EEUU: Seis reacciones a la propuesta de prohibición de TikTok / Revista Sin Permiso

Revista Sin Permiso

Ganesh Sitaraman es el New York Alumni Chancellor de derecho en la Vanderbilt Law School.

Sanjay Jolly es director ejecutivo del programa de derecho y economía política de la Harvard Law School, y estudiante de doctorado de la Annenberg School for Communication de la Universidad de Pennsylvania.

Zephyr Teachout es catedrática de derecho en la Fordham Law School.

Nikolas Guggenberger es profesor de derecho en la Universidad de Houston.

Anupam Chander es profesor de derecho en la Universidad de Houston.

Elettra Bietti es profesora de derecho y ciencias de la computación en la Northeastern University School of Law.

A principios de este mes, una amplia mayoría bipartidista en la Cámara de Representantes aprobó una ley que obligaría a la empresa matriz TikTok de titularidad china a vender la aplicación o a prohibirla en Estados Unidos. Una plataforma antaño conocida sobre todo por sus bailes tontorrones y por lanzar a la fama a Lil Nas X se encuentra ahora en el centro de una lucha geopolítica. Pero lo que quizá sea aún más sorprendente es cómo la legislación a debate ha revuelto las alianzas políticas nacionales. En el lado republicano, todos los miembros menos quince votaron a favor del proyecto de ley, a pesar de la oposición tenaz de Trump. En el lado demócrata los parlamentarios favorecieron el proyecto de ley por un margen de 3-1, con destacadas voces progresistas apostando por votos opuestos. Para ayudarnos a entender la situación y decidir qué hacer con la prohibición propuesta, el blog de LPE invitó a seis expertos en tecnología y regulación a compartir sus reacciones iniciales. Revista Sin Permiso.

Ganesh Sitaraman

El debate sobre TikTok ha adolecido de falta de perspectiva histórica con respecto a la propiedad y la influencia extranjera sobre plataformas. Los neoliberales tecnológicos se oponen a cualquier restricción de las plataformas tecnológicas extranjeras porque limitarían el “internet abierto”. Los tecnócratas de la seguridad nacional quieren que las consideraciones caso por caso bien definidas. Como describo en un artículo de la Stanford Law Review, ambos puntos de vista son profundamente erróneos en sus propios términos. Pero también pasan por alto la historia de cómo se ha tratado la influencia extranjera sobre las plataformas.

Las restricciones a la propiedad, el control y la influencia extranjeros sobre las empresas de servicios públicos son tradicionales en el derecho estadounidense y se remontan a la generación de los fundadores de la república. En sectores críticos —banca, comunicaciones, energía, transporte— las restricciones han sido habituales, y muchas siguen aplicándose hoy en día. Se entendía que estos sectores eran diferentes de las empresas ordinarias porque ofrecían servicios de plataforma, servicios públicos o infraestructura. Dichos servicios plantean problemas político-económicos diferentes a los de las empresas ordinarias: el poder en estos sectores puede paralizar el comercio, ser utilizado para establecer ganadores y perdedores, y puede determinar muchas actividades derivadas. Por ello, los estadounidenses entendieron hace tiempo que era necesario un conjunto diferente de normas para regir estos negocios.

Las plataformas tecnológicas pueden ser encuadradas fácilmente en este análisis. Tal y como describo en el artículo, hay muchas maneras de diseñar una aproximación similar a la de los servicios públicos e infraestructurales para la regulación de plataformas extranjeras. Pero la lección fundamental es que no hay nada nuevo en ello.

Sanjay Jolly

Hay buenas razones para preocuparse por las redes sociales, como la difusión de información errónea, la falta de privacidad de los datos de los consumidores y los efectos sobre la salud mental de los adolescentes. Por supuesto, ninguno de estos perjuicios es exclusivo de TikTok —cuya base de usuarios estadounidenses sigue estando muy por detrás de competidores como YouTube, propiedad de Alphabet, y Facebook e Instagram, propiedad de Meta— ni la legislación pendiente pretende abordarlos. En cambio, esta rara intervención bipartidista en la economía de las redes sociales no se justifica por la protección de los consumidores, sino por la seguridad nacional. ¿Por qué, entonces, las élites estadounidenses están tan convencidas de que la presencia en la esfera pública digital de una plataforma con sede en China amenaza tan gravemente los intereses de seguridad de Estados Unidos? La respuesta, sugiero, está en la cambiante lógica geopolítica de la política estadounidense.

