Fragmentos de historia y memoria / Gerardo Pérez Muñoz

Cambiar el mundo amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino de justicia. Miguel de Cervantes.

Joel Arriaga Navarro. En una fría noche del 20 de Julio de 1972, es cobardemente asesinado en la 24 norte, el maestro universitario e integrante del Partido Comunista Mexicano, el Arq. Joel Arriaga Navarro.  La orden del asesinato se le atribuye al sátrapa que despachaba como gobernador del estado: Gonzalo Bautista O´farril y fue  ejecutada por miembros de la Policía Judicial del estado, aunque esto último, siempre se ha negado, no faltaba más. Han sido 51 años del asesinato de Joel y los autores del crimen siguen impunes, así como el derecho a la verdad y la justicia.

Así lo relató el historiador y ex integrante del Partido Comunista Mexicano, Gerardo Peláez.  Después de una reunión en la universidad, el compañero se dirigió con unos amigos a tomar un café en un restaurante. Los asesinos fascistas entraron y salieron del restaurante en espera de la salida de Joel. Éste y Judith, su esposa, subieron a un auto, avanzaron unas cuadras, y, en un alto, un automóvil les cerró el paso, y se oyó en unos instantes una ráfaga de once disparos. Joel cayó muerto.
Judith salió a solicitar ayuda a unos policías que se encontraban cerca del lugar de los hechos pero se negaron a perseguir a los criminales. Estas las palabras de un cínico sobre el asesinato del camarada Joel Arriaga:

Las autoridades policíacas consideran casi imposible el esclarecimiento del asesinato del arquitecto Joel Arriaga Navarro por varias razones, pero principalmente porque este crimen fue ejecutado por pistoleros profesionales y ordenado por el alto mando de la extrema izquierda. (Punto Crítico, núm. 8, p.16.). Teniente coronel Felipe Flores Narro. Al parecer, Gonzalo Bautista O´farril, ex gobernador del estado, Raymundo Zamudio Muñoz, ex Procurador General de Justicia y el Teniente Coronel, Felipe Flores Narro, han muero en olor a impunidad.

Caso Chalchihuapan.  Hace 9 años, justamente un 9 de julio de 2014, el niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, fue asesinado por policías estatales cuando salía de la escuela y pasaba junto a una protesta de los habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, que exigían la reinstalación de su servicio del registro civil que les fue arrebatado por una reforma a la Ley Orgánica Municipal del estado, por órdenes de Rafel Moreno Valle. Esta represión fue un punto de quiebre entre el gobierno represor de Moreno Valle y la sociedad y los pueblos movilizados en defensa de sus derechos.

El 3 de diciembre del 2013, las comisiones unidas de Gobernación y Asuntos Municipales del Congreso de Puebla, reformaron la Ley Orgánica Municipal. Entre las reformas que se hicieron a la Ley, se les quitó a las Juntas Auxiliares el control del registro civil y el nombramiento del comandante de la Policía Auxiliar. Las Juntas Auxiliares fueron degradadas a órganos desconcentrados dependientes de los ayuntamientos. Los integrantes de la familia feliz del gobierno morenovallista en el Congreso local, eran: José Guillermo Aréchiga Santamaria(PAN), presidente de la gran comisión del congreso y como vocales estaban Mario G. Riestra Piña (PAN), José Antonio Gali López (PRD), Juan Carlos Espina Roehrich (PAN), Edgar Antonio Vázquez Hernández (PAN, ex presidente municipal y a quién se le achacan 90 propiedades), José Luis Márquez Martínez (PRI), David Edgardo Huerta Ruiz (PRI), ex presidente municipal Tepeaca y Jesús Ricardo Morales Manzo (PVEM). Este último fue el que presentó la iniciativa para la privatización del agua en Puebla. El gobernador del estado era obviamente, Rafael Moreno Valle Rosas, en Gobernación despachaba Luis Maldonado Venegas y al frente de la Fiscalía General del Estado, se encontraba Víctor A. Carrancá Bourget y al frente de la Secretaría de Seguridad Pública se encontraba nada menos que Facundo Rosas Rosas. ¿Les suena el nombre del personaje?

Esta reforma entró en vigor el 11 de junio de 2014, fecha en que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. Seis meses después, el 19 de mayo de 2014, el Congreso del Estado aprobaba la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, popularmente conocida como Ley Bala que avalaba el uso en manifestaciones de armas de fuego y armas no letales, bastones policiales, agentes químicos irritantes, dispositivos eléctricos de control y armas o pistolas noqueadoras o incapacitantes, por parte de la policía.

Collage tomado de Sin Embargo.

