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25 Julio 2021, Puebla, México.

Cuba: 11 de julio. Dossier / Revista Sin Permiso

Mundo | Opinión | 18.JUL.2021

Cuba: 11 de julio. Dossier / Revista Sin Permiso

Revista Sin Permiso

¿Por qué estallaron las protestas en Cuba?

El 11 de julio de 2021, en horas de la mañana, se inició en el municipio de San Antonio de los Baños, en Cuba, una protesta social. En cuestión de horas, las llamas se extendieron a todo el territorio nacional.

Miles de personas salieron a las calles a reclamar libertad, cambios en Cuba, vacunas, el fin de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel y mejoras en general de la situación del país. El Gobierno los llamó confundidos, vándalos e irresponsables y los acusó de responder a intereses externos, al tiempo que dio una «orden de combate» a los «revolucionarios» y a las fuerzas de seguridad para que salieran a confrontar las expresiones populares.

Estos hechos, inéditos por su proporción, son el resultado del agravamiento de las condiciones sociales, económicas, sanitarias y políticas en el país. A continuación, repasamos varias de esas causas:

Emergencia sanitaria en Cuba

Jessica Dominguez Delgado

La pandemia por COVID-19 en el país se ha agravado. Después de tener la enfermedad bajo relativo control, con números muy bajos para la región, y comenzar la vacunación en algunas zonas del país —como parte de estudios de intervención con los candidatos cubanos— se desató la ola más fuerte de contagios y muertes.

Hasta el 12 de abril de 2021, a poco más de un año de pandemia en el país, habían fallecido 467 personas y se habían diagnosticado 87 385 casos. Solo tres meses después, el 12 de julio, la cifra alcanza los 1 579 fallecidos y 224 914 casos positivos (2.5 más).

La peor situación ocurre en la provincia de Matanzas donde, entre el 1 y el 10 de julio de 2021, fueron diagnosticados 16 447 casos. El gobernador de la provincia, Mario Sabines, dijo al inicio del aumento de contagios que contaban con casi 6 000 capacidades en centros de aislamiento, pero declaró que se requieren 3 000 camas más para cubrir las necesidades frente al elevado número de casos que presenta.

En el resto de las provincias del país, sobre todo en la capital, los números oscilan las tres cifras diarias.

El aumento de las personas hospitalizadas, la carencia de insumos, medicinas y el agotamiento progresivo de los recursos materiales y humanos disponibles han puesto al sistema de salud en una situación de crisis, aunque las autoridades gubernamentales la llaman «compleja».

A la falta de recursos para enfrentar la COVID-19 se suman graves carestías en el llamado «cuadro básico de medicamentos», que ha supuesto hasta la reaparición de otras enfermedades como la escabiosis.

El Cuadro Básico de Medicamentos en Cuba lo integran 619 productos: 351 para hospitales y 268 para farmacias. De ellos, 263 (42 %) son de importación y 356 (58 %) son nacionales: 350 producidos por BioCubaFarma, 5 por la industria alimentaria y 1 por el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria.

De los fabricados por BioCubaFarma, un promedio de 85 estuvo «en falta» durante 2020. A ellos se suman los de importación, que tampoco han entrado al país en los últimos meses y que se usan, fundamentalmente, en la atención secundaria de salud.

El ministro de Salud Pública José Ángel Portal reconoció que la situación con los medicamentos continuaba «tensa» y ofreció como alternativa la producción y el uso de la medicina natural y tradicional.

Ante el desabastecimiento en las farmacias, los cubanos han buscado otras vías para acceder a los medicamentos: grupos en redes sociales de donación e intercambio; comercialización en el mercado ilegal y encargos al extranjero.

En medio de este panorama, usuarios cubanos en Twitter iniciaron la campaña #SOSMatanzas, a la que lograron sumar influencers y personalidades internacionales tan variadas como Mía Kalifha, Alejandro Sanz, Daddy Yanky, Paco León, Residente (Calle 13), entre otros. La movilización busca denunciar la situación de colapso y reclamar la creación de vías legales para el envío de ayuda humanitaria desde otros países por parte de la diáspora, en especial un corredor entre la comunidad cubana en Estados Unidos y el archipiélago que no sea gestionado por el Estado cubano, en el que no confían.

El Gobierno cubano ha denunciado esta campaña por considerarla afín a intereses intervencionistas del Gobierno norteamericano. Niega estar cerrado a la recepción de ayuda humanitaria, aunque siempre demanda que llegue «por los canales pertinentes».

Parte de la discusión pública desatada por la gravedad de la crisis sanitaria en los últimos días está vinculada a la convivencia de la población matancera con cientos de turistas rusos. Las fronteras del país continúan abiertas al turismo internacional, restringido a los principales polos turísticos; pero las autoridades aeronáuticas permiten muy pocas frecuencias de vuelo a los principales enclaves de la emigración cubana, desde donde llegan remesas y envíos que ayudan a paliar la crisis general.

El Gobierno cubano, en particular el primer ministro Manuel Marrero, dijo en comparecencia televisiva que descartan a los turistas rusos como la causa de los contagios y que solo cerrarán el país ante una situación extrema. En los primeros seis meses del año han arribado 122 000 turistas, la cifra más alta antes de la pandemia fue de 4,2 millones.

A pesar de que el país es el primero en la región latinoamericana en desarrollar dos candidatos vacunales contra la COVID-19 con una eficacia de más del 90 %, la vacunación también ha demorado. Cuba apostó al desarrollo de sus propios candidatos vacunales y decidió no incorporarse al mecanismo internacional COVAX. Ello implicó que la aplicación de candidatos vacunales cubanos fuera hecha de manera experimental y con límites durante varios meses, hasta que recién el 9 de julio, uno de los dos candidatos, Abdala, obtuvo de la entidad reguladora nacional cubana el permiso de uso de emergencia.

Como parte de ensayos clínicos y estudios de intervención, hasta el 10 de junio 3 045 823 personas habían recibido al menos una dosis y 1 862 930 han completado el esquema de tres dosis, de Abdala o de Soberana 02 + Soberana Plus. Sin embargo, solo han sido en la provincias de La Habana, Matanzas, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba, y al personal de salud.

Extender la vacunación fue uno de los reclamos escuchados durante las protestas.

Crisis económica

La precaria situación económica de un número cada vez más amplio de personas, la dolarización de la economía y el difícil acceso a alimentos y productos de primera necesidad —comercializados desde fines de 2019 en divisas extranjeras— han aumentado las desigualdades y es una de las principales fuentes de malestar.

La permanencia del bloqueo/embargo y de las medidas de la administración Trump que desmontaron el proceso de normalización iniciado por Barack Obama y Raúl Castro suenan de fondo en esta situación. Sanciones a empresas relacionadas con el consorcio GAESA, de las Fuerzas Armadas, que condujeron al cierre de los servicios de Western Union en Cuba y un recorte drástico de las remesas; además de la prohibición de vuelos a ciudades diferentes a La Habana y el cierre de los servicios consulares de la embajada norteamericana por los presuntos "ataques sónicos"; son componentes de la crisis; pero no la explican por sí solos.

En octubre de 2019 el Gobierno cubano informó la posibilidad de comprar electrodomésticos, partes y piezas de carros y otras mercancías en monedas libremente convertibles. Lo que se anunció como una opción temporal, limitada a la comercialización de artículos de gama media y alta, no demoró en convertirse en norma.

En su argumentación, las autoridades aseguraban que una parte de las ganancias de las tiendas en MLC se destinarían al desarrollo de la industria nacional, para ponerla en condiciones de satisfacer las necesidades del mercado doméstico y, en algún momento, exportar.

«Sería necesario vender una determinada cantidad de mercancía en moneda libremente convertible, para tener divisas y seguir ampliando este tipo de ventas; y porque parte del dinero recaudado por esa vía se introducirá en la industria nacional, para que esta se convierta en una fuente de productos para esas tiendas y para las otras», dijo por entonces Díaz-Canel.

