Mundo Nuestro. En la imagen el Parque del Arte en la ciudad de Puebla tal como se veía en marzo de 2008, bajo la custodia de la organización civil Puebla Verde, que cumple con el objeivo de construir un sitio arbolado como principal encomienda de su trabajo. La custodia es legal y reconocida por el Congreso del Estado desde el año 2004. Se recupera así un espacio público abandonado por más de veinte años por el gobierno estatal. En agosto de ese año 2008, el gobernador Mario Marín Torres arrebata con la fuerza pública el parque a Puebla Verde con el propósito especifico de cambiar el uso de suelo que ese polígono tiene en la expropiaciòn de la tierra cholulteca para el Progama Regional Angelòpolis. Lo sucedido expone con toda precisión el proceso de especulación inmobiliaria que acompañó este despojo de la tierra campesina que ha transformado para bien y para mal la historia de la ciudad de Puebla, y permite describir y analizar el papel que han jugado los gobernadores poblanos.

Este reportaje fue escrito en el año 2008 por Sergio Mastretta y fue publicado originalmente en e-consulta (2008) y Mundo Nuestro (2013). Lo presentamos en sus siete partes a partir de esta primera.

-¿Quién es toda esta gente?

-Pobres.

-¿Y qué hacen aquí?

-Qué se yo, pero los echamos cuando queramos.

-¿Usted cree?

-Fácil, si zapatea escapan enseguida.

-No me parece fácil echarlos.

-Dice que no es fácil echarlos, ¡Por favor!

 (De la película Milagro en Milán, de Vittorio de Sica. 1951)

PARTE 1

El Estado poblano con Mario Marín: policías del gobierno estatal armados con metralletas que toman por asalto un parque público custodiado legalmente por una organización civil. O la matria nuestra –diría el historiador Luis González— de Puebla Verde, A.C.: la acción ciudadana por la recuperación ambiental de una ciudad cercada y sometida por la voracidad de sus gobernantes metidos de lleno en la especulación inmobiliaria.  Es una historia de 20 años: el Megaproyecto Angelópolis como acción de Estado para el ordenamiento urbano y ambiental de la ciudad de Puebla o el negocio desde el poder gubernamental con la venta privada de 10 millones de metros cuadrados expropiados a campesinos por causa de utilidad pública.

            En el mejor estilo de Maximino Ávila Camacho, el dictador poblano figurado en la novela Arráncame la vida, los gobernadores al asalto inmobiliario.

El que llega, arrebata

En Puebla vivimos en la república del abuso legal: la apropiación del poder público por un grupo, por una persona, que con el sometimiento de los poderes legislativo y judicial, y el control y compadrazgo de los medios locales de comunicación, mantiene en indefensión a los ciudadanos. Lo público es aderezo de una variada gama de espacios vitales que explican la existencia misma del Estado: poder, derecho, propiedad, fuerza, seguridad, política, recursos, cuenta, proyectos, licitación, servicio, función, utilidad, escritorio, oficina, edificio, vía, alumbrado, drenaje, salud, educación, escuela, universidad, ejercicio, parque, playa, medios, comunicación, denuncia, etc. Frente a todos esos espacios de lo público nos definimos como sujetos de un Estado, ciudadanos de una nación. Suena bien luego de tantas décadas de autoritarismo priista, y cuidado que muchos hemos llegado a creer en ello. Pero la disputa por lo público en México se da en territorios, demarcaciones y potestades regidos por una indefinición jurídica ganada a pulso por un Estado que se especializa en dejar en la indefensión a sus ciudadanos. Sin importar el orden y la dimensión del problema, hay una calidad indefinida de lo público, un espacio enorme de vacío legal tallado desde el poder político, que igual permite contratos anticonstitucionales en Pemex como desconocimiento de convenios legalmente establecidos entre un gobierno y un grupo de ciudadanos. Y en la era de los omnipotentes gobernadores en estados como Puebla, todo se resume en el exceso del poder público.