En una conferencia de prensa en el Senado de la República a unos días después de que mataran a su hijo, Doña Elia Tamayo Montes, quien se convirtió en personaje icónico y estandarte de la lucha de las juntas auxiliares, dijo sobre el responsable: Yo me siento muy presionada del señor gobernador, porque él anda buscando quién es el responsable, y aquí él mero es… le pido que no mienta más.

Una de las declaraciones más ridículas e inverosímiles que hizo el gobierno del estado y el ex Fiscal de Puebla, Víctor Carrancá Bourget y que la prensa mercenaria la difundió urbit et orbit, fue la hipótesis de que lo que mató al niño Tehuatlie  fue la onda expansiva de un cohetón. La Fiscalía dijo que después de un análisis de videos y fotografías determinaron que José Luis Alberto Tehuatlie había fallecido por una onda expansiva de un cohetón y que no se encontró evidencia del uso de balas de goma o de algún otro objeto de disuasión que hubieren empleado los elementos de la Policía Estatal que intervinieron en los hechos.  (https://www.milenio.com/estados/quien-mato-a-jose-luis-tehuatlie-tamayo)

La CNDH emitió a Moreno Valle de Puebla la recomendación 2VG/2014 en la que señalo que en el operativo Pegaso, como oficialmente se le llamó al caso, hubo uso indebido de la fuerza pública, privación de la vida, malos tratos e imputación indebida de hechos, inadecuada atención a víctimas, impunidad de los delitos y agresiones a policías, indebida preservación y alteración del lugar de los hechos.

Como consecuencia de la represión, dijo la CNDH, murió José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de 13 años de edad; dos niños más y siete adultos resultaron con lesiones sin que se les hubiera otorgado atención médica en el lugar de los hechos; 49 policías presentaron lesiones; cuatro personas fueron detenidas y posteriormente liberadas y existió un número indeterminado de personas agraviadas. El difunto gobernador Miguel Barbosa, se comprometió con Doña Elia Tamayo, que se iba a abrir nuevamente la investigación de la represión a la población de San Bernardino Chalchihuapan, promesa que no se ha cumplido, mientras, la violación a los derechos a la verdad, la justicia y  la impunidad continúan.

Estos dos casos, junto con otros tantos que hemos hecho mención en otros artículos, justifica plenamente la creación de un registro estatal y nacional de violadores de derechos humanos al igual que la elaboración y aprobación de una Ley Estatal en  contra de los violadores de dichos derechos y la elaboración y promulgación de una Ley Estatal de la Memoria  y que estos no puedan ocupar ningún cargo, empleo o comisión en ningún nivel de la administración pública y mucho menos, ocupar un cargo de representación popular, así sea el de regidor del municipio más pequeño de nuestro estado.

Mina de feldespato en Zacatlán, Puebla. Foto de El Sol de Puebla.

Día Mundial contra la Minera a Cielo Abierto.  En el 2009, el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (New Gold) del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, convocaron por primera ocasión a conmemora cada 22 de julio el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. Esta iniciativa también estuvo respaldada por activistas Canadienses. El objetivo del día es informar, advertir y concientizar a la población acerca del grave daño que causa la minería a cielo abierto al medio ambiente, la ecología y a nuestra salud.

Productos químicos que se usan en la minería a cielo abierto: Cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y disolventes para separar los minerales.  Los impactos socioambientales que se tienen son: remoción de la capa del suelo, deforestación, alteración de la superficie terrestre, contaminación del aire, contaminación de las aguas superficiales, impacto en los acuíferos subterráneos, impacto en la flora y fauna, cambios en el paisaje, conflictos entre comunidades y empresas mineras, concesiones de agua: la minería acapara una gran parte del agua: anualmente tiene concesionado un volumen de 436 millones 643 mil 287.92 metros cúbicos. Lo anterior equivale al volumen de agua necesario para satisfacer el derecho humano al agua por un año de 3 millones 229 mil persona. (Mineras acaparan, contaminan y sobreexplotan el agua de México – Agua.org.mx). También se han violado en forma sistemática el derecho al consentimiento y a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y a las y los ciudadanos en general, se nos viola el derecho a un medio ambiente sano, al gua, a la salud, a la alimentación, entre otros derechos enunciados en el artículo cuarto de nuestra constitución.  Hasta marzo del presente año y de acuerdo a la iniciativa presidencial en materia de concesiones para minería y agua, menciona que en el país hay 23 mil 441 concesiones mineras vigentes y sigue viva y vigente, la neoliberal y Salinista Ley Minera.