Un año y medio después los alimentos y principales productos de primera necesidad se encuentran, casi de manera exclusiva, en divisas extranjeras y aumenta el número de servicios que solo están disponibles en esta moneda.

Aunque el cambio oficial de divisas en el país está fijo desde el 1 de enero de 2021 en 24 pesos cubanos (CUP) igual a 1 USD, no es posible comprar divisas por esa vía. El mercado informal se ha encargado entonces de suplir la demanda de divisas para poder comprar en las tiendas (todas estatales) o para salir al extranjero, lo mismo como emigrados que de compras.

La tasa informal se ha vuelto la verdadera referencia de los valores del mercado.

La situación empeoró cuando el Banco Central de Cuba (BCC) anunció el 10 de junio de 2021 que diez días después suspendería de manera temporal los depósitos bancarios en efectivo de dólares estadounidenses.

Según las autoridades, la medida se debía a los «obstáculos que impone el bloqueo económico de Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país».

Sin embargo, varios economistas apuntaron que la medida tenía la ventaja de recoger varios millones de dólares en efectivo circulante en el país de manera rápida, en un momento de álgida crisis de liquidez en los bancos cubanos, y justo en el momento en que Cuba llegaba a acuerdos con sus acreedores del Club de París para no incumplir compromisos de pago y entrar en default.

Un desordenado «ordenamiento económico»

La implementación de la nombrada Tarea Ordenamiento, destinada a suprimir la dualidad monetaria existente, ajustar tasas de cambio y escalas salariales, comenzó en enero de 2021, después de ser pospuesta durante años. El timing, sin embargo, no pudo ser menos halagüeño: transcurría el primer año de consecuencias económicas y sociales de la pandemia y habían iniciado un proceso de re-dolarización de la economía.

Junto a la unificación monetaria y cambiaria que eliminó al peso cubano convertible (CUC), una de las dos monedas cubanas circulante en el país, y las múltiples tasas de cambio, llegaron otras dos medidas anunciadas desde hacía años: la eliminación de subsidios y gratuidades y una transformación en los ingresos.

El aumento de salarios y pensiones debía ajustar la pirámide invertida en el ingreso de los trabajadores con una mejor repartición de las riquezas según el trabajo de cada cual y con ella una mayor calidad de vida. Sin embargo, seis meses después de la implementación de estas reformas, la inflación ha consumido las ganancias del cambio salarial, no se detiene el aumento de precios en todos los sectores económicos, tanto estatales como privados. Muchas personas ahora ganan más, pero tienen menos capacidad adquisitiva.

La crisis es también social

Sin dinero para importar los alimentos que demanda el país, ante la precaria producción nacional, el Gobierno ha llamado a incrementar las cosechas, con resultados apenas visibles. Conseguir comida sigue siendo uno de los más angustiosos dilemas del día a día.

La poca disponibilidad de productos —sin hablar de su falta de variedad y baja calidad para la nutrición— y sus altos precios, han hecho de este problema la principal preocupación de las familias, al punto que el Estado, desde 2007, lo ha considerado un tema de seguridad nacional que cada día se agrava más.

El regreso de los apagones 

Otro tema que ha generado profunda irritación e incertidumbre entre los cubanos ha sido el regreso de los apagones. La Unión Nacional Eléctrica (UNE) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitieron una nota oficial el 21 de junio sobre las afectaciones al servicio en el país.

Según el comunicado, esta situación es temporal y se debe a la conjunción de varias causas: las limitaciones tecnológicas en los bloques de generación térmica, las unidades que se encuentran en mantenimiento, averías ocurridas en las plantas y las limitaciones para la distribución de combustible a los grupos electrógenos. Un lenguaje burocrático para no decir que los bloques de generación están obsoletos y que no está entrando suficiente combustible a Cuba.

El resultado fue el regreso de «rotaciones» para afectar los distintos circuitos del país un tiempo máximo de 4 horas diarias —ampliada a 6 horas el 30 de junio— oficialmente. La realidad ha sido de apagones mucho más largos en varios territorios, en especial fuera de La Habana. En San Antonio de los Baños, donde comenzó la revuelta, los pobladores daban cuenta de apagones de 12 horas por varios días consecutivos. Tras la movilización popular, se promete el fin de estos problemas en breve.

Las actuales circunstancias sociales rememoran los años del llamado Período Especial en los años noventa, cuando el país atravesaba una dura crisis económica. Para muchas cubanas y cubanos la situación ahora es igual o peor que entonces.

Activación ciudadana y fractura pública del monopolio ideológico

Las protestas recientes no son la primera expresión de inconformidad política de los últimos meses. Son las primeras de carácter popular y masivo; pero varios incidentes sirven de antecedentes a los sucesos de este 11 de julio.

San Isidro y las protestas del 27N

Después de que las autoridades irrumpieran la noche del 26 de noviembre de 2020 en la sede del Movimiento San Isidro (MSI), en La Habana Vieja, y desalojaran a quienes se habían declarado en huelga de hambre, sed o ambas en protesta ante la detención y el proceso judicial contra uno de sus miembros (el rapero Denis Solís), una veintena de jóvenes se encontró frente al Ministerio de Cultura para reclamar un diálogo con las máximas autoridades. El grupo y las demandas crecieron a lo largo del día hasta superar la cifra de 300 personas ahí presentes.

El 27 de noviembre de 2020 ocurrió algo inédito en la Cuba post-59. Por primera vez, un grupo diverso de personas autorganizadas, con diferentes demandas políticas, tomaron el espacio público y lograron presionar a una institución gubernamental: el Ministerio de Cultura.

En menos de una semana, las autoridades encontraron pretextos para impedir la mesa del diálogo y lanzar una campaña de deslegitimación del movimiento, al acusar a los participantes de responder a intereses externos.

Comenzaría entonces un proceso que ha durado varios meses en los que las detenciones, los asesinatos de carácter y una campaña de descrédito en los medios de la propaganda oficial contra todo el que se relacionó con los eventos del 27N, serían noticia cada día.

Todas las propuestas de diálogo con la sociedad civil merecieron igual desinterés por parte del Gobierno, enrocado en su postura de solo hablar con quienes estén «dentro de la Revolución».

Los constantes ataques y descalificaciones llevaron al grupo conocido como Articulación Plebeya a presentar un recurso de queja y peticiónfirmada por más de 400 intelectuales para frenar los atentados contra la dignidad y el honor de las personas, los cuales se han vuelto prácticas habituales de las autoridades y medios de comunicación en el archipiélago.

Las tensiones volvieron a las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de enero de 2021, cuando varios miembros del grupo autoconvocado en noviembre de 2020 demandaron ser escuchados otra vez y fueron agredidos físicamente por empleados estatales, encabezados por el ministro del ramo. En la mañana del 3 de febrero de 2021, varios artistas cubanos presentaron una petición al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado (CE), Esteban Lazo Hernández, para revocar a Alpidio Alonso de su cargo como diputado y ministro, lo cual como era de esperar fue desestimado.

Durante este tiempo también generó mucho impacto en la opinión pública virtual el caso de la joven periodista Karla María Pérez, quien fue dejada en un limbo legal por el Gobierno cubano al prohibirle la entrada a Cuba y notificárselo en Panamá, mientras hacía tránsito desde Costa Rica, donde había terminado su estancia legal al concluir los estudios. Karla fue desterrada por su trabajo en medios digitales independientes, antes había sido expulsada de la universidad en Cuba por sus criterios políticos y por su membresía en una organización opositora.

La impunidad con la que actúan los representantes estatales y los voceros de campañas de desprestigio en los medios estatales ha generado diversos rechazos en los ciudadanos, algunos de los cuales han presentado quejas y denuncias ante la Fiscalía. Sin embargo, como ha quedado claro, a las instituciones que les corresponde velar por la «legalidad socialista», no les interesa investigar posibles delitos de sus compañeros, aunque ello implique incumplir con su mandato constitucional.