Hubo un tiempo en que las tecnológicas estadounidenses recibían a China con los brazos abiertos por su mano de obra barata y su irresistible mercado de consumo. Pero desde hace aproximadamente una década, cuando las tecnologías chinas avanzaron hasta competir con el dominio estadounidense en sectores clave, destacados líderes de Silicon Valley —Eric Schmidt y Peter Thiel, entre ellos— empezaron a implorar a sus conciudadanos un tonillo más patriótico. Su propósito era conseguir un mayor apoyo del gobierno estadounidense al sector tecnológico nacional, tanto a través de subvenciones financieras indirectas como alineando la política exterior estadounidense con los imperativos de la industria, todo bajo la bandera de mantener la hegemonía tecnológica estadounidense. Al igual que generaciones de magnates anteriores, instaron a que se aceptaran los intereses privados de las compañías estadounidenses como encarnación del interés nacional. Coincidiendo con la maduración de la industria tecnológica estadounidense en un pilar de la contratación federal de defensa, su estrategia principal ha sido presentarse como el baluarte del “modo de vida” estadounidense (no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo) frente a los rivales chinos que suponen una amenaza inherente a las libertades democráticas.

En los últimos años hemos visto repetidamente este modelo ideológico. Subyace a la propuesta de que el Departamento de Justicia debe dejar de lado la aplicación de las leyes antimonopolio para de reforzar a nuestros “campeones nacionales” frente a los competidores chinos, justifica las sanciones estadounidenses contra el gigante tecnológico chino Huawei, define la iniciativa “Red Limpia” del Departamento de Estado que pretende librar a las telecomunicaciones mundiales de tecnologías chinas aparentemente “sucias” y, más recientemente, ayudó a aprobar la CHIPS and Science Act de la administración Biden. El discurso político de élite acepta hoy la “amenaza china” como un hecho consumado, independientemente de cualquier prueba real de daños concretos. A medida que emerge una nueva visión de la política industrial respaldada por el nacionalismo económico, la protección de la supremacía de los gigantes tecnológicos estadounidenses se convierte en un pilar tácito del bienestar nacional.

Algunos analistas progresistas, por su parte, han sugerido que el proyecto de ley debe entenderse como un ejercicio de soberanía popular. Argumentan que, al impedir la propiedad extranjera de las plataformas de medios sociales, el proyecto de ley sigue una larga tradición de regulación de los servicios públicos que promueve el autogobierno democrático sobre nuestras infraestructuras de comunicación. Sin embargo, no veo nada en esta legislación que nos lleve a tratar las plataformas de redes sociales como servicios públicos, porque eso no es lo que hace el proyecto de ley. No impone a las plataformas obligaciones de interés público al estilo de las infraestructuras de servicios públicos, ni siquiera expresa realmente la proposición de que limitar la propiedad de las plataformas a empresas estadounidenses sirva en general a los intereses democráticos. En lugar de ello, el proyecto de ley se centra en una empresa extranjera específica sin ninguna demostración de sus peligros únicos, aparte del hecho de que compite con empresas estadounidenses. Ahora bien, puede que carezca de la suficiente solidaridad con mis compatriotas estadounidenses, pero no veo cómo la autodeterminación democrática gana la partida concediendo al poder ejecutivo una discreción expansiva en materia de seguridad nacional sobre las comunicaciones públicas o forzando una venta de TikTok a manos de Steve Mnuchin o Bobby Kotick.

De hecho, acogería con entusiasmo una conversación sobre cómo podríamos promover la soberanía democrática sobre las infraestructuras de comunicación digital. Incluso deberíamos celebrar un debate sobre las ventajas de proteger los monopolios digitales estadounidenses de la competencia mundial. Ese debate nos permitiría sondear qué podría conceder Silicon Valley al público estadounidense a cambio de ese proteccionismo: garantías reales en la seguridad de los datos, por ejemplo. Sin embargo, mientras la preocupación por el “peligro amarillo” dicte la política económica, lo único que obtendrá el público estadounidense será una esfera pública más pequeña e igual de explotadora, mientras los hombres más ricos del mundo anclan sus destinos económicos al estado y la seguridad nacional. Pero de eso se trata, ¿no?

Zephyr Teachout

El Congreso tiene razón al preocuparse de que Pekín pueda utilizar los datos extraordinariamente detallados que TikTok ha acumulado sobre más de cien millones de estadounidenses para identificar puntos débiles en los sistemas de defensa de Estados Unidos e impulsar propaganda selectiva. Un proyecto de ley de desinversión tiene sentido, y aunque simpatizo con la idea de que el alcance del proyecto de ley podría ser más estricto y clarificado, otros argumentos no son tan persuasivos.

