Agua de Puebla para Todos, la maldición privatizadora

Hace unos dos meses que los vecinos/as de la parte de la colonia Jardines de San Manuel que colinda con la Avenida San Claudio y Circunvalación (de hecho, una parte de esa zona lleva el nombre de Coronel Miguel Auza, un héroe liberal) hemos venido sufriendo todavía más en carne propia el pésimo servicio de Agua de Puebla para todos o Concesiones Integrales, S.A. de C.V. En honor a la verdad ese pésimo servicio sobre todo en lo que se refiere a la calidad del agua, venía observándose desde antes de la privatización efectuada en 2013 por el gobierno de Rafael Moreno Valle y fue uno de los tantos argumentos para privatizar el servicio de agua. A lo largo de los últimos veinte años hemos visto cómo el agua que se suministra a toda esa zona es en extremo llena de cal y suciedad. El agua llega lodosa y a veces con mal olor. La cisterna de mi casa tiene que ser limpiada de cuando en cuando porque se convierte en un depósito de fango y hemos tenido que cambiar calentadores, tazas de baño y grifos porque se arruinan por el sarro acumulado por un agua que no es potable.

Pero el pésimo servicio se ha venido incrementando desde la privatización. Las tarifas han aumentado y a veces se observan cobros por montos injustificados. Lo sucedido en los últimos meses resulta intolerable. El flujo de suministro de agua a toda la zona ha disminuido en los dos días en que se supone debe darse (miércoles y domingo) y en ocasiones simplemente no ha llegado. La cantidad de agua que reciben los domicilios es exigua y durante pocas horas. Las quejas a la empresa de parte de lo/as vecino/as no se han hecho esperar y la explicación ha sido la misma: la maquinaria que suministra el agua a la zona se encuentra en mantenimiento y por ello el flujo de agua se ha disminuido o interrumpido. En la ocasión en la que presenté mi queja a un número telefónico de la empresa me dijeron que por problemas de conexión no podían darme el número de folio de dicha queja, pero que no me preocupara porque ya estaban haciendo los arreglos para resolver la carencia de agua. Por supuesto esta aseveración ha resultado una mentira.

En Puebla estamos pagando los costos de la privatización del agua que es un bien público, un bien común cuyo uso es un derecho humano, contemplado y garantizado por el artículo 4 de la Constitución Federal y el 12 de la Constitución del Estado de Puebla. Derecho Humano que contempla: la accesibilidad, la suficiencia que debemos tener con respecto al agua; su asequibilidad en términos de costos y la calidad tanto del agua como del servicio de la misma. La empresa ha procedido a realizar los cortes del suministro en el momento en que hay demoras del pago, lo que vulnera el derecho humano al agua, ya que a nadie se le puede privar de este vital líquido, ni por problemas de pago. Se le podría limitar el servicio, pero nunca suspender el acceso al agua. El Congreso local aprobó una ley que prohíbe dichos cortes en aquellos usuarios que gasten menos de 50 litros al día, pero eso es insuficiente para contener los abusos de los nuevos dueños del agua.

Desde que se privatizó el agua han surgido las calamidades para los usuarios: cobro de deudos inexistentes, aumento de tarifas mensuales que en ocasiones oscilan entre el 200 y 500%, cortes arbitrarios e inhumanos; incremento de los tandeos que reducen el tiempo de suministro del agua en las diferentes colonias de la ciudad. A fines de 2014 se otorgó a la empresa referida un contrato que inicialmente era de treinta años y que posteriormente se incrementó a sesenta. Ese contrato para administrar el agua y obtener lucro con dicha administración fue para la ciudad de Puebla y en las circunscripciones territoriales de Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, Amozoc y San Miguel Xoxtla. Esto quiere decir que la población en toda esta región está condenada a ser rehén de una empresa privada en torno a un recurso vital.

El Congreso local pese a tener mayoría de Morena a partir de 2018 y ser bandera de dicho partido la remunicipalización y/o desprivatización del agua, se ha visto impedido de hacerlo por el hecho de que el contrato de privatización puso un candado perverso: si se retira la concesión del agua a la empresa referida, el sector público tendría que pagar una multa de 1,600 millones de pesos. Aun así, es posible retirarle la concesión a Agua de Puebla si se fundamenta el incumplimiento de los servicios que se comprometió a otorgar a la población y los costos sociales y públicos que esto ha generado. Sería una cuestión de litigio que habría que valorar su emprendimiento por ser un tema público que afecta a toda la ciudadanía y en donde todos y todas tendríamos que ser tomados en cuenta. Vale la pena considerarlo. La privatización del agua, del servicio eléctrico y otros servicios similares siempre han resultado una calamidad para la ciudadanía especialmente para la más vulnerable.

Espero con ansia los miércoles y los domingos para que empiece a sonar el chorro de agua llenando mi cisterna. A veces mi infructuosa espera llega hasta las dos de la madrugada. Y luego oigo un hilo de agua sonar hasta las siete de la mañana y entonces se interrumpe. Y no puedo sino pensar que el nombre de la voracidad empresarial que es dueña del agua de todo el casco metropolitano, resulta una verdadera burla e ironía, incluso el nombre con el que Concesiones Integrales se hace llamar: Agua de Puebla “para todos”.