Reforma Judicial y Pueblos Indígenas / Gerardo Pérez Muñoz

Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia. Bertolt Brecht

Desde hace ya un buen tiempo, las y los mexicanos hemos venido escuchando la propuesta de la necesaria reforma al Poder Judicial en nuestro país. Poder hermético, poco o nada transparente, históricamente y en términos generales, conservador, en el cual se han dado casos de corrupción y nepotismo como lo han documentado algunos medios de comunicación. Tenemos jueces y magistrados que creen que son la misma encarnación de la ley y que están por encima de la constitución. Después de la votación del pasado 2 de junio ante el triunfo arrollador de Morena, cada vez se ve más cercana la reforma a este poder y para ello y ante ello, la Cámara de Diputados y la propia Suprema Corte de Justicia han convocado a foros. Un detalle que me ha llamado la atención, es el cambio de actitud de la ministra Piña quién ha pasado de la arrogancia que tuvo el 5 d febrero del año pasado en la conmemoración del 106 aniversario de la constitución, a la casi súplica de hace unos días, pidiéndoles a López Obrador y Claudia Sheinbaum, casi suplicándoles, diálogo para presentarle los resultados de los 14 Foros del Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia. Evidentemente la batearon. En el fondo de la necesaria reforma al Poder Judicial, me parece, está la sombra y la amenaza y peligro de la instrumentación del lawfare (judicialización de la política) que como hemos visto, ha servido para derrocar gobiernos progresistas como ha sucedido en centro y Sudamérica: Honduras, Paraguay, Brasil, etc.

A partir de que se abrieron estos foros de la Cámara de Diputados y SCJN, también se han realizado muchos otros desde las Ilustres y algunas nada ilustres, Barras y Colegios de Abogados, partidos políticos, colectivos sociales, representantes populares. Lo que he visto y conozco de estos foros es que en ningún caso han puesto sobre la mesa los derechos colectivos de los pueblos indígenas de nuestro país, como si estos no existieran. ¿Ignorancia, mala fe, racismo, discriminación, pigmentocracia y mestizocracia de los representantes populares, políticos, de los jueces, magistrados y abogados y sus muy ilustres colegios? Me parece que lo anterior es la expresión clara que vivimos aún en un México neo colonial, y que las prácticas del racismo y discriminación son más frecuentes de lo que creemos o pensamos aún en los sectores progresistas, universitarios y entre la mayoría de los abogados.

El México Indígena: De acuerdo al INEGI-2020, en nuestro país hay 23.2 millones de personas de tres años en adelante que se identifican como indígenas que equivale a 19% del total de la población, distribuidos en poco más de 70 pueblos originarios. De estos, 7,1 millones (30,8 %) hablaban alguna lengua indígena. Somos el país con el mayor número de indígenas en el continente americano.  En este contexto, Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con más población indígena, tan solo en la ciudad de Puebla se hablaban un poco más de 45 lenguas originarias con una población estimada en más de 120 mil habitantes, de acuerdo con el censo del INEGI del 2005.

El precursor del derecho consuetudinario y el pluralismo jurídico. Le debemos al Dr. Rodolfo Stavenhagen los estudios pioneros en nuestro país sobre el derecho consuetudinario/ derechos colectivos de los pueblos indígenas y del pluralismo jurídico. El Doctor fue compilador del libro Entre la ley y la costumbre. El derecho consuetudinario indígena en América Latina (Instituto Indigenista Interamericano, 1990) Uno de sus hallazgos, si así le podemos decir, fue el desconocimiento o la ausencia del derecho consuetudinario en las leyes nacionales, lo que estaba (y está) detrás de una violación sistemática a los derechos humanos de los indígenas. Históricamente los pueblos y comunidades indígenas, tanto en nuestro país como en Indo América y el mundo, han luchado por el reconocimiento de sus derechos colectivos e individuales, logrando en el ámbito internacional la promulgación de convenios, protocolos, tratados y declaraciones y en lo interno, han logrado modificaciones constitucionales y leyes específicas, en especial, por el movimiento Zapatista de 1994.

