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7 Septiembre 2024, Puebla, México.

La política pública en ciencia.  Reflexiones desde el pensamiento crítico

Ciencia y tecnología /Universidades /Puebla 2024, una mirada estratégica | Reseña | 30.MAY.2024

La política pública en ciencia. Reflexiones desde el pensamiento crítico

Yessika Mabel Cepeda Arellano es Doctora en Administración Pública (IAP). Actualmente concluye el Doctorado en Economía Política del Desarrollo (BUAP), siendo docente en la F.acultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta misma Universidad.

 

El pasado 20 de mayo se presentó el libro “La política pública en ciencia. Reflexiones desde el pensamiento crítico”, publicado por el FCE-CONAHCYT, en las instalaciones de la Facultad de Economía de la BUAP. Los comentarios que ahora expongo fueron vertidos originalmente en dicho evento.

La Administración Pública Federal con el gobierno de la 4T ha enfrentado grandes cambios en su interior y, en el rubro de la política científica, no podía ser la excepción. Por ello, en esta obra, se plasman algunos de los textos que reflejan una serie de manifestaciones y propuestas a favor de la reestructura de las acciones en cuanto a las Humanidades, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (HCTI).

            Organizado en 6 partes o ejes medulares, el libro se compone de 30 capítulos escritos por 32 académicas y académicos de diversas Instituciones de Educación Superior (IES) y periodistas, quienes, desde su postura y expertise formativa, han sido colaboradores de un proceso participativo y de intercambio de ideas que buscan ser revitalizantes para resolver los grandes problemas del país y coadyuvar en el derecho al acceso a la ciencia que la Ley General en Materia de HCTI y para el Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías en cumplimiento del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

            Al principio, el título de la obra La política pública en ciencia, llevaba a pensar en que no era más que una acción de política gubernamental disfrazada o confundida por política pública. No obstante, al revisarlo deja claro que los cambios en HCTI responden a un proceso donde se escuchan a las y los colaboradores y beneficiarios de la política científica en el país y no es solo una toma de decisión de arriba hacia abajo (top-down).

            A lo largo del texto, se hace hincapié en la posición política y académica de cada autora y autor en torno al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), institución creada en los años 70 del siglo XX, y las problemáticas que se han generado a lo largo de su actuar como, por ejemplo, el acceso a la ciencia a las mujeres, el actuar de las IES ante las élites científicas, el uso de los recursos públicos acotados para fines de investigación y desarrollo científico privado de las empresas transnacionales, a través del registro de proyectos (Monsanto, Kimberly  Clark de México, empresas mineras canadienses, por citar algunas).

            Lo anterior, refleja que la ciencia en México producía más problemas que soluciones en el ámbito social. Razón por la cual, fue necesario poner a las humanidades en el centro para consolidar la soberanía nacional y el derecho humano a la ciencia.

            Asimismo, las y los autores coincidieron en lo fundamental qué es la naturaleza para el país, pues somos parte de un todo, de un ecosistema y es fundamental orientar la investigación en México, como lo plantea Humberto Ortega-Villaseñor (2023, pág. 103), hacia un paradigma biocultural, donde los límites del planeta sea la constante a considerar. Aunado a esta idea, se plantea en la segunda parte del texto, la urgente necesidad de reivindicar las epistemologías de los pueblos originarios que fueron desdeñados durante años por el conocimiento científico imperante y sus territorios fueron presa de la tecnología y la ciencia en pro del capitalismo rapaz.

            Por ello, el derecho humano a la ciencia establece la pluralidad epistemológica, la inclusión de saberes, la participación de actores sociales diversos para una ciencia abierta y democrática para así establecer alternativas de solución para y desde la política pública, pues, como plantea Rafael Pérez-Taylor, “la ciencia, en sus diferentes concepciones y bajo una mirada humanista, debe buscar el bien común” (2023, pág. 132). La política pública en ciencia y tecnología debe escuchar y visibilizar a la sociedad y las problemáticas que enfrentan día con día, para entender las relaciones entre actores sociales y la relación con sus territorios, estableciendo vínculos de colaboración, y como establece Laura Saavedra, “no hacer un cambio de fondo nos llevaría a tener una ley vacía” (pág. 63).

