El 17 de abril, estudiantes de la Universidad de Columbia formaron un "Campamento de Solidaridad con Gaza" en la Campa East Butler del campus para pedir a la universidad que desinvirtiera de las empresas que se benefician de la ocupación de Palestina. Sus tiendas permanecieron en pie durante dos días antes de que la administración suspendiera a más de un centenar de los estudiantes participantes y pidiera a la policía de Nueva York que desmantelara el campamento. Como era de esperar, la represión no hizo sino aumentar el tamaño y el alcance de la protesta.
En poco tiempo, estudiantes de docenas de universidades más -entre ellas la Universidad de Minnesota, la Universidad de Pittsburgh, Berkeley y Yale- han establecido campamentos semejantes en un enfrentamiento cada vez mayor en torno a la libertad de palabra en el campus y la guerra en Gaza. Las administraciones están respondiendo de diferentes maneras. El 24 de abril, agentes antidisturbios de la Universidad de Texas, en Austin, cortaron el paso a los manifestantes y detuvieron al menos a 34 personas al negarse a dispersarse.
Desde octubre, las universidades han suspendido a grupos de estudiantes, han restringido el discurso académico y han recurrido a la policía en contra de manifestantes pacíficos en distintos campus de costa a costa. Ante la creciente demanda de desinversión, hemos pedido a estudiantes de todo el país que nos cuenten cómo han respondido sus centros a las protestas en favor del alto el fuego y en apoyo de Palestina.
Nicholas Miller, Universidad de Brown:
Desde el 7 de octubre, el campus de Brown ha sido testigo de una serie de protestas estudiantiles cada vez más intensas que exigen que la Universidad desinvierta del fondo financiero de aquellas empresas que apoyan al gobierno israelí. Hasta ahora, la administración ha rechazado las peticiones de desinversión y, de paso, ha castigado a los estudiantes que protestaban.
En noviembre, la Universidad hizo detener por allanamiento a veinte estudiantes judíos que habían realizado una sentada en el edificio de la administración y prometió presentar cargos penales contra ellos. Pero la víspera de la comparecencia de los estudiantes, la Universidad solicitó a la ciudad de Providence que retirase los cargos. La decisión pretendía aliviar las tensiones en el campus después de que un estudiante palestino de Brown fuera tiroteado el fin de semana anterior en Burlington (Vermont).
En diciembre, decenas de estudiantes más realizaron otra sentada en el edificio administrativo. Brown volvió a detener a estos estudiantes y ha seguido presentando cargos contra ellos, que fueron procesados en febrero, declarándose inocentes de allanamiento voluntario. El mes pasado, la administración dejó a estos estudiantes en periodo condicional de prueba, un estatus de acuerdo con el cual en caso de producirse violaciones de conducta adicionales por parte de los estudiantes se "escudriñarían más detalladamente y se sancionarían más duramente".
Como parte de su sanción, se ordenó a los estudiantes de la segunda sentada redactar una declaración sobre el modo en que sus acciones contradecían los valores de la universidad o crear material informativo sobre la política de protestas en la universidad. A los 20 manifestantes judíos de la sentada original no se les mantiene en situación condicional, pero se les ha ordenado que redacten un documento de diez páginas, individualmente o en grupo, sobre el proceso de desinversión de la universidad
Desde las dos sentadas, la administración ha prometido en repetidas ocasiones sanciones más severas para los manifestantes, entre las que se incluyen "cargos penales más significativos por delitos menores". El 24 de abril, unos 80 estudiantes iniciaron una acampada con tiendas de campaña en la explanada central del campus. En un correo electrónico enviado el día anterior, la administración advertía de que la participación en las acampadas podría acarrear sanciones disciplinarias, incluida la suspensión de la institución. No parece que la represión de las protestas propalestinas en Brown vaya a terminar pronto.
Maggie Grether, Universidad de Yale:
El 22 de abril, la policía de Yale irrumpió en una acampada en pro de la desinversión en el campus y detuvo a 44 de los estudiantes que protestaban.
Las detenciones se produjeron una semana después de que los estudiantes empezaran a protestar en la plaza Beinecke, situada en el centro del campus de Yale, bajo el nombre de "Occupy Beinecke". Los manifestantes tienen dos demandas: que Yale haga públicas sus participaciones financieras y que desinvierta de los fabricantes de armas de carácter militar, y de la forma más inmediata de cualquiera que suministre armas al ejército israelí.
