Confiar o no confiar, he ahí el dilema / Luis Alberto Martínez

La confianza es un concepto clave en diversas esferas de la vida social, política y económica. Se refiere a la creencia o expectativa de que las acciones de una persona, institución o entidad serán coherentes, previsibles y en beneficio del bien común, o al menos, sin intención de perjudicar a los demás. Es esencial para la cohesión social y el buen funcionamiento de la sociedad organizada.

En el terreno sociopolítico, en nuestro país vivimos una crisis de confianza: no confiamos en los medios, no confiamos en las instituciones de gobierno, no confiamos en la justicia y, por supuesto, no confiamos en la llamada clase política.

Cuando emprendí la tarea de analizar e investigar sobre la causa de la terrible falta de confianza en las noticias en México, el proceso me llevó a indagar también lo que sucedía en aquellos lugares donde la ciudadanía confía en mayor proporción en las noticias y los medios de comunicación.

Finlandia es el país donde la población mayormente confía en las noticias y donde la desinformación encuentra mayor resistencia.

¿Qué pasa en este país del norte de Europa para que su gente confíe en las noticias? La respuesta parece muy simple a primera instancia: la gente confía en las noticias porque confía en el gobierno, en sus instituciones y porque existe confianza entre sus habitantes. En Finlandia, la confianza es un valor cultural del cual existe profunda satisfacción, una fortaleza histórica en la que cimentan su convivencia.

En México tenemos valores muy arraigados como la solidaridad, la hospitalidad y la familia. Culturalmente, expresamos nuestro orgullo nacional en estos valores; sin embargo, la confianza no es uno de ellos.

Resulta paradójico que, ante una emergencia o contrariedad, las personas suelen unirse, ser solidarias, organizarse y ayudar sin conocerse, pero en la cotidianidad es muy profunda la desconfianza entre unas y otras.

¿Cómo llegamos aquí?

Versa el viejo dicho popular: “El gato no era arisco, lo hicieron”. No son pocas las referencias de las viejas generaciones que aún nos recuerdan que, en tiempos pasados, las y los mexicanos expresábamos mayor confianza en nuestra cotidianidad. Otro dicho popular dice: “Amarrábamos a los perros con longaniza”. Sin embargo, la confianza mermó.

Uno de los principales factores fue el crecimiento de la delincuencia y el crimen organizado, y con ello la inseguridad. Las casas entonces levantaron muros más grandes, las ventanas se cubrieron con rejas metálicas, se aumentaron los cerrojos, se instalaron cámaras y hasta rejas eléctricas. Las personas caminan con miedo unas de otras en las noches, principalmente las mujeres, y enseñamos a las y los niños a no hablar con extraños.

En los 90, ante el fortalecimiento de las instituciones públicas del país y los constantes escándalos de corrupción perpetuados por el PRI, diversos grupos de la sociedad civil, entre ellos el llamado Grupo Oaxaca, impulsaron por varios años la discusión sobre la importancia de crear mecanismos de transparencia que brinden certeza a la población sobre el correcto ejercicio de los recursos de origen público.

De esa forma, se dio el andamiaje para la creación de la Ley de Transparencia y, posteriormente, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que de forma autónoma creó obligaciones para las instituciones y personas del sector público.

La Ley de Transparencia Mexicana fue consecuencia de la desconfianza en las instituciones, de la sospecha de que las personas que las integran y los gobiernos carecen de autorregulación y profesionalismo, y de que los mecanismos para denunciar, perseguir y castigar la corrupción al interior de las instituciones públicas eran insuficientes.

Diversos estudios demoscópicos e investigaciones relacionadas con la comunicación política han demostrado que, actualmente, los conceptos de “Diputado”, “Diputada”, “Político” o “Política” están acompañados de una carga negativa, comúnmente asociados a la corrupción, la deshonestidad, el despilfarro y la falta de trabajo.

¿Por qué? Porque, durante décadas, la clase política mexicana ocupó los espacios de poder como espacios de privilegio, donde los negocios, el enriquecimiento ilícito, los lujos y la falta de resultados consolidaron su pésima imagen ante la población.

La Reforma al Poder Judicial, recién aprobada, es también consecuencia de la falta de confianza en los mecanismos de justicia de nuestro país. Miles de personas encarceladas esperan sentencia, hay jueces corruptos, magistradas al servicio de intereses económicos o políticos, ministerios incapaces, y un largo etcétera.

Así sucede con la policía, el ejército, las autoridades electorales, los servicios de salud, la educación, los sindicatos y más.

El Pueblo de México gasta millones de pesos debido a la falta de confianza, recursos millonarios que no gastan otros países, otras sociedades. La desconfianza está institucionalizada y ha generado otra élite de privilegios.

La oposición mexicana, debilitada, ninguneada y sin credibilidad, ha utilizado la desconfianza como su mayor arma para enfrentar al oficialismo. Ha sembrado pánico y desinformación en torno a la Reforma del Poder Judicial, y señala y denuncia contundentemente la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información o del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Sin embargo, al PRI y al PAN se les olvida que fueron ellos, con sus malos gobiernos, quienes detonaron la crisis de confianza institucional, social y política en México. Fue la corrupción de 80 años de gobiernos priistas y 12 panistas lo que movilizó la exigencia social de transparencia gubernamental. Fue la elección de jueces y magistrados a modo de los intereses económicos, empresariales y delincuenciales lo que detonó la imperiosa necesidad de una reforma al poder judicial.

Con la voluntad del Pueblo en las urnas, el oficialismo, cuya cara más visible será Claudia Sheinbaum Pardo, tiene la obligación histórica de hacer valer justamente la confianza expresada por la mayoría. Con su aplastante victoria, las reformas y la reconfiguración del estado mexicano, estamos ante la reconstrucción de la confianza nacional en la vida pública del país o ante el peor fraude de la historia, en donde, sin mecanismos de observación, justicia, transparencia y eficiencia, cambiaremos todo para quedar igual.

La confianza se recupera con hechos, no con discursos.

(Ilustración tomada de la revista Nexos)