Son meses en los que han continuado las acciones represivas, enfocadas en acallar la insólita congregación que se logró el 27 de noviembre de 2020.

Ante las detenciones y la destrucción de sus obras de arte, el líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara, anunció que se declaraba en huelga de hambre y sed el 25 de abril de 2021 y así se mantuvo hasta que un operativo policial lo llevó al hospital Calixto García.

El encierro de Luis Manuel generó un acto de protesta pública en la calle Obispo el 30 de abril de 2021, que se saldó con 12 detenidos, acusados luego de resistencia y desacato y dejados algunos de ellos en prisión provisional.

El 31 de mayo, 29 día después de su extracción, Luis Manuel fue dado de alta. Durante ese tiempo solo pudieron tener acceso a él las personas que los cuerpos de seguridad que custodiaban la instalación hospitalaria determinaron, con varios días consecutivos en los que nada se supo de él.

También ha avanzado la estrategia de persecución judicial «quirúrgica» contra las figuras más «combativas» del 27N y la oposición política actual. A fines de abril de 2021, la artista Tania Bruguera fue acusada de instigación a delinquir luego de que escribiera un post en Facebook a raíz de una de las detenciones arbitrarias de las artistas y activistas Katherine Bisquet y Camila Ramírez Lobón. La lista de acusados ha seguido creciendo.

Hamlet Lavastida, artista y miembro del grupo 27N, fue arrestado y puesto bajo investigación tras su llegada a Cuba el 21 de junio de 2021 proveniente de Alemania, donde concluyó una residencia artística en la galería Künstlerhaus Bethanien de Berlín.

Este enfrentamiento entre los artistas que protagonizaron el 27N ha estado en el foco de atención del país, aunque pareciera que se escucha más alto la campaña desinformativa estatal.

La estrategia represiva ha incluido otra vez los actos de repudio contra disidentes u opositores; además de constantes escaramuzas públicas y «guerras de canciones»; como la protagonizada a partir del tema «Patria y Vida», respuesta directa a la tradicional consigna política «Patria o Muerte».

A pesar de todo el esfuerzo comunicacional por desacreditar las acciones disidentes la tensión no ha bajado en estos meses. Un intento de detener al rapero Maykel Castillo, conocido como Osorbo, cuando buscaba llegar a San Isidro, terminó con un enfrentamiento con la patrulla que buscaba llevárselo y la liberación del miembro del MSI por los ciudadanos.

Este caldo de cultivo muestra condiciones naturales para un estallido social. Aunque el Gobierno cubano no reconoce su legitimidad y prefiere hablar de un «golpe blando continuado y orquestado desde Estados Unidos», tiene responsabilidad en la acumulación de las causas de la protesta. Lo raro es que no hubiesen ocurrido antes.

Al final, no solo vacunas, comida o el cierre de las tiendas en MLC se escuchaba en las consignas de los manifestantes. También sonó alto el grito de ¡Libertad!

https://eltoque.com/por-que-estallaron-las-protestas-en-cuba

11-J en Cuba: sobre lo bueno y lo justo

Ailynn Torres Santana

Las crisis verifican quiebres, y los quiebres, pérdidas. Pero las pérdidas pueden tener también un efecto transformador y producir una reflexión sobre el sentido de la comunidad política, sobre los lazos y no solo sobre la fractura, sobre la conciencia de que Cuba es solo hasta cierto punto mía, nuestra, porque también es de otros, de otras.

El 11 de julio (11-J) del 2021 iniciaron en Cuba protestas sociales. Se desplegaron de forma encadenada desde San Antonio de los Baños (provincia de Artemisa) y Palma Soriano (provincia de Santiago de Cuba) hacia otros lugares del país. Trazas digitales muestran que las redes sociales tuvieron un papel principal aunque no exclusivo en ese proceso; ejercieron una suerte de efecto de contagio de un territorio a otro o fueron directamente vía de convocatoria. Por lo mismo, lo sucedido se conoció rápidamente fuera de Cuba a través de “directas” en redes y la viralización de contenidos en perfiles personales y de medios de prensa extranjeros no oficiales.

En las redes circuló y circula una inmanejable cantidad de información que rápidamente se volvió una madeja difícil de procesar. Empezaron también a producirse fakenews con trozos de verdades y mentiras. La lógica espectacular y enfrentamiento a las fakenews fue el precio a pagar por acceder a la información vía el periodismo ciudadano. Mientras, los medios oficiales reportaban en exclusiva la línea de discurso gubernamental.

A la fecha, el gobierno habla de “disturbios” mientras que otros de “estallido social”, en la horma de los levantamientos populares en América Latina durante 2019, 2020, 2021.  Llámesele o no un estallido, lo sucedido en Cuba se desparrama sobre la región. Nadie ha quedado en silencio. Y es que la política del país sigue siendo un parteaguas en las imaginaciones, pulsiones, programas y argumentos políticos en Cuba, América Latina y el mundo.

Incontables artistas, influencers, intelectuales y políticos de distinto signo se han pronunciado. Desde el neoconservador Agustín Laje —quien ha hecho una diatriba sobre lo que llama “el mito del bloqueo” de Estados Unidos a Cuba y ha dicho que en Cuba “ha despertado una patriada” contra el “zurdaje”—, hasta Residente (Calle 13), Noam Chomsky, Alexandria Ocasio-Cortez, Frei Betto, Ignacio Ramonet, Claudia Corol, Gerardo Pissarello, Gayatri Chakravorty Spivak y una larguísima lista.

En la arena internacional Cuba despierta pasiones polares que son, hay que decirlo, caricaturas. Unos afirman de tajo que las protestas sociales de los días pasados son en exclusiva un complot estadounidense amplificado por la espectacularización de los medios, y que lo único cierto de estas jornadas es que hay un ataque contra la Revolución Cubana. Otros celebran el “fin de la dictadura” y/o ven cumplirse, vía quienes se manifestaron, sus profecías de “fin del régimen”. Hay también, es justo reconocerlo, intentos de problematización y acompañamiento crítico.

Desde Cuba —la que está dentro y la que está fuera de la Isla— la trama es más intensa y compleja. Y es que nos va la vida material, espiritual, política y moral en ello. Para el gobierno, las protestas fueron un instrumento de desestabilización de contrarrevolucionarios, orientados desde Estados Unidos, que se aprovecharon y manipularon el descontento de personas con necesidades insatisfechas o de grupos confundidos. Para una parte del pueblo, esas jornadas fueron un despropósito porque agudizan la crisis que vive el país. Otras voces, diversas a su interior, defienden la urgencia de una —improbable— intervención humanitaria y/o militar que resuelva la crisis de escasez de medicamentos y alimentos y auparon las manifestaciones, muchas veces desde fuera de Cuba, como realización de sus propias aspiraciones. No quieren diálogo con el gobierno y, en sus extremos cada vez más audibles, advierten que lo que toca es “plomo contra los comunistas”; hacen listas de “oficialistas”, “comunistas asquerosas” o de toda persona que no cumpla con sus estándares políticos. 

Para otras personas, actores, grupos, ningún tipo de intervención es admisible y su sola enunciación es condenable. La línea anti-intervención logra niveles importantes de consenso pero tiene diferencias a su interior. Una parte de ella rechaza las protestas, por considerarlas un riesgo que podría conducir a la restauración capitalista en el país. Otra, exige escuchar al pueblo en las calles y abrir un proceso de diálogo cívico porque no cree que quienes se manifestaron sean ventrílocuos de la política de Estados Unidos. Por el contrario, entienden las protestas como una expresión de hartazgo de al menos una parte de la sociedad cubana con: la imposibilidad de sostener materialmente su vida; el estrechamiento acelerado de las “zonas de igualdad” (específicamente la de los servicios e insumos relacionados con la salud pública) que antes amortiguaban las crisis sucesivas que vive Cuba desde los 90; la ausencia de garantías, o garantías insuficientes, para derechos civiles y políticos de asociación, participación, expresión; la ausencia o inefectividad de respuestas institucionales de cara a su creciente precarización; la convicción de que esa situación insostenible, se sostendrá.