La noche anterior, unas 600 personas llenaron la plaza cuando los organizadores instaron a los estudiantes a reunirse para proteger el campamento (los organizadores programaron la manifestación “Occupy Beinecke” para que coincidiera con la reunión final del semestre de la Yale Corporation, que tuvo lugar el sábado). Los manifestantes enlazaron sus brazos y rodearon el conjunto de unas cuarenta tiendas, coreando y cantando "No nos moverán". Esa noche, la administración de la universidad ofreció a los organizadores una reunión con dos miembros del Consejo Directivo si se marchaban y se llevaban todas sus pertenencias. Los organizadores, que afirman que la Universidad les concedió 10 minutos para aceptar la oferta, se negaron, declarando que no abandonarían la plaza sin una promesa de divulgación [de sus activos] o desinversión.
Una de las organizadoras de “Occupy Beinecke”, que pidió hablar anónimamente por razones de seguridad, declaró a The Nation que cree que las demandas de desinversión en Yale son particularmente importantes, pues la estrategia de dotación financiera de la universidad tiene una enorme influencia en la inversión institucional. "No quiero asistir a una universidad que es cómplice de la destrucción de todas las escuelas de Gaza", afirmó. "Y se trata de que Yale adopte una postura moral contra el escolasticidio".
La policía de Yale (YPD) empezó a detener estudiantes a las 7 de la mañana del lunes. Aunque los organizadores de “Occupy Beinecke” afirmaron que la administración les prometió que habría tres avisos para disolverse o ser detenidos, la policía sólo lanzó uno. Los manifestantes fueron detenidos por allanamiento, clasificado como falta o delito menor de clase A.
Adam Nussbaum, un estudiante de “Occupy Beinecke” y Jews for Ceasefire (Judíos por el Alto el Fuego), señaló la desinversión de Yale de los minoristas de armas de asalto en 2018 como precedente para la desinversión que ahora exigen los manifestantes estudiantiles. "Me incomoda profundamente ver la desconexión entre la retórica y la postura de mi universidad sobre el crecimiento y la producción de conocimiento, y sus conexiones materiales con la fabricación de armas, que ocasiona muertes en Palestina, en los Estados Unidos y en todo el mundo".
Meher Bathia, Universidad de Cornell:
En un año académico en el que la Universidad de Cornell ha proclamado audazmente la "Libertad de expresión" como tema central, las acciones de la universidad parecen haber contradicho esta promesa.
Desde el 7 de octubre, Cornell ha sido un hervidero de disidentes. En las semanas siguientes, el campus fue testigo de una oleada de protestas, concentraciones y ocupaciones de edificios del campus por parte de estudiantes propalestinos que exigían la desinversión de los vínculos financieros de Cornell con contratistas de defensa directamente implicados en los ataques militares israelíes contra Gaza y Cisjordania.
Con el comienzo de un nuevo semestre, la administración de Cornell publicó en enero una nueva Política Provisional de Actividades Expresivas, que impone normas estrictas a las manifestaciones estudiantiles. En virtud de las nuevas normas, cualquier reunión al aire libre de más de 50 personas en el campus de Ithaca de Cornell requerirá un registro previo. La aprobación del uso de "sonido amplificado", como el de los megáfonos, se ha restringido a un estrecho margen entre el mediodía y la una de la tarde (de 12 a 13 horas), y se ha limitado a zonas designadas del campus. Todos los carteles debíen estar fechados e incluir el nombre de la organización de Cornell como patrocinadora.
Las nuevas normas las han condenado abiertamente tanto los senadores de la facultad de Cornell como los miembros de la asamblea de estudiantes, muchos de los cuales han denunciado las flagrantes restricciones de esta política a la libertad de expresión y la total falta de participación de las estructuras compartidas de gobierno de la universidad. La reacción hizo que la administración diera marcha atrás en algunas de sus restricciones -ahora "recomienda encarecidamente" la inscripción previa en las protestas, por ejemplo-, mientras que otras se mantienen.
Las tensiones del campus no dan señales de que vayan a remitir pronto. Para avanzar se necesita algo más que retórica. Se necesitan medidas concretas por parte de la administración de Cornell, que hasta ahora se ha mostrado pasiva a la hora de proteger la integridad de la libertad de expresión de todos sus estudiantes.