Gran parte del discurso en torno a esta legislación gira en torno a lo que no hace: no regula la privacidad tecnológica, ni aborda la selección algorítmica, ni impide la explotación de nuestros datos. No nos protege de que Meta utilice el poder de su plataforma para influir en las elecciones nacionales. Pero, como sostengo en The Atlantic, estas críticas no vienen al caso. Deberíamos centrarnos en lo que hace el proyecto de ley: impedir el control de una plataforma de comunicación dominante por parte de una superpotencia extranjera hostil, al tiempo que se empieza a reconstruir el músculo básico de la regulación tecnológica. Son objetivos importantes, y la decisión de apoyar o no esta legislación debería basarse en si los cumple. Además, la atención prestada a China no está fuera de lugar; según los informes presentados en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos (FARA), ha gastado más para influir en la política estadounidense que cualquier otro país extranjero. El gobierno ha mostrado interés tanto en las elecciones locales como en las federales, al tiempo que ha comprado participaciones en medios de comunicación en lengua china en todo el país.

También estoy preocupada por el argumento de que la Primera Enmienda [N. T.: el derecho fundamental a la libertad de expresión] puede inhabilitar la legislación, no porque crea que haya caso (casi seguro que no tendría éxito), sino porque muestra una tendencia creciente a intentar utilizar la retórica de la Primera Enmienda para defender a las grandes plataformas tecnológicas. Si los usuarios tienen un derecho constitucional a utilizar TikTok tal y como está constituida actualmente, entonces las empresas tecnológicas pueden organizar su forma corporativa y su tecnología de la manera que deseen, regulándonos ellas a nosotros en lugar nosotros a ellas.

Por último, en la medida en que en estos debates hay un tufillo de hastío cosmopolita sobre el propio Estado-nación, sería bueno recordar que lo contrario del Estado-nación no es la libertad y la igualdad, sino la globalización económica.

Nikolas Guggenberger

Los legisladores que apoyan la prohibición de TikTok han dado dos razones para el proyecto de ley: reducir la amenaza a la seguridad nacional asociada a los flujos de datos a China y limitar la difusión de propaganda del gobierno chino. Es dudoso que la legislación propuesta ponga remedio a lo primero de manera significativa, por la sencilla razón de que China no necesita TikTok para acceder a los datos de los estadounidenses. Una amplia gama de empresas estadounidenses se dedica a la vigilancia masiva, extrayendo información sobre todo, desde nuestra rutina de desplazamientos al trabajo hasta nuestros cambios de humor y progresos físicos, que utilizan para ganar dinero de diversas maneras. Los corredores de datos agregan esta información y ofrecen conjuntos de datos y análisis a sus clientes. Si el gobierno chino quiere datos sobre los estadounidenses no necesita pinchar una red social. Pueden simplemente comprar esos datos u obtener cualquier análisis que deseen. Forzar la desinversión o incluso prohibir TikTok o aplicaciones similares no remediará el riesgo percibido para la seguridad nacional.

El proyecto de ley H.R. 7520, aprobado por unanimidad (!) en la Cámara de Representantes a la sombra de la prohibición de TikTok está más cerca de acabar con los flujos de datos de estadounidenses a China. Si se promulga, el proyecto de ley ilegalizaría que los intermediarios de datos compartieran información personal sensible con entidades controladas por adversarios extranjeros, como Corea del Norte, China, Rusia e Irán. Sin embargo, sigue habiendo lagunas. En primer lugar, no está claro cómo podrían aplicarse eficazmente estas limitaciones. ¿Cómo impedirían, por ejemplo, que los intermediarios de datos domiciliados en países que no figuran en la lista de adversarios extranjeros obtuvieran información sensible sobre estadounidenses y la compartieran con adversarios extranjeros? ¿Cómo investigarán las autoridades estadounidenses las estructuras de propiedad de miles de corredores de datos en el extranjero? En segundo lugar, limitar la protección de la intimidad a la categoría de “datos sensibles”, de definición ciertamente amplia, se basa en una visión ingenua que ignora el poder de las inferencias a partir de datos aparentemente triviales. La forma más prometedora de proteger la seguridad nacional es que el Congreso apruebe una regulación sustantiva de la privacidad, que incluya limitaciones estrictas a la recopilación de datos, su uso y las transferencias de datos en general. No se puede abusar de los datos que no se recogen, ya sea por entidades nacionales o extranjeras. Y al igual que la UE, EE.UU. puede entonces dar a sus protecciones de la privacidad un alcance global definiendo ampliamente el ámbito geográfico y exigiendo protecciones equivalentes como condición para las transferencias internacionales de datos.