De acuerdo al Panorama Minero del Estado de Puebla, nuestro estado ocupa el sexto lugar a nacional con mayor actividad minera, Conforme a este estudio de la Secretaría de Economía, las regiones mineras se han agrupado de acuerdo al tipo de mineralización, yacimiento y litología, en las que destacan Ahuazotepec, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, Tepeyahualco, Chietla, Guadalupe Victoria, Tepeaca, Acajete, Acatlán de Osorio y Santiago Acatlán.

El Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), menciona qué durante los últimos dos años, en la entidad poblana han disminuido las concesiones mineras al pasar de 326 registradas en la Secretaría de Economía en 2019 a sólo 310 hasta 2021. (Estudio: Concesiones Mineras en México. 2022), dato que no concuerda con datos también de otros colectivos u organizaciones. Durante el gobierno de Mario Marín -otro violador de derechos humanos actualmente preso- en el 2009, el presidente de Bienes Comunales de Huehuetlán El Grande, Pedro Enrique Viveros, denunció que la Secretaría de Gobernación estatal los presionaba para que Australian Minerals Group llevara a cabo un proyecto minero para extraer manganeso en su localidad, a pesar de que los pobladores ya lo rechazaron en varias ocasiones.  (Luis Hernández Navarro, México: El nuevo saqueo: minería a cielo abierto. Revista Biodiversidad). Para extraer 0.01 onzas de oro, las compañías mineras necesitan remover y destruir una tonelada de suelo.

Día Nacional de las personas defensoras de los Derechos Humanos Ambientales. En mayo del año pasado, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que declara el 17 de Julio de cada año como el Día Nacional de las Personas defensoras de los derechos humanos ambientales. No está de más mencionar que dicha fecha, tanto a nivel nacional y en especial, a nivel estatal, pasó con más pena y nada de gloria, en especial por parte de los suspirantes a Casa Aguayo u a otros cargos de representación popular, lo que nos da una idea de la importancia que le dan al tema. Todo indica que la defensa del medio y la vida de los defensores del medio ambiente no está en su agenda y prioridades políticas. De acuerdo a reportes de Global Witness, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) se prevé un aumento de la violencia contra defensores del territorio, el agua, los bosques y los bienes comunes, porque se enfrentan a intereses de los poderes fácticos, de megaproyectos y mega infraestructura. Es la lucha frontal contra el capital y su cultura y modelo económico de muerte, contra el modelo y cultura de la vida. El Cemda puntualizó que el año pasado hubo 24 agresiones, de las cuales 10 fueron letales en el sector de biodiversidad, seis en el forestal, dos en energía eléctrica y dos en el de contaminantes; 52 por ciento de las agresiones fueron contra personas indígenas, sobre todo en zonas rurales. Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México (Cemda). Todo hace suponer que los funcionarios, representantes populares y políticos de los tres niveles de gobierno, no han leído ni por equivocación, el Acuerdo de Escazú que entró en vigor en nuestro país en el 2021 y tiene por objetivos, garantizar los siguientes derechos: acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales y sobre todo, la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

En Puebla tenemos una larga lista de agresiones a defensores ambientales, por ello, no podemos olvidar el asesinato de los compañeros  Antonio Esteban Cruz y Manuel Gaspar Rodríguez, la desaparición de Sergio Rivera o la criminalización a nuestros compañeros Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl, para solo mencionar algunos casos. 

Sigue siendo una asignatura pendiente del actual gobierno y de las Cámaras de Diputados y Senadores la reforma a fondo de la Ley Minera que respete la vida y organización social y cultural de los pueblos indígenas, prohibiendo que esta actividad deprede el agua, los bosques y los bienes naturales. Igualmente falta la aprobación de la Ley General de Aguas que lleva 10 años en espera para ser aprobada. Todavía retumba en todos los rincones de la geografía nacional el lema y consigna de muchas comunidades, sobre todo indígenas, campesinas y mestizas pobres de nuestros país y estado.  ¡¡¡No a la mina, si a la vida!!!

Hace cien años, un 20 de Julio de 1923, fue cobardemente asesinado en su hacienda de Parral, Chihuahua, el General José Doroteo Arango Arámbula, popularmente conocido como Pancho Villa. Junto con Emiliano Zapata, encarnaron el hambre de justicia de los nadie, de los pobres, de los campesinos y peones de las haciendas Porfiristas en la Revolución Mexicana. A cien años de su asesinato, todavía se escucha vibrar el grito de ¡Viva Villa, cabrones!

En esta época hay muchos políticos ambiciosos, que ningún bien hacen a mi raza; pasan el tiempo discutiendo tonterías y robándose el dinero que le pertenece al pueblo. El país debe ser gobernado por alguien que realmente quiera a su gente y a su tierra y que comparta la riqueza y el progreso. Francisco Villa