Amber X. Chen, Universidad de California, campus de Berkeley:
El 22 de abril, la Universidad de California, en su campus de Berkeley, se convirtió en la primera universidad de California en establecer un Campamento de Solidaridad con Gaza. En respuesta, el portavoz de la universidad Dan Mogulof declaró a The Daily Californian que la universidad «tomaría las medidas necesarias para garantizar que la protesta no interrumpe las operaciones de la Universidad» y reiteró que «no hay planes para cambiar las políticas y prácticas de inversión de la Universidad» a través de la desinversión.
Cuna del Movimiento por la Libertad de Expresión [Free Speech Movement], la Universidad de Berkeley goza de una bien merecida reputación de activismo estudiantil. No es de extrañar entonces que los estudiantes hayan organizado protestas diarias frente a la histórica Puerta Sather. pidiendo el fin de la inversión de 2.000 millones de dólares de la universidad en BlackRock, que tiene importantes participaciones en fabricantes de armamento que equipan a las FDI.
Sin embargo, la administración de la Universidad de Berkeley sigue aplicando un doble rasero a los manifestantes propalestinos.
Desde el 7 de octubre, la rectora Carol Christ ha publicado una serie de declaraciones en las que afirma que la máxima prioridad de la Universidad es la libertad de expresión, pero la universidad no defiende sus valores cuando propone cambiar las políticas del campus para impedir las protestas «perturbadoras» en la Puerta Sather (¿qué es una protesta si no es perturbadora?) o cuando no condena el acoso al que se enfrentan los activistas estudiantiles propalestinos en la misma medida en que condena el antisemitismo. También ha sido preocupante un incidente ocurrido tras una protesta dirigida por estudiantes contra una charla de Ran Bar-Yoshafat, antiguo miembro de las FDI [el ejército israelí], cuando la UC Berkeley permitió a la policía universitaria difundir públicamente fotos de manifestantes individuales en un intento de identificar a los que supuestamente habían «cometido uno o más actos delictivos.»
La UC Berkeley se ha beneficiado enormemente de su marca como sede comprometida con el activismo y la libertad de expresión. Pero recordemos que el movimiento por la libertad de expresión se inició contra las políticas opresivas de la universidad y se vio violentamente reprimido por la policía universitaria. Los estudiantes han luchado siempre por defender estos valores; la UC Berkeley, no.
Richard Solomon, Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT):
El Instituto Tecnológico de Massachusetts ha reaccionado con dureza ante las protestas estudiantiles a favor de un alto el fuego en Gaza, lo cual refleja los antiguos vínculos del instituto con Israel. Desde 2008, los laboratorios del MIT han recibido millones de dólares en financiación del Ministerio de Defensa israelí para llevar a cabo investigaciones en blancos de balística, vigilancia, ciberguerra y tecnología de aviones no tripulados. La Universidad organiza actos para poner en contacto a estudiantes y profesores con fabricantes de armamento como Elbit, Raytheon, Caterpillar y BAE Systems, que suministran al ejército israelí sus drones, bulldozers D9, aviones de combate y artillería. Lockheed Martin patrocina incluso un fondo inicial de 150.000 dólares, administrado por el MIT, para poner en contacto a los estudiantes con sus laboratorios de armamento y sus oficinas en Israel.
La respuesta del instituto a los crecientes llamamientos de estudiantes y profesores para desinvertir y adoptar una posición clara y de principios sobre Palestina ha sido represiva. La Coalición del MIT contra el Apartheid (CAA, por sus siglas en inglés), que representa a más de 15 grupos de estudiantes, ha organizado paros, vigilias, clases y sentadas en varias ocasiones desde el 7 de octubre, sobre todo el 7 de noviembre y el 12 de febrero, cuando los estudiantes del MIT organizaron una sentada. En respuesta, los administradores amenazaron a los estudiantes participantes con suspenderlos. La policía del MIT ha interrumpido actos docentes programados y no ha intervenido cuando ha habido provocadores que han acosado, y en algunos casos agredido, a estudiantes pro palestinos. El 13 de febrero, la presidenta Sally Kornbluth envió una carta a todo el campus suspendiendo formalmente el CAA en virtud de una aplicación muy selectiva de las normas; se cerró el sitio digital del CAA, se sancionó formalmente a trece de los estudiantes organizadores y se denegó a los trabajadores graduados el derecho a representación sindical en el proceso disciplinario.
