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3 Marzo 2024, Puebla, México.

 En el campo de batalla de Chalchihuapan está la derrota de la sociedad poblana / Sergio Mastretta

Justicia | Reportaje | 19.JUL.2023

En el campo de batalla de Chalchihuapan está la derrota de la sociedad poblana / Sergio Mastretta

Memoria del sinsentido: julio de 2014 en Puebla

Mundo Nuestro. El siguiente texto de Sergio Mastretta fue publicado en nuestra revista el 18 de julio de 2014. Unos días antes, el miércoles 9 de julio, en el puente sobre la autopista a Atlixco por el que la calle que lleva a Chalchihuapan el pequeño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo pagará con su vida la perfidia de la llamada Ley Bala.

 

En el levantamiento del campo que los peritos judiciales de la PGR harán en Chalchihuapan, entre el reguero de piedras lanzadas por los bandos bloqueadores y granaderos, no encontrarán más que la derrota de la sociedad poblana.

Por supuesto que no hallarán prueba pericial alguna.

Tal vez acudan, entre tantos documentos fotográficos y videos a esta narración de la soledad de un niño y de nuestra miseria:


http://e-consulta.com/nota/2014-07-11/seguridad/bala-de-goma-perforo-cabeza-de-nino-en-chalchihuapan

 

Pero en el desalojo del bloqueo en la autopista a Atlixco, en el uso excesivo de la fuerza pública y la respuesta violentísima de los manifestantes, encontrarán, si tienen ojos para verlo, un problema no resuelto en México: los derechos constitucionales a la libre manifestación de los reclamos contra la autoridad establecida y al libre tránsito sobre la vía pública enfrentados en una secuencia de innumerables refriegas e incontables heridos  y muertos ocurridas durante décadas en todo el país. Y al menos tres veces en los últimos años en Chalchihuapan. El evento del miércoles 9 de julio, que dejó más de 70 lesionados, no será el último.

Para el gobernador Moreno Valle y sus diputados la llamada “ley bala” era el remedio. Ahora paga en su imagen la ausencia de un proceso deliberativo real, la condición mínima para la existencia de una sociedad democrática, que no tenemos.

Pero los peritos encontrarán también, si quieren verla, la decisión absurda de un Congreso estatal --cuyos integrantes reprobaron, si alguna vez cursaron, historia de Puebla-- que por decreto desapareció a los pueblos. Las 585 Juntas Auxiliares dejaron de ser pueblos para convertirse en “órganos desconcentrados”. En el paisaje que encontrarán después de la batalla, bien les vendría a los peritos “atraídos” por la investigación del enfrentamiento en Chalchihuapan recoger entre los escombros ocasionados por estos políticos el significado histórico de la palabra pueblo.

Y leer lo que escribieron en las reformas a la Ley Orgánica Municipal LOM):

La naturaleza jurídica de la Junta Auxiliar (JA): “El carácter de “gobierno” y “autoridad” en LOM ha provocado que las JA se asuman como cuarto orden de gobierno, con responsabilidades y autonomías que resultan inconstitucionales.”

Y su propuesta: “Que sean órganos desconcentrados del Ayuntamiento, dependientes de la SG municipal. Se suprimen las palabras “gobiernos y autoridades de los pueblos.

¿Habrán estudiado historia los peritos atraídos de la PGR?

El gobernador y sus diputados parece que no lo hicieron.

 

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El paisaje después de la batalla del 9 de julio en la autopista puede verse en tres tiempos:

1.- Por la noche de ese miércoles las torretas policiacas permanecen en la autopista, los granaderos reposan en las cunetas y se comen los hotdogs que sus jefes les han traído desde Chipilo; en el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan no dejan de sonar las campanas, y mucha gente está reunida en la plaza, sobre todo jóvenes que muestran cascos, toletes y granadas como trofeos de guerra. En un ir y venir de telefonazos entre mandos policiacos y autoridades del pueblo se negocia la liberación de un policía capturado en la reyerta de mediodía; el presidente auxiliar de Chipilo Pedro Martini Mazzoco --a quien el reportero de Municipios Puebla en e-consulta Felipe Ponce Mecinas acompaña (http://archivo.e-consulta.com/blogs/quiosco/?m=20140714--) y que escribirá una estupenda crónica-- cumple como mediador y no le queda más que escuchar a la licenciada Ofelia Flores Ramos, subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, la jefa policiaca en su réplica al presidente de San Bernardino Felipe Montes:


“No, presidente, la ley no se negocia… la única opción es que me entregue a mi policía o entramos por él”.