Ese mapa de posturas no es uno fijo ni cerrado. Hay más. Y los sectores mencionados a veces fluyen y se imbrican y cambian rápidamente. Da, sin embargo, alguna idea del panorama.

Agendas, actores, violencias

El 11-J, poco después de iniciadas las protestas en San Antonio de los Baños, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó a ese territorio. Así dio continuidad al repertorio que había personificado Fidel Castro en 1994, cuando el “maleconazo”: una protesta popular en La Habana que reaccionaba a la crisis de aquel entonces. 

Poco después, Díaz-Canel habló en televisión nacional. Explicó las protestas (en ese momento aún no expandidas en tantos territorios) como parte de un intento de “golpe blando” o “guerra no convencional” organizada desde Estados Unidos, aunque expresó que también se manifestaban “revolucionarios confundidos” y “personas con necesidades insatisfechas” que habían sido manipulados por los “contrarrevolucionarios”.

En la misma alocución dijo: “las calles son de los revolucionarios”, “la orden de combate está dada” y “estamos dispuestos a todo”. Por ello recibió fuertes críticas. La intervención fue leída como un autorizo a la violencia entre civiles. Violencia que de hecho ocurrió y hubo de todo: civiles que salieron por cuenta propia a enfrentar las manifestaciones porque vieron en ellas peligro para sus ideas políticas o la soberanía de Cuba; civiles que fueron llevados y convocados (por instituciones laborales y políticas) a hacerlo; fuerzas del orden vestidas de civiles que actuaron parapolicialmente. Hubo violencia y la pregunta sobre esa violencia importa; su magnitud, sus actores, sus vías, sus escenarios.

Las protestas habían comenzado de forma pacífica y existen registros de que así transcurrieron en muchos territorios. Hubo también daños a la propiedad, especialmente a patrullas policiales y comercios estatales, mayoritariamente a los que funcionan en Moneda Libremente Convertible. Hubo violencia entre civiles, y entre manifestantes y fuerzas policiales uniformadas. Todo eso pasó. Pero la narración oficial ha hecho zoomsobre la violencia de manifestantes contra civiles defensores del gobierno, la policía y la propiedad estatal. Así ha ignorado las manifestaciones pacíficas y la violencia ejercida contra quienes se manifestaron, de la cual hay numerosos registros. De eso se ha hablado mucho en los últimos días. Se ha intentado menos conectar las violencias de esas jornadas con las otras que existían antes y que existen después.

Geopolíticamente, es parte de estas protestas la violencia que se ejerce contra Cuba (la sociedad y el Estado) por parte de los gobiernos de Estados Unidos vía el bloqueo (económico, comercial y financiero) y las políticas de desestabilización (fondos federales para “cambio de régimen”). Hay en esa política, más recia en los últimos tiempos, un uso sistemático y unidireccional de la fuerza que expropia al sujeto colectivo Cuba, de su soberanía. Esa violencia cuenta no solo por la asfixia que implica sino por la forma en que se encadena con otras.

Visto desde dentro, desde abajo y mirando a los ojos de quienes de manifestaron, la violencia en las jornadas de protestas no puede entenderse separada de aquella que les despoja, cada día, de sus condiciones materiales de la existencia. Poco importa que, como dijo el Presidente, los cortes de electricidad, la falta de medicamentos y alimentos no sean una estrategia alevosa del gobierno cubano contra el pueblo. Las personas pueden comprender las razones de la crisis y el papel del bloqueo en ello. Pero lo que importa, en la escala de la vida, es que esas vidas no se pueden sostener.

Importa también, que está comprobada una sistemática ineficiencia del gobierno cubano en el diseño e implementación de las políticas económicas. Importa el ralentizamiento inaudito de la reforma en el agro, mientras se destinan millonarios recursos a ampliar sin sentido económico la infraestructura hotelera. Importa la ruta zigzagueante e incomprensible de medidas que afectan a las personas para vivir su aquí y ahora y que aumenta dramáticamente la incertidumbre. Importa la reducción comprobada de la asistencia social en la última década. Importa el declive por treinta años del valor del salario real y que está siendo más agudo después del inicio de la Tarea Ordenamiento. Importa la ausencia de derechos laborales en el sector privado porque no hay regulación para ello, y la reticencia absurda al funcionamiento y reconocimiento de las pequeñas y medianas empresas con regulación estatal eficiente. Importa también el inaudito freno a la expansión de cooperativas no agropecuarias que realmente funcionen como cooperativas y que encarnen formas productivas democráticas. Importa el desinterés por la democracia obrera y el sentido de los sindicatos. Importa la imposibilidad de crear asociaciones con reconocimiento legal y la lentitud en aprobar una nueva ley de asociaciones que permita la formalización de la trama densa que la sociedad civil cubana realmente tiene. Importa que los documentos rectores más importantes de la reforma económica y social y los congresos partidistas no tengan en el centro la discusión sobre la pobreza y la desigualdad en Cuba. Importa la opacidad sobre temas que a la gente la preocupa y sobre los que se podrían aportar muchas soluciones. Importa el secretismo, la falta de transparencia, la criminalización de los activismos diversos como si fueran, sin duda y de inicio, un peligro para las instituciones y el gobierno mismo. Al menos una buena parte de las oraciones de este largo párrafo incompleto, podrían ser temas que se asuman junto y a pesar del bloqueo estadounidense que, además, seguirá ahí por tiempo indefinido y para nuestro perjuicio.

Una parte de ello, al menos, estuvo en juego en las protestas, aunque algunos quieran instrumentalizarlo y otros desentenderse. Se pidió “medicinas”, “comida”, “vacunas” y “libertad”. Se dijo que “pueblo unido jamás será vencido” y “no tenemos miedo”.  

Durante las protestas se cometieron actos tipificados como delitos, entre ellos, los saqueos y ataques contra los comercios en MLC. Advertir que fueron esos y no otros —negocios privados, por ejemplo— no justifica el daño público pero permite entender parte de su gramática. En la prensa estatal se ha dicho que se hurtaron principalmente equipos electrodomésticos de alto valor y que eso demuestra un acto de lucro y no de necesidad. Dándolo por cierto, ese dato desconoce cómo funciona la economía popular y las vías por las cuales se puede obtener ingresos vendiendo luego esos equipos, o satisfacer necesidades de consumo (para nada ajenas a las lógicas de los mercados y capitales simbólicos cubanos) vedadas para las clases populares. Pero, además, en los mismos videos mostrados en la televisión nacional se observa lo contrario: personas llevándose, además de equipos electrónicos, colchones, refresco, jabones, papel sanitario. En uno de los videos de esos saqueos se escuchaba: “todo eso es del pueblo”. Alentar el robo y el saqueo es un acto criminal; robar y saquear es un delito; desconocer la violencia económica que al menos parte del pueblo vive y que se debe a razones externas e internas, también lo es.

Existen, como ha repetido el gobierno, “canales establecidos” para expresar “insatisfacciones” o necesidades. Pero esos “canales establecidos” no funcionan o ya no son legítimos y eso no tiene que ser un problema. Las instituciones se deben a la gente, y no al revés. Si luego de las protestas se insiste en que la única oferta para canalizar ese hartazgo son los “canales establecidos”, en la práctica lo que eso significa es que están clausuradas o son inaceptablemente angostas las posibilidades de tramitar los conflictos y las necesidades. Los “canales establecidos” no son nunca, en ninguna sociedad, la única forma de intervenir en la vida pública. La organización de la sociedad civil durante los tornados, los ciclones o las emergencias ha desbordado desde hacer muchos años los “canales establecidos”. Para eso y para mucho más, las personas deben y pueden explorar vías, espacios, repertorios que sientan que les representen y que ayuden a tematizar y politizar agendas generales y específicas.