La comunidad del MIT no ha desaparecido por las buenas. El 23 de marzo, los estudiantes universitarios votaron por un margen de 2-1 en un referéndum celebrado en todo el campus en favor de pedir un alto el fuego en Gaza, apoyar a los organizadores estudiantiles en pro de Palestina, y cortar los lazos de investigación con el ejército israelí. El 19 de abril, los miembros de la Unión de Estudiantes Graduados del MIT votaron por más del 70% a favor de adoptar una resolución similar. Miles de personas han firmado el compromiso «No a la ciencia para el apartheid». A partir del 21 de abril, los estudiantes del MIT han organizado una acampada de Científicos contra el Genocidio, prometiendo continuar hasta que la corporación del MIT capitule ante la voluntad mayoritaria de su comunidad y las demandas de conciencia.
Zurie Pope, Universidad de Cincinnati:
A diferencia de otros campus, la Universidad de Cincinnati no ha sido abiertamente represiva en su trato a los organizadores propalestinos. Por el contrario, nuestro entorno es discretamente hostil. Todos los que participan en Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) y organizaciones aliadas comprenden el riesgo que tales afiliaciones suponen para su reputación. Al parecer, a los profesores les preocupa dañar sus carreras por asesorar a la organización. Un colega mío que trabaja para nuestro periódico universitario temía que su columna provocara su ostracismo por parte de sus compañeros. Y aunque al SJP de la UC se le permite protestar, a menudo va acompañado de una importante presencia policial.
Esto no quiere decir que el gobierno del estado de Ohio no se oponga firmemente a los organizadores propalestinos. En 2016, el gobernador John Kasich firmó una ley que prohibía a las agencias estatales de Ohio hacer negocios con entidades que boicotean a Israel, y el proyecto de ley 83 del Senado habría prohibido toda actividad de boicot, desinversión y sanción en las universidades de Ohio.
La represión en el campus es más sutil. Es la sensación que hace que alguien no asista a una manifestación del SJP porque puede perder amigos, o que hable en las redes sociales por el posible acoso. Es el pensártelo dos veces que te hace retirar tu nombre de una petición. Es el miedo constante y tácito a las repercusiones futuras: empleadores que no te contratarán, trabajos de los que te despedirán, puertas que se te cerrarán en las narices: el resultado final de un clima político que equipara la defensa de los derechos con el terrorismo.
Nat Leach, Universidad de Michigan:
El 17 de noviembre, los estudiantes de la Universidad de Michigan se manifestaron en el Diag y ocuparon el edificio de la Administración Ruthven, que alberga el despacho del presidente Santa Ono. Más de 40 estudiantes fueron detenidos después de que a los ocupantes se les negase comida, agua y acceso al baño. Cuando un estudiante se desmayó, la policía impidió la entrada de los médicos. Una estudiante fue arrojada al suelo por la policía del campus y le arrancaron el hiyab.
Menos de dos semanas después, el presidente Ono autorizó la cancelación de un referéndum del gobierno estudiantil sobre una resolución que pedía que UMich desinvirtiera. La administración mintió, culpando a TAHRIR -una coalición de 80 organizaciones que luchan por la desinversión en Israel- de enviar un correo electrónico «no autorizado», aunque había sido aprobado previamente por un miembro del personal de la UM y seguía las normas de campaña del CSG. A consecuencia de ello, dos estudiantes con hiyab sufrieron la divulgación de sus datos personales.
Desde entonces, dos estudiantes de postgrado y un estudiante judío de licenciatura han sufrido también la divulgación de sus datos personales. La policía ha visitado los domicilios de los estudiantes, una vez para incautarse de aparatos electrónicos y tomar muestras de ADN y otra para emitir retroactivamente una advertencia de allanamiento por protestar contra el Honors Commencement [ceremonia de graduación], al igual que hizo el Black Action Movement en 1970. Un estudiante fue detenido en una reunión de regentes [supervisores de la conducta y bienestar de los estudiantes] mientras entraba y a otro le pararon arbitrariamente y le recordaron que ellos y otros 45 se enfrentan a cargos pendientes –entre ellos posibles delitos graves- por su participación en la protesta del 17 de noviembre.
Los representantes de la Coalición TAHRIR aún no han mantenido una reunión cara a cara con Santa Ono, tal y como se les había solicitado. En lugar de ello, ha permitido que la policía del campus nos maltrate y ha dejado que se ponga activamente en peligro a sus estudiantes.