Esta es la crónica de una ciudad cortada a tajo por sus contradicciones y sus ríos, perfilada por el trazo estricto de sus calles y la armonía de sus casonas históricas y las convulsiones anárquicas de sus avenidas modernas y la monotonía universal de sus desarrollos comerciales capitalistas. Es la historia de los excesos  del poder en su trama despiadada y fría contra la acción civil que le cuestiona y le sobrevive. La memoria de veinte años de una ciudad que ha sufrido siempre por la sinrazón de sus regentes, capaces de disimular la lógica de sus intereses personales y de grupo tras el velo de las políticas públicas de planificación y desarrollo urbano, con la ley de su lado y el garrote que la hace valer en la mano.

Pero también es la narración de un esfuerzo concreto de ciudadanos por el que se comprueba que en México, contra lo que se diga, existe la sociedad civil.

1.- El poder y la indefensión legal

Son mis jueces, papá…

Viernes 18 de julio de 2008, 3 de la tarde, los juzgados civiles han cerrado y se van de vacaciones quince días. Estamos en la entrada principal del llamado Parque del Arte en la ciudad de Puebla, una extensión de 12.7 hectáreas en el corazón de Angelópolis, el proyecto de desarrollo urbano para el sur-poniente de la ciudad imaginado por Manuel Bartlett como gobernador en 1993, rescatada en su uso de suelo como área verde tras diez años de abandono gubernamental por la asociación civil Patronato Puebla Verde, que lo custodia y administra desde el mes de agosto del 2004 por convenio con el gobernador Melquiades Morales Flores, a través de la figura de un fideicomiso. “Se trata de la joya de la corona”, han dicho los funcionarios del gobierno marinista. Y la quieren para sí. 

            Dulce Pastelín --así se llama, y no hay lugar para realismos mágicos--, quien se ostenta como representante legal tanto del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl como del fiduciario Bancomer –en clara violación de la ley sobre funcionarios públicos--, y sin importarle que está de por medio un juicio de amparo ante un juez federal, reclama el parque acompañada de un diligenciario del Juzgado Séptimo de lo Civil y una veintena de policías, todos de jurisdicción estatal, hay que decir. Afirman que la juez séptima ha ordenado un embargo precautorio del parque porque Puebla Verde no garantiza su buena conservación. Después se sabrá que el Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-quetzalzóatl ha puesto una demanda desde el 18 de junio pasado, sin que se haya notificado en forma alguna a la organización civil, y que han depositado ocho millones de pesos en efectivo como fianza exigida por la juez. El diligenciario presenta una orden sin firma que lee el abogado de Puebla Verde, que de inmediato aduce que están cometiendo un delito y que deben desalojar el lugar. El diligenciario, efectivamente, se retira. Dulce Pastelín se cuelga del celular, desde el que le giran instrucciones. Decide retirarse sin más explicaciones, pero regresa dos horas después, ya cerca de las 6 de la tarde, sin el diligenciario y sin orden alguna, pero acompañada por un contingente de más de setenta hombres armados con armas largas y chalecos antibalas, ni más ni menos, para romper cadenas y candados y tomar por la fuerza el parque. Una docena de reporteros atestigua que la funcionaria y los policías no presentan orden judicial firmada por un juez ni nada que se le parezca. Alcanzan a decir los asaltantes que los llamaron porque había disturbios en el Parque del Arte. Los representantes de Puebla Verde, así como los jardineros y vigilantes del parque, no oponen resistencia alguna, como no sea la de señalar la arbitrariedad de la fuerza pública.