Esas últimas, de hecho, también estuvieron en las protestas cubanas. Un ejemplo clarísimo es el de mujeres trans que, en voz propia, argumentaron su presencia en las protestas. Su agenda declarada: escasez de comida y alimentos, acoso policial a las personas trans, discriminación social hacia ellas, necesarias políticas laborales específicas para la comunidad trans, inexistencia de condones para asegurar sus derechos sexuales y reproductivos. Buscaron allí  un espacio de dignificación de su existencia y contra las violencias generales y específicas hacia ellas. Desde distintas orillas intentarán instrumentalizar eso, cooptándolo o despachándolo, pero “la política no cabe en la azucarera”.

Hubo y hay violencia también después. Apagón tecnológico y telefónico. Personas, sobre todo mujeres, recorriendo las estaciones policiales para tener información de sus seres queridos, interponer recursos, llevarles provisiones. El presidente reconoció que podrían haberse detenido personas injustamente pero muchas, inocentes, tienen causas ya en su haber. Hoy, 15 de julio cuando escribo estas líneas, hay personas detenidas de las que se desconoce su paradero.

Hay también violencia en las redes sociales. Una disputa por clasificaciones y reclasificaciones arbitrarias. Una misión expresa por aniquilar la diferencia y encuadrar las interpretaciones. Hay saña en cada carácter, cada coma, cada captura de pantalla para demostrar culpabilidades. Hay anuncios del día final, de la brutalidad con la que se acabará con “los comunistas”, con quienes quieren “dialogar con la dictadura”, de “la gusanera”, con todos, con todas.

“La mala víctima”

Ser reconocido como víctima es, hasta cierto punto, un privilegio. Significa que estás, se te ve, eres sujeto de protección. Cuando se le cancela a una persona agredida a pensarse, en primera instancia, como víctima, se le borra de la escena.

La tramitación gubernamental del conflicto ha elegido unas víctimas y borrado otras. El Presidente y otras voces políticas oficiales han reconocido que en las protestas se expresaron necesidades legítimas y que habían distintos grupos (que han clasificado y reclasificado durante estos días) en ellas. A la vez, para construir la narrativa que todo fue violencia, los actores específicos que se han representado se han descrito principalmente como personas que realizaron actos “vandálicos”, como “delincuentes”, como vulgares, como sujetos que interrumpieron la tranquilidad de las familias en un domingo de descanso.

Las palabras tienen contexto y referentes. Piñera en Chile y Moreno en Ecuador, y muchos otros, también nombraron vándalos, zánganos y delincuentes a quienes se manifestaron en sus países durante los estallidos sociales respectivos, que fueron gestionados de forma profundamente sangrienta. El discurso que clasifica de ese modo, en contextos como el que estamos viviendo, hace poco favor a la gestión política de la situación y más bien muestra desinterés por ello o se constituye directamente en una barrera. Eso reproduce también la ficción de que los reclamos legítimos son los de los “buenos ciudadanos”. Sugerirlo es un lugar tan común como clasista.

Si quienes se manifestaban eran vándalos, lo es también una buena parte del pueblo empobrecido. En algunas de las imágenes que se han transmitido en la televisión nacional para complementar el discurso del vandalismo se ven jóvenes comunes y corrientes, vestidos con la ropa que seguramente les envían las mismas familias que remesan y a través de las cuales el Estado sobrevive con lo que recauda en los comercios en MLC. Los actos delictivos deben evitarse, juzgarse, condenarse. Y eso es algo distinto a la producción de algún tipo de clasificación arbitraria de buenos ciudadanos vs malos ciudadanos que redunde, además, en el borramiento de unas violencias y la visibilización de otras. A ninguna víctima se le puede cancelar, como pasó con Diubis Laurencio Tejeda.

Ese es el nombre de la única persona muerta en las manifestaciones que se ha comunicado oficialmente. La nota informó que “resultó fallecido el ciudadano Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años de edad, (…) con antecedentes por desacato, hurto y alteración del orden, por lo cual cumplió sanción”. Los antecedentes penales de Laurencio Tejeda son completamente irrelevantes para los hechos, como lo son la forma en que una mujer iba vestida o si tenía o no condena judicial al momento de un feminicidio. Comunicar de ese modo una muerte expropia a la persona de su condición de víctima como si no mereciera duelo. No hacía falta, no hace falta.

¿A dónde va y a dónde puede ir el 11-J?

Es posible ver un claro arco de transformación en el discurso político institucional en los últimos días. De la “orden de combate” del 11-J se ha transitado progresivamente a un lenguaje de conciliación y llamado a la solidaridad, la unidad y la paz. Eso importa.

En este momento y en lo adelante, es imprescindible la búsqueda de soluciones políticas. El día 14 de julio se anunciaron nuevas medidas de parte del gobierno. Una de ellas libera de impuestos aduaneros y límite de cantidad la entrada de medicamentos, alimentos y productos de aseo por parte de personas viajeras. Eso amortiguará algunas necesidades domésticas de quienes tengan familias o personas cercanas en el exterior y puedan viajar a Cuba. La medida es importante no solo por su contenido sino porque responde a un reclamo de cubanos y cubanas de dentro y fuera de la Isla. También se anunciaron cambios de regímenes salariales en el sector estatal y de acceso a la “libreta de abastecimiento” (cartilla racionada de distribución de alimentos) de quienes no residan en los territorios donde tienen registro legal.

Esas medidas deben entenderse como parte de esta coyuntura, pero no responden a ella en sentido amplio. Es imprescindible un programa extenso de discusión y transformación política que permita metabolizar las protestas. Las estrategias más necesarias en este momento son, sobre todo, las estrategias distintas; y más aún contando con que el cambio de la política de Estados Unidos se ralentizará ahora más. Es urgente construir una trama más incluyente, reconocer no solo la legitimidad de las demandas sino la forma de expresarlas, imaginar diversidad de soluciones y continuar traduciendo el hartazgo en potencia cívica para plantear soluciones colectivas que, por otra parte, contengan la instrumentalización de todas las partes de lo comenzado el 11-J.

Aunque las protestas han causado conmoción y mucha enervación y tristeza políticas, ellas no han sido la causa. Una sociedad no se rompe con un estallido social. Es más bien al revés. Cuando el estallido social se produce, es que la sociedad ya estaba rota. Ya había estallado, silenciosamente. Por más que se escenifique, no habrá vuelta a una total “normalidad”. Las protestas no terminaron cuando las personas dejaron de estar en las calles. Distintos sectores probaron su cuerpo en el espacio público y esa experiencia se continuará procesando en las casas, barrios, portales, contenes, cuerpo adentro.

Las crisis verifican quiebres, y los quiebres, pérdidas. Pero las pérdidas pueden tener también un efecto transformador y producir una reflexión sobre el sentido de la comunidad política, sobre los lazos y no solo sobre la fractura, sobre la conciencia de que mi destino no es separable del tuyo y de que Cuba es solo hasta cierto punto mía, nuestra, porque también es de otros, de otras. Si el poder político recupera o afirma dogmas, lo que hará es dinamitar puentes y volver intraducible la rabia política de, al menos, una parte del pueblo al que se debe. La pregunta sobre lo bueno y lo justo para Cuba, es hoy más que antes una pregunta abierta. Las respuestas son hoy, también más que nunca, incapturables en una foto fija y en un solo timbre de voz.

https://oncubanews.com/opinion/columnas/sin-filtro/11-j-en-cuba-sobre-lo-bueno-y-lo-justo/?fbclid=IwAR0nAOVNwJx3nSSTadKjp44EAXGDJDBE31gEUer2xHaWKp6bkefPq9Tj2uA

 

El derecho a la protesta y la ‘excepcionalidad’ cubana

Yery Menéndez García y Mónica Rivero Cabrera

La llamada excepcionalidad cubana terminó el domingo 11 de julio de 2021. Quedó desmentida la idea de que en el país no se cumplen, o se cumplen de manera distinta, un grupo de condiciones que diferencian nuestros procesos sociales de otros en la región. Miles de cubanos salieron casi simultáneamente a las calles en todo el país para expresar su descontento y demandas al Gobierno de la isla.