            El Estado sigue teniendo la obligación de atender y resolver los grandes problemas del país con una responsabilidad ambiental y social y, en el texto, se dedica el tercer apartado donde se aluden algunos debates de problemáticas nacionales que enfrenta la sociedad, pero que también, las y los autores llevan a cabo una descripción del problema y refieren alternativas de solución. Por citar un ejemplo, Mendoza menciona que los últimos cuarenta años de economía de mercado en México ha subsumido a la vida humana y la naturaleza en una crisis social y ecológica, lo cual podría contrarrestarse con una fuerza productiva nacional centrada en el trabajo, es decir, en una Economía Social y Solidaria (2023, pág. 213-223). Por otro lado, Vania López (2013, pág. 225-238) establece que, debido al modo de producción capitalista de alimentos para los mercados internacionales, ha ocasionado un déficit ecológico y una crisis de alimentos que podría aminorarse mediante el establecimiento de políticas públicas que consideren la soberanía alimentaria.

            En el debate del apartado cuatro, se aborda la temática de la propiedad intelectual, donde la apropiación y mercantilización de la naturaleza es una constante en la redacción de las y los autores. La naturaleza se convirtió en presa de los intereses de las empresas transnacionales, quienes no invierten en la ciencia del país. Teresa Vázquez (2023, pág. 303) plantea que se debe dejar de lado el extractivismo intelectual que ha sido una constante, lo cual refuerza Leonardo Toledo (2023, pág.309) con la idea de que el extractivismo de saberes ha generado que capitales externos aprovechan dicho conocimiento en detrimento del país.

            En el quinto apartado, llama la atención el número de actividades ilícitas auspiciadas con los fondos públicos reservados para la ciencia y la tecnología en México, las cuáles se buscan erradicar en el actual ecosistema HCTI, a través de los mecanismos de rendición de cuentas que cierren la oportunidad de incurrir en actos de corrupción.

            La política neoliberal en la educación superior es abordaba en el apartado seis, la cual llevó a las IES a la desigualdad y estratificación entre académicos, pero, primicialmente, colocó a las mujeres en una competencia contra los hombres en términos de productividad para abrirse paso en dicha estratificación. Las IES respondieron a las lógicas neoliberales que dictaban el mercado y a la acumulación de capital como entidades dominantes, lo que lleva a repensar el papel de las universidades y centros de investigación en general.

            Por último, Germán Sánchez y Eugenia Martínez (2023, pág. 407) citan a Ibarra Colado (2005, pág. 19), quien plantea que se buscaba “manejar a la universidad como si fuera una empresa”, lo que lleva a la pregunta ¿qué entidad pública no era vista como una empresa desde los años 90 del siglo XX?

En esta obra, todas las y los autores mencionan las problemáticas que han surgido con el cambio de modelo económico, del estado de bienestar al estado neoliberal, pero un elemento importante que no se señala en la obra, es que la administración pública en sus tres niveles de gobierno también enfrentó un gran cambio estructural y organizacional con la implementación del paradigma de la Nueva Gestión Pública (New Public Management). Situación que sería importante abordar más ampliamente para profundizar sobre el porqué esta nueva gestión pública de corte gerencialista y privatizador modificó todas las áreas de la administración pública en el país, incluyendo la ciencia y tecnología.

            Este paradigma dio certeza, desde las entidades públicas, al ingreso y operatividad del capitalismo y sus principios rectores, hecho que, como investigadores, no se puede dejar de lado en los cambios profundos de las HCTI, y su abordaje desde la academia como eje transversal en las problemáticas nacionales.