Aunque todavía no se ha aplicado, se propuso y redactó una «Política de Acciones Disruptivas», la cual habría prohibido toda forma de protesta en la Universidad de Michigan. Los regentes han asegurado que habrá más medidas represivas.
Ava Young-Stoner, Universidad de Columbia.
Desde el 7 de octubre, la Universidad de Columbia ha respondido a los estudiantes y profesores en pro de Palestina con medidas punitivas como suspender organizaciones como Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) y Voz Judía por la Paz (JVP) (una acción por la que la NYCLU [Unión de Libertades Civiles de Nueva York] y Palestine Legal presentaron una demanda contra el centro universitario), redactar de nuevo las políticas sobre protestas estudiantiles, y la restricción del acceso al campus sólo a los matriculados en la Universidad, lo que inhibe gravemente la libertad de movimiento y expresión de los estudiantes.
El Barnard College, adjunto a la universidad, ha seguido su ejemplo cambiando su código de conducta estudiantil, censurando el lenguaje pro palestino de un sitio digital de la facultad y prohibiendo a los estudiantes colocar cualquier tipo de decoración en las puertas de sus dormitorios, una política promulgada después de que al menos 19 estudiantes se enfrentaran a procedimientos disciplinarios por su participación en una protesta en el campus. Entre estas medidas contra los estudiantes, el profesor pro palestino Abdul Kayum Ahmed recibió una carta de no renovación después de que un artículo del Wall Street Journal lo acusara de «adoctrinamiento político» en el aula, basándose en un vídeo en el que calificaba a Israel de «Estado colonial de asentamientos».
El 4 de abril, cuatro estudiantes propalestinos fueron suspendidos y desalojados de su alojamiento en el campus, al parecer en relación con un acto no autorizado en el campus y por no cumplir con los investigadores privados contratados por la universidad. Uno de los estudiantes suspendidos, Aidan Parisi, compartió conmigo que, desde que recibió el aviso de suspensión, no ha recibido un expediente completo sobre los detalles adicionales de su suspensión, ni una fecha en la que se programe una audiencia para determinar si se le acogerá de nuevo como estudiante o será expulsado.
A pesar de los numerosos intentos de la administración por silenciar a los estudiantes activistas, cientos de estudiantes de Columbia se reunieron el 17 de abril para establecer su Campamento de Solidaridad con Gaza en el centro del campus, una protesta muy visible que pretendía asemejarse a acciones similares realizadas en el campus en la década de 1960 por la implicación financiera de Columbia en la guerra de Vietnam. El 18 de abril, el presidente de la universidad, Minouche Shafik, pidió a la policía de Nueva York que desalojara el campamento, lo que provocó la detención de más de un centenar de estudiantes y su suspensión inmediata. Esto ha provocado un inmenso rechazo por parte de estudiantes, antiguos alumnos y profesores, y aun así la universidad amenazó con llamar a la Guardia Nacional contra los estudiantes que protestaban el 23 de abril, según los SJP de Columbia.
Mientras la protesta continúa y encuentra eco de una costa a otra, Columbia se ha mostrado sistemáticamente hostil a la prensa y, el 21 de abril, los agentes de seguridad pública de la universidad intentaron obligar a los corresponsales de la radio estudiantil -que han cubierto la protesta todos los días desde su inicio- a dejar de emitir.
Emma Bainbridge, Universidad McGill (Montreal, Canadá):
En el semestre de otoño, el 78% de los estudiantes votaron a favor de una Política contra el Genocidio en Palestina, que exigiera al sindicato de estudiantes mostrar públicamente su solidaridad con Palestina y presionar a la Universidad para que cortara lazos con empresas e instituciones cómplices de la continua opresión de los palestinos por parte de Israel. El sindicato reveló que la administración de McGill les presionó para que eliminaran la pregunta del referéndum, pero antes de que la universidad pudiera actuar, un estudiante anónimo interpuso una demanda externa contra el sindicato de estudiantes respaldada por B'nai Brith organización judía proisraelí] de Canada, que está retrasando actualmente la adopción de dicha política.
McGill invierte en la actualidad en empresas como Lockheed Martin, Chevron, Textron y BAE Systems, que proporcionan a Israel tecnología militar y armamento avanzado. Los estudiantes piden que McGill corte sus vínculos con las instituciones israelíes, lo que incluye poner fin a los cursos que subvencionan fuertemente a los estudiantes para que visiten Israel y trabajen con empresas tecnológicas israelíes.