            Los reporteros denuncian la presencia de una policía especial --la llaman “guardia privada del gobernador” --, con sus autos y sus trajes y sus celulares negros en un tercer plano para los fotógrafos, paseándose contra la barda de piedra del fraccionamiento que el arquitecto/constructor/nieto de gobernadores/exsecretario de estado Federico Bautista, desarrolló ahí mismo frente al parque cuando era funcionario del gobierno de Melquiades Morales, con la fuerza suficiente para cambiar el uso del suelo de vivienda de interés social a residencial a los dos predios que compró con todo el conocimiento de causa del asegurado éxito inmobiliario por venir en los años siguientes, que ya pasaron, y que empiezan a ser recordados como los de los más brutales en la historia de especulación inmobiliaria en Puebla.

“Guardia privada”, dicen los reporteros… Algo así como el estado mayor de esta especie de república estatal en la que vivimos los poblanos.

La ciudad, los pueblos, el río.

Vale una mirada larga, para entender mejor la decisión del gobierno y a la dimensión del esfuerzo de la acción civil sostenida por la organización ambientalista: la ciudad de Puebla, contenida por el Atoyac, su río más potente y occidental, ha mirado siempre hacia sus volcanes Popo e Izta al fondo de una letanía de pueblos campesinos resguardados contra el avance urbano por una ribera que baja de la montaña, la separa de Tlaxcala y se ahonda por los barrancones que desgarran la Malinche para cruzarla desde el norte. Son los pueblos cholultecas: San Lorenzo Almecatla, San Francisco Ocotlán, Cuautlancingo, Chiautengo, San Pedro Cholula, Momoxpan, San Andrés Cholula, Santa María Tonanzintla, San Luis Teohuiloyocan, Santa María Acuexcómac, Nealtican, San Bernardino Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec, San Francisco Acatepec, San Bernabé, Santa Clara Ocoyucan. Durante años, en el siglo XX, el río contuvo el crecimiento de una urbe medrosa y pusilánime, atada a sus pasados de piedra, barro, raleas y jerarquías, que se fue alargando a lo largo de la ribera nororiental con dos únicos antiguos cruces, el del Puente de México al norte, por el rumbo de los molinos y obrajes textiles de la colonia y las fábricas de nuestra pequeña revolución industrial en las postrimerías del XIX, y el de Las Ánimas, que tendía sus vistas por los caminos reales hacia Atlixco en el sur. Pero no hay dique que contenga la voracidad de una ciudad mexicana desde la pobreza de sus masas y la avaricia de su oligarquía. Para el río se tienden puentes: el de la recta a Cholula, en los setenta, el de la Vía Atlixcáyotl en los ochenta, y todos los que han seguido como escaleras en el asalto de una fortaleza. Porque no es el río el obstáculo, sino la propiedad de la tierra, el ejido, la parcela que pulveriza toda pretensión concentradora, el derecho de posesión fundado en las guerras de los abuelos que nadie entiende a pesar de las mil lecciones y festejos cívicos, pero que dan cuenta de las ataduras que alcanzan lugar en los libros de historia. Así, hasta que los políticos expropian la tierra.

