Lo que significa para Puebla el desplegado de los profesores de la UDLAP / Editorial

Mundo Nuestro. El pronunciamiento firmado el 31 de enero pasado por 288 profesores, administrativos y trabajadores de la UDLAP es fundamental para entender la movilización civil realizada a lo largo de esta semana por la comunidad de alumnos y exalumnos, padres de familia, maestros y trabajadores administrativos de la institución, y expone sin cortapisas el fracaso de la estrategia del gobernador Barbosa Huerta fundada en la postura de que su gobierno no es parte del litigio existente en torno a la Fundación Jenkins.  A la vista de este comunicado y de la exigencia de reapertura de las actividades en el campus por la comunidad universitaria el conflicto deriva ya en un punto sin retorno.

Al defender a la UDLAP contra las acciones del gobierno de Miguel Barbosa, la comunidad universitaria está defendiendo a la sociedad poblana. La UDLAP no es meramente uno de los bienes de la Fundación Jenkins. Y eso es justo lo que no entiende el gobernador Barbosa: la Universidad es de la comunidad, más allá de la Fundación Jenkins y el gobierno. 

Los trabajadores que firman este comunicado han confirmado su desconocimiento del Patronato encabezado por Horacio Magaña "como autoridad que represente los intereses y el buen funcionamiento de la Fundación Universidad de las Américas Puebla", y de Armando Ríos Piter como rector de la UDLAP "pues su designación es violatoria del Estatuto Orgánico y no representa a la comunidad universitaria ni los intereses y objetivos de la institución".

Los firmantes le exigen al gobernador como camino de solución del conflicto "el cumplimiento inmediato de las resoluciones judiciales del Tercer Tribunal de Distrito y el exhorto emitido por el Juez 24 Civil de la Ciudad de México" y demandan del gobernador Miguel Barbosa Huerta "deje de interferir en el cumplimiento de los ordenamientos judiciales y se limite al ejercicio de sus capacidades constitucionales."

Esta postura de la comunidad universitaria es justamente la que se niega a aceptar Miguel Barbosa porque lo identifica como el principal actor en el conflicto que atenta contra la existencia misma de la universidad.

Creemos que el gobierno del estado de Puebla ha dejado correr demasiado tiempo este conflicto al asumir una postura que niega lo que todo mundo que contemple este proceso con objetividad puede confirmar: que es abiertamente una parte interesada y principal en su generación. La publicación del semanario Proceso esta semana es una más de las pruebas del papel que ha jugado el gobierno de Miguel Barbosa.

Este desplegado debe servirle a Miguel Barbosa Huerta para comprender el daño que las acciones de su gobierno han provocado en la UDLAP. Si se lo leen con calma sus asesores comprenderá que la existencia de esta universidad como institución poblana hace mucho tiempo que dejó de ser simplemente uno de los valores económicos del conglomerado de bienes de una fundación privada. Sin duda el conflcto provocado por la disputa de los recursos de la Fundación Mary Strett Jenkins es un asunto de interés público, y es una obligación de la autoridad estatal enfrentarlo por la vía legal y política. Pero no puede en su propósito poner en riesgo de muerte a la institución educativa. Y eso es justo lo que le están diciendo quienes han firmado este desplegado.

Lo reproducimos aquí en la coyuntura de una crisis que la autoridad estatal ha provocado en buena medida como parte interesada, y que ha prolongado a un extremo ya insostenible al incumplir el mandato de la autoridad judicial.

PRONUNCIAMIENTO DE PROFESORES, ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES DE LA UDLAP