intentaré sacar la MIA, pero no sé si solo pueda.”

“Nosotros moveremos los papeles –dice Madaí--, trataremos de regularizar la granja, y si no, la cerraremos.”

El que ofrece los peces y luego los quita…

Lo sucedido con estas granjas lo explica con cuidado el veterinario Gabriel Cruz, promotor de la producción piscícola en el estado, él mismo productor en la región de Zacatlán:

Los productores necesitan obtener apoyos por la vía de los programas gubernamentales; cuando se acercan a las ventanillas de SAGARPA se encuentran con que se les exigen documentos que la ley exige y que ellos no tienen como la concesión federal del derecho de agua y la manifestación de impacto ambiental; la primera no la pueden obtener sin la segunda, pero SEMARNAT no puede autorizar una MIA dado que los productores ya construyeron y ya operan sus granjas sin los permisos correspondientes, así que tienen que empezar por reparar el daño. Y para hacerlo tienen que ser inspeccionados y multados por la PROFEPA. Hasta este momento este es el único camino que ellos tienen para regularizar la operación de sus negocios.

Luego vienen los detalles. Dice Gabriel Cruz:

“El gobierno, a través de SAGARPA, fue el que promovió las granjas con programas que otorgaron recursos económicos y capacitación técnica. El gobierno impulsó en su momento la producción de tilapia –la que introdujo hace más de cincuenta años en la presa Miguel Alemán en Oaxaca y que distribuyó alegremente por todo el país--, y la que les otorgó los permisos de funcionamiento. Si la tilapia es una especie introducida invasiva que puede afectar a la fauna nativa, el daño ya está hecho. Ahora es el mismo gobierno el que llega para exigir los permisos ambientales cuyos costos no pueden solventar los productores. Eso va a provocar el cierre de muchísimas granjas.”

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Leo lo escrito en el 2009 en tiempos de Mario Marín, cuyo gobierno impulsó este programa, hoy en buena medida abandonado por el régimen de Moreno Valle:

“La nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) en México en donde se otorga un importante papel a los Estados, pero también les hace responsables en mayor medida del desarrollo sostenible de la industria, en el Estado de Puebla deben iniciarse esfuerzos por generar una Ley Estatal de Acuacultura y su Reglamento, además de documentos normativos y de ordenamiento, así como planes de manejo de los diferentes embalses, requeridos por Ley… Es necesario diseñar una política para que el Gobierno del Estado impulse un programa acuícola en la entidad, estableciendo como prioridad la creación de una nueva industria, que aproveche recursos naturales, tecnología y capital que genere nuevas fuentes de empleo bien remuneradas para los campesinos y productores de la entidad, cuyas demandas insatisfechas provocan el fenómeno de la migración y la intranquilidad social y política en la población rural y que proporcionen una opción económica de alta rentabilidad a los inversionistas nacionales.” Los recursos acuícolas en el Estado de Puebla, 2009

Y para dejar sentado que los autores de esa investigación pensaban en el largo plazo y tenían una visión sistémica, reproduzco aquí este recuadro con los objetivos que da idea de ello:

Objetivo 1. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.

Objetivo 2. Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.

Objetivo 3. Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.

Objetivo 4. Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.

Objetivo 5. Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural, además de promover acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural

Qué ilusos.

Desde entonces, reflexiona Fidel Glockner Rossains, miembro del CESAPUE (Comité De Sanidad Acuícola del Estado de Puebla A.C.) y reconocido como uno de los más importantes especialistas en la industria acuícola mexicana, seguimos sin ley estatal, ni reglamento de la LGPAS federal, ni plan de manejo. En definitiva, no hay una política de estado que impulse un programa acuícola.

“Pero lo que se les ha venido encima a los productores son las excesivas regulaciones ambientales”, me dice.

Excesivas regulaciones para los pequeños productores de peces en la Sierra Norte: Fidel Glockner

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Daniela Migoya es la delegada de la SEMARNAT en el estado de Puebla. La perspectiva que tiene permite pensar en que el gobierno federal es consciente del estrangulamiento en el que están los productores y que se debe encontrar una alternativa que permita su sobrevivencia y desarrollo. De entrada deja claro que en este conflicto las dos partes, productores y gobierno, intervienen:

“PROFEPA hizo inspecciones porque alguien les dijo que era la única manera de iniciar la regularización –dice--. No puedes presentar una MIA si ya tienes una obra civil, antes tienes que pasar por el proceso de sanción por haber construido sin autorización. Hubo un frenesí, visítame, le dijeron a PROFEPA. No hay tal capacidad en la institución. Por eso hay que hacer esta caracterización, para que proceda PROFEPA, pero sólo los que lo requieran.”

Por un lado, entonces, el gobierno promueve las granjas y por otro las estrangula, le digo.

“En muchos de los casos PROFEPA acudió porque los productores pidieron que se les regularizara, dado que quieren acceder a los apoyos gubernamentales –explica--. Cuando ellos llegan a solicitar ser beneficiarios de los programas les piden su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y por lo tanto la concesión del agua, y como no lo tienen, son rechazados. Y si van a CONAGUA, también ahí les piden la manifestación de impacto ambiental.”

¿Entonces la alternativa es el cierre?

“Es un monstruo de siete cabezas, requiere de muchísimo trabajo esta regularización. Existe un padrón de al menos 700 granjas –dice--. Lo primero, entonces, es identificar quiénes necesitan la regularización federal y quiénes no. Por un lado se promueve para el consumo local, como medio de subsistencia alimentaria propia y pequeño negocio local, de traspatio. Por otro están las que ya son más grandes, que toman el agua de un cuerpo de agua federal, y ahí la ley requiere un permiso. Y si se manejan exóticos, reglas para que no se afecten las especies locales.”

Como quien dice, empezar de cero.

“Lo que se necesita es un censo, saber de qué estamos hablando. Se trata de poner orden, de tener control. Entendemos que las manifestaciones de impacto ambiental --que la más barata cuesta 39 mil pesos, y nada más de pagos de derechos--, no la puede pagar un productor mediano.”

¿Qué hacer entonces?, le pregunto a la delegada Migoya:

“La propuesta es agrupar a los productores por tipo de granja con soluciones para cada una por región. MIA presentadas en conjunto. Ya hubo cuatro reuniones con CONAPESCA y gobierno del estado. Ya compartimos la información, ya se están comparando los padrones. Ellos van a hacer la clasificación. Tiene que ocurrir pronto.”

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En las semanas que vienen los funcionarios públicos ligados a la problemática que enfrentan los productores como Sergio, José, Rafael y Madaí, en Hueytamalco, finalmente tendrán en la mesa un censo que permita partir de la realidad, como lo propone Daniela Migoya. Ya se verá. Ojalá unos y otros piensen en el largo plazo y su perspectiva sea estratégica. Mirar la Sierra Norte de Puebla desde sus pequeños arroyos, desde la fronda de sus bosques, a la sombra de los cedros y ceibas que todavía sobreviven entre naranjales y cafetales. Guardar en los programas de gobierno los sueños campesinos de los cultivadores de la tilapia.

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Sobre el autor

Sergio Mastretta

Periodista con 39 años de experiencia en prensa escrita y radio, director de Mundo Nuestro...