A seis meses sin nuestros hermanos / Rubén Aguilar Valenzuela

El pasado 20 de noviembre los diez jesuitas que trabajan entre los rarámuris en la Sierra Tarahumara dieron a conocer un texto, emitido desde Creel, Chihuahua, donde está una de sus casas, al cumplirse seis meses del asesinato de dos jesuitas y dos laicos, perpetrados por el mismo criminal.
 
Dicen que “seguimos exigiendo verdad y justicia por el asesinato de los padres jesuitas Javier Campos, Joaquín Mora, del guía de turistas Pedro Palma y del joven Paúl Osvaldo Berrelleza. (…) condenamos la vergonzosa impunidad que se vive ante estos y miles más de homicidios”.
 
Los jesuitas, algunos de ellos con más de 50 años de trabajo en la Tarahumara, afirman que “anhelamos la paz en las comunidades de la Sierra y en todo el territorio nacional, y nuestra voz se une a la de miles de víctimas en este país, así como a la de muchos pueblos como el de Cerocahui que ya no quieren vivir con miedo e incertidumbre.”
 
Y advierten que “la paz solo será posible en la medida en que haya una justicia expedita y real. La indiferencia y el silencio no son una opción y las muertes piden ser escuchadas”. Han transcurrido seis meses y no pasa nada. El criminal continúa libre y hay evidencias de que sigue en la sierra.
 
Los hijos de san Ignacio de Loyola, quien funda la Compañía de Jesús en 1540, conocen mejor que nadie la Sierra Tarahumara y la cultura rarámuri, están ahí desde 1619 cuando el sacerdote portugués Pedro Mendes llega a Chínipas, muy cerca de los límites con la hoy Sonora.
 
En 1767 los jesuitas dejan la Nueva España en razón de la política de supresión de esta Orden religiosa en los reinos de los Borbón. En 1770 un papa suprime a los jesuitas; y en 1814 otro papa los restituye.
 
La Compañía de Jesús regresa a la Tarahumara en 1900 y ahí sigue. La relación entre la comunidad rarámuri y los jesuitas es histórica. Son más de cuatrocientos años de vivir entre ellos y estar a su servicio.
 
“Hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se revise la estrategia de seguridad pública de la región y se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar los derechos de las víctimas, pues continúan los asesinatos, las extorsiones, la tala clandestina y los desplazamientos forzados en la Sierra Tarahumara”, señalan los jesuitas.
 
Y solicitan “evaluar la situación de seguridad de Cerocahui y todo el Municipio de Urique, y diseñar un plan de restablecimiento de las condiciones de paz a largo plazo que implique garantizar el buen ejercicio de la función pública y la coordinación interinstitucional. Queremos respuestas estructurales a problemas estructurales”.
 
Añaden que “nuestros hermanos jesuitas donaron la vida hasta el final, fueron asesinados sirviendo. Se llevaron sus vidas, pero nos dejaron la memoria para seguir resistiendo, la fuerza para seguir caminando en la Sierra y la dignidad para seguir hermanándonos con otras y otros”.
 
Terminan el documento diciendo que “seguiremos levantando nuestra voz para exigir justicia, optamos por la memoria y resistiremos junto con el pueblo rarámuri y mestizo. La realidad actual de violencia visibilizada por estos homicidios no es una novedad y la Sierra Tarahumara atraviesa desde hace muchos años por una situación de inseguridad y violencia que no ha sido atendida de forma adecuada por las autoridades. A la fecha no hemos encontrado la prometida justicia pronta”.
 
¿Antes de que se cumplan siete meses del asesinato las autoridades de los tres órdenes de gobierno harán algo? Han transcurrido 24 semanas desde el crimen y no pasa absolutamente nada. La impunidad sigue presente y también, como lo señalan los jesuitas, la acción del crimen organizado en la Sierra Tarahumara no solo continúa sino crece sin que nadie ponga un alto.