Con la pausa de LADO B el gobierno puede estar feliz, pero pierde la sociedad entera / EDITORIAL

El equipo de periodistas que ha llevado adelante el proyecto LADO B, bajo la dirección de Mely Arellano y Ernesto Aroche, ha anunciado la decisión de hacer una pausa en el desarrollo de su trabajo. El motivo: las muy contrarias condiciones financieras en las que se realiza el periodismo independiente y crítico en una sociedad como la poblana.

La decisión, tras diez años de trabajo diario, la ha dado a conocer en su propio portal, y lo han hecho con el buen humor que ha caracterizado el trabajo de este muy joven equipo de periodistas:

“Desde el inicio sabíamos que para lograr la independencia de cualquier grupo político era importante mantenernos lejos del periodismo palaciego y sus relaciones, y cerca de las audiencias. Y en esos diez años logramos construir una relación importante con ustedes (hasta pan para el susto les ofrecimos cada vez que tembló): hicimos cenas de recaudación, que incluían rendición de cuentas (además de la página de transparencia que de por sí ya teníamos); hicimos rifas de arte, vendimos tazas y mercancía conmemorativa; hicimos encuentros de periodismo, decenas de foros de discusión y leímos libros en conjunto; hicimos boteos virtuales para pagar solicitudes de información; hicimos campañas de fondeo, hicimos mucho, pero en un país tan polarizado y precarizado todo lo que hicimos no fue suficiente.”

Bien define LADO B el mundo que nos toca vivir en estos tiempos, polarizado, precarizado. Y sí que es una pena que su esfuerzo no haya sido suficiente. Por eso es obligado comprender el contexto poblano por el que este proyecto se ve obligado a entrar en una pausa en búsqueda de alternativas de sobrevivencia como medio independiente, no sometido a los esquemas de corrupción que permean las relaciones entre prensa y gobierno en Puebla.

El gobierno de Puebla, y con quienquiera que haya estado a cargo del puesto de gobernador en las últimas décadas, ha gastado cifras millonarias de recursos públicos para publicidad en medios de comunicación, y lo ha hecho sin el menor rendimiento de cuentas (para qué gasta lo que gasta y con quién) y sin las reglas mínimas que tendrían que estar dispuestas en la ley (medios de comunicación considerados como un asunto de interés público vital para la vida democrática de un Estado como el nuestro). El resultado ha sido el de una prensa al servicio del gobernante en turno mediante la compra de convenios, en una relación en las que las palabras de chayote y extorsión se confunden en la conversación entre el político y el propietario de medios y/o periodista. Ese es el marco en el que se explica el periodismo que sufre la sociedad poblana.

Los medios de comunicación, aunque le pese al gobernante, trátese de quien se trate, deben ser valorados como asunto de interés público, y como tal, reconocidos en la ley para ser financiados por la sociedad, con reglas y condiciones precisas y bajo el escrutinio colectivo, tal y como ocurre en una sociedad democrática que tal nombre merezca y sin dejar de lado que la actividad periodística es también una actividad normada por las relaciones mercantiles de una economía capitalista. Esa es la única posibilidad que tiene el periodismo para realizar su trabajo sin estar sometido a los poderes fácticos económicos y políticos. Justo lo contrario de lo que ocurre en Puebla, con una mayoría de medios y empresas cuyos ingresos mayoritarios dependen de los convenios con los gobiernos y los políticos al mando, sometidos entonces, empresas y periodistas a la voluntad del gobernador en turno. El extremo de esta realidad lo vemos en la impudicia aduladora con la que periodistas antibarbosistas antes de la elección de julio de 2018 tratan hoy al gobernador. En el otro extremo debemos entender lo que ha sucedido en los últimos tiempos con las empresas y directivos de los medios e-consulta y El Popular, cortados de la contratación publicitaria y acosados con denuncias penales e inspecciones del fisco local.

Basta ver las cifras de los últimos años para comprender la política de gasto público en medios de comuniación:  en el 2018 el gobierno de Tony Gali pagó 126 millones de pesos para 57 medios; en el 2020 el gobierno estatal a través de la Dirección General de Comunicación y Agenda Digital pagó 70.8 millones de pesos a un conjunto de 31 medios; en el 2021, la misma oficina pagó 53.1 millones de pesos a 13 medios. En todos los casos por adjudicación directa y sin que se encuentre establecido en la ley los criterios por los que los funcionarios deciden a quién contratan y porqué les pagan lo que le pagan. Es el reino de la opacidad total. Ocurrió en su momento con Rafael Moreno Valle y ocurre ahora mismo con Miguel Barbosa.

Y a esa corte nunca quiso entrar el equipo de periodistas que durante diez años llevaron adelante el sueño de hacer un periodismo diferente. Es el caso también de la revista digital Mundo Nuestro.

La pausa de LADO B debe servirnos para cuestionar a fondo estas condiciones de sometimiento de los medios críticos y plurales. Con esta decisión pierde la sociedad entera, y más en una coyuntura que pide a gritos el trabajo crítico e independiente del periodismo que se funda en la investigación y la buena narrativa de los complejos acontecimientos que vivimos. Eso ha hecho LADO B en todos estos diez años.

Con la pausa anunciada pierde la sociedad entera.

El gobierno estará feliz.