Las primeras noticias llegaron desde San Antonio de los Baños, un pueblo en la provincia de Artemisa cercano a la capital cubana, y luego desde todas las provincias. Hay más de una causa; existen detonantes de carácter político, social y económico, en unas condiciones agravadas por la pandemia de Covid-19. Y no son nuevas: lo que se ha producido es un efecto de acumulación.

También las reclamaciones han sido diversas: algunas se centran en las reformas; otras, en una abierta oposición a los dirigentes del país. Vacunas, medicamentos, no más tiendas en divisas son clamores de la multitud, empujada por el malestar en medio de la extrema crisis económica que atraviesa Cuba. Al mismo tiempo, gritos de libertadabajo la dictaduraDíaz-Canel, deja el poder se dirigen a un cambio más profundo.

Cuba se encuentra bajo el fuego cruzado de la errática gestión interna y las sanciones estadounidenses, que durante los últimos años han han abarcado y han sido más fuertes que nunca. Faltan alimentos, medicinas y productos de aseo. Los pocos disponibles se encuentran en tiendas en divisas en las cuales hay que hacer largas colas, aun cuando en ellas se paga en divisas y no en la moneda en la que los cubanos reciben su salario; o en un mercado negro donde campea la inflación. Las tarjetas en divisa expedidas por bancos cubanos se mantienen con depósitos en euros, libras, coronas o yenes que provienen, en su mayoría, de remesas familiares; uno de los blancos de las sanciones trumpistas.

La llamada Tarea Ordenamiento, un esfuerzo por organizar la pirámide económica del país y las distorsiones financieras producto del uso del peso convertible, no ha logrado sus objetivos, algo que reconoce el propio Gobierno cubano. Entre su paquete de medidas, una de las más impopulares fue la prohibición del depósito de dólares en efectivo en bancos cubanos, después de haberse dolarizado parcialmente la economía.

A ello se une la escasa disponibilidad de medicamentos. Hospitales y farmacias se encuentran desabastecidos y la mayoría de los cubanos sólo puede encontrar muchas medicinas esenciales en el mercado informal y a muy alto precio; lo cual, además, genera una brecha para los grupos en situación de vulnerabilidad.

Por si fuera poco, en los últimos días el alza de casos de Covid-19 en varias provincias ha provocado el colapso de sistemas hospitalarios; especialmente en Matanzas, foco principal de la pandemia en este momento.

Es importante tener en cuenta las restricciones impuestas y reforzadas por los sucesivos gobiernos estadounidenses. Aunque se usen como justificación de la mala gestión del Gobierno, representan un lastre para el desarrollo económico del país y afectan directamente a la población.

En este contexto, el Gobierno cubano no dispone de mecanismos para gestionar el disenso y para la participación ciudadana efectiva. Los resquicios legales para afrontar las decisiones del poder son rústicos y se castiga toda muestra de inconformidad o desacuerdo mediante la censura, la represión, las detenciones arbitrarias o la cárcel. En los últimos días, los cortes de energía eléctrica por problemas con el suministro han afectado a miles de cubanos por horas.

Como reacción a estas señales, una campaña en las redes sociales bajo la etiqueta #SOSCuba llevó a artistas, influencers, figuras reconocidas y ciudadanos comunes a abogar por el reconocimiento de la crisis y a clamar por ayuda humanitaria. A su vez, esta campaña ha permitido a muchos cubanos organizarse y recolectar donaciones para hacerlas llegar, por medios propios o en alianza con instituciones, a los territorios más vulnerables.

Usando la misma etiqueta, un sector de cubanos radicados fundamentalmente fuera del país, ha pedido no ayuda, sino intervención humanitaria; es decir, el uso de fuerza militar para impulsar un cambio de régimen.

Gestionar la crisis, una deuda

El Gobierno cubano está basando su gestión de la crisis en deslegitimar las protestas y atribuirlas a campañas externas y a noticias falsas. Hasta ahora, no ha reconocido su alcance ni ha asumido responsabilidad propia por la situación del país.

Los medios de prensa oficiales también desconocen las manifestaciones que tuvieron lugar a lo largo y ancho de la isla, a pesar de tratarse de un evento inédito en más de 60 años que ha atraído los ojos del mundo. El presidente, Miguel Díaz-Canel, se desplazó a San Antonio de los Baños, donde recorrió algunas calles, fuertemente escoltado, para intentar transmitir una imagen de normalidad y control. Ese mismo día, compareció en televisión para llamar al “pueblo revolucionario” a tomar las calles, en medio del pico más alto de contagios de Covid-19 desde que la pandemia llegó a Cuba. “La orden de combate está dada”, dijo.

Si bien no está descartado que haya simpatizantes del Gobierno dispuestos a acudir espontáneamente a esta llamada, existe una conocida fuerza parapolicial de individuos que, vestidos de civiles y armados toscamente, reprimen con violencia. La Policía tolera estas agresiones, y se pretende que, a ojos del público internacional, quede la imagen de gente del pueblo que se estaría tomando la justicia por su mano para defender su revolución.

La orden de combate presidencial no ha sido la única estrategia desacertada. Desde toda Cuba se informa de la imposibilidad de acceder a Internet mediante datos móviles. Los ciudadanos tienen que desplazarse a zonas con wifi en espacios públicos o usar VPNs en sus domicilios en caso de contar con Nauta Hogar, un servicio de alcance limitado. Esto tampoco es nuevo: se acostumbra a limitar o bloquear por completo el acceso a Internet a los ciudadanos si ocurre algún evento contra el Gobierno. Aun cuando hace más de 72 horas no hay servicio de datos disponible, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha esquivado ofrecer una explicación en una conferencia de prensa.

Hasta el momento, el Gobierno cubano ha perdido la oportunidad de reconocer la legitimidad de las protestas y diferenciarlas de los penosos actos vandálicos que se produjeron. No ha propuesto salidas políticas a la crisis ni caminos posibles para el diálogo. Clasificar a los manifestantes, personas de todo el país y de distintas edades y estratos sociales, como “contrarrevolucionarios” o “confundidos” y llamar a los “revolucionarios” a enfrentarse a ellos vuelve a poner el énfasis en la polarización, el discurso del odio y la división entre cubanos sin que ello se ajuste a la realidad. El cubano es un pueblo doliente que necesita libertades y alivio; los triunfalismos hace mucho que perdieron efecto.

La movilización sitúa al país en una situación grave, por su magnitud y por su rareza. A diferencia de agosto de 1994, cuando cientos de habaneros tomaron el malecón para pedir el fin del socialismo, esta vez las manifestaciones se han extendido por toda Cuba y no está descartado que ocurran nuevos episodios. Por otro lado, actualmente no existe el nivel de representatividad política y poder simbólico de entonces, concentrado en la figura de Fidel Castro, sino un Gabinete sobre el que pesa la falta de legitimidad y el cansancio de un país que lleva años esperando una apertura.

Artistas y políticos de todo el mundo han expresado su apuesta por el diálogo, la no violencia y la urgencia de promover los cambios que Cuba necesita. El 11 de julio se envió un mensaje: el pueblo de Cuba es capaz de articularse y salir a la calle. El Gobierno tiene la obligación histórica de asumir su rol de forma creativa y desprenderse de viejos libretos para dar, con urgencia, respuestas demasiado tiempo postergadas.

https://agendapublica.es/el-derecho-a-la-protesta-y-la-excepcionalidad-cubana/?fbclid=IwAR1NwgD-FcncYNaq_55MrJmn6lgbsqILlnup7oCOX0OC6Rxz8cR9aiM24ys

Cuba hoy: Patria, pueblo y soberanía

Algunas claves de la actual crisis y algunas propuestas

Julio César Guanche

El presidente Díaz Canel acaba de hacer un llamado “a la unidad de los cubanos”, al respeto de los cubanos, despojándonos de cualquier sentimiento de odio…”.1 En la circunstancia concreta, respecto al domingo pasado, es una declaración que puede ser muy importante.