“Me colgó”, dirá después la licenciada, quien vivirá su propia secuencia, pues en los días siguientes se le señalará como la responsable del operativo que golpeará como un macanazo en la cabeza la imagen del gobierno estatal.

Al final, liberaron al policía. En la secuencia de este paisaje siguen las órdenes de aprensión y los cargos para los pobladores: motín, ataques a las vías de comunicación y contra las autoridades en su modalidad de desobediencia, resistencia de particulares, delitos contra funcionarios públicos, privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas y tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso. Uno de los perseguidos por el gobierno estatal será el presidente auxiliar Montes. Ganó en las elecciones de mayo por siete votos el cargo al grupo de Antorcha Campesina que gobierna desde hace un buen rato en la cabecera municipal de Santa Clara Ocoyucan. Felipe Montes huirá del estado ante las acciones judiciales que el gobierno ha descargado. En esa misma secuencia me pregunto por el papel jugado por sus asesores, la diputada federal Roxana Luna Porquillo y su hermano Vladimir, el “Movimiento Nacional de Los de Abajo”, el propósito del bloqueo y las consecuencias del mismo, y lo que veo es que para su fortuna ellos no están entre la lista de heridos en el puente ni entre los perseguidos por la justicia.

En una secuencia paralela, circulan de inmediato en internet videos y fotografías de la tranquiza en el puente y al gobierno poblano se le viene encima en la prensa local y nacional una carretada de denuncias contra el uso de balas de goma y la consecuencia de la mentada “Ley bala”. En la historia de compadrazgos entre los virreyes-gobernadores y la prensa poblana la coyuntura revela los campos decantados por el uso patrimonial de los recursos públicos en medios de comunicación. Y por lo que veo en la prensa, la mayoría le ajusta las cuentas al gobierno morenovallista.

La noche ha caído en San Bernardino. Y en este paisaje nocturno, todavía en la escena las piedras que se arrojaron los bloqueadores de la autopista y los granaderos, levanto dos preguntas que no tiene una respuesta sencilla: ¿por qué la pérdida del registro civil provoca la insurrección de un pueblo? ¿Qué es lo que no entendieron los diputados que aprobaron una iniciativa que de un plumazo le quitó a 585 comunidades su calidad de pueblos?"

 

2.- En este paisaje de derrotas la tomografía del muchacho de 13 años es estremecedora. Es la de un tiempo detenido en las versiones encontradas, bala o pedrada, contenida en la decisión final de los funcionarios gubernamentales de romper el bloque y desalojar la autopista. El cráneo roto de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo es el tiempo detenido por la violencia que arrasa la vida nuestra y que no encuentra salida en la ley bala ni en el bloqueo de la carretera. En la tomografía veo también la masa de pobladores que por la mañana del miércoles 9 cerró las carreteras federal y autopista a Atlixco y esperó la llegada de los granaderos. 


La tomografía difundida en twitter por Jesús Manuel Hernández.


La foto del diario Cambio y la interrogante: ¿ese lanza granadas de gas lacrimógeno también dispara balas de goma?

En el paisaje la batalla de las fotografías. En la foto los granaderos en la refriega. Uno de ellos apunta al cuerpo de los manifestantes que no vemos con un fusil que igual dispara granadas de gas que detona cartuchos con balas de goma. Y de ahí no tenemos más cosa que las fotografías, los videos y las declaraciones. Cada quien expone sus imágenes.

El gobierno explota la de un granadero tundido a palos por un joven. Y en voz del Secretario de Gobernación, niega tajantemente el uso de balas de goma: “Primero toletes, escudos y cascos. Y ante la escalada de violencia y agresión de parte de los manifestantes, se utilizó gas lacrimógeno para dispersar y contener a los agresores. Se ratifica, asimismo, que en ningún momento se utilizaron balas de goma o cualquier otro dispositivo contundente, que los ya referidos.”

Del otro lado, y desde el twitter de la diputada Luna Ronquillo, los videos con la cabeza ensangrentada del niño, el cachete perforado de un hombre aturdido que se acerca a la cámara desde el puente, las fotos con los fusiles en círculo rojo que prueban la realidad de la “ley bala” del gobernador de Puebla.

Y en los extremos las acusaciones penales en el Ministerio Público contra los campesinos y las demandas de destitución del gobernador en el Congreso federal.

En medio una sociedad que ni siquiera sabe si fue aprobada por los diputados la nueva ley de seguridad pública, y ni mucho menos si cuenta con reglamentación de los protocolos y procedimientos para el uso de la fuerza pública. Y que no encuentra respuesta alguna que explique de fondo la rebelión en este pueblo.