A pesar de la resistencia de McGill a abordar su complicidad en el genocidio, los estudiantes se mantienen firmes en su lucha por la desinversión y el boicot académico al apartheid israelí. Los estudiantes recurrieron a tácticas más disruptivas, como el bloqueo de aulas y edificios, e incluso iniciaron una huelga de hambre. En respuesta, McGill ha amenazado públicamente con detener a los estudiantes que protestan. En cuanto a los huelguistas de hambre, McGill ha ignorado en gran medida sus demandas y se ha negado a reunirse con ellos. Hasta la fecha, dos huelguistas de hambre ya han sido hospitalizados tras negarse a comer durante más de treinta días.
Luca Saeed, Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY):
Los estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) afirman que la represión que están sufriendo en el campus por su defensa propalestina comienza con la gobernadora Kathy Hochul. Hochul envió en diciembre una carta a los rectores de las universidades de todo Nueva York en la que amenazaba con emprender acciones legales contra las universidades por no disciplinar «el antisemitismo y los llamamientos al genocidio del pueblo judío». A pesar de hacer un llamamiento a la paz, los estudiantes implicados en Estudiantes por la Justicia en Palestina del City College de Nueva York afirmaron que la administración de la universidad les amenazó directamente con la suspensión tras la carta de Hochul.
Haderqa Arzoo, estudiante de segundo año del CCNY y vicepresidenta del SJP del centro, afirma que su grupo se ha enfrentado a una serie de casos de aplicación aparentemente arbitraria de normas escolares hasta entonces desconocidas. Durante una protesta al aire libre en la que su grupo leía una lista de nombres de los palestinos muertos, afirma Arzoo que la seguridad del campus detuvo a miembros de su grupo por el uso de un sistema de sonido, algo que nunca había sido anteriormente motivo de citación.
Sara Abdulaziz, estudiante de último curso del Hunter College y presidenta de la Alianza de Solidaridad Palestina de su campus, afirma que la administración está claramente de parte de los estudiantes y profesores proisraelíes. Su grupo organizó recientemente una sentada en Hunter que fue autorizada por la seguridad del campus, y se aseguró de que no se bloqueara ninguna entrada y de que los estudiantes permanecieran en silencio y pacíficamente. A pesar de que el grupo no infringió ninguna norma de la escuela, un funcionario de la administración se dirigió a ella y le advirtió de que podría ser objeto de medidas disciplinarias. Posteriormente, Abdulaziz recibió un correo electrónico en el que se le amenazaba de suspensión y de posibles consecuencias para su grupo estudiantil. Mientras tanto, una profesora de Hunter, Tamy Ben-Tor, publicó un vídeo en el que se burlaba de los palestinos sin recibir sanción alguna de ese tipo, aunque se despidió a otra profesora de Hunter, Lisa Hoffman, por tuitear que se negaría a trabajar con profesores proisraelíes.
Lucy Tobier, Swarthmore College:
En Swarthmore, las protestas propalestinas se desarrollaron en un principio sin mucha resistencia por parte de la administración. Pero después de una sentada de tres semanas en diciembre -que ocupó el centro del campus e interrumpió las visitas guiadas-, la administración actuó rápidamente para dejar sentado que no toleraría más interrupciones de la normalidad. La acampada en curso, iniciada el 22 de abril, recibió una respuesta similar de tolerancia condicional y falta de apoyo por parte de la administración.
Los estudiantes participantes se han visto sancionados por la administración, pero no en una clara escala de suspensión o expulsión, y los profesores que trasladaron sus clases al pabellón ocupado recibieron llamadas telefónicas de la administración superior intentando disuadirles.
La ambigüedad en torno a los comportamientos permitidos y no permitidos es algo generalizado. Los mensajes cambian de un mes a otro, y los estudiantes reciben advertencias de conducta por acciones que se han aceptado en protestas anteriores. Los correos electrónicos del presidente declararon que el lema «del río al mar» era una «amenaza directa contra los judíos», pero los administradores se negaron a aclarar si los alumnos que participaran coreando esa consigna infringirían las normas de la escuela. Y, por primera vez, se retiraron pancartas y carteles colgados en las habituales paredes del campus debido a infracciones del «código de conducta».