A la vez, existe ya una historia de tres días documentada en videos confirmados que jamás se borrarán de la memoria nacional. Hay que hacer todo el esfuerzo cívico y patriótico para procesar el escenario de modos que mejoren las soluciones, y no empeoren aún más la crisis que vive la nación.

Quién es el pueblo de Cuba

El artículo 3 de la Constitución regula que la soberanía reside en el pueblo: “del cual dimana todo el poder del Estado”. Ese texto —aprobado por 86% de votos— obliga a respetar la soberanía popular y los derechos fundamentales.

El derecho de resistencia se regula contra “cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución”, e incluye todas las vías. Por ser un recurso extremo, requiere el empleo previo de otros recursos.

El primero es buscarle soluciones políticas a la protesta. Luego, declarar el estado de emergencia con garantías para los derechos fundamentales. Saltarse todo eso, y pretender sin más el “derecho de resistencia” sería un uso ilegítimo, y plantearía un escenario completamente trágico para la nación.

El nacionalismo democrático (inclusivo, antimperialista, antixenofóbico) es uno de los contenidos más fuertes de la historia cubana hasta hoy. El contenido popular es su clave. En las calles cubanas no están los esclavistas del XIX, los oligarcas de 1912, los granburgueses de 1952. 

Está el pueblo de Cuba, o parte de él, que es tan pueblo como el resto, guste o no como hable, como actúe o como piense. El pueblo cubano, en su conjunto, es el soberano. El estado cubano está obligado a escucharlo, a respetarlo y a protegerlo.

Los llamados de cubanos a la intervención y a la violencia en el caos

Existe un llamado a la intervención estadunidense por partes del sector extremista del exilio cubano. Pagan por acciones violentas, producen a conciencia noticias falsas, incentivan a incendiar, saquear bienes, matar policías y a “poner el cuerpo” desde la trinchera de sus teléfonos. Cualquiera sea el resultado de esta situación, y de lo que se sufra en Cuba, van a seguir en su lugar.

Esa línea —que en caso alguno es todo el exilio, y menos la diáspora cubana— hará todo lo que tenga que hacer para lograr su versión del ya “se acabó”. Es imprescindible, en mi entender, distanciarse y oponerse a esa agenda por parte del espectro patriótico cubano, por radicales que sean las impugnaciones que se tengan sobre el Estado y el estado de la Isla.

En ningún caso, esa zona explica toda la protesta ni transfiere automáticamente su agenda a todos los que protestan. Es imprescindible distinguir y separar el uso instrumental de esas exhortaciones a la violencia civil, de las demandas y sujetos populares que hacen parte del escenario, y reconocer el espectro de las demandas en pugna.

El hecho de la intervención en sí es absolutamente inaceptable, pero más allá de su posibilidad real, la mera percepción de la amenaza de intervención incentiva el cierre de todo el campo posible de críticas hacia lo interno, y lo traslada hacia la defensa compacta de la nación, con justo derecho.

Cuba tiene un serio problema con la política estadunidense, pero también tiene problemas consigo misma y es imprescindible abrir el espacio para encararlos.

Los Estados Unidos y el golpe blando

El presidente Biden ha continuado la política de sanciones, y no la ha modificado incluso en medio de la fase más grave de la pandemia. La política de bloqueo es una afrenta a la nación cubana, por ser de orden estrictamente colonial, y es un crimen contra el pueblo cubano. La actitud de Biden contradice la propia política que defendió durante la administración Obama, que aseguró que no podían alcanzarse nuevos objetivos a través de medios fracasados.

El que piense que esta situación empieza y termina aquí, o que solo se explica por el “golpe blando”, confunde el centro del problema.

El proyecto del golpe blando ha sido una realidad en varios procesos alrededor del mundo. El que sea agente comprobado de ese interés debe responder por ello, por ponerse al servicio de una potencia extranjera, pero no se puede cubrir toda la protesta social como si fuese una completa creación de tal empeño.

El uso desmedido de ese enfoque comporta un gran peligro político: no deja espacio a la legitimidad de ninguna demanda social que se exprese bajo protesta. Esa comprensión solo puede conducir a la represión de toda protesta. Reconocer la legitimidad de demandas que están hoy en juego es un golpe fuerte contra cualquier pretensión de golpe blando.

Qué se puede hacer

Se pueden y deben hacer algunas cosas ahora mismo. Comparto las siguientes desde la urgencia y la necesidad de ser útil, seguramente insuficientes, pero no irrelevantes.

Detener de inmediato toda represión policial sobre población desarmada, que se exprese pacíficamente. Contener con normas de proporcionalidad, y reglas claras de responsabilidad, las acciones violentas civiles contra personas y bienes. Prohibir el uso de armas letales excepto en caso inminente de peligro de muerte para cualquier persona. Ningún militar vestido de civil en la calle. Ninguna convocatoria a centros de trabajo, unidades del servicio militar, etc, a participar de respuestas violentas contra protestas.

Asimismo, procesar solo a personas que hayan cometido delitos graves sobre otras personas o bienes, teniendo en cuenta la gravedad de las consecuencias y el contexto en el que se produjo. Promesa, con garantías, de revisar la actuación policial con sanción firme para casos de excesos, con información precisa sobre los detenidos, retirada de cargos para todos los manifestantes pacíficos, y debido proceso para los actores civiles de violencia con daños calificables acorde a Derecho. Asegurar el servicio de internet. Facilitación de servicios de chequeo de fake news. Convocatoria a la paz social, en sentido fuerte, con ampliación y aplicación de derechos de participación y expresión, como el de manifestación pacífica.

También, adelanto urgente del plan legislativo de todas las leyes pendientes relacionadas con derechos civiles y políticos. Aceleración y puesta en práctica inmediata, con información precisa de sus cronogramas, de medidas de beneficio popular, como impulso mayor a los proyectos de producir alimentos en el ámbito nacional, con suspensión temporal de inversiones de largo plazo, y su recolocación en planes sociales de emergencia (ya se anunciaron medidas de este tipo, pero es necesario mucho más), con medidas renovadas de protección social especiales para los sectores más desfavorecidos como la vejez, los hogares unipersonales de personas con bajos ingresos,  las madres solteras, y los barrios más empobrecidos, con beneficios aduanales para productos de primera necesidad, y con la aceleración de la revisión y aceptación de demandas de la emigración cubana sobre sus derechos en y sobre el país.

Ya sabemos que Diubis Laurencio Tejeda ha muerto. Se ha repetido por años que el “primer muerto” sería un beneficio para el programa oficial estadunidense de agresión contra Cuba, pero hay algo anterior a ello: es la ética revolucionaria de la vida, para la que resulta intolerable un solo muerto, sea del “bando” que sea, y “beneficie a quien beneficie” su muerte.

Parte de esa ética es plantearse a fondo la pregunta sobre las causas de la rabia política y el odio radical que hemos visto recorrer el país, más allá de etiquetas como los “odiadores de siempre”, o los “mercenarios habituales”, que solo estigmatizan, esconden y reproducen el problema.

La protesta pacífica es un derecho, no lo es agredir personas ni bienes sociales. Todos los revolucionarios tienen derecho a defender sus convicciones, también de modo pacífico. Ni golpe blando, ni bloqueo, sí democratización, como decía Martí: pan y libertad, que como el verso, o se salvan juntos, o se condenan los dos.