 

3- El último paisaje. Veo la tomografía del muchacho en coma y acudo a Edgar Musalem, un perito experto en asuntos de seguridad pública en Puebla, y le pregunto sobre las posibilidades que tenemos de saber qué armas usaron los granaderos en el desalojo de la autopista:

“El fusil en la foto sí puede detonar cartuchos de balas de goma --me dice, y arranca con la descripción del arma y las consecuencias que puede tener--. De acuerdo a lo que vemos, las armas lanzagranadas que trae la policía son de calibre 37 o 40mm, de goma o caucho, las mismas podrán tener una energía en kilográmetros de alrededor de 87 kg/m. El propósito de estos proyectiles es aplicar un golpe en partes densas del cuerpo humano, zonas musculosas, en ningún momento debe de aplicarse a menos de 15 metros al sujeto, y sólo en situaciones de consideración a la técnica dura en el uso de la fuerza. Pero está probado en muchos países que estas armas pueden provocar graves daños, impactar los órganos como el hígado, el riñón, provocar la pérdida de un ojo, o simplemente causar la muerte.”

Encuentro este video en youtube con el testimonio de un manifestante con un impacto en el abdomen:

Y Edgar Musalem plantea el problema de fondo: “En México hay protocolos de capacitación, pero no hay reglamentos específicos en la ley para el uso de la fuerza con este tipo de armamento. Las policías tienen una tabla de niveles que miden la resistencia de un individuo o grupo y las técnicas de control que deben aplicarse. Van desde la ausencia de resistencia hasta la resistencia agresiva agravada que puede causar graves lesiones a los elementos o a terceras personas, y así la respuesta, desde las instrucciones verbales hasta las técnicas duras de fuerza no mortal y mortal. Y así se debe juzgar la actuación de los elementos en un operativo.”

Y luego analiza lo ocurrido en el puente de Chalchihuapan:

“Si los policías no retrocedieron ante el avance de los ciudadanos, si entraron en confrontación debemos suponer que iban a desalojar la autopista. Creo que el asunto se les salió de control ante la ausencia de órdenes directas de su superior.”

Y para entender esta pérdida de control del operativo lo sucedido después de que la policía lograra desalojar la autopista: este video revela la paliza que recibieron los granaderos, quienes al parecer cayeron en la trampa tendida por ellos mismos en su afán por perseguir y capturar manifestantes: un destacamento que ha ocupado el puente es abatido por sus propios gases y por la andanada brutal de las piedras que los pobladores les arrojan desde ambos extremos; los granaderos intentan escapar por uno de los costados; es claro que aquí sufrieron sus mayores bajas.

Edgar Musalem analiza la posible investigación a cargo de la Procuraduría General de la República:

“Sus peritos van a tener que trabajar con declaraciones y dictámenes médicos en los que analizaran por ejemplo el tipo de lesión y el rango de circunferencia en el impacto, por ejemplo en el del cachete del hombre aturdido. Tendrán investigar con los documentos de resguardo de materiales y la dotación a los elementos ese día, y las facturas de compra de cartuchos, con el riesgo del coyotaje que siempre existe, que aparezcan sólo facturas de granadas de gas y no de balas de goma, por ejemplo. Pero no van a poder trabajar en campo, ya no van a encontrar vainas o cascos de cartuchos, ya no podrán hacer pruebas periciales. La investigación no llegará muy lejos.”

Edgar Musalem remata: “Hay protocolos de capacitación, pero no están reglamentados por ley. Si me conviene, estoy a favor, si no conviene, en contra, y por ahí van a juzgar la actuación de la policía.  El problema es que no hay normas para el uso de la fuerza, ¿con qué criterios se establece el uso excesivo como el de las balas de goma? Lo que está claro en lo relativo a la ley es que no hay un reglamento de uso de balas de goma. Además, creo que no son necesarias, son comprometedoras como se ha demostrado en otros países. Si el gobierno dice que sí hay protocolos, que los exhiba.”

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Pienso en este muchacho de trece años de edad, José Luis Tehuatlie Tamayo, en su acta de nacimiento levantada en la Junta Auxiliar hace trece años. ¿Cuál será su futuro si sobrevive? Lo veo caminar los 600 metros que separan el zocalito de San Bernardino de la autopista. Las crónicas dicen que salía de la secundaria. No está claro si fue en el primer choque, cuando la policía desaloja la autopista, o si sucedió más tarde, en la refriega en la que los pobladores le dan la paliza a los policías. No sé si lo averiguarán los peritos “atraídos”.

En esta batalla que todos perdimos, el paisaje airado de la vida trunca de este niño impacta con la fuerza de lo que haya sido que golpeó su cabeza.

 ¿A quién llamar en este paisaje al arrepentimiento?