Las plataformas para mensajes de protesta, como tablones de anuncios y redes sociales, se han dejado en gran medida abiertas. Por ello, el lenguaje de protesta se ha mantenido activo desde el 7 de octubre. Pero la administración ha afirmado que este predominio -las concentraciones mensuales y la colocación de carteles- constituye una amenaza para los estudiantes judíos y es objeto de investigación. Sin embargo, otros lo han visto como una continuación del pasado activista de la escuela, desde las protestas por los derechos civiles de 1969 hasta las protestas antiapartheid de 1982 y las protestas contra las agresiones sexuales de 2019.
La respuesta de la administración ha planteado preguntas sobre cuál es la apariencia de una protesta aceptable y cuán comprometido está Swarthmore con sus valores de libertad de expresión y defensa. A pesar de la historia cuáquera de la escuela, la administración no ha evitado las críticas al activismo no violento. Para la administración de Swarthmore, la protesta pacífica se ha redefinido en gran medida como aquella que no interrumpe en modo alguno el funcionamiento diario de la institución.
Luke Spaltro, Universidad de Rutgers:
En diciembre, Rutgers fue la primera universidad pública de los Estados Unidos en suspender su sección de Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP). Aunque la sección fue restituida tras una masiva campaña de solidaridad en la que 150 organizaciones estudiantiles y decenas de organizaciones comunitarias denunciaron colectivamente la decisión, la administración ha seguido silenciando los llamamientos a la desinversión.
Los recientes acontecimientos en torno al Centro de Vida Islámica de la Universidad de Rutgers (CILRU) son un ejemplo de ello. El CILRU es una institución privada que presta servicio a la comunidad musulmana de Rutgers y se ha convertido en un espacio seguro para los palestinos; sin embargo, a pesar de que el CILRU es propiedad privada, la administración borró las pintadas pro palestinas de su acera. Este mismo mes, un hombre irrumpió en el CILRU al comienzo del Eid [el Ramadán musulmán], destrozó un Corán y robó una bandera palestina. Cuando el SJP planeó un paro en solidaridad con el CILRU y en apoyo de una huelga nacional, la administración de Rutgers volvió a amenazar a la organización con la suspensión, alegando que la protesta no aprobada «podría ser considerada responsable de trastornos, daños o violencia». El acto se canceló.
Mientras que la administración de Rutgers ha seguido silenciando a los que hablan en apoyo de Palestina, también ha abogado por el «compromiso, no el aislamiento» continuado con respecto a Israel, una política paralela al fracaso del «compromiso constructivo» de la administración Reagan con Sudáfrica.
Al suprimir las voces palestinas, normalizar las relaciones con la Universidad de Tel Aviv (TAU) e Israel y negarse a denunciar la matanza de más de 30.000 personas en Gaza, la administración ha creado un entorno en el que la violencia contra palestinos y musulmanes en el extranjero se ha reproducido en el campus.
Isaac Lozano, Universidad de Stanford:
En octubre, los estudiantes de Stanford organizaron una sentada en la Plaza Blanca de la universidad en solidaridad con los palestinos de Gaza. Después de 120 días, se convirtió en la sentada de protesta más larga de la historia de la Universidad. Pero en febrero, la Universidad emitió un aviso por un plazo de 12 horas ordenando a los manifestantes que se retiraran con sus pertenencias. Más de 500 estudiantes y miembros de la comunidad se reunieron para defender el campamento, exigiendo que la Universidad revocara su cierre de la protesta pacífica. Al final, los estudiantes llegaron a un acuerdo con la Universidad para poner fin a la sentada y entablar negociaciones, en un intento de que Stanford pidiera un alto el fuego y desinvirtiera de las empresas que invierten en la ocupación israelí.
Pero los estudiantes propalestinos siguen enfrentándose a un aluvión de amenazas verbales y físicas. En noviembre, un estudiante árabe musulmán resultó herido en un atropello con fuga en el campus de Stanford. El incidente se abordó como posible delito de odio y la Universidad lo denunció, pero sus otras declaraciones públicas no han sido nada coherentes. En diciembre, Stanford condenó acertadamente «cualquier llamamiento al genocidio de los judíos o de cualquier otro grupo». Lo que se echó en falta -además de reconocer a los palestinos en la declaración -, fue una condena similar del genocidio que se está produciendo en Gaza. La retórica de la universidad refleja un doble rasero en el que se reconocen y critican los actos asesinos, a menos que el autor sea el Estado de Israel.