Con respecto a la propaganda, la prohibición propuesta podría resultar más prometedora. Al fin y al cabo, la propaganda funciona mejor si se controla la infraestructura de los medios de comunicación y se tiene acceso directo a los usuarios estadounidenses. En este caso, la infraestructura incluye los potentes algoritmos de TikTok. Suponiendo que el Gobierno chino tuviera influencia sobre TikTok, una prohibición o desinversión le quitaría el control y limitaría el acceso directo a los usuarios estadounidenses. Sin embargo, una vez más, podría haber soluciones. Recordemos que las pasadas campañas de desinformación y manipulación orquestadas por Cambridge Analytica, las granjas de trolls rusos o los adolescentes macedonios no construyeron su propia infraestructura mediática. En su lugar, utilizaron Facebook, una empresa tan americana como el tabaco americano. El argumento a favor de una prohibición o cambio de titularidad, por tanto, se reduce de detener la propaganda extranjera a dificultar un poco la maquinaria propagandística.

Y también en este caso existen alternativas más eficaces para abordar este problema: una regulación significativa de las plataformas, cambios en el modelo de negocio subyacente y acuerdos más plurales con los medios de comunicación. La regulación podría frenar la amplificación algorítmica y establecer una responsabilidad más estricta. Los cambios en el modelo de negocio, ya sea a través de la prohibición de la publicidad dirigida o de impuestos pigouvianos, por ejemplo, podrían mitigar los incentivos actuales para avivar los conflictos y difundir desinformación. Un mayor pluralismo de los medios de comunicación mejoraría la moderación de los contenidos y, lo que es más importante, eliminaría las fuentes de influencia únicas. Teniendo en cuenta estas alternativas, una prohibición o venta forzosa se parece terriblemente a una mera política comercial que pretende apuntalar la industria nacional de la vigilancia a la luz de la exitosa competencia internacional.

Anupam Chander

En 2020, el entonces presidente Donald Trump intentó prohibir TikTok tras un verano en el que fue humillado en la app. Primero fue humillado por la cómica Sarah Cooper , que utilizó sus propias palabras para ridiculizarlo, y después por fans del K-pop que se organizaron a través de la aplicación para frustrar el mitin de Trump en Tulsa reservando asientos que no tenían intención de ocupar. Cuatro años después, miembros del Congreso, “incitados” por “preocupaciones sobre los vídeos de Israel y Hamás en TikTok”, se movilizaron para forzar una venta o prohibición de TikTok. Muchos congresistas llegaron a la conclusión de que TikTok estaba dirigiendo a los usuarios contra Israel en el conflicto actual, “lavándoles el cerebro”. No importa que plataformas rivales procedentes de Estados Unidos también muestren un desequilibrio similar en sus vídeos sobre ese conflicto.

Pero tanto si es Trump como Biden quien pide la venta o prohibición de una red social, deberíamos preocuparnos cuando los políticos atacan una plataforma expresiva de propiedad extranjera por el contenido que transmite. Gobiernos de todo el mundo han atacado a menudo a empresas de medios de comunicación desfavorables, alegando influencias extranjeras malignas. También debería alarmarnos la singular atención prestada al “Partido Comunista Chino” como intruso en la política estadounidense. A pesar de vivir la bien documentada intromisión electoral de Rusia en 2016 y de estar alineados con un país que está literalmente librando una guerra con Rusia, no hemos prohibido el software antivirus de Kaspersky ni las bibliotecas de código de Yandex a pesar de su origen ruso. Y aunque el proyecto de ley TikTok incluye a Rusia entre las naciones adversarias contra las que la administración puede dirigirse, solo se centra en las redes sociales, no en cosas como el software antivirus o las bibliotecas de código, aunque estas últimas podrían utilizarse fácilmente con fines de espionaje.

Hay que tener en cuenta también que la administración Biden ya tiene poder para obligar a ByteDance a desinvertir o cerrar la aplicación. El Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos podría ordenar esto ahora, pero aún no ha dado ese paso. Tal vez al Comité le preocupe que tal orden fracase en los tribunales porque TikTok ofreció medidas extraordinarias de mitigación de riesgos, incluido un elaborado y costoso enclave de seguridad para los datos estadounidenses, la supervisión del algoritmo por terceros y el control de los datos y el algoritmo por directores con sede en Estados Unidos aprobados por el Gobierno estadounidense.