Nota:

1 La cita completa es esta: “Díaz-Canel hizo un llamado “a la unidad de los cubanos, y llamando al respeto de los cubanos, despojándonos de cualquier sentimiento de odio, despojándonos de cualquier vulgaridad, de cualquier comportamiento indecente pero por supuesto exigiendo las normas de disciplina, las normas que garantizan en nuestra sociedad esa tranquilidad social. Y ya veremos, cuando en otro momento evaluemos lo que significó este momento y lo que quisieron hacer con Cuba y con nuestro pueblo, (…) cuánta mentira, cuánto odio, cuánta saña, cuánta maldad se calculó para todo esto”.

https://oncubanews.com/opinion/columnas/la-vida-de-nosotros/cuba-hoy-patria-pueblo-y-soberania/

Un alarido

Leonardo Padura

Parece muy posible que todo lo ocurrido en Cuba a partir del pasado domingo 11 de julio lo hayan alentado un número mayor o menor de personas opuestas al sistema, pagadas incluso algunas de ellas, con intenciones de desestabilizar el país y provocar una situación de caos e inseguridad. También es cierto que luego, como suele suceder en estos eventos, ocurrieron oportunistas y lamentables actos de vandalismo. Pero pienso que ni una ni otra evidencia le quitan un ápice de razón al alarido que hemos escuchado. Un grito que es también el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no solo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas.

A ese reclamo desesperado, las autoridades cubanas no deberían responder con las habituales consignas, repetidas durante años, y con las respuestas que esas autoridades quieren escuchar. Ni siquiera con explicaciones, por convincentes y necesarias que sean. Lo que se impone son las soluciones que muchos ciudadanos esperan o reclaman, unos manifestándose en la calle, otros opinando en las redes sociales y expresando su desencanto o inconformidad, muchos contando los pocos y devaluados pesos que tienen en sus empobrecidos bolsillos y muchos, muchos más, haciendo en resignado silencio colas de varias horas bajo el sol o la lluvia, con pandemia incluida, colas en los mercados para comprar alimentos, colas en las farmacias para comprar medicinas, colas para alcanzar el pan nuestro de cada día y para todo lo imaginable y necesario.

Creo que nadie con un mínimo de sentimiento de pertenencia, con un sentido de la soberanía, con una responsabilidad cívica puede querer (ni siquiera creer) que la solución de esos problemas venga de cualquier tipo de intervención extranjera, mucho menos de carácter militar, como han llegado a pedir algunos, y que, también es cierto, representa una amenaza que no deja de ser un escenario posible.

Creo además que cualquier cubano dentro o fuera de la isla sabe que el bloqueo o embargo comercial y financiero estadounidense, como quieran llamarlo, es real y se ha internacionalizado y recrudecido en los últimos años y que es un fardo demasiado pesado para la economía cubana (como lo sería para cualquier otra economía). Los que viven fuera de la isla y hoy mismo quieren ayudar a sus familiares en medio de una situación crítica, han podido comprobar que existe y cuánto existe al verse prácticamente imposibilitados de enviar una remesa a sus allegados, por solo citar una situación que afecta a muchos. Se trata de una vieja política que, por cierto (a veces algunos lo olvidan) prácticamente todo el mundo ha condenado por muchos años en sucesivas asambleas de Naciones Unidas.

Y creo que tampoco nadie puede negar que también se ha desatado una campaña mediática en la que, hasta de las formas más burdas, se han lanzado informaciones falsas que al principio y al final solo sirven para restar credibilidad a sus gestores.

Pero creo, junto con todo lo anterior, que los cubanos necesitan recuperar la esperanza y tener una imagen posible de su futuro. Si se pierde la esperanza se pierde el sentido de cualquier proyecto social humanista. Y la esperanza no se recupera con la fuerza. Se le rescata y alimenta con esas soluciones y los cambios y los diálogos sociales, que, por no llegar, han causado, entre otros muchos efectos devastadores, las ansias migratorias de tantos cubanos y ahora provocaron el grito de desesperación de gentes entre las que seguramente hubo personas pagadas y delincuentes oportunistas, aunque me niego a creer que en mi país, a estas alturas, pueda haber tanta gente, tantas personas nacidas y educadas entre nosotros que se vendan o delincan. Porque si así fuera, sería el resultado de la sociedad que los ha fomentado.

La manera espontánea, sin la atadura a ningún liderazgo, sin recibir nada a cambio ni robar nada en el camino, con que también una cantidad notable de personas se ha manifestado en las calles y en las redes, debe ser una advertencia y pienso que es una muestra alarmante de las distancias que se han abierto entre las esferas políticas dirigentes y la calle (y así lo han reconocido incluso dirigentes cubanos). Y es que solo así se explica que haya ocurrido lo que ha ocurrido, más en un país donde casi todo se sabe cuando quiere saberse, como todos también sabemos.

Para convencer y calmar a esos desesperados el método no puede ser las soluciones de fuerza y oscuridad, como imponer el apagón digital que ha cortado por días las comunicaciones de muchos, pero que sin embargo no ha impedido las conexiones de los que quieren decir algo, a favor o en contra. Mucho menos puede emplearse como argumento de convencimiento la respuesta violenta, en especial contra los no violentos. Y ya se sabe que la violencia puede ser no solo física.

Muchas cosas parecen estar hoy en juego. Quizás incluso si tras la tempestad regresa la calma. Tal vez los extremistas y fundamentalistas no logren imponer sus soluciones extremistas y fundamentalistas, y no se enraíce un peligroso estado de odio que ha ido creciendo en los últimos años.

Pero, en cualquier caso, resulta necesario que lleguen las soluciones, unas respuestas que no solo deberían ser de índole material sino también de carácter político, y así una Cuba inclusiva y mejor pueda atender las razones de este grito de desesperación y extravío de las esperanza que, en silencio pero con fuerza, desde antes del 11 de julio, venían dando muchos de nuestros compatriotas, esos lamentos que no fueron oídos y de cuyas lluvias surgieron estos lodos.  

Como cubano que vive en Cuba y trabaja y crea en Cuba, asumo que es mi derecho pensar y opinar sobre el país en que vivo, trabajo y donde creo. Ya sé que en tiempos como este y por intentar decir una opinión, suele suceder que «Siempre se es reaccionario para alguien y rojo para alguien», como alguna vez dijera Claudio Sánchez Albornoz. También asumo ese riesgo, como hombre que pretende ser libre, que espera ser cada vez más libre.

En Mantilla, 15 de julio de 2021.

https://jovencuba.com/alarido/

Jessica Dominguez Delgado 

 
Licenciada en Periodismo en 2014 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Interesada en temas de participación, política y trabajo con datos. Editora web del Toque desde 2017, actualmente a cargo de DeFacto.
 

Ailynn Torres Santana 

 
académica y militante feminista cubana. Es investigadora del International Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies (IRGAC) de la Fundación Rosa Luxemburgo e investigadora asociada de FLACSO Ecuador. Forma parte del Consejo Editorial de la revista Cuban Studies (Universidad de Harvard) y del comité de redacción de Sin Permiso.
 

Yery Menéndez García 

 
Licenciada en Periodismo por la Universidad de la Habana y máster en Artes, Media Practice for Development and Social Change por la Universidad de Sussex (Reino Unido). Su trabajo cubre habilidades de información para la participación social en espacios locales cubanos. Miembro de Red de Politólogas.

 

Mónica Rivero Cabrera 

 
Reportera y editora en 'Matria' y 'elTOQUE' Periodista por la Universidad de La Habana (2012). Directora editorial web de 'OnCuba News' entre 2016 y 2019. Cofundadora de 'Revista Late'. 'Humphrey Fellow' en la Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communications (ASU, EE.UU.).
 

Julio César Guanche 

 
Historiador y jurista cubano. Es miembro del comité de redacción de Sin Permiso.
 

Leonardo Padura 

 
Novelista, guionista, periodista y crítico literario, autor de ensayos y volúmenes de cuentos. Uno de los escritores más reconocidos de Cuba, es el renovador en su país del género de la novela negra y el autor, entre otros muchos libros de ficción, de la serie «Las cuatro estaciones», protagonizada por el detective Mario Conde. En 2009 publicó El hombre que amaba a los perros y en 2013 Herejes. Su último libro es Como polvo en el viento (todos ellos publicados en la editorial Tusquets).