Neha Kohli, Universidad Rice:
Durante los dos últimos años he considerado a la Universidad Rice como mi hogar, así que nunca esperé el nivel de acoso y represión que he sufrido como senadora de mi colegio residencial tras presentar una resolución que pedía la desinversión de las empresas cómplices en el genocidio en curso en Gaza.
Dos días después de presentar la resolución, recibí un correo electrónico en el que se me informaba de que se me estaba investigando por discriminación. El correo electrónico me ordenaba «hacer todo lo que estuviera en mi mano» para detener la votación de la resolución bajo amenaza de consecuencias disciplinarias, todo ello debido a la queja de un solo estudiante. Han pasado más de tres semanas desde la propuesta de resolución y aún no se ha avanzado en la investigación. Contábamos con l apoyo popular [para aprobar la resolución], y probablemente se habría aprobado de no haberse pospuesto a causa de la denuncia de [presunta] discriminación.
En las últimas tres semanas me han acosado, me han dejado notas racistas en el coche y he recibido mensajes de texto y llamadas con amenazas violentas. La Universidad Rice ha dado legitimidad a una campaña de odio y violencia al posponer la resolución a favor de Palestina, sin hacer nada para garantizar la seguridad de los organizadores en el campus. La administración de Rice no ha respondido de ninguna manera para protegerme.
No soy la única que sufre amenazas e intimidación en Rice. Compañeros estudiantes míos se han visto acosados por solicitar su ingreso en los SJP de Universidad Rice; les han seguidos, les han amenazado y retirados de puestos de distintos equipos, sin apoyo de la administración, mientras que las quejas de «discriminación» se usan como arma contra los estudiantes propalestinos para suprimir las voces del cuerpo estudiantil.
Como grupo de estudiantes activistas defensores, nuestro objetivo es la paz en forma de un fin a la violencia en curso en el exterior, en Texas, y en todo nuestro país. Pero para lograr esta paz, primero deben oírse nuestras voces.
Daniel Cázares, Universidad de Washington en San Luis:
El pasado mes de noviembre, me convocaron a una reunión de conducta estudiantil en la que se me mostraron imágenes de las cámaras de vigilancia y en las que aparecía yo pegando octavillas a favor de Palestina y recibí una advertencia por parte de la administración de la Universidad.
No es de extrañar que la universidad utilice herramientas aparentemente destinadas a garantizar la seguridad de los estudiantes -como las grabaciones de las cámaras de vigilancia, los datos de acceso por huella dactilar y los procesos de conducta estudiantil- para vigilar a los estudiantes por pegar papeles en una pared. Lo verdaderamente sorprendente, sin embargo, fue que la universidad no hiciera nada para proteger la seguridad de los estudiantes propalestinos cuando se han visto acosados, hostigados o cuando les han pinchado las ruedas. «Un estudiante me siguió por un edificio del campus durante más de media hora», declaró Sonal Churiwal, coautora de una resolución a favor de la desinversión en Palestina en la WashU. «No he tenido la sensación de poder caminar por el campus con seguridad».
Las políticas de conducta y las infracciones de los estudiantes son a menudo esgrimidas por la Universidad como forma de infundir miedo o crear intimidación. La Universidad de Washington, como muchas zonas de privilegio blanco y opulencia, prefiere un silencio inquietante impuesto mediante amenazas de violencia a las vivas armonías de la libertad de expresión.
El martes 19 de marzo, el sindicato de estudiantes de la Universidad de Washington en San Luis aprobó una resolución exigiendo que la universidad desinvirtiera de Boeing -el mayor empleador de ex alumnos de WashU- dado el papel del fabricante de armas en el equipamiento de las FDI. Tras la aprobación de la resolución, se había alcanzado el límite del poder del sindicato de estudiantes sobre el proceso de desinversión. Pero el rector de la WashU, Andrew Martin, rechazó de plano la posibilidad de la desinversión. Cuando se le preguntó si alguna vez podría producirse una «desinversión o desafiliación» de Boeing, Martin respondió con un simple «no».
El siguiente paso que dio la comunidad fue la acción directa y la escalada, dejando claras nuestras demandas de desinversión. El 13 de abril iniciamos una sentada e interrumpimos un acto de admisión, a lo que la administración respondió con agentes armados, 12 detenciones y tres suspensiones.
He sido uno de los tres estudiantes suspendidos por el delito de denunciar la continua complicidad de nuestra universidad en el genocidio, y ahora tengo prohibida la entrada al campus bajo amenaza de arresto.