Es perfectamente razonable preocuparse por el impacto de las plataformas en línea en la opinión pública o por su capacidad de recopilar información para compartirla con gobiernos extranjeros (o locales). Sin embargo, regulemos pensando en el sector y no en una empresa o un país concretos. Mantengamos nuestra apertura, especialmente en lo que respecta a la información. ¿Queremos un mundo en el que cada país utilice sólo las aplicaciones y los servicios de información de ese país?

Elettra Bietti

La Cámara de Representantes ha aprobado recientemente dos proyectos de ley que apuntan a los “adversarios extranjeros”: la prohibición, o desinversión, de TikTok de su matriz china ByteDance (H.R. 7521), y un (menos discutido) proyecto de ley de privacidad que prohíbe la venta de datos de estadounidenses a “adversarios extranjeros” (H.R. 7520). Ambas son celebradas por un sector de progresistas que las ven como un primer paso justificado hacia una regulación más exhaustiva de las grandes tecnológicas. Tal entusiasmo pasa por alto que estas reformas entran en conflicto con los actuales esfuerzos antimonopolio y antimonopolio destinados a frenar el poder de las empresas tecnológicas estadounidenses, cuyos ejecutivos y accionistas se beneficiarán de una menor competencia y de la oportunidad de invertir en TikTok.

La legislación “antimonopolio” o de “política industrial” para la industria tecnológica son eslóganes vacíos si todas las élites políticas estadounidenses son capaces de ponerse de acuerdo en prohibir que “adversarios extranjeros” interfieran en la experiencia digital de los estadounidenses (en un contexto en el que, hay que decirlo, Estados Unidos interfiere en la experiencia digital de cualquier otra población del planeta). Los dos proyectos de ley en cuestión no protegen de forma significativa los derechos de expresión ni la privacidad de los estadounidenses. No protegen a los estadounidenses contra los abusos de su propio gobierno o de las empresas estadounidenses; y no afectarán a las actividades intensivas de vigilancia de las empresas estadounidenses ni a su papel adictivo, perjudicial y distorsionador como intermediarios de la información. Tampoco cambiarán la capacidad del gobierno de Estados Unidos para cooptar a las empresas de plataformas estadounidenses en iniciativas (a menudo racistas y xenófobas) de prevención de la delincuencia, lucha contra el terrorismo y propaganda que afectan a los más vulnerables.

Resulta sorprendente, por decirlo suavemente, que muchas otras propuestas de reforma meritorias relativas a la privacidad digital justa, la moderación de contenidos y la política antimonopolio —que tenían una oportunidad real de abordar el poder de las plataformas tecnológicas— nunca llegaran a aprobarse en la Cámara. Un ejemplo notable es la American Innovation and Choice Online Act (AICOA), un proyecto de ley a favor de la competencia que habría impuesto obligaciones a las “plataformas incluidas”, entre ellas Google, Meta y TikTok, para que se abstuvieran de adoptar estrategias anticompetitivas ante actuales e incipientes competidores.

El proyecto de ley AICOA fue bloqueado en el Congreso y criticado por algunos expertos en libertad de expresión por considerar que ayudaría a plataformas conservadoras como TruthSocial a acceder e interoperar con la base de usuarios demócrata de Meta. Irónicamente, si el proyecto de ley hubiera prosperado en el Congreso habría dado a los usuarios de TikTok sólidas garantías de libertad de expresión contra la obsolescencia de sus cuentas tras una prohibición. Estos usuarios, gracias a AICOA, podrían haber recurrido al fediverso interoperable para seguir ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Podrían trasladar sus cuentas, contenidos y seguidores a otro proveedor o simplemente seguir comunicándose con personas de otras plataformas. Como ha demostrado Alan Rozenstein, el fediverso puede ir de la mano de sólidas normas de moderación de contenidos.

Sin embargo, los estadounidenses no obtuvieron la AICOA. En su lugar, podrían obtener los dos proyectos de ley a discusión. Para que los derechos de los estadounidenses a la libertad de expresión y la privacidad signifiquen algo, deben conllevar protecciones contra el gobierno y contra los intermediarios de datos y expresión extranjeros y estadounidenses. El enfoque selectivo adoptado por estos dos proyectos de ley, por el contrario, no ofrece a los estadounidenses ninguna protección significativa contra la expresión y la privacidad.