Entre 1990 y 1991, en una trama urdida por funcionarios estatales y federales, el gobierno federal proyecta el obligado reordenamiento del crecimiento de la ciudad de Puebla. Y el camino es el de la expropiación de las miles de hectáreas de maizales y pastizales al otro lado del río. Más allá de la probada corrupción del gobernador Mariano Piña Olaya, a la fecha impune, el proyecto es estratégico y se prolonga por tres sexenios más, planes y realidades de por medio, Tratado de Libre Comercio, crisis económica y explosión exportadora como aderezos. El 4 de mayo de 1992 un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación formaliza la expropiación de 1081 hectáreas ejidales y dan fundamento a un proyecto elaborado por el gobierno de Manuel Bartlett en 1993, que imagina un nuevo orden urbano expandido sobre la tierra campesina: vivienda, comercio, industria, transporte, toda una urdimbre de vialidades para sostener una metrópoli que abarca diez municipios poblanos sin contar once tlaxcaltecas, que jamás entrarán en el proyecto. Y ahí, 110 hectáreas de áreas verdes para recuperar el mínimo equilibrio ecológico. Entre 1993 y el 2008, los gobiernos han impulsado por las vías legales e ilegales el cambio del uso del suelo, fundamentalmente desde el uso de preservación ecológica hacia el uso de vivienda residencial y el uso para comercio. Entre otras personas y grupos que levantan la voz en contra, las de Verónica Mastretta y la organización civil Puebla Verde denuncian una y otra vez la política sistemática de los gobiernos de Manuel Bartlett, Melquiades Morales y, últimamente, Mario Marín, que atenta contra el uso del suelo para áreas de preservación ecológica. Tan sólo en el régimen de Bartlett se cambia el uso de más de 80 hectáreas, para ubicar ahí el complejo de lo que hoy conocemos como “centro comercial Angelópolis”, diseñado por el despacho Sordo Madaleno, con las tiendas Liverpool, Samborns, Sears y Palacio de Hierro y las pantallas de Cinépolis como anclas para decenas de comercios plantados en lo que ha sido la punta de lanza del proyecto bartliano. 45 hectáreas más, que Bartlett bautizó como “Parque Metropolitano”, desaparecen para albergar ahí, y regalado sin explicación alguna al empresario Carlos Peralta, un parque de diversiones conocido como “Valle Fantástico” y, ya con Melquiades, pleito de por medio con Peralta, un campus del Tecnológico de Monterrey, 25 hectáreas de obsequio para los regiomontanos. De hecho, son las 12.7 hectáreas rescatadas de la feria inmobiliaria por Puebla Verde en el Parque del Arte en el 2004 lo único que se preserva como área verde en toda la llamada Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. En total, y con la figura del Fideicomiso Angelópolis, en los últimos tres gobiernos, más de 10 millones de metros cuadrados han sido comercializados por funcionarios bajo las órdenes de los mandatarios Bartlett, Morales y Marín. Por supuesto, sin rendir cuentas a nadie.

La joya de la corona

La historia del Parque del Arte, “la joya” de los terrenos expropiados en 1991, es el punto culminante de la trayectoria de los últimos cuatro gobernadores poblanos y su brillante oficio de especuladores sobre las 1081 hectáreas arrebatadas a los campesinos cholultecas por causa de utilidad pública. Sus 12.7 hectáreas, que en las cuentas de los funcionarios convertidos en desarrolladores inmobiliarios alcanzan un valor superior a los 600 millones de pesos, son las únicas que  han sobrevivido al cambio de uso de suelo de preservación ecológica a comercial, habitacional y de servicios de las más de 110 proyectadas originalmente como áreas verdes. Cuando lo recibe del gobierno, en agosto de 2004, tras demandarlo por más de diez años, Puebla Verde hace un recuento del erial en el que estaba convertido lo que los funcionarios de Bartlett bautizaron como “Jardín del Arte”: 115 árboles vivos, sobre todo cedros, eucaliptos y algunos fresnos, centenares de toneladas de escombros arrojados ahí por los contratistas de las obras de la Reserva, una línea de 200 metros de asfalto, otra plancha de concreto para una calle imaginaria y un gran llano baldío, todo frente a los edificios del Hospital del Niño Poblano y la Universidad Iberoamericana. El proyecto presentado por Puebla Verde para reconstruir el parque estima una inversión 7.5 millones de pesos, de los que el gobierno pondrá 6 y el resto la agrupación civil. Así ocurre: cercado completo del área, construcción del bordo protector a lo largo del perímetro, extracción de cascajo, reconfiguración de suelos, construcción de tres lagos, pista para corredores, baños públicos y oficinas, instalaciones para la generación de energía eólica, rehabilitación de pozo profundo y la siembra certificada de 5 mil árboles de especies locales y centenares de bugambilias y magueyes para el bordo. A los tres años y medio de custodia, el parque sobrevive con sus propios recursos y cumple con todo lo proyectado en el momento de su creación.

