Paquete 2022: que nos lleve la corriente

El flamante secretario de Hacienda del gobierno federal entregó hace unos días a la Cámara de Diputados el “paquete económico” para 2022 que, como se sabe, incluye los Criterios Generales de Política Económica (CGPE); la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF); y el Proyecto de Presupuesto. Dicho paquete tiene algunos cambios significativos, con relación a los años previos de esta administración, que vale la pena mencionar.

Del lado de la LIF, encontramos un aumento de los ingresos tributarios. No obstante, debe hacerse notar que el ISR (impuesto sobre la renta), a pesar de los esfuerzos del gobierno para combatir la evasión fiscal, se incrementará en apenas 4.9%. De esta manera, los ingresos totales del gobierno aumentarán sólo en un 1.3% en comparación a lo estimado para este año.  En estas condiciones, se calcula que el déficit público llegaría a 3.1% (similar al esperado para 2021 aunque superior al presentado en las administraciones anteriores). Además, se propone contratar un mayor endeudamiento interno por 850 mil millones de pesos y 3 800 millones de dólares en los mercados internacionales.  El incremento se dará, según la iniciativa, sobre todo en la local, que aumentaría en casi un punto del PIB (0.7%) respecto a 2021. Se advierte, asimismo, un manejo más flexible de estos instrumentos, lo que se refleja en que el llamado “saldo histórico de la deuda bruta del sector público no financiero” pasará del 51 al 58.6% del PIB.

Por su parte, el gasto también aumenta. Destacan el renglón de la salud (15.2% en términos reales) y el financiamiento a los programas sociales. Dentro de estos últimos, de manera relevante, la pensión para adultos mayores y en seguida, las becas escolares.  El gasto de inversión, después de varios años, muestra por fin una expansión (14.3% en términos reales).  El proyecto que recibirá una mayor cantidad de recursos será el Tren Maya. Habrá, igualmente, asignaciones importantes para “vías de comunicación y trasporte” lo que incluye al nuevo aeropuerto internacional. Por otra parte, se prevé un mayor gasto para estados y municipios (4.7 por ciento).

Estos números, en comparación con 2020 y 2021, representan un avance: se trata de un paquete menos conservador, más flexible y atinado.  Sin embargo, no debemos olvidar que la disrupción de las actividades económicas en todos estos meses de pandemia ha dejado en la pobreza a millones de familias. Éstas vieron reducirse sus ingresos laborales a tal punto que, en el momento más agudo (el segundo y tercer trimestre de 2020), no pudieron comprar la canasta básica alimentaria casi 9 millones más de mexicanos. El porcentaje de la población total que padeció estas condiciones pasó del 35.6 a 44.3% del total.  Esa pérdida no ha sido compensada ni está contemplada ninguna medida para ello en el presupuesto 2022. Ante la merma de sus ingresos, muchas familias tuvieron que sacrificar parte de su patrimonio para poder comer. Es probable que hayan vendido algunos bienes (o dejado de adquirirlos) e incluso se hayan mudado de domicilio a un lugar más modesto. En cambio, los estratos más acomodados, que no fueron afectados severamente por la caída de sus ingresos, vieron aumentar su riqueza patrimonial debido a que se incrementó el valor de los activos financieros (bonos, acciones bursátiles, etc.) y en muchos casos, sus propiedades inmobiliarias. Durante estos meses, en México y en el mundo, los ricos, especialmente los más prósperos, se beneficiaron debido al aumento del valor de sus patrimonios mientras que una gran proporción de los habitantes de este planeta perdieron ingresos y bienes materiales.

Por otro lado, hay que hacer notar que el paquete económico presentado tiene, sobre todo, una orientación redistributiva y en mucho menor medida se enfoca en una modernización del aparato productivo. Tal cosa puede verse, de acuerdo con la información de Hacienda, en que los programas sociales prioritarios concentran un gasto equivalente a 1.44% del PIB mientras que los programas de infraestructura más destacados alcanzan un 0.5%.

Desde luego que es loable la intención de repartir mejor el pastel, pero no se debe relegar el esfuerzo a hacerlo más grande. La administración del presidente López Obrador ha insistido en que ambas cosas no son posibles y que se tiene que escoger sólo por una de ellas. Considera, equivocadamente, que el postulado neoliberal consiste fundamentalmente en crecer sin distribuir. En realidad, bajo este esquema, las economías se han vuelto más inestables y propicias a las crisis, afectando a la mayoría de la población.  En cambio, los estudios y propuestas de organismos como CEPAL y de diversas universidades de México y el mundo, han planteado que una mejor distribución del ingreso y un mayor crecimiento económico no sólo son posibles, sino que deben marchar juntos.

Amarrarse al esquema que ha defendido la administración actual lleva a un futuro poco promisorio: según las proyecciones de Hacienda, el PIB crecería 4.1% en 2022, apenas para alcanzar los niveles pre pandémicos; sin embargo, entre 2023 y 2027 se crecería a un promedio de 2.7%, similar al de los tiempos neoliberales.

Un crecimiento más elevado con mayor igualdad y un efectivo combate a la pobreza requeriría un esfuerzo mayor en materia de inversión pública. De acuerdo con los CGPE, la formación bruta de capital fijo en el sector público cayó a un ritmo anual de (-) 6.2% con un acumulado de casi 25% negativo entre 2015 y 2018. Entre 2019 y 2021 (con datos al primer trimestre de este último año), fue de (-) 28.3% acumulado, una disminución promedio anual de 9.4%. Si a ello agregamos que el consumo interno ha crecido (al 3,3% anual entre 20125 y 2018) menos que las exportaciones (5.55%), podemos ver que la marcha de la economía mexicana ha dependido de dos variables: la inversión privada y la venta de mercancías en el exterior.

Este patrón de desarrollo económico ha dado por resultado un ritmo muy lento de incremento del PIB. También ha propiciado mayores desigualdades; ingresos laborales reducidos; niveles de pobreza crónicos; finanzas públicas que acusan una significativa falta de recursos para atender las necesidades de los mexicanos; y una mayor dependencia de los mercados internacionales, particularmente de Estados Unidos.

Aun tomando en cuenta los nuevos programas sociales, la administración de AMLO no busca una transformación de las bases fundamentales del modelo económico. Se basa, principalmente, como el propio presidente ha dicho, en el impulso de la economía de EU. En otras palabras, confía en que nos lleve la corriente en lugar de remar hacia otro lado.

Ese otro lado tendría que ser un proyecto no sólo basado en mayores subsidios monetarios a la población sino en un esfuerzo mucho mayor en materia de inversión pública y en atender otros rubros tan importantes como la educación (que en el paquete 2022 recibe un incremento muy menor). De esta manera, se impulsaría el empleo con un aumento sostenido de los salarios mínimos y contractuales (estos últimos han caído ligeramente en términos reales durante este año según el Banco de México). Se pondrían los cimientos de una economía con una mejor distribución del ingreso y con mayores capacidades para competir mejor en los mercados globales.

Hay que insistir en que una reforma fiscal progresiva que grave con tasas mayores al segmento más rico de las personas (se ha calculado que bastaría afectar al 3% que se sitúa en la cúspide) y reduzca las aportaciones de los más pobres e incluso de fragmentos de las clases medias, además de otras enmiendas pendientes, no sólo podrían corregir los efectos devastadores de la pandemia. También arrojarían mayores recursos para cambiar el rumbo de la economía y lograr un país más justo. De otra manera, seguiremos viendo la misma película de hace varias décadas. El paquete 2022, a pesar de sus méritos, es un ejemplo de esa continuidad.

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