El gobierno de Salinas de Gortari firmó y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribunales (1990) mediante el cual el gobierno mexicano asumía la protección y garantizaba sus derechos humanos; se comprometía a respetar sus culturas, la integralidad de sus territorios, a su autogobierno y sobre todo, el derecho a la consulta. Recordemos que de acuerdo al artículo 133 de nuestra constitución, estos instrumentos jurídicos forman parte de nuestro cuerpo de leyes nacionales.

En su artículo 6to. numeral 1. a) del Convenio 169 de la O.I.T. menciona lo siguiente: consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Debe ser una consulta que cumpla con varios requisitos y no la farsa de consultas que hasta la fecha se han realizado en varios puntos del territorio nacional.  

Algunos criterios para la realización de la consulta: Previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada y participativa. Debe contar con algunas etapas: informativa, deliberativa, consultiva y seguimiento de los acuerdos. 

¿Acaso no se están violando de entrada lo enunciado en el primero, segundo y tercer párrafo del artículo 1ero. de nuestra constitución? Respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales, competencia y obligación de los tres niveles de gobierno de promover, respetar, proteger y garantizar

los derechos humanos de todas y todos los mexicanos? En particular, de los más pobres de los pobres de este país.

Si bien no es vinculante como si lo es el Convenio, también se viola el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dicho artículo menciona lo siguiente:

Artículo 19.- Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Hasta estos momentos y en la actual fase de discusión de la iniciativa de la reforma los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, no se han dignado convocar y mucho menos, consultar a los pueblos indígenas de nuestro país. Esta situación puede cambiar después de ser aprobada por la Cámara de Diputados y de su entrada en vigor, de continuar con la tendencia de ignorarlos en algo que les concierne y en no consultarlos, ya que los pueblos y comunidades pueden interponer algunos recursos y de no encontrar justicia en nuestro país, siempre tendrán las puertas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), después de agotar todos los recursos jurídicos en México.

No es casual que entre algunos pueblos originario temen que el Poder Judicial quede supeditado al Poder Ejecutivo -la burra no era arisca- y ya no tengan un medio legal para defenderse de los abusos y despojos de los megaproyectos, sean del Estado y o de la voraces empresas internacionales y nacionales que los despojan de sus recursos naturales, agua, bosques, territorio y bienes comunes, como hasta nuestros días sucede.

Está en manos de los poderes de la Unión enmendar este ¿error? ¿olvido?, antes de que acometan un agravio más en contra de nuestros pueblos originarios, muy alabados con discursos y vilipendiados, con los hechos.

Espero que esta Reforma al Poder Judicial sea el inicio de una gran reforma a todo el sistema de procuración y administración de justicia en el país: Poder Judicial y Tribunales Estatales de Justicia, Fiscalía General de la República y Fiscalías Estatales; Guardia Nacional y policías estatales y municipales. Creo que también es necesario considerar a los notarios públicos como servidores públicos y sujetos obligados de transparencia.  

Me despido con una frase de Francisco de Quevedo que hay que tener siempre presente: Donde hay poca justicia es un peligro tener razón.

Miscelánea

17 de Julio: Día Nacional Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales.

De acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), del 2019 al 2023 fueron agredidos 102 defensoras y defensores ambientales en nuestro país. Sólo el año pasado, fueron asesinados 20 defensores ambientales. Seis de cada 10 personas que defienden el territorio, el agua y el medio ambiente, son indígenas.

México, tercer país más peligroso en América Latina para las y los defensores de territorio y el medio ambiente, según Global Witness.

¿Y la justicia laboral? En dos meses termina el actual gobierno y no ha resuelto las huelgas que tiene los obreros desde hace 16 años, en las minas de Cananea, Sonora, Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero.

¿Cuándo se les hará justicia señor presidente, Andrés Manuel López Obrador?