La acción del gobierno de Mario Marín la desencadena un oficio del 28 de marzo del 2008, firmado por el Director de Ordenamiento Territorial de la SEDESOL federal, José Antonio LLovera. En él, la dependencia le informa al gobierno de Puebla que da marcha atrás a su consideración del 18 de febrero, oficio No. 312-223/2008, firmado por el mismo funcionario, relativa a la aprobación del cambio del uso de suelo de área verde a uso comercial, mixto y equipamiento en 60 hectáreas de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. La decisión es consecuente con lo denunciado por Anahí Romero, delegada federal de SEDESOL, y por un grupo de diputados locales y organizaciones civiles, Puebla Verde incluida, a la opinión pública días antes. Y es que los hechos son contundentes: “En general –dice sobre la Reserva Territorial Atlixcáyotl la funcionaria Romero en oficio No. 1141.2.1.0.0.237/2007 dirigido a la Subsecretaria de Desarrollo Urbano de SEDESOL, Sara Topelson--, hemos observado un desvirtuamiento silenciosos y lento, pero muy efectivo, de los objetivos sociales que dieron origen a su creación”. Y dice más: “Se ha señalado la actitud constante del Estado de realizar los movimientos para cambio de uso de suelo y que después como hechos consumados los presenta para su regularización”. Con este proceso, dice la funcionaria, se incumple con lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos y se atenta contra lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Al día siguiente, Bancomer, Fiduciario del Fideicomiso del Parque del Arte, manda un oficio a Puebla Verde para darle tres días hábiles para entregar el parque al Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Así de simple: luego de tres años de olvidar la solicitud de Puebla Verde por cambiar de fiduciario (Bancomer exige en agosto del 2004, al convenir los términos de la custodia por la vía de la figura del fideicomiso, 250 mil pesos por la apertura y 20 mil por renta, mientras que Santander ofrece apertura gratuita y renta mensual de mil pesos), el gobierno estatal intenta desconocer la custodia por seis años otorgada a la organización civil por el gobierno de Melquiades Morales Flores. El sábado 29, el gobernador Mario Marín se presenta en el parque, y sus secretarios de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente le exponen una maqueta con un proyecto de parque deportivo, e  informan a la prensa de la intención del gobernador de tener un parque como el de San Antonio, en Texas: “Por aquí sobrevuela en su helicóptero –afirman--, y dice que Puebla debe tener un parque como el texano”. Siguen cinco días febriles, de movilización civil por un lado y de campaña mediática contra Puebla Verde por el otro. En particular TV Azteca Puebla, franquicia propiedad del empresario Raymundo Alonso, calumnia y difama a la organización ambientalista en todos sus noticieros; hijo de empresario molinero y comerciante automotriz tiene concesionado el teatro Siglo XXI, espacio cultural propiedad del gobierno, vecino del parque, y no resiste la tentación reclamar a Mario Marín por los eventos de espectáculos musicales realizados por la empresa CIE, cuatro en total en cuatro años, de los cuales Puebla Verde obtiene recursos para financiar la operación. Puebla Verde, contra la oleada de medios locales, logra una cobertura de medios nacionales (Televisa, Radio Fórmula, Milenio, Reforma) suficiente para contrarrestarla. Y recurre al amparo federal como mecanismo legal de defensa. La suspensión provisional que otorga el juez paraliza al gobierno. Siguen cinco semanas de presentación de pruebas e interrogatorios, y la reiterada negativa de los funcionarios estatales a tener pretensión alguna sobre el parque. El juez, finalmente, no otorga la suspensión definitiva ante la negativa del acto reclamado. Pero el juicio sigue.

El viernes 3 de julio de 2008 los policías de Mario Marín asaltan el Parque.

CONTINUARÁ CON CAPÍTULO 2: Política y acción civil